Ivan Vicente Cabrera Reyes

Expediente 913/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
913/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
21/10/2019

Partes del expediente

  • Ivan Vicente Cabrera Reyes

Actuaciones

  1. Principal

    Auto que desechó demanda HA CAUSADO ESTADO. Archívense actuaciones como asunto concluido.

  2. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, ocho de octubre de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por Iván Vicente Cabrera Reyes contra actos reclamados al Juez Tercero Militar adscrito a la Primera Región Militar, con sede en la Ciudad de México. FÓRMESE JUICIO Y REGÍSTRESE en el Libro de Gobierno correspondiente bajo el número 913/2019-I-A. Al respecto, se acuerda: ANÁLISIS INTEGRAL DE LA DEMANDA. Al analizar íntegramente la demanda que nos ocupa, de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del numeral 74 de la Ley de Amparo, tal como lo establece la Jurisprudencia número P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." y la tesis al rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO."; que si bien se refieren a la fijación clara y precisa del acto reclamado en la sentencia, también resultan aplicables al pronunciarse sobre la demanda de amparo; se advierte que los solicitantes de amparo expusieron hechos bajo protesta de decir verdad, lo que presupone su certeza, conforme al criterio sustentado por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y contenido siguiente: "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA. El examen de los antecedentes legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la demanda de amparo indirecto la obligación del quejoso de manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza, en tanto se trata de un juicio de buena fe y, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado". (Lo subrayado es propio). ACTO RECLAMADO. En ese sentido, la parte quejosa, dentro de su demanda de amparo, señaló como acto reclamado: "El acuerdo que me fue notificado el día 4 de Julio de 2019, mediante el cual señala los periodos de CONCLUSIONES para cada una de las partes siendo para cada uno TRESCIENTOS NOVENTA DÍAS HÁBILES, esto es, para el Agente del Ministerio Público Militar: del 4 de julio de 2019 al 8 de Enero del año 2021; y para el suscrito: del 11 de Enero de 2021 al 27 de julio de 2022." PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En el caso, el acto reclamado se trata del acuerdo que le fuera notificado al quejoso, el cuatro de julio de dos mil diecinueve, dictado en los autos de la causa penal 99/2011, del índice del Juzgado Tercero Militar adscrito a la Primera Región Militar, con sede en la Ciudad de México, en el que señala trescientos noventa días hábiles para que las partes formulen sus conclusiones, mismo que transcurrirá para la Agente del Ministerio Público Militar, del cuatro de julio de dos mil diecinueve al ocho de enero de dos mil veintiuno y para el quejoso del once de enero de dos mil veintiuno al veintisiete de julio de dos mil veintidós. INTERPRETACIÓN DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA RESPECTO DEL ACTO RECLAMADO. De acuerdo con lo expuesto, en el caso este juzgador considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, por no haberse agotado previamente el recurso ordinario de defensa en contra del auto que reclama, el que establece lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; [...]". Inicialmente es necesario señalar que el juicio constitucional es un juicio extraordinario, su procedencia y tramitación están regidas por reglas especiales y por principios fundamentales que lo estructuran como el medio jurisdiccional idóneo para lograr la actuación de las prevenciones constitucionales, a través de una contienda equilibrada entre el gobernante y el gobernado. Dentro de estas reglas fundamentales que estructuran al juicio de amparo, se encuentra el principio de definitividad, que establece que dicho juicio es únicamente procedente en contra de actos definitivos, es decir, aquellos respecto de los cuales no exista algún recurso ordinario o medio de impugnación por el cual puedan ser modificados o revocados; en consecuencia, la definitividad del acto, como presupuesto de procedencia del juicio de amparo, implica que antes de acudir a dicho juicio, deberán agotarse los recursos que prevea la ley ordinaria y que sean idóneos para modificar o anular el acto de que se trate. Del contenido de la anterior disposición legal se desprende que para la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de actos de autoridades provenientes de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo que impliquen una ejecución que genere efectos irreparables, por regla general, previo a instar la acción constitucional, la parte quejosa tiene el imperativo de agotar el medio de defensa que, en su caso, prevea la ley que rige el acto para impugnarlo, a fin de generar su modificación, revocación o nulidad. Es importante precisar que en el presente caso, la parte quejosa se duele del acuerdo dictado dentro de la causa penal 99/2011 del índice del Juzgado Tercero Militar adscrito a la Primera Región militar, con sede en la Ciudad de México, en el que señala trescientos noventa días hábiles para las partes formulen sus conclusiones dentro de dicha causa. De igual modo, que el quejoso manifiesta que la autoridad responsable puso a vista de las partes la causa que se le instruye, a fin de que manifestara lo que a sus intereses conviniera, lo anterior de conformidad con lo señalado en los artículos 617 y 618 del Código de Justicia Militar, al haberse radicado su causa en año de dos mil once, fecha en que se encontraba vigente dicho código. Sentado lo anterior, se actualiza la causal de improcedencia en análisis, ya que la parte quejosa está en aptitud de interponer el recurso de revocación en contra del acuerdo en comento, el cual se encuentra establecido en el artículo 820 del Código de Justicia Militar, en su texto anterior a la reforma de dieciséis de mayo de dos mil dieciséis, texto aplicable al presente asunto, conforme al artículo transitorio 2°, fracción IV, del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código de Justicia Militar, publicado en el Diario Oficial de la Federación en la precitada fecha. En efecto, el citado artículo 820, dispone: "Artículo 820.