Ivan Sanchez de la Cruz

Expediente 142/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
142/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
02/03/2023

Partes del expediente

  • Ivan Sanchez de la Cruz

Actuaciones

  1. Principal

    Puebla, Puebla, dos de marzo de dos mil veintitrés. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el proveído de catorce de febrero de dos mil veintitrés, en el cual fue desechada su demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE EL REFERIDO ACUERDO CAUSÓ ESTADO (QUEDÓ FIRME). Archivo. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se ordena el archivo del presente expediente como asunto totalmente concluido. Valoración documental. En uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de las constancias, estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo, ya que en el proveído inicial se desechó la solicitud de amparo -lo cual implica una resolución que sin decidir el juicio lo dio por concluido-. Resguardo del expediente. Con fundamento en el artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno y a la Oficial Judicial A encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); realicen las anotaciones correspondientes a la declaración de firmeza procesal. Inexistencia de documentos originales. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permite visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver a la parte quejosa. Devolución de anexos. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Carátula del expediente. Se instruye a la secretaria encargada de la tramitación de este expediente para efectos de que realice las anotaciones correspondientes por conducto del personal a su cargo en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. También, de conformidad con el artículo 25, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá revisar por conducto del personal a su cargo la coincidencia de la versión electrónica con la totalidad de la versión impresa. Revisión del expediente. Se instruye a la secretaria que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Sin cuadernos incidentales. No existe incidente de suspensión derivado de este juicio, porque la demanda de amparo fue desechada en el proveído inicial, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto

  2. Principal

    Puebla, Puebla, catorce de febrero de dos mil veintitrés. Radicación de la demanda. Se recibe la demanda de amparo promovida por *, por propio derecho, contra un a to de la Jueza de Control y Ejecución de Oralidad Penal licenciada Idalia Arciniega Arias de la Región Judicial Centro de Esta ciudad de Puebla -así referida en la demanda-. En consecuencia, de conformidad con los artículos 99, 102, fracción I, 105, fracción I, y 180 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, regístrese en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el número que cronológicamente corresponda y realícese la captura de datos e información relacionada con el presente asunto. Tramitación electrónica del juicio de amparo. Se hace saber a las partes que, de conformidad con los artículos 3 y 22, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente -como los acuerdos emitidos por este órgano jurisdiccional- constarán únicamente en el expediente electrónico; pues, una vez que son ingresados mediante el uso de la firma electrónica, producen los mismos efectos que los físicos. Toda vez que el expediente físico únicamente servirá de soporte documental para constancia de la recepción de promociones y diligencias que se hayan recibido o desahogado de esa manera, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se exhorta a las partes para que, transiten hacia la actuación del juicio desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación -donde podrán consultar íntegramente el expediente electrónico y presentar las promociones mediante el empleo de su firma electrónica-. Digitalización de la demanda de amparo. En virtud de que el escrito de demanda de amparo fue recibido de manera física por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, conforme lo disponen los artículos 252 y 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se ordena la digitalización de dicho documento y su incorporación al expediente electrónico a través del uso de la firma electrónica. Juicio en línea. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo1 establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse el crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán indudablemente en sobreseimiento. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tenga la certeza y plena seguridad, de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de rubro: * Ahora bien, el quejoso, en su demanda de amparo, señaló como acto reclamado lo siguiente: ".La falta de impulso procesal en la Causa Penal *por parte de la Jueza de Control y Ejecución de los Juzgados de Oralidad Penal en la Región Judicial Centro de esta Ciudad de Puebla.". Sin embargo, en el apartado relativo a los antecedentes del acto reclamado, bajo protesta de decir verdad, refirió: ".3.- Con fecha Uno de Febrero de Dos mil Veintitrés, mi Defensor Particular MAESTRO Y LICNECIADO EN DERECHO *, presento ante la Oficialía de los Juzgados de Oralidad Penal en la Región Judicial Centro de esta Ciudad de Puebla, un escrito donde solicitó la Revisión de Medidas Cautelares, ya que el suscrito en estos momentos me encuentro Interno en el Centro Penitenciario denominado San Miguel en esta Ciudad de Puebla, por la medida cautelar de Prisión Preventiva Oficiosa y cabe recalcar a su Señoría que el hoy Quejoso tengo ya como dicha Medida Cautelar por un tiempo de Cuatro años, Un mes y Veintiocho días. Como Usted podrá apreciar, ha transcurrido ya más de Cuarenta y Ocho horas sin que la Ciudadana Jueza multicitada se pronuncie a mi petición no obstante que el suscrito llevo más de Cuatro años, Un mes y Veintiocho días, en prisión Preventiva Oficiosa y la CIUDADANA JUEZA DE CONTROL Y EJECUCIÓN DE ORALIDAD PENAL LICENCIADA IDALAIA ARCINIEGA ARIAS DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO DE ESTA CIUDAD DE PUEBLA, está en la actitud de dilatar mi procedimiento AL NO pronunciarse a la petición realizada por el suscrito, por medio de mi Defensor Particular, y yo sigo en prisión preventiva oficiosas, violando con esto mi derecho Humano de presunción de inocencia y el derecho a tener un debido proceso sin dilación y sin demora." (sic). [Énfasis añadido] De lo anteriormente trascrito se obtiene que lo que en realidad reclama el quejoso es la omisión de acordar el escrito presentado el uno de febrero de dos mil veintitrés en la oficialía de los Juzgados de Oralidad Penal en la Región Judicial Centro de Puebla. De lo anterior, se advierte que es improcedente el juicio de amparo en términos de lo dispuesto por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 134, fracciones I y IV y 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ello, ya que el quejoso inobservó el principio de definitividad que rige al juicio de amparo. Los citados preceptos legales establecen: Ley de Amparo "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo.". Código Nacional de Procedimientos Penales "Artículo 134. Deberes comunes de los jueces En el ámbito de sus respectivas competencias y atribuciones, son deberes comunes de los jueces y magistrados, los siguientes: I. Resolver los asuntos sometidos a su consideración con la debida diligencia, dentro de los términos previstos en la ley y con sujeción a los principios que deben regir el ejercicio de la función jurisdiccional; [.] IV. Atender oportuna y debidamente las peticiones dirigidas por los sujetos que intervienen dentro del procedimiento penal;." "Artículo 135. La queja y su procedencia Procederá queja en contra del juzgador de primera instancia por no realizar un acto procesal dentro del plazo señalado por este Código. La queja podrá ser promovida por cualquier parte del procedimiento y se tramitará sin perjuicio de las otras consecuencias legales que tenga la omisión del juzgador. La queja será interpuesta ante el Órgano jurisdiccional omiso; éste tiene un plazo de veinticuatro horas para subsanar dicha omisión, o bien, realizar un informe breve y conciso sobre las razones por las cuales no se ha verificado el acto procesal o la formalidad exigidos por la norma omitida y remitir el recurso y dicho informe al Órgano jurisdiccional competente. La autoridad jurisdiccional competente tramitará y resolverá en un plazo no mayor a tres días en los términos de las disposiciones aplicables. En ningún caso, el Órgano jurisdiccional competente para resolver la queja podrá ordenar al Órgano Jurisdiccional omiso los términos y las condiciones en que deberá subsanarse la omisión, debiéndose limitar su resolución a que se realice el acto omitido.". Entonces, por cuanto hace al acto reclamado consistente en la omisión de la responsable de acordar el escrito presentado por el quejoso, es necesario referir que el numeral 134 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece la obligación de los jueces de resolver los asuntos sometidos a su consideración con la debida diligencia, dentro de los términos previstos en la ley y con sujeción a los principios que deben regir el ejercicio de la función jurisdiccional, así como atender oportuna y debidamente las peticiones dirigidas por los sujetos que intervienen dentro del procedimiento penal. Asimismo, el diverso 135 prevé el recurso de queja ante el Órgano