Ivan Mejía Serrano
Expediente 235/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 12 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 235/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 31/05/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, Con Residencia En Chilpancingo
- IVAN MEJÍA SERRANO y Otros.
- Ivan Mejía Serrano
- ROBERTO GALLARDO CARMONA y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Vistos, los autos, para dictar sentencia en el juicio de amparo número 235/2018; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la Demanda. Por escrito presentado el veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero con residencia en Chilpancingo, Guerrero, y por cuestión de turno remitido al Juzgado Décimo de Distrito, en esa fecha, Iván Mejía Serrano, Síndico Procurador; Emisel Liosol Molina González, Presidente Municipal; Roberto Gallardo Carmona, Director de Seguridad Pública; Joel Justo Gallardo, Tesorero Municipal, todos del Ayuntamiento Municipal de Florencia Villareal, Guerrero, y por propio derecho presentaron demanda de amparo indirecto contra los actos y respecto de las autoridades que a continuación se precisan: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES: ORDENADORAS: 1.-Tiene el carácter la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado Guerrero, (.). EJECUTORAS: 1.- Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, (.) IV.-ACTO RECLAMADO: ORDENADORA: Lo constituye el ilegal e inconstitucional acuerdo de veintinueve de enero de dos mil dieciocho, emitido dentro del expediente administrativo número TCA/SS/011/2016, mismo que carece de la debida congruencia, motivación y fundamentación, y sobre todo es carente de legalidad por haber estimado decretar la ilegal multa y por demás excesiva, contrariando así el espíritu de lo contenido en el párrafo cuarto del artículo 14 y 16 Constitucional, provocando con ello una deficiente administración de justicia (.). DE LA EJECUTORA: 1.- Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, el ilegal e inconstitucional cumplimiento que pretenda dar al acuerdo de fecha 02 de febrero de 2017, emitido dentro del expediente administrativo número TCA/SS/011/2016, mismo que carece de la debida congruencia, motivación y fundamentación, pues de ser efectiva la multa excesiva viola nuestras garantías constitucionales. Actos que consideraron violatorios de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además precisaron bajo protesta de decir verdad los hechos que constituyen los antecedentes del acto reclamado, y formularon los conceptos de violación que estimaron pertinentes. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Mediante proveído de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, el Juzgado Décimo de Distrito, emitió auto en el que se declaró incompetente en razón de territorio, por lo que declinó competencia al Juzgado de Distrito en Turno, con sede en esta ciudad. Por lo anterior, giró el oficio 3696/2018, mismo que se presentó el siete de marzo de dos mil dieciocho ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero con residencia en esta ciudad, y por cuestión de turno remitido a este Juzgado Octavo de Distrito, en esa fecha. Por auto de ocho de marzo de dos mil dieciocho, se admitió a trámite la demanda de amparo, y se ordenó registrarla en Libro de Gobierno bajo el número 235/2018, solicitó a las autoridades responsables rindieran sus informes justificados; reservó emplazar a la parte tercera interesada; dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención legal correspondiente, y señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previos diferimientos tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer del presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, 107, fracciones V, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en razón de que se reclama un acto emitido por un órgano jurisdiccional con residencia en el ámbito territorial donde este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a precisar los actos reclamados que se advierten del estudio íntegro de la demanda de amparo, así como de las constancias del presente juicio de derechos fundamentales; lo anterior, conforme a lo dispuesto en la Jurisprudencia 2a./J. 55/98 aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, Agosto de 1998, Página 227, Materia Común, con número de registro electrónico 195745, que dice lo siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS.- Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." Así, de un análisis integral de la demanda de amparo y su precisión, en un sentido congruente con todos sus elementos e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente a la intencionalidad del autor, se tiene que la parte quejosa reclama: El proveído de veintinueve de enero de dos mil dieciocho, dictado en autos del juicio contencioso del expediente en ejecución de sentencia número TCA/SS/011/2016, derivado del TCA/SRO/033/2013, por medio del cual el Pleno de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa, le impone una multa, y su ejecución. TERCERO. Oportunidad de la demanda. La parte quejosa bajo protesta de decir verdad en su demanda de amparo manifestó que tuvo conocimiento de los actos reclamados el ocho de febrero de dos mil dieciocho, tal como se advierte del estudio que se hace de los actuaciones que integran el expediente en ejecución de sentencia número TCA/SS/011/2016, derivado del TCA/SRO/033/2013, y del que se obtiene que las notificaciones ocurrieron de la forma siguiente: Quejoso Fecha en que fue notificado Número oficio Ayuntamiento Municipal Constitucional de Florencio Villareal, por conducto del primer síndico Iván Mejía Serrano. Ocho de febrero de dos mil dieciocho. A través del oficio número 188/2018 (foja 545 del tomo II de pruebas) Presidente municipal de Florencio Villareal, Emisel Liosol Molina. Ocho de febrero de dos mil dieciocho. A través del oficio número 189/2018 (foja 546 del tomo II de pruebas) Director de Seguridad Pública del municipio de Florencio Villareal, Roberto Gallardo Carmona. Ocho de febrero de dos mil dieciocho. A través del oficio número 190/2018 (foja 547 del tomo II de pruebas) Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Florencio Villareal, Joel Justo Gallardo. Ocho de febrero de dos mil dieciocho. A través del oficio número 191/2018 (foja 548 del tomo II de pruebas) Lo anterior, es robustecido con la razón actuarial de ocho de febrero de dos mil dieciocho, en el que la actuaria asentó que en esa data se constituyó en las oficinas del Ayuntamiento de Florencio Villareal, para notificar a las autoridades demandadas dos acuerdos, uno de siete de febrero de dos mil dieciocho dictado por la Sala Regional de Ometepec y el segundo de veintinueve de enero de dos mil dieciocho dictado por la Sala Superior de ese Tribunal, y que constituye el acto que aquí se reclama. Por tanto, si los quejosos fueron notificados el ocho de febrero, misma data en que les surtió efectos, de conformidad con el artículo 33, fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, del Estado, el término para promover el juicio de amparo les transcurrió del nueve de febrero del año en curso al uno de marzo de dos mil dieciocho, descontándose los días diez, once, diecisiete, dieciocho, veinticuatro y veinticinco de febrero del presente año, por haber sido inhábiles, en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo; de ahí que, si la demanda fue presentada el veintiocho de febrero pasado, debe estimarse oportuna, pues fue promovida dentro del plazo de quince días establecido en el numeral 17 de la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Por razón de método en toda sentencia de amparo, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, estudiar las causas de