Ivan Rodolfo Hernández Romero
Expediente 264/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 13 actuaciones registradas, la última del 19 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 264/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 19/08/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Ivan Rodolfo Hernández Romero
- María del Rocío Tinajero Osorio
- Pleno del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, diecinueve de agosto de dos mil diecinueve. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que el término de quince días a que se refiere el artículo 202, primer párrafo, de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de inconformidad contra la determinación de diecinueve de julio de dos mil diecinueve, en la que se tuvo por cumplida totalmente la sentencia amparadora dictada en el juicio de amparo en que se actúa, transcurrió para la parte quejosa del veintinueve de julio al dieciséis de agosto de la presente anualidad, sin que lo hubiera hecho; por tanto, se tiene por consentida dicha determinación para los efectos legales a que haya lugar; en consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, y archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracciones III y IV, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, resulta procedente decretar que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN al haberse concedido el amparo y protección constitucional, y el original del incidente de suspensión ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, toda vez que se negó la suspensión provisional y definitiva, por lo que una vez transcurridos más de cinco años se procederá a la depuración y destrucción de los mismos, con posterioridad al DIECINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTICUATRO. De conformidad con lo establecido en el capítulo tercero, punto décimo, fracción I, del acuerdo 01/2009 en cita, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis; en el entendido de que se trasferirá con posterioridad al DIECINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, último párrafo del Acuerdo General Conjunto precitado. En cumplimiento al capítulo quinto, punto vigésimo, fracción III, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, resulta procedente decretar que el duplicado del incidente de suspensión relativo al presente juicio de amparo, es susceptible de destrucción, por lo que una vez transcurridos seis meses se procederá a la destrucción del mismo, por tanto, agréguese copia certificada de este proveído a los cuadernos incidentales, y el original del incidente de suspensión manténgase en el archivo por separado, hasta en tanto se determine sobre su destrucción. Finalmente, toda vez que la autoridad responsable Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado remitió copias certificadas del expediente S-03/92, tomo XIV, de su índice, con las que se formó un tomo de pruebas, y toda vez que resulta innecesaria su subsistencia en el presente expediente, devuélvase el mismo a su lugar de origen, haciéndose la precisión al Actuario de la adscripción que deberá asentar en el oficio que notifique la entrega del citado anexo, con lo cual la autoridad no está obligada a remitir el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese por lista de acuerdos a las partes y por oficio a la autoridad responsable.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA LO SIGUIENTE: Xalapa-Enríquez, Veracruz, diecinueve de julio de dos mil diecinueve. V i s t o el estado de los autos, este Juzgado de Distrito debe resolver si se ha acatado el fallo protector; con fundamento en los artículos 77, 192, 193, 196, 213 y 214 de la Ley de Amparo, conforme a los cuales el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, por lo que ningún juicio de derechos fundamentales puede archivarse sin que se haya cumplido el fallo protector o sin que se determine que no existe materia para su ejecución. Por tanto, enseguida se dilucidará si la sentencia protectora está puntualmente cumplida, cuestión que requiere esclarecer si los deberes impuestos en la ejecutoria están satisfechos sin excesos ni defectos, como lo exige el artículo 196, párrafo tercero, de la ley de la materia. Obligaciones derivadas de la sentencia de amparo. Conforme al análisis de los efectos del amparo precisados en el considerando séptimo de la ejecutoria constitucional, así como las consideraciones y lineamientos que justifican, precisan y determinan el alcance y sentido de esos efectos, se advierte que el fallo protector obliga a la autoridad responsable a realizar lo siguiente: "1. Deje insubsistente el proveído de veintidós de febrero de dos mil diecinueve, emitido en el expediente laboral S-03/92, tomo XIV de su índice, únicamente por lo que hace a la determinación de negar la toma de nota de alta del trabajador Iván Rodolfo Hernández Romero. 2. En su lugar emita una nueva en el que otorgue la toma de nota de alta del trabajador Iván Rodolfo Hernández Romero, al Sindicato Estatal de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial del Estado de Veracruz." Conductas realizadas por la autoridad responsable en cumplimiento a la sentencia de amparo. Para acreditar el cumplimiento del fallo protector, la autoridad responsable remitió las siguientes constancias: Oficio 7475 de dos de julio de dos mil diecinueve, firmado por la Secretaria General Habilitada del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, al que adjuntó copia certificada del acuerdo de uno de julio de dos mil diecinueve, dictado en los autos del expediente laboral S-03/92, tomo XVII. De las actuaciones enunciadas se advierte que la potestad común realizó estas acciones: 1. El uno de junio de dos mil diecinueve, dejó insubsistente el acuerdo de veintidós de febrero de dos mil diecinueve, únicamente por lo que atañe a lo determinado respecto al empleado judicial de nombre Iván Rodolfo Hernández Romero, y reiteró lo que no fue materia de la concesión. 2. Otorgó al Sindicato Estatal de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial, la toma de nota de alta de Iván Rodolfo Hernández Romero, por lo que ordenó su inscripción en el padrón de afiliados de dicho sindicato. Conclusión. Al comparar los efectos del amparo y las actuaciones realizadas por la autoridad responsable, se estima que acató con exactitud las obligaciones impuestas en el fallo protector, sin que se advierta algún exceso o defecto en su cumplimiento. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara puntualmente cumplida la ejecutoria de amparo, sin excesos ni defectos. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por oficio a la autoridad responsable.
