Ivanna Roldán Palomares, Representada Por Janeth Palomarez Bataz
Expediente 94/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 15 actuaciones registradas, la última del 18 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 94/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 18/05/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Ivanna Roldán Palomares, Representada Por Janeth Palomarez Bataz
- Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tabares
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Acapulco, Guerrero; dieciocho de mayo de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, sin que se hubiere recurrido la sentencia emitida en este juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha sentencia que por una parte, sobresee, y por otra, no ampara ni protege a la parte quejosa, ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, al no existir actuación alguna por cumplimentar, archívese este asunto como totalmente concluido, previa las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracciones II y IV, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de depuración, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita. En relación al original y duplicado del incidente, se establece que al haberse negado la suspensión de los actos reclamados, se determina que ambos cuadernos son susceptibles de destrucción al encuadrar en las hipótesis previstas en la fracción III, primer párrafo del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto referido; por lo que, se ordena glosar los mismos en tomo por separado. Hágase constar lo anterior, tanto en la carátula del expediente principal, como del incidente de suspensión. Finalmente, ya que de autos se advierte que el Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tabares, en esta ciudad, remitió copia certificada del juicio especial de alimentos 721-3/2013, y dado que la misma resulta innecesaria que continúe a disposición de este juzgado, por tanto, remítanse a su lugar de origen. Notifíquese.Así lo proveyó y firma Lorena Morales Saldierna, Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero en funciones de Juez de Distrito en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81 fracción XXII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con autorización de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de veinte de marzo de dos mil dieciocho, según informó el Secretario de la propia Comisión en oficio CCJ/ST/1394/2018, asistida por Tamara Anayanzing Fierros Pineda, Secretaria adscrita al propio juzgado, que autoriza y da fe.
- Principal
VISTOS; para dictar sentencia, los autos del juicio de amparo número 94/2018. RESULTANDO... Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo 94/2018, por el acto precisado en el considerando Quinto de esta sentencia, en los términos sellados en dicha parte considerativa. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Janeth Palomares Bataz, en representación de su menor hija Ivanna Roldán Palomares, contra el acto que reclama del Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tabares, en esta ciudad, por los motivos expresados en el último de los considerandos de esta sentencia. Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.Así lo resolvió y firma Lorena Morales Saldierna, Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero en funciones de Juez de Distrito en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81 fracción XXII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con autorización de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de veinte de marzo de dos mil dieciocho, según informó el Secretario de la propia Comisión en oficio CCJ/ST/1394/2018, el treinta de abril de dos mil dieciocho, asistida de Tamara Anayanzing Fierros Pineda, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
NOTIFICACION PERSONAL
- Principal
RAZÓN DE NOTIFICACIÓN PERSONAL POR ESTRADOS: SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERO INTERESADA JUVENCIO ROLDÁN RIVAS, EL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓNAUTORIZADA EL TREINTA DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: "... VISTOS; para dictar sentencia, los autos del juicio de amparo número 94/2018. RESULTANDO PRIMERO. Demanda de amparo Mediante escrito recibido el dos de febrero de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, y remitido ese mismo día por razón de turno a este Juzgado Octavo de Distrito, Janeth Palomares Bataz, en representación de su menor hija Ivanna Roldán Palomares, presentó demanda de amparo contra las autoridades y por los actos que enseguida se mencionan: AUTORIDAD RESPONSABLE C. Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tabares. ACTO RECLAMADO "La interlocutoria de fecha 10 de noviembre de 2017, dictada dentro del juico especial de alimentos 721-3/2017". SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Por acuerdo de seis de febrero de dos mil dieciocho, la demanda de amparo quedó registrada en el libro de gobierno respectivo con el número 94/2018 y se previno a la parte quejosa para que acreditara la personalidad con la que acude a esta instancia constitucional, asimismo precisara los hechos que constituyen los antecedentes del acto reclamado; una vez desahogado lo anterior, el dieciséis de ese mes se admitió la demanda amparo; se solicitó a la autoridad responsable rindiera su informe justificado; dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete; se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107 fracción VII, de la Constitución Federal; 33, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, ya que se reclama un acto emitido dentro de juicio por una autoridad jurisdiccional residente en la jurisdicción territorial de este Juzgado de Distrito. SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el objeto de análisis en este asunto lo constituye: La resolución interlocutoria de diez de noviembre de dos mil diecisiete, en la cual el Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tabares, declaró: A. Inoperantes los agravios hechos valer en contra del acuerdo de veintiuno de abril de dos mil diecisiete; auto en el que no se proveyó de conformidad su petición, relativa al pago total de alimentos fijados de manera provisional y definitiva a favor de la menor Ivanna Roldan Palomares, atento a lo informado por el Administrador General de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria; y, B. Improcedente el recurso de reconsideración promovido en contra del proveído de veintidós de agosto siguiente, por el que no acordó favorable la petición de la quejosa de dejar sin efectos el exhorto ordenado en acuerdo de quince de ese mes para obtener el informe requerido al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, a fin de estar en aptitud de resolver en definitiva la acción de alimentos; y, firme los autos impugnados. TERCERO. Oportunidad La promoción del juicio se estima oportuna, ya que la parte quejosa bajo protesta de decir verdad en su demanda de amparo manifestó que tuvo conocimiento del acto reclamado el diecisiete de enero de dos mil dieciocho; en tal virtud, el término para promover el juicio de amparo transcurrió del veintidós de enero al doce de febrero siguiente, descontándose los días veintisiete, veintiocho de ese mes y tres, cuatro, cinco, diez y once del último en mención, por ser inhábiles. De ahí que, si la demanda fue presentada el dos de febrero de dos mil dieciocho, debe estimarse oportuna, pues fue interpuesta dentro del plazo de quince días establecido en el numeral 17 de la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado; lo que se corrobora con la copia certificada que allegó, consistente en las constancias que integran el juicio especial de alimentos 721-3/2013; documental a la que dada su naturaleza se le concede valor pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. QUINTO. Causales de Improcedencia. Antes de realizar el estudio de fondo del asunto, procede analizar si contra los actos cuya existencia ha quedado determinada, se actualiza alguna causa de improcedencia, ya sea que la hayan invocado las partes, o bien, oficiosamente sea advertida, ya que se trata de una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Para lo cual, es relevante destacar los siguientes hechos, los cuales se obtienen del Tomo I formado con las actuaciones remitidas por el juez responsable como justificación a su informe: Uno. El siete de junio de dos mil trece, se admitió a trámite la demanda de alimentos promovida por Janeth Palomares Bataz, en representación de la menor Ivanna Roldan Palomares en contra de Juvencio Roldan Rivas y se registró bajo el número de juicio especial de alimentos número 721/2013-3; se determinó por concepto de pensión alimenticia provisional el 40% (cuarenta por ciento) del salario y prestaciones legales, previos los descuentos de ley que perciba y se aplicaran al demandado en su centro de trabajo en forma mensual, para lo cual se giró oficio a la fuente de trabajo para hacerlos efectivos. Dos. Seguido el juicio en sus etapas, el dieciséis de mayo de dos mil catorce, se citó a las partes para oír sentencia, la cual se dictó el cuatro de junio siguiente, en la que se resolvió que la parte actora acreditó la acción especial de alimentos y condenó al demandado al pago de una pensión alimenticia definitiva equivalente al 15% (quince por ciento) del sueldo mensual y demás prestaciones ordinarias y extraordinarias que se obtengan de su fuente de trabajo. Tres. En contra de esa determinación, la parte actora interpuso recurso de apelación; y por ejecutoria de veintidós de mayo de dos mil quince la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, resolvió dejar sin efectos el auto que citó a sentencia, la resolución definitiva y ordenó reponer el procedimiento para que la juez responsable recabara de oficio las pruebas necesarias para investigar la capacidad económica de las partes, hecho eso, con plenitud de jurisdicción y acorde a la litis planteada, resolviera el asunto. Cuatro. En su acato, el ocho de julio de dos mil quince, se giraron oficios al Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio y Crédito Agrícola del Estado y al Delegado de dicha dependencia; al representante legal del Instituto Mexicano del Seguro Social y