improcedencia aducidas o que a su criterio se actualicen y por último, de ser procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Lo anterior es así, entre otras razones, porque de no existir los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, sería legalmente imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia XVII.2o. J/10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la página 68, del Tomo 76, abril de mil novecientos noventa y cuatro, correspondiente a la Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, con registro electrónico número 212775, que al rubro y texto dice: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." Hecha la anterior precisión, procede ahora analizar el contenido del informe justificado rendido por las autoridades responsables, quienes informaron lo siguiente: La ordenadora: Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa, aceptó el acto reclamado La ejecutora: Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, aceptó el acto reclamado, pero preciso no haberlo ejecutado. QUINTO. Legitimación de la parte promovente. Iván Mejía Serrano, Síndico Procurador; Emisel Liosol Molina González, Presidente Municipal; Roberto Gallardo Carmona, Director de Seguridad Pública; Joel Justo Gallardo, Tesorero Municipal, todos del Ayuntamiento de Municipal de Florencia Villareal, Guerrero, promovieron el juicio de amparo indirecto a nombre propio en su carácter de funcionarios, y para acreditar la calidad con el que se ostentan acompañaron a su demanda copia certificada de su nombramiento, por lo que al ordenarse por auto de veintinueve de enero de dos mil dieciocho, hacerles efectivo el apercibimiento ordenado en autos, los promoventes acreditan tener interés legítimo para acudir al juicio constitucional, de conformidad con el artículo 5, fracción I de la Ley de Amparo. SEXTO. Estudio. En razón de que no se hizo valer ninguna causal de improcedencia, ni de oficio se advierte la actualización de alguna causal de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede al estudio de los motivos de inconformidad, mismos que no se trascriben en términos de la Jurisprudencia número 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia Común, página 830, con registro electrónico número 164618, del rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.". A fin de tener una mejor comprensión del presente asunto, resulta conveniente tener en cuenta los siguientes: A N T E C E D E N T E S: 1. Mediante escrito de once de abril de dos mil trece, Humberto Prestegui Lozano promovió juicio administrativo en contra del Ayuntamiento, Presidente Director de Seguridad Pública y Tesorero todos del municipio de Florencio Villareal, Guerrero, demanda de la que correspondió conocer a la Sala Regional de la Costa Chica del actual Tribunal de Justicia Administrativa, que por auto de diecinueve de abril de dos mil trece, la radicó y admitió a trámite con el número TCA/SR/033/2013. 2. Previo emplazamiento a la parte demandada, y seguido que fue el juicio por sus demás etapas procesales, el nueve de septiembre de dos mil trece, se dictó resolución definitiva, en la que se determinó declarar la nulidad de los actos emitidos por las autoridades demandadas (aquí quejosas) y para el efecto que se le pagara al actor la liquidación, indemnización y demás prestaciones correspondientes, en los términos de ley. 3. Resolución que se recurrió por las demandadas a través del recurso de revisión, que fue del conocimiento de la Sala Superior del actual Tribunal de Justicia Administrativa, por lo que se dio trámite al expediente TCA/SS/116/2014, en el que por resolución de veintidós de mayo de dos mil catorce se determinó confirmar la sentencia recurrida; lo que por auto de cuatro de julio de ese año causo estado. 4. Así, el once de septiembre de dos mil catorce, la Sala Regional de la Costa Chica emitió un acuerdo en el que de conformidad con el artículo 135 del Código de la materia, solicito a la autoridad demandada aquí quejosa diera cumplimiento en forma inmediata a la sentencia de nueve de septiembre de dos mil trece, para lo que concedió el término de tres días hábiles siguiente a que le surtiera efectos la notificación para que informara a la Sala sobre el cumplimiento, sin que se le hiciera apercibimiento alguno; acuerdo que le fue notificado el veintiocho de octubre de dos mil catorce. 5. Por su parte, el actor del juicio de origen, el veintiséis de septiembre de dos mil catorce, exhibió planilla de liquidación, de la que se ordenó dar vista a la parte quejosa por auto de veintidós de octubre de dos mil catorce, para que dentro del término de tres días manifestara lo que a su interés conviniera, auto que fue notificado a los demandados el seis de noviembre de dos mil catorce. 6. El cuatro de noviembre de dos mil catorce, la Sala Regional de la Costa Chica del Tribunal de Justicia Administrativa emitió un acuerdo en el que resolvió que en razón de que había fenecido el término de tres días concedido a las autoridades demandadas para que dieran cumplimiento a la sentencia, y toda vez que no habían informado sobre el cumplimiento dado a la misma, con fundamento en el artículo 136 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, requirió de nueva cuenta al Ayuntamiento Municipal Constitucional, Presidente Municipal, Director de Seguridad Pública y Tesorero Municipal todos de Florencio Villareal, Guerrero, para que en el término de tres días posteriores a que se les notificara dicho acuerdo, dieran cumplimiento a la sentencia, con el apercibimiento que se les impondría en lo individual una multa de treinta días de salario mínimo correspondiente a la zona "B" que tenía en ese momento un valor de $63.77 (Sesenta y tres pesos 77/100 M.N), lo que era equivalente a la cantidad de $1,913.10 (mil novecientos trece pesos 10/00 M.N), auto que les fue notificado el diez del mismo mes y año. 7. El doce de noviembre de dos mil catorce, la Sala Regional emitió un acuerdo en el que determinó los saldos que el Ayuntamiento demandado tendría que pagar al actor, así como también en términos del artículo 136 multireferido requirió de nueva cuenta al Ayuntamiento Municipal Constitucional, Presidente Municipal, Director de Seguridad Pública y Tesorero Municipal todos de Florencio Villareal, Guerrero, para que diera cumplimiento, en el término de tres días posteriores a que se le notificara dicho acuerdo, con el apercibimiento que se les impondría en lo individual una multa de treinta días de salario mínimo correspondiente a la zona "B" que tenía en ese momento un valor de $63.77 (Sesenta y tres pesos 77/100 M.N), lo que era equivalente a la cantidad de $1,913.10 (mil novecientos trece pesos 10/00 M.N), que les fue notificado el veintiuno de noviembre de dos mil catorce. 8.Por escrito presentado el veintiocho de noviembre de dos mil catorce, Ociel Hugar García Trujillo, Presidente Municipal Constitucional, Amador Pacheco Yanez, Director de Seguridad Pública, Joaquín Mejía Carmona, Tesorero Municipal y Javier Gallardo Palma, Síndico Municipal todos del Ayuntamiento de Florencia Villareal, Guerrero, interpusieron el recurso de revisión en contra de la resolución de doce de noviembre de dos mil catorce, en la que se resolvió sobre la planilla de liquidación exhibida por la parte actora del juicio de origen; recurso que se tuvo por interpuesto el dos de diciembre de dos mil catorce. 