- Principal
Con fundamento en lo establecido por los artículos 27, fracción I, inciso c) y el diverso 29, ambos de la Ley de Amparo Vigente, se notifica por lista de acuerdo a la parte quejosa el proveído siguiente: "Xalapa-Enríquez, Veracruz, cuatro de julio de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por la Secretaria General de Acuerdos Habilitada del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite las constancias relativas al cumplimiento dado al fallo protector en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista por el término de tres días a la parte quejosa, con el contenido del oficio y anexo para que manifieste lo que a sus intereses convenga, apercibida que de no desahogar la vista de mérito, éste juzgado resolverá sobre el cumplimiento de la sentencia con base en los elementos que obren en el presente expediente y los datos aportados por la autoridad citada. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Samuel René Cruz Torres, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de Marcial Soto Montaño, Secretario que autoriza y da fe."
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que las partes no interpusieron recurso de revisión en contra de la sentencia de once de junio del año en curso, en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal; consecuentemente, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes. Ahora bien, con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, se sirva informar a este juzgado Federal sobre el cumplimiento que haya dado a la ejecutoria de amparo. Se itera que los efectos de la sentencia de amparo son los siguientes: "1. Deje insubsistente el proveído de veintidós de febrero de dos mil diecinueve, emitido en el expediente laboral S-03/92, tomo XIV de su índice, únicamente por lo que hace a la determinación de negar la toma de nota de alta del trabajador Iván Rodolfo Hernández Romero. 2. En su lugar emita una nueva en el que otorgue la toma de nota de alta del trabajador Iván Rodolfo Hernández Romero, al Sindicato Estatal de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial del Estado de Veracruz." En caso de no cumplir con el precitado requerimiento dentro del plazo otorgado, se le apercibe que le será impuesta una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo que establece el artículo 26, apartado B, párrafo sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2016, del "Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo", transitorios segundo y tercero, acorde a lo señalado en el artículo 258 de la Ley de Amparo; además de que el presente expediente será remitido al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Sin que en el caso resulte aplicable lo establecido en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo, en cuanto establece que al ordenarse la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. Ello, porque tal obligación está acotada a que la autoridad responsable tenga superior inmediato, lo que no acontece en el caso, toda vez que la función judicial que desempeña los distintos órganos jurisdiccionales que integran el Poder Judicial del Estado, gozan de plena autonomía para dictar y ejecutar sus resoluciones, lo que implica que el dictado de sus resoluciones debe ajustarse a las disposiciones sustantivas y procesales que rigen su actuación; y si bien el Presidente del Tribunal Superior de Justicia tiene la representación del Tribunal y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado y asume, para los efectos legales procedentes, la del Poder Judicial; también lo es que dentro de sus atribuciones, debe velar en todo momento por la autonomía e independencia de los órganos del Poder Judicial. Por tanto, debe decirse que los Tribunales que pertenecen al Poder Judicial del Estado, dada su autonomía, carecen de superior jerárquico para efectos del juicio de amparo, en términos del artículo 194 de la Ley de Amparo.
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