jurisdiccional omiso, cuando se considere que un juzgador de primera instancia no realizó un acto procesal dentro del plazo señalado por dicho código, otorgando el derecho a cualquiera de las partes para interponerla. De lo anterior se advierte que el legislador previó el derecho de las partes de dolerse, ante el mismo órgano jurisdiccional, de las actuaciones omisivas o negligentes, como lo es la omisión de dar respuesta a una petición sujeta a su consideración, el cual tiene un plazo de veinticuatro horas para subsanar dicha omisión, o bien, realizar un informe breve y conciso sobre las razones por las cuales no se ha verificado el acto procesal o la formalidad exigidos por la norma omitida y remitir el recurso y dicho informe al Órgano jurisdiccional competente. Además, se prevé que el referido recurso de queja, de acuerdo a lo establecido en el citado numeral 135, párrafo tercero, será resuelto por la autoridad jurisdiccional competente (entendiéndose, de acuerdo al numeral 133, fracción III, del mismo código nacional, el Tribunal de alzada) en un plazo no mayor a tres días, en cuyo caso ordenará la realización del acto omitido. En efecto, constituye un derecho fundamental de las partes en el proceso promover queja en contra de omisiones o negligencias en que el juzgador de primera instancia puede incurrir; dentro de ellas está precisamente la omisión de dar solución a las cuestiones planteadas por las partes (tal como en el caso reclama el promovente). Además, dicha prerrogativa que se le otorga a las partes en el proceso no es opcional, sino que se les reconoce ese derecho para el efecto de que puedan conminar al juez de control para que se conduzca con apego a la ley, de estimar que esto no se ha llevado a cabo, mediante un recurso veloz e inmediato mediante el cual las partes pudieran defender los derechos que consideraran violentados por parte de la potestad ordinaria ante un órgano de control, el cual no se contemplaba con anterioridad, por lo que se acudía directamente al amparo, produciéndose incluso, su abuso. En efecto, robustece la determinación anterior el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que, al no encontrarse en dicho supuesto, es imperativo para el gobernado acudir a las instancias establecidas por la ley adjetiva que pueden producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo, salvo los casos de excepción considerados legalmente; ello, en tanto, de pronunciarse sobre la materia de la demanda que propone el quejoso, este Juzgado Federal de amparo sustituiría procesalmente a las autoridades a quienes el Código Nacional de Procedimientos Penales encomienda el pronunciamiento relativo al conflicto de que se trata. De ahí que, en contra del acto reclamado en la demanda, derivado de la carpeta judicial expediente 1857/2018 del índice del juez de control responsable, es improcedente el juicio de amparo, pues el quejoso debió interponer el recurso de queja establecido por el Código Nacional de Procedimientos Penales. Cabe resaltar que la postura adoptada por esta juzgadora se encuentra respaldada por las ejecutorias emitidas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, dentro de los recursos de queja Q-49/2020 y Q-110/2021, así como por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, en el diverso Q-36/2022. El primero de dichos órganos colegiados, en la parte conducente de la ejecutoria pronunciada dentro de la queja Q-110/2021 consideró, en lo medular, que el quejoso debe agotar el principio de definitividad cuando se reclaman omisiones, porque la ley que rige el acto prevé un medio ordinario de defensa, el cual es necesario agotar previo a acudir a juicio constitucional, consistente en la queja, prevista en el artículo 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Así mismo, en la diversa ejecutoria relativa a la queja Q-49/2020, consideró que el recurso de queja previsto en el artículo 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales, opera solamente cuando se impugnan simples omisiones, es decir, la no realización de un acto procesal dentro del plazo señalado por esa misma legislación. Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado, en la ejecutoria pronunciada en la queja Q-36/2022, sostuvo que la omisión reclamada debía ser impugnada a través del recurso de queja, definido en el artículo 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual procede contra el juzgado de primera instancia (por no realizar un acto procesal dentro del plazo señalado por ese código). No se soslaya que la abstención de la autoridad judicial puede ser susceptible de transgredir en perjuicio de la parte quejosa, los derechos que a su favor establece la Constitución Federal, toda vez que ante esa inactividad de la autoridad, el gobernado queda en completo estado de incertidumbre e inseguridad jurídica; no obstante, la existencia formal y material de un procedimiento de defensa que resulta idóneo para impugnar dicha omisión con la posibilidad de obtener un resultado eficaz, permite exigir que se haga uso de éste, pues se trata de un verdadero recurso o medio ordinario de defensa. Por las razones que la informan, se invoca la tesis 2a. LXXXI/2012 (10a.), de la Segunda Sala de Nuestro Más Alto Tribunal, visible en la página 1587, libro XIV, noviembre de 2012, tomo 2, materia constitucional, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de título y contenido: * Así como la tesis número XVI.1o.A.T.5 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, visible en la página 1753, libro XI, agosto de 2012, tomo 2, materia constitucional, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: *. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de protección de derechos presentada por *, pues el acto reclamado encontró la causa de improcedencia, manifiesta e indudable, prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Anotaciones Internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la Oficial Judicial A, encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realicen las anotaciones correspondientes al desechamiento previo. Domicilio procesal y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle*. No pasa por alto para esta autoridad que el promovente señala como medios para recibir notificaciones un correo electrónico y número telefónico; empero, dichas vías electrónicas no se encuentran establecidas como herramienta para poder efectuar las notificaciones respectivas, pues el artículo 26, fracción IV de la Ley de amparo en relación con el diverso 3° de la citada ley, precisa que las notificaciones electrónicas sólo pueden realizarse a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Por otra parte, * quedan autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, porque el quejoso les otorgó esas facultades y se encontró registro de sus cédulas profesionales en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación. Autorización para toma de fotografías. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías de las actuaciones que obren en el expediente, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Acceso a la información y protección de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias.