9. Por acuerdo de once de diciembre de dos mil catorce, al no haberse dado cumplimiento al auto de doce de noviembre de ese año, se ordenó imponer a Ociel Hugar García Trujillo, Presidente Municipal Constitucional, Amador Pacheco Yanez, Director de Seguridad Pública, Joaquín Mejía Carmona, Tesorero Municipal y Javier Gallardo Palma, Síndico Municipal todos del Ayuntamiento de Florencio Villareal, Guerrero, la multa señalada en el auto antes mencionado, por lo que se giró oficio a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado para que ejecutora la sanción impuesta, y en razón de que no se encontraba cumplida la sentencia, se apercibió en forma individual a las autoridades demandadas con una segunda multa, ahora por sesenta días de salario mínimo correspondiente a la zona "B", que por la época era el de $63.77 (Sesenta y tres pesos 77/100 M.N) y que daba un total de $3,826.20 (tres mil ochocientos veintiséis pesos 20/100 M.N); en cumplimiento al acuerdo en comento se giraron los oficios dirigidos a la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero; el acuerdo de referencia fue notificado el día siete de enero de dos mil quince. 10. Contra dicho acuerdo, las autoridades demandadas a través de su autorizado promovieron el recurso de reclamación, mismo que fue desechado por auto de diecinueve de enero de dos mil quince, ante dicha determinación promovieron el recurso de revisión, mismo que la Sala Regional tuvo por interpuesto el veinte de febrero de dos mil quince. 11. En razón del incumplimiento de la sentencia dictada en el juicio administrativo TCA/SR/033/2013, Humberto Prestegui Lozano promovió el juicio de amparo indirecto, del que correspondió conocer a este órgano jurisdiccional, y que registró con el número de expediente 1162/2014, el que una vez desahogado en todas sus etapas, el ocho de diciembre de dos mil catorce se emitió sentencia, en la que se determinó sobreseer y conceder el amparo y protección de la justicia al aquí tercero, empero la misma fue combatida por éste; por lo que se aperturó el A.R.AD. 95/2015 y en sesión de dieciocho de junio de dos mil quince, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito modificó los efectos de la concesión, para que en términos de los numerales 135 a 142 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos en el Estado de Guerrero, la Sala Regional en forma inmediata requiriera a las autoridades demandadas el cumplimiento de la sentencia. 12. Como consecuencia de lo anterior, por auto de dieciséis de julio de dos mil quince, la Sala Regional de Costa Chica requirió a las autoridades el cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio administrativo e hizo efectivo el apercibimiento decretado en auto de once de diciembre de dos mil catorce, por lo que ordenó a la Secretaría de Finanzas y Administración efectuar la multa de sesenta días de salario mínimo correspondiente a la zona "B", que por la época era el de $63.77 (Sesenta y tres pesos 77/100 M.N) y que daba un total de $3,826.20 (tres mil ochocientos veintiséis pesos 20/100 M.N); y volvió a apercibir a las autoridades con una tercera multa, ahora de ciento veinte días de salario mínimo, correspondiente a la zona "B" que era en esa data de $66.45 (sesenta y seis pesos 45/100 M.N), y que en total correspondía a la cantidad de $7,974.00 (Siete mil novecientos setenta y cuatro 00/100 M.N) el acuerdo de referencia fue notificado el día seis de agosto de dos mil quince. 13. Mediante proveído de doce de agosto de dos mil quince, se impuso a las autoridades demandadas la multa antes mencionada y al no dar cumplimiento con lo requerido en el acuerdo de dieciséis de julio de esa anualidad; se giraron los oficios al Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado a efecto de hacer efectiva dicha sanción y se remitió el original del expediente a la Sala Superior para que dicha autoridad siguiera con el procedimiento de ejecución de sentencia establecido en el numeral 137 del Código de Procedimientos de lo Contencioso Administrativo. 14. Contra la determinación anterior, Joaquín Mejía Carmona, en su carácter de Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Florencio Villareal, promovió juicio de amparo indirecto, del que correspondió conocer a este órgano jurisdiccional y que registro con el número 953/2015; y una vez desahogado el procedimiento, el veintiséis de febrero de dos mil dieciséis, se determinó negar la protección de la justicia federal al quejoso. 15. Por su parte, Iván Mejía Serrano, en su carácter de Sindico Procurador del Ayuntamiento Municipal de Florencio Villareal, el diecinueve de septiembre de dos mil quince, presentó un ocurso en el que informó a la Sala Regional que la administración municipal que representaba acaba de tomar protesta, solicitaba se le concediera un plazo de treinta días hábiles para dar cumplimiento a la sentencia de nueve de septiembre de dos mil catorce, para lo que acompañó copia del oficio que la Presidenta municipal del Ayuntamiento de Florencio Villareal, Guerrero, dirige a Eduardo Marcial Molina, Tesorero del Ayuntamiento referido, de lo que se dio vista a la parte actora. 16. Mediante auto de treinta de octubre de dos mil quince, se tuvo por recibido el oficio 1632/2015 de dieciocho de septiembre de dos mil quince, signado por el Secretario General de Acuerdo del Tribunal Contencioso Administrativo del Estado, en el que devolvió a la Sala Regional de Costa Chica el expediente TCA/SRO/033/2013, a fin de que ésta continuara con el procedimiento de ejecución de cumplimiento de sentencia, por lo que en el mismo auto acordó apercibir a los demandados con una cuarta multa de ciento veinte días de salario mínimo, correspondiente a la zona "B" que era en esa data de $66.45 (sesenta y seis pesos 45/100 M.N), y que en total correspondía a la cantidad de $ 7,974.00 (Siete mil novecientos setenta y cuatro pesos 00/100 M.N). 17. El cuatro de diciembre de dos mil quince, la Sala Regional determinó imponer a las autoridades demandadas Ayuntamiento Municipal Constitucional, Presidente Municipal, Director de Seguridad Pública y Tesorero Municipal todos de Florencia Villareal, Guerrero, la multa ordenada el treinta de octubre de dos mil quince, consiste en ciento veinte días de salario mínimo correspondiente a la zona "B" que en esa data era de $66.45 (sesenta y seis pesos 45/100 M.N), y que en total correspondía a la cantidad de $ 7,974.00 (Siete mil novecientos setenta y cuatro pesos 00/100 M.N), por lo que ordenó girar los oficios correspondientes a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero y se les volvió a prevenir; acuerdo que les fue notificado el diecisiete de diciembre de dos mil quince. 18. El doce de enero de dos mil dieciséis, en cumplimiento al auto de cuatro de diciembre anterior, Iván Mejía Serrano, Síndico Procurador; Emisel Liosol Molina González, Presidente Municipal; Roberto Gallardo Carmona, Director de Seguridad Pública; Joel Justo Gallardo, Tesorero Municipal, todos del Ayuntamiento de Municipal de Florencia Villareal, Guerrero, presentaron un ocurso ante la Sala Regional en el que manifestaron su intención de dar cumplimiento a la sentencia de referencia, para lo que solicitaron a la Sala señalara fecha y hora para una plática con la parte actora; de lo que se ordenó dar vista a éste, por auto de quince de enero de dos mil diecisiete. 19. Una vez que fue desahogada la vista de la parte actora, por resolución de cuatro de febrero de dos mil dieciséis se determinó hacer efectivo el apercibimiento de cuatro de diciembre de dos mil quince, y ordenó a la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, ejecutara a los demandados la multa de ciento veinte días de salario mínimo correspondiente a la zona "B" que en esa data era de $66.45 (sesenta y seis pesos 45/100 M.N), y que en total correspondía a la cantidad de $7,974.00 (Siete mil novecientos setenta y cuatro pesos 00/100 M.N), y en esa misma fecha se ordenó el envío del expediente TCA/SRO/033/2013 a la Sala Superior a fin de que continuara con el procedimiento de ejecución, resolución que se les notificó a las autoridades el ocho de febrero de dos mil dieciséis. 