al representante legal del Instituto de Servicios Sociales al Servicio de los Trabajadores del Estado; al Administrador Local de Servicios al Contribuyente; al Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado; a la Contraloría General del Estado, tanto en el Estado de Guerrero como en la ciudad de Puebla. Cinco. En escrito presentado el treinta de marzo de dos mil diecisiete, la parte actora/quejosa, atento a lo informado por el Administrador General de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria solicitó al juez natural ". el pago total de los alimentos que fueron fijados de manera provisional en auto de radicación y de manera definitiva en sentencia de 14 de junio de 2014. el demandado omitió cubrir por concepto de alimentos de la menor IVANNA ROLDAN PALOMARES la cantidad de $271,923.43."; y, por acuerdo de veintiuno de abril siguiente, el juez responsable determinó ". no ha lugar a acordar de conformidad, porque como consta en auto de siete de julio de dos mil trece, los alimentos a favor de la menor IVANNA ROLDAN PALOMARES, se aseguraron del salario y prestaciones que obtiene el demandado JUVENCIO ROLDAN RIVAS, en su fuente de trabajo es decir, en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y no de los ingresos que éste declaró ante la Administración General de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria.". Seis. Inconforme con lo anterior, dicha parte procesal promovió recurso de reconsideración; el cual, el veintiséis de ese mes se tuvo por presentado. Siete. En acuerdo de quince de agosto de dos mil diecisiete, se tuvo por recibido parcialmente diligenciado el exhorto 3507/2017, derivado del oficio 1621 de nueve de agosto de dos mil dieciséis (ordenado en acuerdo de treinta de junio de dos mil dieciséis), que se giró al Juez de Exhortos de la Zona Metropolitana de Puebla, para que requiriera al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de aquella entidad federativa, informara si el demandado es derechohabiente de esa institución médica e indicara lo referente a su afiliación; por lo que se giró uno diverso a dicho juez para tales efectos. Ocho. Mediante escrito presentado el veintiuno de agosto de dos mil diecisiete, el quejoso solicitó se dejara sin efectos el comunicado oficial aludido en la parte última del párrafo que antecede, en razón de que el informe requerido al citado Instituto ya obraba en autos del juicio natural. Nueve. Petición que, en acuerdo de veintidós de ese mes, se proveyó en los siguientes términos: ". atento a su contenido, deberá estarse al acuerdo de quince de agosto del año en curso, toda vez que es necesario girar el exhorto ordenado en dicho proveído, para que la autoridad exhortada gire oficio al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, para que informe lo requerido.". Diez. Inconforme con esa determinación, la parte quejosa en escrito presentado el veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete, interpuso recurso de reconsideración; medio ordinario de defensa que por acuerdo de veintinueve de ese mes, se tuvo por presentado en tiempo; y, por diverso de dieciocho de octubre siguiente, se ordenó resolverse. Once. Por interlocutoria de diez de noviembre de dos mil diecisiete, declaró: (a) Inoperantes los agravios hechos valer en contra del acuerdo de veintiuno de abril de dos mil diecisiete; auto en el que no se proveyó de conformidad su petición, relativa al pago total de alimentos fijados de manera provisional y definitiva a favor de la menor Ivanna Roldan Palomares, atento a lo informado por el Administrador General de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria porque ". con fundamento en los artículos 405, 406,407, 408 y 409 de la Ley Procesal Civil, la representada del recurrente debe hacer valer su pretensión en la vía incidental, ya que toda cuestión accesoria referente a la falta de pago o retención de la pensión alimenticia debe dirimirse en el incidente correspondiente; ello, en aras de respetar el derecho de audiencia de la parte demandada, porque es en la incidencia en la que se debe demostrar la falta de pago de los alimentos que alude el apelante sobre los rubros y salarios que dice declaró el demandado Juvencio Roldan Rivas, ante la Administración General de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria.". (b) Infundado e inoperante el agravio hecho valer, en el sentido de que la prueba relativa al informe que debe rendir el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla ya obraba en autos, porque "la información que se pretende obtener con el exhorto ordenado, es de vital importancia, para estar en condiciones de investigar la capacidad económica del deudor alimentista, como en su momento lo dispuso la Sala Familiar del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, en ejecutoria de veintidós de mayo de dos mil quince, dictada en el toca familiar número 061/2015". De lo anterior, se advierte que la resolución reclamada contiene más de un pronunciamiento, por lo que es válido que su análisis se haga por separado al gozar de una autonomía; ello, encuentra su justificación en el criterio sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Jurisprudencia 1ª/J.17/99, consultable en la página 143 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IX, Mayo de 1999, Novena Época, en el cual determinó que si bien la sentencia como acto jurídico es indivisible (declaración que hace el juzgador respecto a una determinada solución), no lo es como documento (representación del acto jurídico); por tanto, es válido que en el documento que representa la solución que el juzgador da a determinado problema jurídico contenga no uno, sino diversos pronunciamientos independientes, como en el caso acontece. Bajo ese contexto, respecto a la determinación identificada con la letra (b), la cual está relacionada con el desahogo de una prueba se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] Fracción XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: Fracción V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte..." Del numeral citado en primer término, se desprende que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulta de alguna disposición de la ley. En relación con la segunda de las disposiciones legales, se pone de manifiesto que ahora los actos de ejecución irreparable, únicamente son aquéllos que producen una afectación material a los derechos sustantivos tutelados por la Constitución y los Tratados Internacionales; ya no hay posibilidad de considerar que dentro de ese concepto se incluyan los actos que producen efectos meramente formales, aun cuando se tratara de una violación procesal en grado predominante o superior; esto de acuerdo con la Jurisprudencia 1/2016 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte consultable en la página 15 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 29, Abril de 2016, Tomo I, Décima Época, Materia Común, del rubro y texto siguiente: "CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al prever que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, proporciona mayor seguridad jurídica para su promoción, ya que mediante una fórmula legal establece que los actos referidos, para calificarse como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no sólo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas, de donde derivan las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, consistentes en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", equivalente a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de ser "sustantivos", expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, no pueden seguir aplicándose los criterios que admiten la procedencia del juicio de amparo indirecto contra violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando los efectos que producen afectan a las partes en grado predominante o superior, como son los contenidos en las tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P. LVIII/2004 y P. LVII/2004, de rubros: "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS." y "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO."; ya que se generaron bajo una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretar lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual ya no acontece, de modo que en los juicios iniciados conforme a la Ley de Amparo vigente debe prescindirse su aplicación, al ser incompatibles con el nuevo texto legal y así evitar incurrir en desacato. En ese sentido, la resolución que revoca la caducidad decretada en la primera instancia no produce una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de los que México sea parte, sino que sólo afecta derechos procesales o adjetivos; de ahí que en su contra no procede el juicio de amparo indirecto, y únicamente podrá impugnarse cuando se promueva el juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva dictada en el procedimiento respectivo." Bajo ese contexto, para calificar ahora la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de aquellos actos de "imposible reparación", se atenderá a los efectos o consecuencias que estos produzcan, es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente (que se distingue de una violación formal) un derecho sustantivo (de naturaleza distinta de los derechos adjetivos) protegido por la Constitución y los Tratados Internacionales. Precisado lo anterior, si el acto reclamado consiste en el desahogo de una prueba para investigar la capacidad económica de las partes a fin de estar en aptitud de resolver en definitiva la acción de alimentos; dicha resolución sólo produce una afectación sobre un derecho de naturaleza formal, adjetiva o procesal, situación que por sí sola, no justifica la procedencia del juicio de amparo indirecto, en virtud de que sus consecuencias como ya se explicó no son de imposible reparación al no violarse derechos sustantivos. SEXTO. Estudio de fondo. Al no actualizarse alguna otra causa de improcedencia, en este apartado se analizará si procede o no conceder la protección federal solicitada, respecto de lo resuelto por el juez responsable en el recurso de reconsideración que promovió la peticionaria de amparo en contra del auto de veintiuno de abril de dos mil diecisiete. I. Antecedentes En este apartado, en obvio de repeticiones, se insertan los hechos que constituyen sus antecedentes relatados en el anterior considerando, hecha excepción de los identificados con los números siete, ocho, nueve y diez, por no tener relación. II. Conceptos de violación. La parte quejosa alega que lo resuelto por el juez responsable contraviene la garantía de legalidad prevista en los artículos 14 y 16 Constitucionales, porque: 1. Carece de fundamentación y motivación, además de congruencia, pues no citó los preceptos aplicables al caso concreto ni expuso las razones particulares que tomó en cuenta, para emitirla; además, omitió considerar la Declaración Universal de los Derechos Humanos que protegen, entre otros derechos, el de tener una alimentación saludable. 