Iván Lucero Román
Expediente 28/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 28/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 09/02/2021
Partes del expediente
- Iván Lucero Román
Actuaciones
- Principal
Ensenada, Baja California, nueve de febrero de dos mil veintiuno. Visto el contenido de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que a la fecha transcurrió el plazo legal de cinco días hábiles, que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte promovente interpusiera recurso de queja en contra del proveído de veintiséis de enero del año en curso, mediante el cual se desechó la demanda de amparo promovida por Iván Lucero Román, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto. En consecuencia, se declara que dicho proveído ha causado estado, háganse las anotaciones en el libro de juzgado que corresponda y archívese el presente expediente como asunto concluido. En términos del artículos Vigésimo Primero inciso d), del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de febrero de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá seguirse los lineamientos establecidos en los artículos Vigésimo Segundo y Vigésimo Tercero del propio acuerdo. Por último, se ordena marcar en la carátula de este expediente la leyenda "destruible" que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo Vigésimo Primero del Acuerdo mencionado. Notifíquese.
- Principal
Ensenada, Baja California, veintiséis de enero de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y la demanda de amparo que se promueve a nombre de Iván Lucero Román, por su propio derecho; contra actos del Fiscalía General del estado de Baja California, con sede en esta ciudad, y otras autoridades; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno con el número 28/2021-IV. Ahora, en el caso conviene establecer que para la admisión o no de una demanda de amparo, el juez debe analizar si ésta cumple con los requisitos de procedencia previstos en la ley de la materia, ya que de no ser así lo procedente es aplicar el artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone: "[.] El Juez de distrito examinará, ante todo, el escrito de demanda; y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado [.]". En el caso, es indudable y manifiesta la improcedencia del juicio de amparo que promueve presuntamente Iván Lucero Román, en atención a las siguientes consideraciones: Como se desprende de la certificación de cuenta, dicha demanda de derechos fundamentales, fue presentada a través del sistema electrónico, sin firma electrónica, ni evidencia criptográfica del directo quejoso Iván Lucero Román. Ahora, tal y como quedó apuntado, el escrito de demanda no contiene firma electrónica de quien se dice la promueve y tampoco contiene evidencia criptográfica relativa a la firma de éste, elemento formal e indispensable del que no debe existir duda alguna, ya que es mediante el cual se expresa la voluntad de quien promueve; por lo que al no existir tal certeza, no se cumple con lo dispuesto en los párrafos quinto y séptimo del artículo 3° de la Ley de Amparo, ni se reúne el requisito que al efecto prevé el artículo 6° de la citada ley, el cual establece que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I, del artículo 5°, del referido ordenamiento legal. En ese sentido, al no expresarse la voluntad de persona determinada a través de la firma electrónica, que es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, acorde a lo dispuesto por el párrafo quinto del artículo 3° de la Ley de Amparo (la que produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa), es por lo cual se afirma que la acción constitucional no se ha ejercido, razón por la cual se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XVIII del artículo 61, en relación con los artículos 3° y 6° de la ley de Amparo. No pasa inadvertido que obra intervención del personal de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito para verificar la recepción de asuntos, cuando se reciben vía electrónica; y que de la papeleta de turno de demanda de amparo, en el rubro denominado "firma", obra la palabra "si"; toda vez que la firma y evidencia criptográfica que contiene, es perteneciente a una persona moral de nombre Auto Transporte Imperiales Baja California, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, diversa a la del quejoso Iván Lucero Román, máxime que éste, comparece por su propio derecho; por lo que, si la demanda carece de la firma del peticionario de amparo, no se materializa la voluntad del directamente agraviado y por tanto, debe desecharse de plano la demanda de que se trata. Sin que en el caso se actualice el supuesto de excepción previsto en el último párrafo del numeral 3° de la Ley de Amparo y en el artículo 65 del Acuerdo General 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, dado que los actos que se señalan como reclamados, no se ubican dentro de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, tampoco encuadran en los supuestos que prevé el artículo 15 de la ley de la materia, en razón que se reclama una orden privativa de libertad que no ha sido materializada, que implique que la presente demanda de amparo pueda ser promovida por diversa persona en su representación. Aunado a que tampoco se advierte de la demanda de amparo, que ésta se promueve en términos del artículo 6° de la Ley de Amparo, es decir, por conducto de su defensor en la causa penal, su apoderado o representante legal. De igual manera, no se actualiza el supuesto previsto en el artículo 11 de la Ley de Amparo, puesto que en la demanda no se asentó que se promovía por conducto de quien tiene reconocida su representación ante la autoridad responsable. En ese contexto, al promoverse por propio derecho, resulta indispensable para la tramitación del juicio que se intenta promover presuntamente por Iván Lucero Román, que el escrito de demanda presentada electrónicamente, cuente con la formalidad consistente en que se plasme la firma electrónica de quien insta el juicio constitucional, pues la misma, denota la voluntad de quien han sido afectado en su interés jurídico, para promover este medio de defensa que se rige por el principio de parte agraviada; por tanto, ya que el escrito de demanda en comento no contiene la firma autógrafa o en su caso, firma electrónica, del directo quejoso Iván Lucero Román, se actualiza en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con los numerales 107 fracción I, constitucional, así como 5 y 6 de la ley de la materia en sentido contrario, pues no existe voluntad para promover el juicio constitucional, requisito indispensable para proveer respecto a su admisión, lo que da lugar a desechar de plano la demanda de que se trata. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia P./J. 8/2019 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 79, del libro 65, tomo I, abril de 2019, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, de registro 2019715, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida. Así, al carecer de firma la demanda de amparo promovida vía electrónica del directo quejoso, no es el caso de acordar las diversas peticiones contenidas en el escrito de demanda, puesto que la ausencia de firma en el mismo, implica que no se tenga por hecha la promoción de que se trata. Tiene aplicación al respecto la tesis, s... En ese contexto, al no haberse proveído respecto de domicilio para oír y recibir notificaciones, así como de autorizados, por carecer de firma la demanda de amparo y por tanto, de voluntad de quien se dice la promueve; notifíquese el presente proveído por lista. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, del precitado ordenamiento, se habilitan días y horas inhábiles para el efecto de que cualesquiera de las actuarias de este juzgado, realicen las notificaciones que se ordenen en el presente asunto. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 118, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dada a conocer en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en vigor a partir del diez siguiente, que abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el citado medio oficial de difusión el dos de abril de dos mil cuatro, dígase a las partes, que esta determinación estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, en términos de los numerales 9 y 118 de la citada ley federal, conforme al procedimiento de acceso a la información pública con supresión de la información confidencial; en el entendido que para dar acceso a la información confidencial, no se requerirá consentimiento del particular titular de la información considerada confidencial, cuando se actualicen los casos de excepción a que alude el artículo 117 de referida norma. A fin de configurar el expediente electrónico conforme a lo previsto en el artículo 13 y demás relativos del Acuerdo General Conjunto número 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica mediante el uso de la firma electrónica, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial Federal, previsto en el artículo 3º de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización de las constancias que integran este juicio de amparo, lo cual deberá ser supervisado por el secretaría del juzgado. Notifíquese.
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