20. El tres de marzo de dos mil dieciséis, se dictó un acuerdo en el expediente en ejecución de sentencia número TCA/SS/011/2016, derivado del TCA/SRO/033/2013, por medio del cual el Pleno de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa, registró la ejecución del cumplimiento y requirió a las demandadas par que en el término de tres días dieran cumplimiento a lo sentencia, con el apercibimiento de que no hacerlo así se harían acreedores a una multa de cien días de la unidad de medida y actualización (UMA) a razón de $73.04 (setenta y tres pesos 04/100 M.N), equivalente a la suma de $7,304.00 (Siete mil trescientos cuatro pesos 00/100 M.N); acuerdo que le fue notificado a las autoridades el once de abril de dos mil dieciséis; por auto de quince de abril del mismo año se resolvió sobre la petición formulada por los aquí quejosos, que la Sala Superior acordó no concederles la prórroga solicitada y dejó subsistente el apercibimiento ordenado, lo que fue notificado el once de mayo de dos mil dieciséis. 21. Posteriormente por resolución de veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis, se estudió la planilla de liquidación de la parte actora, así como se valoró la actitud de las autoridades demandadas para el cumplimiento, se resolvió imponer la multa de cien días de la unidad de medida y actualización (UMA) a razón de $73.04 (setenta y tres pesos 04/100 M.N), equivalente a la suma de $7,304.00 (Siete mil trescientos cuatro pesos 00/100 M.N) y se requirió de nueva cuenta a las autoridades demandadas, para que dentro del término de tres días exhibieran el título de crédito por la cantidad de $273,328.00 (Doscientos setenta y tres mil trescientos veintiocho pesos 00/100 M.N), y se les apercibió que en caso de renuencia o contumacia en el cumplimiento se harían acreedores a una nueva medida de apremio consistente en ciento veinte unidades de medida y actualización a razón de $73.04 (setenta y tres pesos 04/100 M.N), equivalente a la cantidad de $8,764.80 (Ocho mil setecientos sesenta y cuatro 00/100 M.N); acuerdo que les fue notificado el veintiséis de octubre de dos mil dieciséis. 22. Mediante promoción de tres de noviembre de dos mil dieciséis, las autoridades demandadas por conducto de su autorizado, informaron a la Sala Superior, que se encontraban realizando trámites para dar cumplimiento a la sentencia de nueve de septiembre de dos mil trece, por lo que solicitaron una prórroga en el cumplimiento; ocurso que fue acordado el ocho siguiente, en el que la autoridad responsable resolvió negar la prórroga solicitada. 23. En razón de la falta de cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala Regional, el dos de febrero de dos mil diecisiete, la responsable emitió un auto en el que determinó imponer a las autoridades responsables dos multas, una consistente en ciento veinte unidades de medida y actualización a razón de $73.04 (setenta y tres pesos 04/100 M.N), equivalente a la cantidad de $8,764.80 (Ocho mil setecientos sesenta y cuatro pesos 00/100 M.N); y otra de cien unidades de medida y actualización (UMA) a razón de $73.04 (setenta y tres pesos 04/100 M.N), equivalente a la suma de $7,304.00 (Siete mil trescientos cuatro pesos 00/100 M.N) por lo que ordenó girar los oficios correspondientes, así también requirió a la parte actora para que exhibiera la planilla de liquidación actualizada, de lo que fue notificado la autoridad el trece de marzo de dos mil diecisiete. 24. Por escrito de dieciséis de marzo de dos mil diecisiete, la parte demandada aquí quejosa manifestó a la Sala Superior responsable que había exhibido ante este órgano jurisdiccional dos cheques a nombre de Humberto Prestegui Lozano, por la cantidad de $20,000.00 (Veinte mil pesos 00/100 M.N) cada uno, con lo que pretendía dar cumplimiento parcial a la sentencia, lo que fue acordado el diecisiete de abril de ese año. 25. Mediante resolución de veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, la Sala Superior del Tribunal Contencioso Administrativo aprobó la planilla de liquidación de la parte actora; tuvo a las demandadas por dando cumplimiento parcial, y concedió a las autoridades un plazo de treinta días hábiles a fin de que dieran total cumplimiento a la sentencia, con el apercibimiento que de no hacerlo así, se procedería en términos de lo estipulado en los numerales 137 y 138 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, acuerdo del que fueron notificados el once de julio de dos mil diecisiete. 26. El veintidós de agosto de dos mil diecisiete, el autorizado de las demandadas solicitó a la Sala Superior una prórroga de otros treinta días hábiles; así el treinta de noviembre de ese año la responsable emitió un acuerdo en el que se determinó requerir al Presidente Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Florencio Villareal, Guerrero, para que dentro del término de quince días hábiles a partir de que le surtiera efectos la notificación de dicho proveído conminara al Director de Seguridad Pública y al Tesorero ambos del Ayuntamiento Constitucional de Florencio Villareal, Guerrero, a dar cumplimiento total a la sentencia de nueve de septiembre de dos mil trece; así también se requirió a los integrantes del cabildo del municipio en mención para que en carácter de superior jerárquico de la Presidente Municipal, la conminaran para los mismos fines; de la misma forma se requirió a la Presidente Municipal en su calidad de representante del Ayuntamiento y Jefe de la Administración Municipal para que conminaran al Ayuntamiento Constitucional de Florencio Villareal, Guerrero, dar total cumplimiento a la sentencia mencionada; todo lo anterior, en el entendido que a todas las autoridades se les impuso un apercibimiento consiste en una multa de ciento veinte UMA (unidad de medida de actualización) y considerando que la referencia en esa data era de $75.49 (setenta y cinco pesos 49/100 M.N), ello es equivalente a la cantidad de $9,058.80 (Nueve mil cincuenta y ocho pesos 80/100 M.N); resolución que fue notificada el cinco de diciembre de dos mil diecisiete. 27. Por lo anterior, la Sala Superior emitió el acuerdo de veintinueve de enero de dos mil dieciocho en el que señaló que toda vez que las autoridades habían sido debidamente notificadas del acuerdo de treinta de noviembre de dos mil diecisiete, y en razón de que había trascurrido el plazo de quince días concedido a los quejosos para que se diera cumplimiento a la sentencia o en su caso se conminara a las autoridades para ello, y sin que al respecto se informara, ya que en el expediente no obraba constancia alguna de que la autoridad hubiere dado cumplimiento a la sentencia emitida en el expediente TCA/SS/011/2016 por lo que calificó su actitud de contumaz y ordenó se hiciera efectivo el apercibimiento decretado en auto de treinta de noviembre de dos mil diecisiete, por lo que se giraron los oficios respectivos a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero y de nueva cuenta apercibió a las demandadas aquí quejosas. Siendo este último acuerdo el acto reclamado en el presente juicio de amparo indirecto y en razón de la imposición de la multa antes descrita, los quejosos formularon los siguientes conceptos de violación: Estudio de los conceptos de violación Del estudio que se hace a los conceptos de violación se obtiene que los quejosos hacen valer en ellos los siguientes aspectos: La existencia de datos tendentes a dar cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio administrativo TCA/SS/011/2016. La falta de fundamentación y motivación del acto reclamado. Lo excesivo de la multa impuesta. Así, se procede al estudio de los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa. La existencia de datos tendentes a dar cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio administrativo TCA/SS/011/2016. Los quejosos aducen que el