2. Contrario a lo sostenido por el juez responsable, en el sentido de que la vía incidental es la idónea para realizar el reclamo de alimentos no pagados, ésta no la constituye: primero, ya que la legislación procesal civil aplicable no dispone norma alguna al respecto; segundo, porque no se pidió la modificación del porcentaje por aquel concepto, dado que éste ya se encuentra fijado en el juicio natural de forma provisional y definitiva; y tercero, ya que se trata de una actualización respecto del monto que efectivamente debe pagar el acreedor alimentario, sólo es procedente un requerimiento el cual no vulnera el derecho de audiencia del demandado, pues éste tiene a su alcance todos los medios de defensa que establece la ley. 3. El juez responsable debió atender el interés superior de la niñez; atento a ello y dado que la suplencia de la queja deficiente es total, se encontraba obligado a admitir vía incidental el reclamo de las diferencias que por alimentos fue solicitado, ya que dentro del procedimiento es garante de dicho principio. III. Marco legal. Fundamentación y motivación. Los artículos 14 y 16 de nuestra Carta Magna, en los que se encuentran consagradas las garantías de legalidad y seguridad jurídica que todo acto de autoridad debe colmar, en lo que interesa para el presente asunto, la primera se traduce en el hecho de que la responsable respete las formalidades esenciales del procedimiento, mientras que del segundo se deriva que nadie puede ser molestado en su persona, propiedades o derechos sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento; es decir, se exige a todas las autoridades que apeguen sus actos a la ley, expresando de qué ley se trata y los preceptos de ella que sirvan de apoyo al mandamiento relativo. En este punto, es necesario recordar que tratándose de resoluciones emitidas por un órgano jurisdiccional dentro de un procedimiento (como el que nos ocupa), la garantía de legalidad puede colmarse ante la falta de cita de los fundamentos relativos, con la expresión de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se tomaron en consideración para orientar el sentido de una determinación, de modo que esos argumentos conduzcan a la norma aplicable; y así el gobernado esté en aptitud de conocer sobre bases objetivas, el porqué de esa determinación y no otra, para procurarse una adecuada defensa. Interés superior del menor. Sobre el tema, se retomará lo sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha desarrollado el contenido y sentido del "interés superior del menor" como principio de rango constitucional. La Sala ha reconocido que la directriz prevista expresamente en el artículo 4º constitucional, implica que el desarrollo del menor y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño. Además, acorde con el artículo 3.1 de la Convención Sobre los Derechos del Niño, en todas las medidas que tomen los tribunales concernientes a los niños, será de atención primordial el interés superior del niño. En el ámbito jurisdiccional específico, ha sostenido que el interés superior del niño es un principio orientador de la actividad interpretativa relacionada con cualquier norma jurídica que tenga que aplicarse a un niño en un caso concreto o que pueda afectar los derechos humanos de algún menor, y que para dar sentido a la norma, se deben tomar en cuenta los deberes de protección de los menores y los derechos especiales de éstos previstos en la Constitución, tratados internacionales y leyes de protección de la niñez. Una expresión del alcance que tiene el interés superior del menor en la labor jurisdiccional emerge en la integración de la litis. Suplencia de la queja. En las controversias del orden familiar, en esta Entidad Federativa, se ha otorgado al juzgador mayores atribuciones para la integración de la litis y la dirección del proceso, pues se estiman que las relaciones familiares son de orden público. Además, la suplencia en la deficiencia de la queja debe operar en los planteamientos de derecho, así como en recabar de manera oficiosa pruebas para lograr con ello el bienestar del menor, como se advierte de lo previsto en los artículos 520, 520 Bis, 521 y 522, del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de Guerrero, que a continuación, en la parte que interesa, se transcriben. "Artículo 520.