Iván Ricardo Cano Zuñiga y Otros.
Expediente 2008/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 14 de marzo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 2008/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 14/03/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Iván Ricardo Cano Zuñiga y Otros.
- Iván Ricardo Cano Zuñiga
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
MESA VI B Oaxaca de Juárez, Oaxaca, catorce de marzo de dos mil dieciséis. Toda vez que del cómputo secretarial se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes legitimadas interpusieran recurso de revisión contra la sentencia dictada en autos, que sobreseyó en el juicio, sin que lo hubiesen hecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada ley, se declara que ha causado ejecutoria dicho fallo, para todos los efectos legales. No es obstáculo a lo anterior el hecho de que respecto de la autoridad responsable foránea, no se tenga constancia de notificación de la sentencia aludida y, en consecuencia, no se advierta si ha o no transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo; pues de conformidad con lo dispuesto en el numeral 87 de la ley de la materia, pues las autoridades sólo pueden interponer recurso de revisión contra la sentencia que afecte directamente los actos que de ellas se hayan reclamado, lo que en el caso no acontece, puesto que se sobreseyó en el juicio. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se sobreseyó en este juicio de amparo, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción II del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese personalmente al quejoso en su lugar de reclusión. Así lo proveyó, el Juez de Distrito Miguel Arroyo Herrera, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante la Secretaria Fabiola Rebeca Machorro Castillo, que autoriza y da fe.
- Principal
MESA VI B Vistos, para dictar sentencia, los autos del juicio de amparo 2008/2015, y R e s u l t a n d o Primero. Presentación y datos de la demanda. Por escrito presentado el veintiuno de diciembre de dos mil quince, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, residente en esta ciudad y turnado en la propia fecha a este Juzgado, Iván Ricardo Cano Zuñiga solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el Juez Primero de Distrito Especializado en Ejecución de Penas, en el Distrito Federal, actualmente Ciudad de México, y otra autoridad, respecto del acto que estimó violatorio de los derechos humanos y las garantías para su protección contenidos en los artículos 1 y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Trámite del juicio. El veintidós de diciembre de dos mil quince (fojas 7 y 8), este Juzgado registró la demanda de amparo arriba mencionada bajo el número 2008/2015, la admitió a trámite, solicitó el informe justificado; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano de control constitucional, la intervención correspondiente, y señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede, y C o n s i d e r a n d o Primero. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo previsto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción XII de la Constitución General de la República; 37 y 107, fracción V de la Ley de Amparo; 48 y 51, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto, fracción XIII del Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, tomando en consideración que se trata de un asunto de naturaleza penal, y la demanda se presentó dentro del ámbito territorial en el que este órgano de control constitucional ejerce competencia. Segundo. Fijación concreta del acto reclamado. Para efecto de mantener congruencia entre lo pretendido y lo que se resolverá en este fallo, en términos de la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, se fija de manera clara y precisa el acto atribuido. Así, del análisis integral del escrito de demanda, se advierte que de la autoridad responsable Juez Primero de Distrito Especializado en Ejecución de Penas, en el Distrito Federal, actualmente de la Ciudad de México, el quejoso reclama: La omisión de acordar su escrito de diecinueve de agosto de dos mil quince, a través del cual aduce que solicitó la homologación de los delitos imputados en Nicaragua. Tercero. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Juez Primero de Distrito Especializado en Ejecución de Penas, en el Distrito Federal, actualmente de la Ciudad de México, pues aun cuando al rendir su informe justificado (foja 14), negó la existencia de tal acto; lo cierto es que, agregó que mediante proveído de doce de enero de dos mil dieciséis, dictado en el expediente de ejecución de penas 2770/2015-H de su registro, dio respuesta a la petición formulada por el aquí quejoso Iván Ricardo Cano Zuñiga, a través de la cual de la interpretación de tal solicitud precisó que el aquí quejoso en realidad solicitaba se le informara la denominación en este país respecto de los delitos por los cuales fue sentenciado en la República de Nicaragua, además de en qué cuerpo normativo están previstos. En ese orden, emitió respuesta en esencia que los delitos por los cuales fue condenado el enjuiciado en la República de Nicaragua guardan identidad jurídica con los delitos de contra la salud en su modalidad de transporte de estupefacientes; operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, pues en ambos estados la conducta por la que se le sentenció es punible, con independencia de la denominación legal que se atribuye a la tales ilícitos. Anterior determinación que fue notificada al propio quejoso por conducto de este juzgado, el veinticinco de enero de esta anualidad (foja 23); esto es, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo (veintiuno de diciembre de dos mil quince -foja 6-); por tanto, como se adelantó, se tiene por cierto el acto que se le reclama en esta instancia constitucional. Cuarto. Actualización de causal de improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, procede analizar si contra el acto cuya existencia ha quedado determinada se actualiza alguna causa de improcedencia, toda vez que se trata de una cuestión de orden público y de estudio preferente en términos de lo que dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. En la especie, el suscrito juzgador advierte que sobrevino la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.] Ahora bien, la cesación de efectos del acto reclamado a que alude la causa de improcedencia citada, debe entenderse cuando la autoridad de quien emana dicho acto deja de hacerlo, o bien, cuando lo revoca o deroga; así pues, para que sea aplicable el motivo de inejercitabilidad en comento, es necesario que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable, ya que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer al quejoso en el goce del derecho violado, por lo que en consecuencia, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado, se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, como si el acto jamás hubiera emergido. Ahora bien, de las constancias que obran en autos, a las cuales se les reconoce valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se conoce, como también lo sostiene la responsable, que ante el Juez Primero de Distrito Especializado en Ejecución de Penas, en el Distrito Federal, actualmente de la Ciudad de México, Iván Ricardo Cano Zuñiga, presentó ocurso de diecinueve de agosto de dos mil quince, mediante el cual solicitó, la homologación de los delitos por lo que fue condenado en la República de Nicaragua. Pretensión a la que por acuerdo de doce de enero de dos mil dieciséis, previa suplencia la citada responsable dio respuesta. Determinación de la cual quedó notificado el aquí quejoso, el veinticinco de enero de este año (foja 23), corriéndole traslado con copia simple del aludido auto de doce de enero de la presente anualidad, sin que realizara manifestación alguna sobre el particular. Lo anterior permite sostener que los efectos del acto reclamado en este juicio de amparo han cesado, pues con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional alegada, tal como si se hubiera otorgado el amparo solicitado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 38, del Tomo IX, junio de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia de que se trata, lo procedente es sobreseer en el presente juicio respecto del precisado acto reclamado, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, se R e s u e l v e Único. Se SOBRESEE en este juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió, el Juez de Distrito Miguel Arroyo Herrera, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante la Secretaria Fabiola Rebeca Machorro Castillo, que autoriza y da fe. Con lo que se da por terminada la presente audiencia. Doy fe.
- Principal
MESA VI B Oaxaca de Juárez, Oaxaca, diecinueve de enero de dos mil dieciséis. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese el informe justificado que rinde el Juez Primero de Distrito Especializado en Ejecución de Penas, con residencia en México, Distrito Federal; con el cual se ordena dar vista a las partes para su debido conocimiento. Con la documental que acompaña la citada responsable, consistente en copia certificada de acuerdo de doce de enero de dos mil dieciséis, dictado en el expediente de ejecución de penas 2770/2015-H de su registro, dese vista a la parte quejosa para los efectos legales correspondientes. Notifíquese, personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión. Así lo proveyó, el Juez de Distrito Miguel Arroyo Herrera, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante la Secretaria Fabiola Rebeca Machorro Castillo, que autoriza y da fe.
- Principal
MESA VI B Oaxaca de Juárez, Oaxaca, dieciocho de enero de dos mil dieciséis. Vistos los autos se advierte que se encuentra señalada para esta fecha la audiencia constitucional (foja 7); sin embargo, la autoridad responsable Juez Primero de Distrito especializado en Ejecución de Penas, residente en México, Distrito Federal, no ha rendido su informe justificado, ni existe constancia que acredite hubiere quedado notificada de su petición; por tanto, no es factible celebrar la aludida audiencia, la que se difiere, y se fijan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL ONCE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISÉIS, para que tenga verificativo. En virtud de lo anterior, requiérase al jefe de Correos, con residencia en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días, siguiente a la notificación de este auto, remita el acuse de recibo 00076167, que ampara la entrega del oficio 4789-VI-B, dirigido a la citada autoridad responsable, depositado en la oficina a su cargo el veintitrés de diciembre pasado; apercibido que de no cumplir lo anterior, se le impondrá una multa de cincuenta días de salario mínimo general vigente, al momento de realizarse la conducta sancionada, de conformidad con lo previsto en los artículos 237, fracción I de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 259 y 238 de la misma. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Juez de Distrito Miguel Arroyo Herrera, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante la SecretariaFabiola Rebeca Machorro Castillo, que autoriza y da fe.
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