razonamiento de la responsable es equivocado, en razón de que si informaron sobre el cumplimiento dado a la sentencia y señala la existencia de una promoción presentada el diecisiete de febrero de dos mil dieciocho, ante la Sala Superior, en la que alegan informaron sobre el cumplimiento. En su cuarto concepto de violación señalan que por acuerdo de treinta de noviembre de dos mil diecisiete, se requirió a los quejosos el cumplimiento de la sentencia, y solo les fue concedido tres días para el pago de la condena, plazo que resultó por demás breve y que resultó ilegal; así como la imposición de la multa en razón de que se ha dado cumplimiento a la sentencia condenatoria, pues fueron exhibidos dos cheques por la cantidad de $20,000.00 (Veinte mil pesos 00/100 M.N) a favor del actor del juicio natural, circunstancias que la Sala inobservó. Contestación al concepto de violación En lo conducente a que la responsable previó a hacer efectivo el apercibimiento decretado en auto de treinta de noviembre no atendió la exhibición de dos cheques por la cantidad de $20,000.00 (Veinte mil pesos 00/100 M.N) a favor del tercero interesado, ni consideró que los quejosos informaron sobre el cumplimiento, conviene puntualizar que el citado alegato es inoperante porque parte de una premisa falsa, ello es así ya que como se relató en los antecedentes del acto reclamado, por auto de veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, la responsable tuvo a las autoridades por dando cumplimiento parcial a la sentencia dictada en el juicio administrativo de origen, por lo que requirió el cumplimiento total (lo restante) a la autoridad demandada, como lo expuso en el mismo acuerdo; y fue sobre dicho aspecto que hizo el apercibimiento señalado. Así también, acordó y resolvió sobre los informes que las autoridades demandadas le allegaban tal como se señaló en los antecedentes, por lo que es incorrecto considerar que la responsable inadvirtió las actuaciones que la parte quejosa realizó y que eran tendentes a dar cumplimiento a la sentencia. Referente a que a las autoridades demandadas se les concedió el término de tres días para dar cumplimiento a la sentencia de nueve de septiembre de dos mil trece, dicho argumento también resulta inoperante ya que se apoya en una premisa falsa; esto, porqué el primer requerimiento para el cumplimiento de la sentencia de mérito ocurrió por auto de once de septiembre de dos mil catorce, y fue hasta el cuatro de noviembre de dos mil quince, que se apercibió a las autoridades demandadas con una multa de treinta días de salario mínimo vigente en la zona, de lo que se advierte que la data en que la autoridad le multa con ciento veinte días han transcurrido aproximadamente tres años, ocho meses, de ahí que es inexacto considerar que solo le han concedido tres días para que de cumplimiento a la sentencia. Por otro lado, en el auto de treinta de noviembre de dos mil diecisiete, que se hizo efectivo por auto de veintinueve de enero de dos mil dieciocho (y que es el que reclama) le concedieron el plazo de quince días hábiles para conminar a dar cumplimiento, y no tres como erróneamente lo aducen los quejosos, sin que durante ese plazo se hubiere informado a la Sala Superior las gestiones realizadas para dar cumplimiento a la sentencia, y si bien señala que el diecisiete de febrero de dos mil dieciocho a través de su autorizado informaron a la Sala Superior sobre el cumplimiento dado a la sentencia, al respecto debe considerarse que del estudio que se hace de las constancias que integran el expediente no se advierte la existencia de dicho ocurso, por lo que, no es dable conceder valor alguno al argumento de los quejosos; aunado a lo anterior, se precisa que aun en el supuesto de existencia de dicha promoción, en todo caso la misma resultaría extemporánea, y por tanto, la autoridad no la tuvo a la vista al momento de emitir el auto que reclama, por lo que la misma no beneficiaría a los intereses de los quejosos. De lo expuesto, se concluye que contrario a lo que sostienen los impetrantes, la responsable si advirtió el pago parcial que hizo la autoridad demandada, pero ordenó el apercibimiento en razón de que solicitó el cumplimiento total de la sentencia, así como concedió un plazo mayor de tres días para que ello se llevara a cabo. Con lo anterior, resulta patente la inoperancia señalada y como soporte jurídico se cita, la jurisprudencia XVII.1o.C.T. J/5 (10a.), con registro 2008226, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, que este órgano colegiado comparte, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE TIENEN COMO SUSTENTO UN POSTULADO NO VERÍDICO [APLICACIÓN ANALÓGICA DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 108/2012 (10a.)]. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia en cita, determinó que los agravios cuya construcción parte de premisas falsas son inoperantes, ya que a ningún fin práctico conduciría su estudio pues, al partir de una suposición no verdadera, su conclusión es ineficaz para obtener la revocación de la sentencia recurrida; principio que aplica a los conceptos de violación cuyo sustento es un postulado que resultó no verídico; de ahí que sea ocioso su análisis y, por ende, merecen el calificativo de inoperantes." La falta de fundamentación y motivación del acto reclamado. Aduce en su segundo concepto de violación que se transgredieron en su perjuicio lo principios de legalidad y seguridad jurídica, ya que en el acuerdo que se reclama la sala responsable impuso la multa de ciento veinte días de la unidad de medida y actualización (UMA) a razón de $75.49 (setenta y cinco pesos 80/100 M.N), que multiplicados por los días multa da la cantidad de $9,058.00 (nueve mil cincuenta y ocho pesos 00/100 M.N), acuerdo que estuvo indebidamente fundado y motivado, por lo que se transgredieron los artículos 14 y 16 constitucionales. Consideran que al ser la multa un castigo para inhibir o reprimir conductas, y que en el caso concreto al no multar con una cantidad mínima, la autoridad debe fundar y motivar su actuación, a fin de que el gobernado pueda controvertir y desvirtuar las irregularidades que se le atribuyen; sin que para lo anterior obste el hecho de que se trata de una medida de apremio; la responsable inadvirtió que la imposición de una multa debe determinarse conforme a las circunstancias particulares del infractor, ello pues al establecer el artículo 136 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del estado de Guerrero, entre un mínimo y un máximo, la sala debe atender a los aspectos particulares de cada caso para la imposición de la multa, aspecto que se debe fundar y motivar; lo que en el caso concreto no ocurrió pues se impuso en forma arbitraria una multa de ciento veinte días de unidad de medida de actualización. Contestación al concepto de violación Los artículos 14 y 16 Constitucionales, regulan el derecho de legalidad y seguridad jurídica que tienen los gobernados, así como la obligación que tienen las autoridades de ajustarse a los preceptos legales que norman sus actividades y a las atribuciones que le han sido conferidas por la propia ley, instituyéndose así el principio de seguridad jurídica; por lo tanto, al emitir cualquier mandamiento que pudiera afectar la esfera jurídica del particular, debe adecuarse a las disposiciones legales que regulan sus procedimientos y decisiones, ya que el gobernado debe tener la certeza de que los mandamientos emitidos por la autoridad cumplen con el principio de legalidad. Por su parte, el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos en capítulo VI del Título Cuarto "De la Sentencia y sus efectos" prevé lo siguiente: ARTICULO 135.