  3. Principal

    SE DEJÓ AVISO DE NOTIFICACIÓN A LA PARTE PROMOVENTE. Puebla, Puebla, catorce de febrero de dos mil veintitrés. Radicación de la demanda. Se recibe la demanda de amparo promovida por *, por propio derecho, contra un a to de la Jueza de Control y Ejecución de Oralidad Penal licenciada Idalia Arciniega Arias de la Región Judicial Centro de Esta ciudad de Puebla -así referida en la demanda-. En consecuencia, de conformidad con los artículos 99, 102, fracción I, 105, fracción I, y 180 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, regístrese en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el número que cronológicamente corresponda y realícese la captura de datos e información relacionada con el presente asunto. Tramitación electrónica del juicio de amparo. Se hace saber a las partes que, de conformidad con los artículos 3 y 22, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente -como los acuerdos emitidos por este órgano jurisdiccional- constarán únicamente en el expediente electrónico; pues, una vez que son ingresados mediante el uso de la firma electrónica, producen los mismos efectos que los físicos. Toda vez que el expediente físico únicamente servirá de soporte documental para constancia de la recepción de promociones y diligencias que se hayan recibido o desahogado de esa manera, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se exhorta a las partes para que, transiten hacia la actuación del juicio desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación -donde podrán consultar íntegramente el expediente electrónico y presentar las promociones mediante el empleo de su firma electrónica-. Digitalización de la demanda de amparo. En virtud de que el escrito de demanda de amparo fue recibido de manera física por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, conforme lo disponen los artículos 252 y 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se ordena la digitalización de dicho documento y su incorporación al expediente electrónico a través del uso de la firma electrónica. Juicio en línea. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo1 establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse el crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán indudablemente en sobreseimiento. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tenga la certeza y plena seguridad, de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de rubro: * Ahora bien, el quejoso, en su demanda de amparo, señaló como acto reclamado lo siguiente: ".La falta de impulso procesal en la Causa Penal *por parte de la Jueza de Control y Ejecución de los Juzgados de Oralidad Penal en la Región Judicial Centro de esta Ciudad de Puebla.". Sin embargo, en el apartado relativo a los antecedentes del acto reclamado, bajo protesta de decir verdad, refirió: ".3.- Con fecha Uno de Febrero de Dos mil Veintitrés, mi Defensor Particular MAESTRO Y LICNECIADO EN DERECHO *, presento ante la Oficialía de los Juzgados de Oralidad Penal en la Región Judicial Centro de esta Ciudad de Puebla, un escrito donde solicitó la Revisión de Medidas Cautelares, ya que el suscrito en estos momentos me encuentro Interno en el Centro Penitenciario denominado San Miguel en esta Ciudad de Puebla, por la medida cautelar de Prisión Preventiva Oficiosa y cabe recalcar a su Señoría que el hoy Quejoso tengo ya como dicha Medida Cautelar por un tiempo de Cuatro años, Un mes y Veintiocho días. Como Usted podrá apreciar, ha transcurrido ya más de Cuarenta y Ocho horas sin que la Ciudadana Jueza multicitada se pronuncie a mi petición no obstante que el suscrito llevo más de Cuatro años, Un mes y Veintiocho días, en prisión Preventiva Oficiosa y la CIUDADANA JUEZA DE CONTROL Y EJECUCIÓN DE ORALIDAD PENAL LICENCIADA IDALAIA ARCINIEGA ARIAS DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO DE ESTA CIUDAD DE PUEBLA, está en la actitud de dilatar mi procedimiento AL NO pronunciarse a la petición realizada por el suscrito, por medio de mi Defensor Particular, y yo sigo en prisión preventiva oficiosas, violando con esto mi derecho Humano de presunción de inocencia y el derecho a tener un debido proceso sin dilación y sin demora." (sic). [Énfasis añadido] De lo anteriormente trascrito se obtiene que lo que en realidad reclama el quejoso es la omisión de acordar el escrito presentado el uno de febrero de dos mil veintitrés en la oficialía de los Juzgados de Oralidad Penal en la Región Judicial Centro de Puebla. De lo anterior, se advierte que es improcedente el juicio de amparo en términos de lo dispuesto por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 134, fracciones I y IV y 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ello, ya que el quejoso inobservó el principio de definitividad que rige al juicio de amparo. Los citados preceptos legales