Ivan Pichon Cortes

Expediente 795/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
795/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
21/08/2023

Partes del expediente

  • Ivan Pichon Cortes

Actuaciones

  1. Principal

    JUICIO DE AMPARO 795/2023-V. Puebla, Puebla, veintiuno de agosto de dos mil veintitrés. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el proveído de dos de agosto de dos mil veintitrés, en el cual fue desechada su demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que el referido acuerdo causó estado (quedó firme). Valoración documental. En términos del artículo 3, fracción IX, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que 1 Plazo del cual deben descontarse los días doce y trece de agosto de dos mil veintitrés, por ser inhábiles. establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, trasferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales2 -en adelante referido sólo como Acuerdo General- el presente expediente constituye un asunto totalmente concluido. Por lo que, en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General, previo análisis de las constancias, se estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer una vez cumplido el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 20, fracción IV, del referido Acuerdo General, ya que se desechó de plano la demanda de protección. Resguardo del expediente en el archivo de trámite. Con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a su destrucción. Hecho lo anterior, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Inexistencia de documentos originales. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permite visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver al quejoso. Incidente de suspensión original. No ha lugar a emitir pronunciamiento alguno, pues como la demanda de amparo se desechó, no se abrió dicho incidente. 2 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés. Osorio Carátula del juicio de amparo. Se instruye a la secretaria encargada de la conclusión de este expediente que, a través de sus oficiales judiciales, realice las anotaciones correspondientes en la carátula del juicio de amparo; ello, conforme a los sellos autorizados para tal efecto. Anotaciones internas. Se instruye a la Oficial Judicial "A", realice las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, respecto a la declaración de que causó estado el auto dictado y al archivo del presente asunto como concluido. Asimismo, deberá verificar que los datos asentados en la carátula de este expediente -conforme se encomendó en el apartado precedente- coincidan con las anotaciones en el libro electrónico. Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo a la parte quejosa, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer dado que ha quedado firme el auto que desechó la demanda de amparo. Aunado a que, si la parte quejosa deseará conocer el estado de este juicio, se considera que tiene las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. Pese a lo anterior, se deja establecido que si alguna parte deseara conocer el estado procesal de este juicio, se le habrá de informar en caso de recibir oficio o escrito donde lo solicite. De ahí que este proveído se habrá de notificar a las partes por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Notifíquese y cúmplase

  2. Principal

    --- JUICIO DE AMPARO 795/2023-V.. Puebla, Puebla, dos de agosto de dos mil veintitrés. Radicación de la demanda. Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales que presentó +++++, quien se ostenta como ++++++, contra actos del Agente del Ministerio Público ++++++ adscrito a la fiscalía especializada en investigación de delitos de género contra las mujeres. En consecuencia, se ordena formar el expediente de tutela constitucional, registrarlo en el libro de gobierno con el número correspondiente, y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Tramitación electrónica del juicio de amparo. Se hace saber a las partes que, de conformidad con los artículos 3 y 22, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente, como los acuerdos emitidos por este órgano jurisdiccional, constarán únicamente en el expediente electrónico, pues una vez que son ingresados mediante el uso de la firma electrónica, producen los mismos efectos que los físicos. Toda vez que el expediente físico únicamente servirá de soporte documental para constancia de la recepción de promociones y diligencias que se hayan recibido o desahogado de esa manera, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se exhorta a las partes para que, transiten hacia la actuación del juicio desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación -donde podrán consultar íntegramente el expediente electrónico y presentar las promociones mediante el