- Cuando haya causado ejecutoria una sentencia favorable al actor, la Sala competente dictará el auto respectivo y la comunicará por oficio y sin demora alguna a las autoridades, y a los organismos demandados para su inmediato cumplimiento. En el oficio respectivo, se les prevendrá para que informen sobre el cumplimiento que se dé a la sentencia dentro del término de tres días siguientes al en que surta efectos esta notificación. ARTÍCULO 136.- Si dentro del término a que se refiere el artículo anterior, la sentencia no quedara cumplida, la Sala Regional, de oficio o a petición de parte, la requerirá para que la cumpla, previniéndola de que en caso de incumplimiento, se le impondrá una multa de tres hasta ciento veinte días de Salario mínimo vigente en la zona correspondiente. De existir algún acto material que deba cumplirse, lo hará el Tribunal por conducto de alguno de sus secretarios. La Sala Regional resolverá si se ha cumplido con los términos de la sentencia. ARTICULO 137.- En el supuesto de que la autoridad o servidor público persistiera en su actitud de incumplimiento, la Sala Superior, a instancias de la Sala Regional, ordenará solicitar del titular superior jerárquico de la dependencia Estatal, Municipal y Organismo a quienes se encuentre subordinado, conmine al funcionario responsable para que dé cumplimiento a las determinaciones del Tribunal, sin perjuicio de que se reitere cuantas veces sea necesaria la multa impuesta. La Sala Superior resolverá si se ha cumplido con los términos de la sentencia. Si no obstante los requerimientos anteriores no se da cumplimiento a la sentencia ejecutoriada, la Sala Superior podrá decretar la destitución del servidor público responsable, excepto cuando goce de fuero constitucional. ARTÍCULO 138.- Si la autoridad demandada goza de fuero constitucional, la Sala Superior formulará ante la Legislatura Local, en términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, denuncia de juicio político correspondiente. (lo subrayado es propio) De los artículos transcritos se desprende que el legislador, generó un procedimiento para el cumplimiento de la sentencias favorables para el actor, y que consiste en requerir el inmediato cumplimiento, así como el que se le prevenga a la autoridad con multas de que van de tres hasta ciento veinte (actualmente unidades de medida de actualización) apercibimiento que se puede reiterar tantas veces sea necesaria, y el artículo 137 establece que la Sala Superior puede decretar la destitución del servidor público, con la acotación del fuero constitucional que en el caso que este goce. Así, se advierte que el juzgador en materia administrativa está en posibilidad de hacer cumplir sus resoluciones, a través de la medida de apremio consistente en la multa, y que va encaminada a vencer la contumacia de las partes y lograr con ello el cumplimiento de sus decisiones. Las medidas de apremio descritas, se definen como los instrumentos jurídicos mediante los cuales la Sala del Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado de Guerrero, puede hacer cumplir sus determinaciones definitivas, una vez que estas han causado firmeza, así, la referida medida de apremio puede ser aplicada cuando exista un incumplimiento injustificado, vinculado directamente con la ejecución de la sentencia del asunto que se ventile ante su potestad, con la única condición que se realice de forma fundada y motivada, con base en las circunstancias particulares del caso y de acuerdo a la manera en que el afectado por ella haya desacatado el mandato de la autoridad. En el caso, la autoridad sostiene la imposición de la medida de apremio -consistente en multa de ciento veinte unidades de medida de actualización- en razón de que por auto de treinta de noviembre de dos mil diecisiete se le requirió a las autoridades dieran cumplimiento a la sentencia dictada en el expediente TCA/SR/033/2013, de lo que fueron notificadas el cinco de diciembre de dos mil diecisiete, así al haber transcurrido el plazo de quince días hábiles para que dieran cumplimiento y toda vez que a la data en que se emitió el auto de veintinueve de enero de dos mil dieciocho no obraba constancia con la que se acreditara se había dado cumplimiento así como tampoco la autoridad informaba impedimento alguno para su cumplimiento, ni allegó información con la que acreditar a estar realizando gestiones para ello, la responsable tuvo elementos suficientes para ordenar hacer efectiva la multa impuesta. Lo anterior con independencia de que durante la secuela procesal del cumplimiento, la autoridad informó en diversos ocursos encontrarse realizando (sin acreditarlo) ante el Gobierno del Estado de Guerrero, las gestiones para la asignación de presupuesto que les permitiera pagar al actor Humberto Prestegui Lozano lo estipulado en la planilla de liquidación aprobada, ello lo realizan con anterioridad a la imposición de la multa, sin embargo, no así realizó manifestación alguna en lo relativo al requerimiento que por auto de treinta de noviembre de dos mil diecisiete se le hizo, así el aspecto anterior, demuestra renuencia, mala fe, y contumacia de la autoridad, tal como lo valoró y señaló la responsable. Por otro lado y en relación a la fundamentación la responsable al momento de emitir el auto de veintinueve de enero de dos mil dieciocho, la responsable fundó su actuar en los numerales 4, 22, 136, 137, y 138 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, numerales que como se vio con anticipación prevén tanto el apercibimiento como la multa para hacer cumplir las sentencias, con lo que se advierte que el auto que ordena ejecutar la multa de ciento veinte unidades de medida de actualización se encuentra debidamente fundado y motivado, por lo que el actuar de la responsable no trastocó los derechos de los quejosos. Resulta ilustrativo a lo anterior la Jurisprudencia PC.XIII. J/3 A (10a.), emitida por el Pleno Del Decimotercer Circuito, Décima Época, con número registro 2012543, publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo III, Materia(s): Administrativa, Página: 1757, de rubro y texto siguiente: "MULTA. FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN PARA LA IMPOSICIÓN DE LA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, PRIMER PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN COMO MEDIDA DE APREMIO. El citado precepto establece que las autoridades fiscales podrán emplear las medidas de apremio ahí previstas, cuando los contribuyentes, los responsables solidarios o terceros relacionados con ellos, impidan de cualquier forma o por cualquier medio el inicio o desarrollo de sus facultades, observando estrictamente el orden señalado en dicho numeral. Por otra parte, la emisión de un acto de autoridad debe contener la fundamentación y la motivación apropiada como requisito mínimo, acompañado del apercibimiento correspondiente, para que el particular tenga la certeza de que el mandamiento ordena hacer o dejar de hacer algo y sus consecuencias. En tales condiciones, en las órdenes que se emitan para ejercer las facultades de comprobación, las autoridades deben satisfacer, entre otros requisitos formales en observancia a la garantía de seguridad jurídica, los de fundamentación y motivación, que han sido entendidos como la expresión precisa del precepto legal aplicable al caso (fundamentación) y el señalamiento exacto de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto respectivo, además, de que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. En consecuencia, para estimar cumplido el requisito de fundamentación y motivación de las multas que como infracciones fiscales se imponen a los contribuyentes, en términos del dispositivo 40, primer párrafo, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, es indispensable que la autoridad fiscalizadora invoque el párrafo segundo de ese precepto legal; además, exponga las razones por las que no siguió el