establecen: Ley de Amparo "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo.". Código Nacional de Procedimientos Penales "Artículo 134. Deberes comunes de los jueces En el ámbito de sus respectivas competencias y atribuciones, son deberes comunes de los jueces y magistrados, los siguientes: I. Resolver los asuntos sometidos a su consideración con la debida diligencia, dentro de los términos previstos en la ley y con sujeción a los principios que deben regir el ejercicio de la función jurisdiccional; [.] IV. Atender oportuna y debidamente las peticiones dirigidas por los sujetos que intervienen dentro del procedimiento penal;." "Artículo 135. La queja y su procedencia Procederá queja en contra del juzgador de primera instancia por no realizar un acto procesal dentro del plazo señalado por este Código. La queja podrá ser promovida por cualquier parte del procedimiento y se tramitará sin perjuicio de las otras consecuencias legales que tenga la omisión del juzgador. La queja será interpuesta ante el Órgano jurisdiccional omiso; éste tiene un plazo de veinticuatro horas para subsanar dicha omisión, o bien, realizar un informe breve y conciso sobre las razones por las cuales no se ha verificado el acto procesal o la formalidad exigidos por la norma omitida y remitir el recurso y dicho informe al Órgano jurisdiccional competente. La autoridad jurisdiccional competente tramitará y resolverá en un plazo no mayor a tres días en los términos de las disposiciones aplicables. En ningún caso, el Órgano jurisdiccional competente para resolver la queja podrá ordenar al Órgano Jurisdiccional omiso los términos y las condiciones en que deberá subsanarse la omisión, debiéndose limitar su resolución a que se realice el acto omitido.". Entonces, por cuanto hace al acto reclamado consistente en la omisión de la responsable de acordar el escrito presentado por el quejoso, es necesario referir que el numeral 134 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece la obligación de los jueces de resolver los asuntos sometidos a su consideración con la debida diligencia, dentro de los términos previstos en la ley y con sujeción a los principios que deben regir el ejercicio de la función jurisdiccional, así como atender oportuna y debidamente las peticiones dirigidas por los sujetos que intervienen dentro del procedimiento penal. Asimismo, el diverso 135 prevé el recurso de queja ante el Órgano jurisdiccional omiso, cuando se considere que un juzgador de primera instancia no realizó un acto procesal dentro del plazo señalado por dicho código, otorgando el derecho a cualquiera de las partes para interponerla. De lo anterior se advierte que el legislador previó el derecho de las partes de dolerse, ante el mismo órgano jurisdiccional, de las actuaciones omisivas o negligentes, como lo es la omisión de dar respuesta a una petición sujeta a su consideración, el cual tiene un plazo de veinticuatro horas para subsanar dicha omisión, o bien, realizar un informe breve y conciso sobre las razones por las cuales no se ha verificado el acto procesal o la formalidad exigidos por la norma omitida y remitir el recurso y dicho informe al Órgano jurisdiccional competente. Además, se prevé que el referido recurso de queja, de acuerdo a lo establecido en el citado numeral 135, párrafo tercero, será resuelto por la autoridad jurisdiccional competente (entendiéndose, de acuerdo al numeral 133, fracción III, del mismo código nacional, el Tribunal de alzada) en un plazo no mayor a tres días, en cuyo caso ordenará la realización del acto omitido. En efecto, constituye un derecho fundamental de las partes en el proceso promover queja en contra de omisiones o negligencias en que el juzgador de primera instancia puede incurrir; dentro de ellas está precisamente la omisión de dar solución a las cuestiones planteadas por las partes (tal como en el caso reclama el promovente). Además, dicha prerrogativa que se le otorga a las partes en el proceso no es opcional, sino que se les reconoce ese derecho para el efecto de que puedan conminar al juez de control para que se conduzca con apego a la ley, de estimar que esto no se ha llevado a cabo, mediante un recurso veloz e inmediato mediante el cual las partes pudieran defender los derechos que consideraran violentados por parte de la potestad ordinaria ante un órgano de control, el cual no se contemplaba con anterioridad, por lo que se acudía directamente al amparo, produciéndose incluso, su abuso. En efecto, robustece la determinación anterior el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que, al no encontrarse en dicho supuesto, es imperativo para el gobernado acudir a las instancias establecidas por la ley adjetiva que pueden producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo, salvo los casos de excepción considerados legalmente; ello, en