empleo de su firma electrónica-. Desechamiento El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone que, ante todo, debe examinarse el escrito de demanda y si se encontrara motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se desechará de plano. Ahora, de la lectura integral de la demanda de protección de derechos, se advierte que se señalan como actos reclamados: La omisión del Agente del Ministerio Público Raúl Maldonado Zurita, adscrito a la Fiscalía Especializada en investigación de delitos de género contra las mujeres, de pronunciarse respecto a la solicitud de procedimiento abreviado hecha el veintisiete de abril de dos mil veintidós, dentro de los autos de la causa penal +++++++ y su acumulada +++++++ y 1+++++++ Improcedencia del juicio de amparo respecto de la omisión reclamada al agente del Ministerio Público señalado como responsable. De lo antes expuesto, se advierte claramente que, respecto del acto que se reclama, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5, fracción II, de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. [.]" De la interpretación sistemática de los preceptos transcritos, se advierte que el juicio de amparo únicamente es procedente contra actos de autoridad que vulneren derechos humanos y sus garantías fundamentales. Entendiéndose por autoridad para efectos del juicio de amparo, el ente del Estado, de hecho o de derecho que en una relación jurídica de subordinación emite actos a través de los cuales impone su voluntad en forma directa y unilateral, por los que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica de los gobernados, sin requerir acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Para los efectos de la Ley de Amparo, los particulares también pueden tener la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos de otros particulares en forma unilateral y obligatoria, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Ciertamente, sobre este tópico, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que las notas distintivas de los actos de autoridad en relación con los gobernados, son: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y d) Que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. También puede observarse que no siempre los entes que conforman directamente la administración pública serán autoridad para los efectos del amparo, ya que para determinar la calidad de autoridad responsable es indispensable analizar: 1. Las características particulares de aquel a quien se le imputa el acto reclamado; y, 2. La naturaleza de éste. Bajo tal contexto, no toda omisión de atender una petición del gobernado, aun presentada formalmente ante una autoridad administrativa, puede ser considerada como acto omisivo de autoridad para los efectos del juicio de amparo, porque los titulares de organismos públicos realizan cotidianamente acciones que pueden afectar a un particular, sin generar necesariamente una relación de supra a subordinación. En ese sentido, debe señalarse que el Estado tiene una doble personalidad; la primera, como ente de derecho y, la segunda, como persona moral sujeto de derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares. En el caso, el peticionario de amparo reclama la omisión del Ministerio Público señalado como autoridad responsable, consistente en el retardo en contestar la solicitud de procedimiento abreviado hecha el veintisiete de abril de dos mil veintidós, dentro de los autos de la causa penal +++++++. En ese sentido, resulta necesario indicar que, de conformidad con el artículo 105 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los sujetos del procedimiento que tendrán la calidad de parte en los procedimientos previstos en el mencionado código, son el imputado y su defensor, el Ministerio Público, la víctima u ofendido y su asesor jurídico. Por otro lado, el artículo 20, Apartado A, fracción VII, Constitucional, en relación con el diverso 185 del aludido ordenamiento procesal, establecen como forma de terminación anticipada del proceso, el procedimiento abreviado, el cual, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 201 y 202 del aludido cuerpo legal, será autorizado por el juez de control previa solicitud del Ministerio Público, la cual deberá formularse después de que se dicte el auto de vinculación a proceso y hasta antes de la emisión del auto de apertura a juicio oral. Así, el procedimiento abreviado se puede solicitar después de que se dicte el auto de vinculación a proceso y hasta antes de la emisión del auto de apertura a juicio oral, no obstante, esa facultad se encuentra reservada al Ministerio Público. De ahí que, si dicha facultad reservada al órgano acusador debe observarse después de que se dicte el auto de vinculación a proceso y hasta antes de la emisión del auto de apertura a juicio oral, etapas