orden previsto en el párrafo primero y los motivos del porqué estima actualizado el caso de excepción descrito en el párrafo segundo del dispositivo en cuestión". Lo excesivo de la multa impuesta. En su tercer concepto de violación los quejosos aducen que la imposición de la multa de ciento veinte días de unidad de medida de actualización, es excesiva por lo que transgrede el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ello pues la Sala no individualizó la sanción al caso concreto, ni justificó la imposición de la multa máxima. El artículo 22 prohíbe las multas excesivas y regula que las sanciones deben ser proporcionales al delito (conducta) y bien jurídico tutelado, la capacidad económica, por lo que al imponerse una multa máxima sin tomar en consideración lo expuesto por los quejosos, no cumple con el principio de racionalidad, así la sanción resulta excesiva e inconstitucional. Precisa que para llegar a la multa máxima no utilizó una serie de requerimientos posteriores que fueran de forma gradual y le permitieran ir subiendo la multa, por el contrario, solo hizo una amenaza (apercibimiento) para imponer la multa o sanción. Para reforzar su argumento los quejosos invocaron las siguientes tesis de rubro: "MULTA FISCAL MÍNIMA, LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL.", "MULTAS FIJAS. LAS LEYES QUE LAS ESTABLECEN SON INCONSTITUCIONALES." "MULTA EXCESIVA. CONCEPTO DE." "MULTA EXCESIVA PREVISTA POR EL ARTÍCULO 22 CONSTITUCIONAL. NO EXCLUSIVAMENTE PENAL." "MULTA ES ILEGAL LA QUE SE IMPONE COMO FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 53, INCISO A), DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, SI NO CONCEDE UN TÉRMINO PRUDENTE PARA LA EXHIBICIÓN DE LOS LIBROS Y REGISTROS QUE FORMEN PARTE DE LA CONTABILIDAD DEL CONTRIBUYENTE." Contestación al Concepto de violación. Lo expuesto por los quejosos resulta infundado, en razón de que como se desprende de los antecedentes tanto la Sala Regional de Costa Chica, como la Sala Superior realizaron diversos requerimientos a la parte quejosa para el cumplimiento de la sentencia, así se obtiene que la Sala regional requirió el cuatro de noviembre de dos mil catorce y apercibió con treinta días multa, y en razón de la falta de cumplimiento a la sentencia, el dieciséis de junio de dos mil quince, apercibió por ciento veinte días multa y remitió el expediente al superior jerárquico a fin de que continuara con el procedimiento de ejecución de sentencia. Empero, fue hasta el tres de marzo de dos mil dieciséis, que la Sala Superior apercibió por primera vez a las autoridades demandadas para que dieran cumplimiento a la sentencia definitiva de trece de septiembre de dos mil trece o se harían acreedoras a una multa de cien días de unidad de medida de actualización y en razón de que las autoridades no daban el debido cumplimiento volvió a hacer diversos requerimientos y hasta el treinta de noviembre de dos mil diecisiete apercibió a los quejosos con ciento veinte unidades de medida de actualización, y en el mismo auto concedió el término de quince días para que los superiores jerárquicos de las autoridades demandadas las conminaran a dar cumplimiento a la sentencia. Con lo anterior se obtiene que la multa impuesta por la Sala Superior no es excesiva ni indebida, pues si bien la responsable optó por aplicar la sanción máxima, ello fue, solo hasta que agotó una serie de apercibimientos que fueron en aumento en razón de la actitud de los quejosos, y no fue un único apercibimiento como lo sostiene la parte quejosa. Ahora, en cuanto al auto que reclamó se le concedió a los quejosos un plazo incluso mayor (quince días hábiles) con lo que se dio oportunidad a la autoridad demandada de que diera cumplimiento a la sentencia o informara sobre las gestiones que estaba efectuando para realizar el pago exigido, sin que ninguno de los dos supuestos aconteciera, tal como se ha expuesto en la presente sentencia. Así, se obtiene que si bien la imposición de la multa fue la máxima, ello per se no vuelve inconstitucional el acto que reclaman, ya que la autoridad ante el incumplimiento y la contumacia de la autoridades del Ayuntamiento del Municipio de Florencio Villareal, Guerrero y con la finalidad de hacer cumplir la sentencia justificadamente apercibió y multó a los demandados con ciento veinte unidades de medida de actualización, que equivalen a la cantidad de $9,058.00 (nueve mil cincuenta y ocho pesos 00/100 M.N), determinación que se encuentra prevista en el artículo 135 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, por lo que, resulta correcta la determinación de la Sala Superior. En relación a que no se pormenorizó e individualizó las circunstancias de cada uno de los quejosos, dicho argumento es infundado, ya que al estar todas las autoridades aquí quejosas directamente vinculadas al cumplimiento de la sentencia y a todas haberles realizado debidamente todos los requerimientos previos, concederles los plazos legales para dar cumplimiento, resulta innecesario que la Sala Superior tenga que pronunciarse en forma individualizada sobre cada una de ellas, esto pues todas las demandadas tenían la misma obligación, idéntico apercibimiento, y además de haber sido todas omisas tanto en informar como en cumplir con lo solicitado, de ahí que resulta legal la forma en que la Sala Superior hizo efectivo el apercibimiento decretado en auto de treinta de noviembre de dos mil diecisiete. En ese orden de ideas, el actuar de la Sala responsable no trastocó los derechos humanos de los quejosos Iván Mejía Serrano, Síndico Procurador; Emisel Liosol Molina González, Presidente Municipal; Roberto Gallardo Carmona, Director de Seguridad Pública; Joel Justo Gallardo, Tesorero Municipal, todos del Ayuntamiento de Municipal de Florencia Villareal, Guerrero,, así como tampoco resultan aplicables las tesis que invocaron, pues, la norma que prevé la imposición de la multa contempla un mínimo y un máximo, por lo que es un supuesto distinto del que aducen los quejosos, además como se expuso con antelación previo a la imposición de la multa existieron diversos requerimientos y apercibimientos de menos unidades de medida de actualización, empero ante la renuencia de las autoridades, en uso de sus facultades la Sala Superior determinó y justificó la imposición de la multa por ciento veinte unidades de medida de actualización, sin que la misma deba ser considerada excesiva o como una de las sanciones previstas en el artículo 22 Constitucional. Así ante lo inoperante e infundado de los conceptos de violación, y por no estar en uno de los supuestos de procedencia de la suplencia de la queja, prevista en el artículo 79 de la Ley de Amparo, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por los quejosos. Negativa que se hace extensiva al acto de ejecución reclamado, en virtud de que no se le atribuyeron vicios propios, sino que fue controvertido en vía de consecuencia. Tiene exacta aplicación al caso concreto la jurisprudencia II.1o. J/12 sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que se comparte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACIÓN DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS. Si el amparo se niega contra las autoridades que ordenan el acto violatorio de garantías, debe también negarse respecto de las señaladas sólo como ejecutoras, si no se les atribuyen por vicios propios". Cabe precisar que el hecho de que no se concediera razón a la parte quejosa, no se traduce en una violación de un derecho fundamental al recurso judicial efectivo, dado que si bien ese derecho se encuentra reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos, lo que, como lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, conlleva a que ese recurso sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido o no