- El recurso de revocación procede siempre que no se conceda por este Código el de apelación." Del precepto transcrito se advierte que el recurso de revocación procede en contra de los autos en los que el código de la materia no permita la interposición del recurso de apelación; de ahí, que el acuerdo a través del cual el Juez responsable señala como periodo para formular conclusiones trescientos noventa días hábiles para las partes, debió haber sido impugnado a través del recurso de revocación; lo anterior, es así, toda vez que conforme lo establecido por los artículos 826 del Código de Justicia Militar en los que señala los casos en los que procede el recurso de apelación, mismos que a la letra se citan: "Artículo 826.- El recurso de apelación sólo procede: En el efecto devolutivo, contra: I.- El auto denegatorio de la orden de aprehensión o de comparecencia en su caso; II.- el auto de formal prisión, excepto lo previsto en el artículo 701; el de sujeción a proceso y el de libertad por falta de méritos; III.- el auto denegatorio de libertad caucional; I V.- los autos denegatorios de prueba; V.- los autos en que se mande suspender o continuar la instrucción; VI.- los autos que ordenen la acumulación o separación de procesos; VII.- el auto de desistimiento del juez requeriente en casos de acumulación; VIII.- las resoluciones dictadas en cuestiones de competencia, y IX.- el auto que niega la revocación del que imponga una corrección disciplinaria que no sea la de suspensión en el ejercicio de funciones o de profesión. En ambos efectos, contra: I.- El auto que declare no haber delito que perseguir si no se dictare a pedimento del Ministerio Público; II.- las sentencias que resuelvan las excepciones fundadas en alguna de las causas que extinguen la acción penal o que concedan la libertad por desvanecimiento de datos, y III.- Las sentencias definitivas excepto en el caso del artículo 717. Cuando sean absolutorias, el sentenciado quedará en libertad mientras se resuelve el recurso. De la lectura de los artículos transcritos, no se advierte que la determinación de la autoridad responsable de señalar trescientos noventa días hábiles para que las partes formulen sus conclusiones, se encuentre dentro de los supuestos previstos para la interposición del recurso de apelación, de ahí que el quejoso se encuentra en la posibilidad de promover recurso de revocación señalado los párrafos que antecede y tiene por objeto que órgano jurisdiccional que lo emitió, revise la legalidad del acuerdo, a fin de confirmarlo, modificarlo o revocarlo. Sirve de apoyo a lo anterior, por su contenido la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 4375, Tomo LXXII, Junio de 1942, Quinta Época, con número de registro 308656 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta: "FUERO DE GUERRA, RECURSO DE REVOCACION CONTRA RESOLUCIONES EN LOS PROCESOS DE LA COMPETENCIA DEL. El artículo 820 del Código de Justicia Militar, establece, la regla general de que el recurso de revocación procede siempre que no se conceda el de apelación, de manera que antes de venir al amparo contra la resolución del Juez Militar respectivo, que declara nulo lo actuado en el proceso que se le instruyó al quejoso, por abandono del servicio, debe hacerse valer el mencionado recurso de revocación, y sólo contra la resolución que recaiga, puede interponerse el juicio de garantías." Por tanto, se insiste, si en la especie el peticionario de amparo reclama la determinación de la autoridad responsable en la que señala trescientos noventa días hábiles para que las partes formulen sus conclusiones dentro del causa que se le instruye al promovente de amparo, y contra dichos acto procede el recurso de revocación, medio ordinario de defensa previsto en el Código Federal de Procedimientos Penales resulta inconcuso que previo al juicio de amparo debió agotarse el principio de definitividad. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. En consecuencia, resulta notoria e indudable la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; por lo tanto, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda respecto del acto reclamado a la autoridad del Juzgado Tercero Militar adscrito a la Primera Región Militar, con sede en la Ciudad de México. LAS NOTIFICACIONES DEL QUEJOSO, con motivo de que se encuentra interno en el Centro Federal de Readaptación Social Cinco "Oriente", ubicado en la congregación de Cerro de León, municipio de Villa Aldama, Estado de Veracruz; las notificaciones deberán llevarse a cabo en el centro de reclusión, como lo establece el inciso a), fracción I, del artículo 26 de la Ley de Amparo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado y, ello dar pauta a que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente sumario, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte promovente, por si o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso de scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro medio electrónico similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito juez federal, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el Actuario del juzgado, así como la persona que recepcione la información debidamente identificada, para que se precise de que documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a disponibilidad del expediente y que este en trámite en este juzgado; lo anterior, de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. DIGITALIZACIÓN DE ACTUACIONES E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se comisiona al Secretario, así como a los Oficiales Administrativos correspondientes y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a supervisar y/o realizar, la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 de la Ley de Amparo, así el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. DEPURACIÓN En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales en términos del capítulo primero, punto segundo, fracción dieciocho del Acuerdo General Conjunto 1/2009, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se requiere a la parte oferente del mismo para que se presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin el presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del Capítulo Quinto, último párrafo del punto Vigésimo del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al Secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos; sin que se consideren como documentos originales la carta poder manuscrita, por no ser insustituible por otro que hay sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda; ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaria o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. TRANSPARENCIA Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente al quejoso en su lugar de reclusión.

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