en las cuales tiene la calidad de parte; es inconcuso que, en términos del diverso numeral 5, fracción II, de la Ley de Amparo, no puede tener la calidad de autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo, pues no existe una relación de supra-subordinación. Por tanto, el presente juicio de amparo resulta improcedente respecto de lo reclamado al Agente del Ministerio Público responsable, toda vez que el acto reclamado a él no constituye un acto de autoridad. Estimar lo contrario implicaría considerar que el Ministerio Público tiene obligación de pedir al juez en los procesos penales en los que es parte, y en los casos que se lo solicite el imputado, la apertura del procedimiento abreviado, aun contra su propia opinión, a pesar de que dicha facultad deviene de su calidad de parte dentro del proceso penal, y no de una obligación impuesta como autoridad, en términos de lo dispuesto por el artículo 20, Apartado A, fracción VII, Constitucional, en armonía con los diversos 183, 201 y 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía jurídica, la Jurisprudencia 1a. 34/2020 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación -de carácter obligatorio para este juzgado federal, en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo-, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA DE MANERA MANIFESTA E INDUDABLE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA POR EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 5, FRACCIÓN II (INTERPRETADO A CONTRARIO SENSU) AMBOS DE LA LEY DE LA MATERIA, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA NEGATIVA DE LOS AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO, DE REDUCIR LA PENA PREVISTA PARA EL DELITO DE QUE SE TRATE DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL ABREVIADO. Hechos: El Pleno de Circuito y el Tribunal Colegiado contendientes, arribaron a criterios distintos en relación a si la demanda de amparo en la que se reclama la negativa del Ministerio Público de reducir la pena mínima prevista para el delito de que se trata, durante la tramitación del procedimiento especial abreviado, debe desecharse de plano por actualizarse una causa manifiesta e indudable de improcedencia. Criterio jurídico: Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determina que los juzgadores federales deben declarar la improcedencia del juicio y desechar de plano la demanda de amparo indirecto, cuando el acto reclamado consiste en la determinación del Ministerio Público que niega reducir la pena mínima para el delito de que se trate, durante la tramitación del procedimiento especial abreviado, como forma de terminación anticipada del procedimiento penal, en términos de los artículos 201 y 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Justificación: De conformidad con las reglas contenidas en la Ley de Amparo, los órganos de control constitucional se encuentran obligados a examinar integral y exhaustivamente la demanda de amparo y, entre otras alternativas, si fuese el caso de la existencia de una causa manifiesta e indudable de improcedencia, desecharla de plano. Con base en ello, tratándose del acto reclamado mencionado, se actualiza la causa manifiesta e indudable de improcedencia prevista por los artículos 61, fracción XXIII en relación con el diverso 5o., fracción II (interpretado a contrario sensu) ambos de la Ley de la materia, al no tratarse de un genuino acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, puesto que el numeral 105, fracción V, último párrafo, del mencionado código procesal, reconoce al Ministerio Público como sujeto del procedimiento penal acusatorio y oral, consecuentemente le otorga la calidad de parte en todos los procedimientos previstos en el mencionado cuerpo normativo." Asimismo, sustenta lo argumentado en párrafos precedentes, la jurisprudencia 1a./J. 45/2022 (11a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "PROCEDIMIENTO ABREVIADO. LOS ARTÍCULOS 201, FRACCIÓN I, 202, PÁRRAFO PRIMERO, Y 205, PÁRRAFO PRIMERO, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES QUE ESTABLECEN QUE SÓLO EL MINISTERIO PÚBLICO PUEDE SOLICITARLO, NO TRANSGREDEN EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA EN SU VERTIENTE RESTAURATIVA. Hechos: Una Jueza de Control consideró improcedente la apertura del procedimiento abreviado solicitada por la defensa de un imputado, porque los artículos 201, 202 y 205 del Código Nacional de Procedimientos Penales establecen que debe pedirlo el Ministerio Público. Posteriormente, un Juez de Distrito sobreseyó en el juicio de amparo indirecto en el que se cuestionó la constitucionalidad de dichos preceptos, pero el Tribunal Colegiado de Circuito que conoció del recurso de revisión respectivo levantó el sobreseimiento y ordenó remitir los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que resolviera los temas relativos a su competencia originaria. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que los artículos 201, fracción I, 202, párrafo primero, y 205, párrafo primero, del Código Nacional de Procedimientos Penales, al establecer que corresponde únicamente al Ministerio Público solicitar el procedimiento abreviado, no transgreden el derecho de acceso a la justicia en su vertiente restaurativa. Justificación: La interpretación sistemática de los artículos 17, párrafo quinto, y 20, apartado A, fracción VII, constitucionales, revela que el procedimiento abreviado tiene una doble función en el sistema penal acusatorio y oral: instrumental y de garantía. Su función instrumental consiste en despresurizar las altas cargas de trabajo de los órganos jurisdiccionales; mientras que su función de garantía obedece a que se erige como un mecanismo de acceso a la justicia restaurativa. Esta circunstancia denota que el procedimiento abreviado no es un derecho en sí mismo, sino una institución procesal diseñada para hacer más eficiente el sistema y materializar la justicia restaurativa, por lo que el derecho que subyace es el de acceso a la justicia en su vertiente restaurativa, el que se verá afectado en la medida en que se impida u obstaculice injustificadamente acudir al mismo. Así, la circunstancia de que en los artículos 201, fracción I, 202, párrafo primero, y 205, párrafo primero, del Código Nacional de Procedimientos Penales, se faculte únicamente al Ministerio Público para solicitarlo al Juez de Control, no obstaculiza ni impide el acceso a una justicia restaurativa, pues lo relevante en el procedimiento abreviado no es la función del Juez de Control -que consiste en verificar que se cumplan las características que le dan validez-, sino el acuerdo al que lleguen las partes respecto a la reparación del daño y la reducción de la pena a imponer -el cual no corresponde modular al Juez de Control-, por lo que tal solicitud se reduce a una simple notificación de que se alcanzó un acuerdo, de lo que se sigue que resulta irrelevante quién la formule para efectos de ejercer el derecho de acceso a una justicia restaurativa. Lo realmente trascendente es que exista un panorama que permita el acercamiento de las partes a fin de que puedan llegar a un acuerdo, el que se encuentra salvaguardado por los artículos 117, fracción X, y 131, fracción XVIII, del Código Nacional de Procedimientos Penales, en tanto establecen que ambas partes, defensa y acusador, deben estar dispuestos a negociar la posibilidad de acudir al procedimiento abreviado. Además, el hecho de que se establezca que corresponde al Ministerio Público solicitarlo, lejos de obstaculizar el acceso al mismo, lo agiliza, en tanto que permite que en la solicitud respectiva se fijen las bases necesarias para verificar la aceptación informada por parte del implicado respecto a resolver el conflicto de esa manera y sus consecuencias, esto es, la acusación, los datos de prueba que la sustentan, las penas y el monto de la reparación del daño." Por todo lo anterior, este operador jurídico arriba a la conclusión de que el presente juicio de amparo es improcedente respecto de la omisión reclamada a la representación social. Por otra parte, también es improcedente el presente juicio de amparo respecto de la omisión reclamada al fiscal señalado como responsable porque conforme al artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal, en concordancia con el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, el juicio de protección de derechos únicamente puede promoverse por la parte a la que le afecte, el acto, omisión o ley que se reclama. En esas circunstancias, la omisión reclamada por el quejoso al fiscal señalado como responsable no afecta su interés jurídico porque en términos de los numerales 20, apartado A, fracción VII, de la Constitución General de la República y 201 y 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales1 , se desprende que la facultad para solicitar la apertura del procedimiento especial abreviado es prerrogativa del Ministerio Público y no tutela derecho alguno a favor del imputado que pueda ser restituido mediante el juicio de amparo. Por consiguiente, es innegable que el aquí quejoso no cumple con el presupuesto procesal de estudio preferente para acceder al proceso constitucional autónomo, relativo al interés jurídico y, por tanto, respecto de la omisión reclamada también se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con el diverso 5o., fracción I, ambos de la ley de la materia. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis I.10o.P.32 P () consultable a página 2096 del Libro 65, Abril de 2019, Tomo III, página 2096, Materias: Común, Penal, Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro digital 2019669, con el epígrafe: "PROCEDIMIENTO ABREVIADO. EL IMPUTADO CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA RECLAMAR EN AMPARO INDIRECTO LA DETERMINACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO QUE DECIDE SI PROCEDE EFECTUAR LA SOLICITUD DE APERTURA". Sin que en el caso, conforme a los razonamientos precisados en párrafos anteriores resulte aplicable al caso la jurisprudencia 1aJ 67/2022 (11a.) intitulada: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EL MINISTERIO PÚBLICO TIENE ESE CARÁCTER CUANDO SE IMPUGNAN ACTOS U OMISIONES OCURRIDAS DURANTE LA INVESTIGACIÓN COMPEMENTARIA", porque la omisión reclamada por el quejoso no se encuentra dentro del supuesto de que habla dicha jurisprudencia Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que realicen las anotaciones correspondientes al desechamiento previo. Domicilio procesal. De conformidad con el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el señalado en la "oficina del Instituto de la Defensoría Pública que se ubica en Casa de Justicia de Puebla". Autorización para toma de fotografías. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías de las actuaciones que obren en el expediente, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Medios de contacto. Se toma conocimiento del número de teléfono proporcionado por la ocursante para establecer comunicación, el cual será considerado como medio de contacto, en caso de ser necesario. Acceso a la información y protección de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Notifíquese; de forma personal a la parte quejosa y cúmplase

  3. Principal

    SE DEJÓ AVISO DE NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA, POR LO TANTO, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA JUICIO DE AMPARO 795/2023-V.. Puebla, Puebla, dos de agosto de dos mil veintitrés. Radicación de la demanda. Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales que presentó +++++, quien se ostenta como ++++++, contra actos del Agente del Ministerio Público ++++++ adscrito a la fiscalía especializada en investigación de delitos de género contra las mujeres. En consecuencia, se ordena formar el expediente de tutela constitucional, registrarlo en el libro de gobierno con el número correspondiente, y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Tramitación electrónica del juicio de amparo. Se hace saber a las partes que, de conformidad con los artículos 3 y 22, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente, como los acuerdos emitidos por este órgano jurisdiccional, constarán únicamente en el expediente electrónico, pues una vez que son ingresados mediante el uso de la firma electrónica, producen los mismos efectos que los físicos. Toda vez que el expediente físico únicamente servirá de soporte documental para constancia de la recepción de promociones y diligencias que se hayan recibido o desahogado de esa manera, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se exhorta a las partes para que, transiten hacia la actuación del juicio desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación -donde podrán consultar íntegramente el expediente electrónico y presentar las promociones mediante el empleo de su firma electrónica-. Desechamiento El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone que, ante todo, debe examinarse el escrito de demanda y si se encontrara motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se desechará de plano. Ahora, de la lectura integral de la demanda de protección de derechos, se advierte que se señalan como actos reclamados: La omisión del Agente del Ministerio Público Raúl Maldonado Zurita, adscrito a la Fiscalía Especializada en investigación de delitos de género contra las mujeres, de pronunciarse respecto a la solicitud de procedimiento abreviado hecha el veintisiete de abril de dos mil veintidós, dentro de los autos de la causa penal +++++++ y su acumulada +++++++ y 1+++++++ Improcedencia del juicio de amparo respecto de la omisión reclamada al agente del Ministerio Público señalado como responsable. De lo antes expuesto, se advierte claramente que, respecto del acto que se reclama, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5, fracción II, de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. [.]" De la interpretación sistemática de los preceptos transcritos, se advierte que el juicio de amparo únicamente es procedente contra actos de autoridad que vulneren derechos humanos y sus garantías fundamentales. Entendiéndose por autoridad para efectos del juicio de amparo, el ente del Estado, de hecho o de derecho que en una relación jurídica de subordinación emite actos a través de los cuales impone su voluntad en forma directa y unilateral, por los que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica de los gobernados, sin requerir acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Para los efectos de la Ley de Amparo, los particulares también pueden tener la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos de otros particulares en forma unilateral y obligatoria, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Ciertamente, sobre este tópico, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que las notas distintivas de los actos de autoridad en relación con los gobernados, son: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y d) Que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. También puede observarse que no siempre los entes que conforman directamente la administración pública serán autoridad para los efectos del amparo, ya que para determinar la calidad de autoridad responsable es indispensable analizar: 1. Las características particulares de aquel a quien se le imputa el acto reclamado; y, 2. La naturaleza de éste. Bajo tal contexto, no toda omisión de atender una petición del gobernado, aun presentada formalmente ante una autoridad administrativa, puede ser considerada como acto omisivo de autoridad para los efectos del juicio de amparo, porque los titulares de organismos públicos realizan cotidianamente acciones que pueden afectar a un particular, sin generar necesariamente una relación de supra a subordinación. En ese sentido, debe señalarse que el Estado tiene una doble personalidad; la primera, como ente de derecho y, la segunda, como persona moral sujeto de derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares. En el caso, el peticionario de amparo reclama la omisión del Ministerio Público señalado como autoridad responsable, consistente en el retardo en contestar la solicitud de procedimiento abreviado hecha el veintisiete de abril de dos mil veintidós, dentro de los autos de la causa penal +++++++. En ese sentido, resulta necesario indicar que, de conformidad con el artículo 105 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los sujetos del procedimiento que tendrán la calidad de parte en los procedimientos previstos en el mencionado código, son el imputado y su defensor, el Ministerio Público, la víctima u ofendido y su asesor jurídico. Por otro lado, el artículo 20, Apartado A, fracción VII, Constitucional, en relación con el diverso 185 del aludido ordenamiento procesal, establecen como forma de terminación anticipada del proceso, el procedimiento abreviado, el cual, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 201 y 202 del aludido cuerpo legal, será autorizado por el juez de control previa solicitud del Ministerio Público, la cual deberá formularse después de que se dicte el auto de vinculación a proceso y hasta antes de la emisión del auto de apertura a juicio oral. Así, el procedimiento abreviado se puede solicitar después de que se dicte el auto de vinculación a proceso y hasta antes de la emisión del auto de apertura a juicio oral, no obstante, esa facultad se encuentra reservada al Ministerio Público. De ahí que, si dicha facultad reservada al órgano acusador debe observarse después de que se dicte el auto de vinculación a proceso y hasta antes de la emisión del auto de apertura a juicio oral, etapas en las cuales tiene la calidad de parte; es inconcuso que, en términos del diverso numeral 5, fracción II, de la Ley de Amparo, no puede tener la calidad de autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo, pues no existe una relación de supra-subordinación. Por tanto, el presente juicio de amparo resulta improcedente respecto de lo reclamado al Agente del Ministerio Público responsable, toda vez que el acto reclamado a él no constituye un acto de autoridad. Estimar lo contrario implicaría considerar que el Ministerio Público tiene obligación de pedir al juez en los procesos penales en los que es parte, y en los casos que se lo solicite el imputado, la apertura del procedimiento abreviado, aun contra su propia opinión, a pesar de que dicha facultad deviene de su calidad de parte dentro del proceso penal, y no de una obligación impuesta como autoridad, en términos de lo dispuesto por el artículo 20, Apartado A, fracción VII, Constitucional, en armonía con los diversos 183, 201 y 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía jurídica, la Jurisprudencia 1a. 34/2020 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación -de carácter obligatorio para este juzgado federal, en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo-, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA DE MANERA MANIFESTA E INDUDABLE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA POR EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 5, FRACCIÓN II (INTERPRETADO A CONTRARIO SENSU) AMBOS DE LA LEY DE LA MATERIA, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA NEGATIVA DE LOS AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO, DE REDUCIR LA PENA PREVISTA PARA EL DELITO DE QUE SE TRATE DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL ABREVIADO. Hechos: El Pleno de Circuito y el Tribunal Colegiado contendientes, arribaron a criterios distintos en relación a si la demanda de amparo en la que se reclama la negativa del Ministerio Público de reducir la pena mínima prevista para el delito de que se trata, durante la tramitación del procedimiento especial abreviado, debe desecharse de plano por actualizarse una causa manifiesta e indudable de improcedencia. Criterio jurídico: Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determina que los juzgadores federales deben declarar la improcedencia del juicio y desechar de plano la demanda de amparo indirecto, cuando el acto reclamado consiste en la determinación del Ministerio Público que niega reducir la pena mínima para el delito de que se trate, durante la tramitación del procedimiento especial abreviado, como forma de terminación anticipada del procedimiento penal, en términos de los artículos 201 y 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Justificación: De conformidad con las reglas contenidas en la Ley de Amparo, los órganos de control constitucional se encuentran obligados a examinar integral y exhaustivamente la demanda de amparo y, entre otras alternativas, si fuese el caso de la existencia de una causa manifiesta e indudable de improcedencia, desecharla de plano. Con base en ello, tratándose del acto reclamado mencionado, se actualiza la causa manifiesta e indudable de improcedencia prevista por los artículos 61, fracción XXIII en relación con el diverso 5o., fracción II (interpretado a contrario sensu) ambos de la Ley de la materia, al no tratarse de un genuino acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, puesto que el numeral 105, fracción V, último párrafo, del mencionado código procesal, reconoce al Ministerio Público como sujeto del procedimiento penal acusatorio y oral, consecuentemente le otorga la calidad de parte en todos los procedimientos previstos en el mencionado cuerpo normativo." Asimismo, sustenta lo argumentado en párrafos precedentes, la jurisprudencia 1a./J. 45/2022 (11a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "PROCEDIMIENTO ABREVIADO. LOS ARTÍCULOS 201, FRACCIÓN I, 202, PÁRRAFO PRIMERO, Y 205, PÁRRAFO PRIMERO, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES QUE ESTABLECEN QUE SÓLO EL MINISTERIO PÚBLICO PUEDE SOLICITARLO, NO TRANSGREDEN EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA EN SU VERTIENTE RESTAURATIVA. Hechos: Una Jueza de Control consideró improcedente la apertura del procedimiento abreviado solicitada por la defensa de un imputado, porque los artículos 201, 202 y 205 del Código Nacional de Procedimientos Penales establecen que debe pedirlo el Ministerio Público. Posteriormente, un Juez de Distrito sobreseyó en el juicio de amparo indirecto en el que se cuestionó la constitucionalidad de dichos preceptos, pero el Tribunal Colegiado de Circuito que conoció del recurso de revisión respectivo levantó el sobreseimiento y ordenó remitir los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que resolviera los temas relativos a su competencia originaria. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que los artículos 201, fracción I, 202, párrafo primero, y 205, párrafo primero, del Código Nacional de Procedimientos Penales, al establecer que corresponde únicamente al Ministerio Público solicitar el procedimiento abreviado, no transgreden el derecho de acceso a la justicia en su vertiente restaurativa. Justificación: La interpretación sistemática de los artículos 17, párrafo quinto, y 20, apartado A, fracción VII, constitucionales, revela que el procedimiento abreviado tiene una doble función en el sistema penal acusatorio y oral: instrumental y de garantía. Su función instrumental consiste en despresurizar las altas cargas de trabajo de los órganos jurisdiccionales; mientras que su función de garantía obedece a que se erige como un mecanismo de acceso a la justicia restaurativa. Esta circunstancia denota que el procedimiento abreviado no es un derecho en sí mismo, sino una institución procesal diseñada para hacer más eficiente el sistema y materializar la justicia restaurativa, por lo que el derecho que subyace es el de acceso a la justicia en su vertiente restaurativa, el que se verá afectado en la medida en que se impida u obstaculice injustificadamente acudir al mismo. Así, la circunstancia de que en los artículos 201, fracción I, 202, párrafo primero, y 205, párrafo primero, del Código Nacional de Procedimientos Penales, se faculte únicamente al Ministerio Público para solicitarlo al Juez de Control, no obstaculiza ni impide el acceso a una justicia restaurativa, pues lo relevante