- Orden público de los asuntos del orden familiar. Todos los asuntos inherentes a la familia se considerarán de orden público por constituir la base de la integración de la sociedad, estando facultado el juzgador para intervenir de oficio en los asuntos que afecten a la familia, especialmente tratándose de menores, de los alimentos y de cuestiones relacionadas con violencia familiar, decretando las medidas cautelares que tiendan a preservarla y a proteger a sus miembros dentro de los lineamientos legales previstos en el Libro Segundo Título Primero Capítulos IV y VI de este Código. Por tanto, en todos los asuntos que verse este Título, tratándose de los menores, deberá tener intervención el Ministerio Público y el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia". "Artículo 520 Bis.- Para los procedimientos previstos en el presente Título se observarán los principios siguientes: (.) II. Interés superior de la infancia. El juzgador tratándose de procedimientos que involucren a menores de edad, deberá garantizarles a éstas sus derechos, procurando su bienestar e integridad física y emocional; (.) IV. Economía procesal. El juzgador tomará de oficio las medidas tendientes a evitar la paralización de un proceso y adelantar su trámite con la mayor celeridad posible, así mismo podrá concentrar las diligencias cuando lo considere conveniente; y.". "Artículo 521.- Suplencia de la deficiencia de las partes. En todos los asuntos del orden familiar los jueces y tribunales están obligados a suplir la deficiencia de las partes en sus planteamientos de derecho. No se requieren formalidades especiales para acudir ante el Juez tratándose de alimentos.". Artículo 522.- Reglas generales aplicables a los asuntos de orden familiar. En los juicios del orden familiar regirán las siguientes reglas generales: (.) II. Para la investigación de la verdad, el juzgador puede ordenar cualquier prueba, aunque no la ofrezcan las partes, para lo cual podrá cerciorarse personalmente, o con el apoyo de trabajadores sociales, profesionales en otras disciplinas o autoridades que presten su servicio dentro de la administración pública, quienes presentarán el informe correspondiente, y en su caso, podrán ser interrogados por el Juez y las partes; (.) V. En los juicios o acciones donde se encuentren inmersos menores de edad, el juzgador emitirá sus decisiones y determinaciones atendiendo al interés superior del menor, privilegiando los derechos fundamentales de los niños, por encima de cualquier otro, para ello, el juzgador no estará sujeto a resolver solamente con las pruebas que aporten las partes, sino que ejercerá las pruebas e investigaciones de oficio que considere pertinentes a fin de garantizar el bien y la protección de los menores. Asimismo deberá resolver sobre las medidas provisionales y aquellas que tiendan (sic) la preservación de los derechos del menor de manera oportuna.". En razón a lo anterior, en las controversias del orden familiar, como se adelantó, el juez de primera instancia puede intervenir de oficio y suplir los principios jurídicos, así como las normas legales aplicables, de forma tal que determine la actualización de condiciones de hecho y derecho necesarias para fijar una pensión alimenticia a favor del menor involucrado en el juicio. Afirma la Primera Sala, que sostener lo contrario podría hacer nugatorio el derecho del menor a recibir alimentos y el órgano jurisdiccional incumpliría la obligación que le imponen los artículos 4º de la Constitución Federal, en sus párrafos sexto y séptimo y 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por México el veintiuno de septiembre de mil novecientos noventa, y que entró en vigor el veintiuno de octubre del mismo año, así como la obligación, prevista en dichas normas, de actuar de oficio para asegurar y preservar el bienestar del menor. IV. Calificación de conceptos de violación. Se estiman infundados los motivos de queja. Porque, contrario a lo alegado por la peticionaria de amparo, el juez natural señaló los numerales de la legislación procesal, que sustentan su determinación (artículos 405, 406, 407, 408 y 409 del código procesal civil); además, expuso los motivos que tomó en consideración para resolver en el sentido que lo hizo (que la falta de pago o retención de pensión alimenticia debe hacerse valer en la vía incidental, en aras de respetar el derecho de audiencia de la parte demandada, porque es en la incidencia en la que ese extremo debe ser demostrado); circunstancia que permitió a la quejosa estar en aptitud de conocer sobre bases objetivas el porqué de esa determinación y no otra, lo que sirvió de base para procurar su defensa. En relación con su argumento de que la legislación procesal no dispone que la petición de falta de pago deba formularse vía incidental; se puntualiza que el artículo 372 del código procesal de la materia, prevé la posibilidad de que las resoluciones dictadas en negocios de alimentos, sean alteradas o modificadas, pues sólo tienen autoridad de cosa juzgada, mientras no se alteren o cambien las circunstancias que afecten el ejercicio de la acción que se dedujo en el juicio correspondiente y esto, es mediante procedimiento posterior; y el diverso 405, establece que toda cuestión accesoria