IVÁN SAÚL MARTÍNEZ GARCÍA y Otros.

Expediente 1130/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 1 actuación registrada, la última del 24 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1130/2019
Año
2019
Actuaciones
1
Última actuación
24/12/2019

Partes del expediente

  • IVÁN SAÚL MARTÍNEZ GARCÍA y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    MESA IV B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de diciembre de dos mil diecinueve. Con la demanda de amparo promovida por IVÁN SAÚL MARTÍNEZ GARCÍA, fórmese expediente impreso y electrónico, regístrese en el libro de gobierno con el número 1130/2019. En principio, conviene señalar que de la lectura integral de la demanda se advierte que de la autoridad responsable Juez Control de Tanivet, Oaxaca, la parte quejosa reclama el auto de vinculación a proceso emitido en la causa penal 344/2019, el doce de mayo de dos mi diecinueve por su probable participación en el hecho que la ley señala como delito de FEMINICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA y LESIONES CALIFICADAS EN GRADO DE VENTAJA, cometidos en agravio el primero de ellos de Laura Elena Cruz Pérez y el segundo de Mario Martínez Ortiz; así como la resolución emitida el doce de mayo de esta anualidad en donde se le impuso prisión preventiva oficiosa; además, señaló como autoridad ejecutora al Director del Centro de Readaptación Social Número Uno, con sede en Santa María Ixcotel, Oaxaca. De lo expuesto, se advierte que contra los actos consistentes en el auto de vinculación a proceso e imposición de medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el diverso 17 de la Ley de Amparo, que establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.). Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. En esa tesitura, la citada causa de improcedencia que alberga el precepto primeramente invocado, parte del principio de que no pueden ser materia de estudio en el juicio de amparo aquellos actos que se consideran consentidos tácitamente, es decir, porque al no haberse reclamado en esa vía dentro de los plazos señalados en la ley de la materia, opera lo que el legislador estableció como una presunción de que el gobernado ha consentido en forma tácita la emisión o ejecución de los actos reclamados. Sobre tal base, es importante mencionar que la interpretación literal del segundo de los artículos señalados, revela que por regla general el término para promover la demanda de amparo es de quince días, salvo los supuestos siguientes: a) Treinta días, cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición. b) Hasta ocho años, cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión. c) Siete años, cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal y, d) En cualquier tiempo, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; lo que significa que si se afecta la libertad personal de un gobernado dentro de un procedimiento (sea este penal, civil, laboral o administrativo), el término para promover la demanda de amparo será el genérico de quince días. Ahora, a efecto de determinar el momento en el cual comienza a correr el plazo para presentar la demanda de amparo, debe destacarse lo que dispone el artículo 18 de la Ley de Amparo: Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Énfasis agregado. Conforme a lo anterior, el plazo para promover el amparo se contará desde el día siguiente: 1. Al en que surta sus efectos conforme a la ley que rige el acto la notificación al quejoso de la sentencia, resolución o acuerdo que reclame; 2. Al en que el quejoso haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o 3. Al en que se hubiese ostentado sabedor de tales actos. Bajo ese orden de ideas, como ya se especificó el acto reclamado en esta instancia, lo constituye el auto de vinculación a proceso e imposición de medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, impuesta mediante audiencia de doce de mayo de dos mil diecinueve, en la causa penal 344/2019 del Juzgado de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca; y que, dicha determinación le fue notificada al ahora quejoso en esa propia audiencia de doce de mayo de dos mil, diecinueve. En tales condiciones, es evidente que el quejoso estuvo en aptitud de promover el juicio de amparo a partir del día hábil inmediato siguiente a aquél en que surtió efectos la notificación del referido acto, esto es, desde el siete de agosto de dos mil dieciocho, conforme al artículo 82 del Código Nacional de Procedimientos Penales . Por tanto, el plazo para promover la demanda de amparo transcurrió del quince de mayo al cuatro de junio de dos mil diecinueve, sin contar el dieciocho, diecinueve, veinticinco y veintiséis de mayo del año en curso, así como uno y dos de junio de dos mil diecinueve, por ser días inhábiles de conformidad con lo previsto en el numeral 19 de la Ley de Amparo. Luego, si la demanda de amparo se presentó hasta el veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, según el sello fechador de recibido, siendo turnada a este órgano constitucional en esa misma fecha (fojas 1 y 2), es claro que fue presentada cuando ya había fenecido en exceso el término legal de quince días con el que el quejoso contaba para promover el juicio de amparo en términos del artículo 17 de la Ley de Amparo; por lo que su presentación es extemporánea. En ese orden de ideas, al actualizarse en el caso los motivos manifiestos e indudables de improcedencia ya relacionados, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de que se trata, en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. Sin que pase desapercibido, que el quejoso en los antecedentes del acto reclamado manifiesta que el Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca, resolvió su situación jurídica dentro del plazo constitucional, el once de mayo de dos mil diecinueve, en la cual dictó en su contra el auto de vinculación a proceso en la causa penal 344/2019; por lo cual es evidente que aun considerando esa fecha en la que se emitieron los actos reclamados, el quejoso ya no se encuentra en tiempo para promover la instancia constitucional. Téngase al promovente del amparo señalando los estrados de este juzgado para recibir notificaciones, por tanto, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, practíquensele sus notificaciones, aún las de orden personal, por lista de acuerdos que se fija en los estrados de este órgano jurisdiccional, y por autorizado sin las amplias facultades que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo a la persona que indica por no encontrarse registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Asimismo, se autoriza a las partes para que, al imponerse de los autos, puedan utilizar medios electrónicos (cámaras o lectores ópticos) para reproducir copias de las constancias de autos. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la nueva Ley de Amparo, para el caso de que en el presente asunto se ordene alguna notificación de carácter personal, se habilita al actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. Notifíquese personalmente.

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