en el procedimiento abreviado no es la función del Juez de Control -que consiste en verificar que se cumplan las características que le dan validez-, sino el acuerdo al que lleguen las partes respecto a la reparación del daño y la reducción de la pena a imponer -el cual no corresponde modular al Juez de Control-, por lo que tal solicitud se reduce a una simple notificación de que se alcanzó un acuerdo, de lo que se sigue que resulta irrelevante quién la formule para efectos de ejercer el derecho de acceso a una justicia restaurativa. Lo realmente trascendente es que exista un panorama que permita el acercamiento de las partes a fin de que puedan llegar a un acuerdo, el que se encuentra salvaguardado por los artículos 117, fracción X, y 131, fracción XVIII, del Código Nacional de Procedimientos Penales, en tanto establecen que ambas partes, defensa y acusador, deben estar dispuestos a negociar la posibilidad de acudir al procedimiento abreviado. Además, el hecho de que se establezca que corresponde al Ministerio Público solicitarlo, lejos de obstaculizar el acceso al mismo, lo agiliza, en tanto que permite que en la solicitud respectiva se fijen las bases necesarias para verificar la aceptación informada por parte del implicado respecto a resolver el conflicto de esa manera y sus consecuencias, esto es, la acusación, los datos de prueba que la sustentan, las penas y el monto de la reparación del daño." Por todo lo anterior, este operador jurídico arriba a la conclusión de que el presente juicio de amparo es improcedente respecto de la omisión reclamada a la representación social. Por otra parte, también es improcedente el presente juicio de amparo respecto de la omisión reclamada al fiscal señalado como responsable porque conforme al artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal, en concordancia con el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, el juicio de protección de derechos únicamente puede promoverse por la parte a la que le afecte, el acto, omisión o ley que se reclama. En esas circunstancias, la omisión reclamada por el quejoso al fiscal señalado como responsable no afecta su interés jurídico porque en términos de los numerales 20, apartado A, fracción VII, de la Constitución General de la República y 201 y 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales1 , se desprende que la facultad para solicitar la apertura del procedimiento especial abreviado es prerrogativa del Ministerio Público y no tutela derecho alguno a favor del imputado que pueda ser restituido mediante el juicio de amparo. Por consiguiente, es innegable que el aquí quejoso no cumple con el presupuesto procesal de estudio preferente para acceder al proceso constitucional autónomo, relativo al interés jurídico y, por tanto, respecto de la omisión reclamada también se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con el diverso 5o., fracción I, ambos de la ley de la materia. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis I.10o.P.32 P () consultable a página 2096 del Libro 65, Abril de 2019, Tomo III, página 2096, Materias: Común, Penal, Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro digital 2019669, con el epígrafe: "PROCEDIMIENTO ABREVIADO. EL IMPUTADO CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA RECLAMAR EN AMPARO INDIRECTO LA DETERMINACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO QUE DECIDE SI PROCEDE EFECTUAR LA SOLICITUD DE APERTURA". Sin que en el caso, conforme a los razonamientos precisados en párrafos anteriores resulte aplicable al caso la jurisprudencia 1aJ 67/2022 (11a.) intitulada: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EL MINISTERIO PÚBLICO TIENE ESE CARÁCTER CUANDO SE IMPUGNAN ACTOS U OMISIONES OCURRIDAS DURANTE LA INVESTIGACIÓN COMPEMENTARIA", porque la omisión reclamada por el quejoso no se encuentra dentro del supuesto de que habla dicha jurisprudencia Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que realicen las anotaciones correspondientes al desechamiento previo. Domicilio procesal. De conformidad con el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el señalado en la "oficina del Instituto de la Defensoría Pública que se ubica en Casa de Justicia de Puebla". Autorización para toma de fotografías. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías de las actuaciones que obren en el expediente, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Medios de contacto. Se toma conocimiento del número de teléfono proporcionado por la ocursante para establecer comunicación, el cual será considerado como medio de contacto, en caso de ser necesario. Acceso a la información y protección de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Notifíquese; de forma personal a la parte quejosa y cúmplase

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