que surja en el proceso principal y que no tenga un procedimiento propio debe tramitarse incidentalmente. Por lo que, cuando no se proporcionen alimentos o se deja de hacer, se podrá demandar su pago, cuando esto ya fue resuelto en lo principal; en el caso, ello aconteció desde el siete de junio de dos mil trece, fecha en la que se fijó de manera provisional el pago de alimentos a favor de la menor Ivanna Roldán Palomares, el cual se encuentra firme al no haber sido recurrido; por lo que, sí conforme con lo informado por la Administración General de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria, cambiaron las circunstancias que sirvieron de base para decretarlos, la parte quejosa debió solicitar su pago en la vía incidental, como de forma adecuada lo señaló el juez responsable. Sirve de apoyo la Tesis IV.3o.C.1 C (10a), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, consultable en la página 105 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 2, Décima Época, Materia Civil, del rubro y texto siguiente: "ALIMENTOS Y CUSTODIA DE MENORES. LA ACCIÓN EN LA QUE SE PIDE SU MODIFICACIÓN DEBE PLANTEARSE VÍA INCIDENTAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN). En términos de los artículos 1074, 1076 y 1080, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León, las pretensiones que deben ser objeto de juicio ordinario, lo son, entre otras, aquellas vinculadas al derecho a recibir alimentos, tal es el caso, cuando éstos no se proporcionan o se dejan de proporcionar y se demanda su pago o bien, la pérdida de ese derecho, así como también en las que con motivo de una separación o divorcio de los padres debe dilucidarse a quién de ellos corresponderá la custodia de los menores, siendo entonces que, cuando esas cuestiones fueron resueltas previamente, es la vía incidental la procedente para obtener su modificación". Esto, ya que debe concederse al deudor alimentario la oportunidad de ser oído previamente a establecer el monto líquido o porcentaje a pagar por concepto de pensión alimenticia definitiva, pues no obstante se encuentran a su alcance los medios ordinarios de defensa para combatirlo en caso de no estar de acuerdo, debe respetarse la garantía de audiencia establecida en los artículos 14 Constitucional y 8º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sin que ello signifique dejar de atender las necesidades del acreedor alimentario, ya que las formalidades esenciales del procedimiento deben observarse dentro de un justo equilibrio que, por un lado, no deje en estado de indefensión a las partes y por el otro, asegure una resolución pronta. Máxime, si se toma en cuenta que a diferencia de lo que ocurre en la pensión alimenticia provisional, cuya finalidad es cubrir las necesidades impostergables, misma que se determina sin la audiencia del deudor únicamente con base en la información con la que se cuenta en el momento de la presentación de la demanda, ya que se tiene como objetivo asegurar la subsistencia de los acreedores mientras se resuelve el juicio; la fijación de la pensión alimenticia definitiva no tiene el carácter de urgente y por ende, inaplazable como la provisional, pues se parte de la premisa de que las necesidades del acreedor alimentario se encuentran satisfechas, por lo que, se otorga al dictarse la sentencia con apoyo en los elementos de prueba que aporten las partes en el juicio; formalidad que debe cumplirse cuando se trate de la falta de pago o retención de la pensión alimenticia, sin que con ello, se contravenga el derecho humano a tener una alimentación saludable. Sobre el particular cabe hacer la siguiente precisión; la quejosa parte de una premisa falsa al afirmar que aquello era procedente otorgarlo, ya que el porcentaje está fijado de manera definitiva, además de que no se pide modificar el porcentaje otorgado, sino el pago de diferencias dado los ingresos reportados por el demandado; pues, aun cuando el cuatro de junio de dos mil catorce se dictó sentencia definitiva, ésta quedó sin efectos en cumplimiento a lo resuelto el veintidós de mayo de dos mil quince por la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, al igual que el auto de dieciséis de mayo de esa anualidad por el que se citó a las partes a oír sentencia y se repuso el procedimiento a fin de que el juez responsable recabara de oficio las pruebas necesarias para investigar la capacidad económica de las partes (como se advierte de los antecedentes tres y cuatro). Si bien es cierto, el tercero interesado/parte demandada en lo principal, tiene a su alcance los medios de defensa que la ley prevé, como cualquier otro que tenga el carácter de parte en un proceso judicial; esta circunstancia, por sí no exime de la obligación de respetar su garantía de audiencia. Ello, porque la posibilidad que a través de un recurso ordinario se revise una resolución sobre alimentos por haber variado las circunstancias no hace las veces de garantía de audiencia ni puede servir como argumento para no otorgarse la oportunidad de ser oído, ofrecer pruebas y alegar al respecto. Esto, porque como lo sostuvo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el