en una violación a los derechos humanos y, en su caso, proveer lo necesario para remediarla; por lo tanto, no significa que no tuvo acceso a un recurso efectivo para proteger sus derechos, pues si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, para resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los tribunales deban resolver el fondo del asunto planteado, favorablemente. Sirve de apoyo a las anteriores consideraciones la tesis aislada número CXCVIII/2014, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que indica: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE LAS ACCIONES INTENTADAS POR LOS GOBERNADOS NO SE RESUELVAN FAVORABLEMENTE A SUS INTERESES NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos, lo que, como lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, conlleva a que ese recurso sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido o no en una violación a los derechos humanos y, en su caso, proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el hecho de que las acciones intentadas por los gobernados no se resuelvan favorablemente a sus intereses, no significa que no tuvieron acceso a un recurso efectivo para proteger sus derechos, pues si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, para resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los tribunales deban resolver el fondo del asunto planteado, favorablemente, sin que importe verificar la procedencia de sus pretensiones." Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en lo dispuesto por los artículos 1; 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 17, 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Iván Mejía Serrano, Emisel Liosol Molina González, Roberto Gallardo Carmona Joel Justo Gallardo, por los motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.
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Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en lo dispuesto por los artículos 1; 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 17, 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Iván Mejía Serrano, Síndico Procurador; Emisel Liosol Molina González, Presidente Municipal; Roberto Gallardo Carmona, Director de Seguridad Pública; Joel Justo Gallardo, Tesorero Municipal, todos del Ayuntamiento de Municipal de Florencia Villareal, Guerrero, por los motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman. Así lo resolvió y firma Lorena Morales Saldierna, Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero en funciones de Juez de Distrito en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81 fracción XXII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con autorización de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de veinte de marzo de dos mil dieciocho, según informó el Secretario de la propia Comisión en oficio CCJ/ST/1394/2018, asistida por Adilene Bollás Mendoza, Secretaria que autoriza y da fe.
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Acapulco, Guerrero; a nueve de mayo de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que en proveído de tres de mayo actual, se tuvo por recibido el informe justificado del Procurador Fiscal de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo, y en representación del Titular de dicha dependencia, el cual no fue conocido con la anticipación a la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, como lo establece el artículo 117 de la Ley de Amparo; en consecuencia, para dar margen a lo estipulado en el numeral de referencia, se difiere la audiencia señalada para este día según se advierte de la certificación de cuenta, para las DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO. Por otro lado, del estado procesal que guardan los autos se aprecia que en proveído de ocho de marzo anterior, se reservó acordar respecto a la notificación del inicio del presente asunto al tercero interesado, hasta en tanto se recibieran los informes justificados de las autoridades responsables, y como ello ya aconteció, se procede a proveer lo referente; ahora bien, tomando en consideración que de las constancias que se recibieron, se concluye que a Humberto Prestegui Lozano le resulta tal carácter, en términos del artículo 5°, fracción III, de la ley de la materia, por ser parte actora en el expediente administrativo TCA/SS/011/2016 del cual deriva el acto reclamado. En mérito de lo anterior, y al advertirse de las constancias que integran el juicio de amparo 1162/2014 promovido por Humberto Prestegui Lozano, se obtiene que el tercero interesado en comento, señaló como domicilio procesal el ubicado en avenida Costera Miguel Alemán número 330, edificio Abed, cuarto piso, despacho 401, colonia Centro en esta ciudad, lo que constituye un hecho notorio, y puede ser invocado de oficio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, de la cual se ordena agregar copia simple de las constancias que así lo acrediten; por lo que, con fundamento en el numeral 27, fracción l, de la ley de la materia, se comisiona a la actuaria adscrita para que con copia simple de la demanda, auto admisorio, así como el presente acuerdo le notifique personalmente al tercero interesado, en el domicilio indicado en líneas anteriores.
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CITATORIO.- SE NORTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA HUMBERTO PRESTEGUI LOZANO, EL AUTO DE NUEVE DE MAYO DEDOS MIL DIECIOCHO, MISMO QUE DICE... Acapulco, Guerrero; a nueve de mayo de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que en proveído de tres de mayo actual, se tuvo por recibido el informe justificado del Procurador Fiscal de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo, y en representación del Titular de dicha dependencia, el cual no fue conocido con la anticipación a la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, como lo establece el artículo 117 de la Ley de Amparo; en consecuencia, para dar margen a lo estipulado en el numeral de referencia, se difiere la audiencia señalada para este día según se advierte de la certificación de cuenta, para las DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO. Por otro lado, del estado procesal que guardan los autos se aprecia que en proveído de ocho de marzo anterior, se reservó acordar respecto a la notificación del inicio del presente asunto al tercero interesado, hasta en tanto se recibieran los informes justificados de las autoridades responsables, y como ello ya aconteció, se procede a proveer lo referente; ahora bien, tomando en consideración que de las constancias que se recibieron, se concluye que a Humberto Prestegui Lozano le resulta tal carácter, en términos del artículo 5°, fracción III, de la ley de la materia, por ser parte actora en el expediente administrativo TCA/SS/011/2016 del cual deriva el acto reclamado. En mérito de lo anterior, y al advertirse de las constancias que integran el juicio de amparo 1162/2014 promovido por Humberto Prestegui Lozano, se obtiene que el tercero interesado en comento, señaló como domicilio procesal el ubicado en avenida Costera Miguel Alemán número 330, edificio Abed, cuarto piso, despacho 401, colonia Centro en esta ciudad, lo que constituye un hecho notorio, y puede ser invocado de oficio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, de la cual se ordena agregar copia simple de las constancias que así lo acrediten; por lo que, con fundamento en el numeral 27, fracción l, de la ley de la materia, se comisiona a la actuaria adscrita para que con copia simple de la demanda, auto admisorio, así como el presente acuerdo le notifique personalmente al tercero interesado, en el domicilio indicado en líneas anteriores.... ASÍ COMO EL AUTO ADMISORIO EN EL QUE SE ADMITE LA DEMANDA...
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