tanto, de pronunciarse sobre la materia de la demanda que propone el quejoso, este Juzgado Federal de amparo sustituiría procesalmente a las autoridades a quienes el Código Nacional de Procedimientos Penales encomienda el pronunciamiento relativo al conflicto de que se trata. De ahí que, en contra del acto reclamado en la demanda, derivado de la carpeta judicial expediente 1857/2018 del índice del juez de control responsable, es improcedente el juicio de amparo, pues el quejoso debió interponer el recurso de queja establecido por el Código Nacional de Procedimientos Penales. Cabe resaltar que la postura adoptada por esta juzgadora se encuentra respaldada por las ejecutorias emitidas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, dentro de los recursos de queja Q-49/2020 y Q-110/2021, así como por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, en el diverso Q-36/2022. El primero de dichos órganos colegiados, en la parte conducente de la ejecutoria pronunciada dentro de la queja Q-110/2021 consideró, en lo medular, que el quejoso debe agotar el principio de definitividad cuando se reclaman omisiones, porque la ley que rige el acto prevé un medio ordinario de defensa, el cual es necesario agotar previo a acudir a juicio constitucional, consistente en la queja, prevista en el artículo 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Así mismo, en la diversa ejecutoria relativa a la queja Q-49/2020, consideró que el recurso de queja previsto en el artículo 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales, opera solamente cuando se impugnan simples omisiones, es decir, la no realización de un acto procesal dentro del plazo señalado por esa misma legislación. Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado, en la ejecutoria pronunciada en la queja Q-36/2022, sostuvo que la omisión reclamada debía ser impugnada a través del recurso de queja, definido en el artículo 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual procede contra el juzgado de primera instancia (por no realizar un acto procesal dentro del plazo señalado por ese código). No se soslaya que la abstención de la autoridad judicial puede ser susceptible de transgredir en perjuicio de la parte quejosa, los derechos que a su favor establece la Constitución Federal, toda vez que ante esa inactividad de la autoridad, el gobernado queda en completo estado de incertidumbre e inseguridad jurídica; no obstante, la existencia formal y material de un procedimiento de defensa que resulta idóneo para impugnar dicha omisión con la posibilidad de obtener un resultado eficaz, permite exigir que se haga uso de éste, pues se trata de un verdadero recurso o medio ordinario de defensa. Por las razones que la informan, se invoca la tesis 2a. LXXXI/2012 (10a.), de la Segunda Sala de Nuestro Más Alto Tribunal, visible en la página 1587, libro XIV, noviembre de 2012, tomo 2, materia constitucional, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de título y contenido: * Así como la tesis número XVI.1o.A.T.5 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, visible en la página 1753, libro XI, agosto de 2012, tomo 2, materia constitucional, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: *. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de protección de derechos presentada por *, pues el acto reclamado encontró la causa de improcedencia, manifiesta e indudable, prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Anotaciones Internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la Oficial Judicial A, encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realicen las anotaciones correspondientes al desechamiento previo. Domicilio procesal y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle*. No pasa por alto para esta autoridad que el promovente señala como medios para recibir notificaciones un correo electrónico y número telefónico; empero, dichas vías electrónicas no se encuentran establecidas como herramienta para poder efectuar las notificaciones respectivas, pues el artículo 26, fracción IV de la Ley de amparo en relación con el diverso 3° de la citada ley, precisa que las notificaciones electrónicas sólo pueden realizarse a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Por otra parte, * quedan autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, porque el quejoso les otorgó esas facultades y se encontró registro de sus cédulas profesionales en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación. Autorización para toma de fotografías. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías de las actuaciones que obren en el expediente, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Acceso a la información y protección de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias

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