Amparo Directo en Revisión 3248/2013, "el derecho a un recurso efectivo es distinto e independiente al derecho a ser escuchado en un juicio, pues el contenido de este último es precisamente la oportunidad de defensa previa al acto privativo de un derecho, no así a la posibilidad de revisar el mismo judicialmente" Esto último sirve de base para dar contestación al restante concepto de violación, relativo a que el juez responsable debió atender el interés superior de la niñez; atento a ello y dado que la suplencia de la queja deficiente es total, se encontraba obligado a admitir vía incidental el reclamo de las diferencias que por alimentos fue solicitado aun cuando no se hubiese pedido en esos términos, ya que dentro del procedimiento es garante de dicho principio. Ahora, si bien, atento a dicho principio el juzgador debe garantizar a los menores sus derechos y procurar su bienestar, así como suplir la deficiencia de las partes en sus planteamientos de derecho, ello no lo exime de cumplir las formalidades del procedimiento ni llega al extremo de pronunciarse sobre un tema ajeno a lo solicitado sin acatar las mismas, como en el caso lo propone la peticionaria de amparo, pues el interés superior del menor no constituye una fuente de procedencia en contra de la dimensión institucional de las normas. Máxime que, en este asunto al reponerse el procedimiento con motivo de la ejecutoria dictada en segunda instancia, se ordenó recabar diversas pruebas a fin de estar en aptitud de contar con mayores elementos para dictar una medida definitiva congruente y acorde con las necesidades del menor. Por lo que, la diferencia de pago que reclama la peticionaria de amparo por concepto de alimentos debe ser solicitada en la forma en la cual lo resolvió el juez responsable y no decretarla sin respetar la garantía de audiencia de quien deba otorgarlos ni que de oficio se le dé trámite a dicha incidencia para tales efectos; lo cual es completamente compatible con la obligación del juzgador de asegurar y preservar el bienestar del menor, quien no verá su interés superior mermado en lo absoluto. Esto, ya que si bien toda contienda judicial en que se vean involucrados los derechos inherentes a los menores, debe resolverse sin desatender el principio básico del interés superior del niño, de conformidad con el artículo 4° de la Constitución Federal y la Convención sobre los Derechos del Niño, también lo es que tal circunstancia no se traduce en que el juzgador deba dejar de conceder a los deudores alimentarios la oportunidad de ser oídos previamente a establecer el monto líquido o porcentaje a pagar por concepto de pensión alimenticia, pues ello equivaldría a dejar de cumplir con la garantía de audiencia establecida en los artículos 14 constitucional y 8º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Bajo ese contexto, al resultar infundados los conceptos de violación, lo que procede es negar la protección constitucional que solicitó Janeth Palomares Bataz, en representación de su menor hija Ivanna Roldán Palomares, en contra de la resolución de diez de noviembre de dos mil diecisiete, dictada por el Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tabares, en esta ciudad, en el recurso de reconsideración que planteó en el juicio especial de alimentos 721-3/2017. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo 94/2018, por el acto precisado en el considerando Quinto de esta sentencia, en los términos sellados en dicha parte considerativa. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Janeth Palomares Bataz, en representación de su menor hija Ivanna Roldán Palomares, contra el acto que reclama del Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tabares, en esta ciudad, por los motivos expresados en el último de los considerandos de esta sentencia. Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.Así lo resolvió y firma Lorena Morales Saldierna, Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero en funciones de Juez de Distrito en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81 fracción XXII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con autorización de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de veinte de marzo de dos mil dieciocho, según informó el Secretario de la propia Comisión en oficio CCJ/ST/1394/2018, el treinta de abril de dos mil dieciocho, asistida de Tamara Anayanzing Fierros Pineda, Secretaria que autoriza y da fe...."; LO QUE S E NOTIFICA POR ESTA VÍA PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES Y EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO DE FECHA DIECISÉIS DE MARZO DE DO SMIL DIECIOCHO...
Quedan 11 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · 8,920 expedientes
- Ivan Mejía Serrano235/2018
- Iván Pérez Castillo158/2016
- Ivan Preciado de la Torre96/2018
- IVAN TORRES MELO y Otros.132/2019
- IVÁN URIEL CARRANZA NÁJERA y Otros.1004/2015
- Iván Villalva Ciénega285/2023
- Ivethe Josefina Olivia Lemus1298/2014
- Ivette Carranza Chavarria636/2017
- Ivette Lucrecia Servin Guillen421/2019
- Ivette Rosas Aguilar892/2017
- Ivone Pineda Abundis690/2017
- Ivonne Cristina Calderón Alday338/2015