Itzae Febo Pérez Ruiz
Expediente 16/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 8 actuaciones registradas, la última del 10 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 16/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 10/05/2019
Partes del expediente
- Itzae Febo Pérez Ruiz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 26 FRACCION III SE NOTIFICA AL TERCERO INTERESADO JAVIER PEREZ MARQUEZ y A LA PARTE QUEJOSA.Ensenada, Baja California, diez de mayo de dos mil diecinueve. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que a la fecha transcurrió el plazo de tres días hábiles concedido a las partes en proveído de dos de mayo del año en curso, a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera sobre el cumplimiento dado por la autoridad responsable al fallo protector dictado en este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede resolver sobre el cumplimiento al fallo protector con base en los elementos que obran el expediente. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia 26/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Marzo de 2000, página 243, bajo el rubro y texto: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." A fin de efectuar el pronunciamiento respectivo, en principio es pertinente precisar que en veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, se dictó sentencia en los presentes autos, en la cual se concedió el amparo y la protección de la justicia federal a María Teresa Ruiz Vallejo, en representación del menor Itzae Febo Pérez Ruiz, respecto del acto consistente en el auto de diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, en el que se ordena el pago de la pensión de alimentos a favor del menor en esta ciudad, a efecto que la Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar, con sede en esta ciudad realizara lo siguiente: "1. Deje insubsistente el auto de diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho; y 2. Emita uno nuevo, en el que reitere todas aquellas consideraciones que no fueron motivo de la concesión del amparo y adopte las medidas necesarias a efecto de hacer asequible el cobro inmediato de la cantidad que por concepto pensión alimenticia consignó el tercero interesado Javier Pérez Márquez, mediante escrito presentado en seis de septiembre de dos mil dieciocho, a favor del aquí menor quejoso Itzae Febo Pérez Ruiz, de conformidad con lo dispuesto por artículo 926, del Código de Procedimientos Civiles para el estado de Baja California, en los términos pactados en el convenio celebrado en audiencia de cinco de marzo de dos mil dieciocho, elevado a categoría de sentencia ejecutoriada." Luego, ya que no fue recurrida la sentencia de amparo, en auto de veintidós de abril de dos mil diecinueve, causó ejecutoria (fojas 279 a 281). En ese sentido, se requirió a la autoridad responsable, por el cumplimiento del fallo protector, quien remitió el oficio 1701/2019, mediante el cual informó que dejó insubsistente el auto reclamado de dieciséis de septiembre de dos mil dieciocho, dictado en el expediente 1195/2017-B, y determinó que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 926 del Código de Procedimientos Civiles para el estado, a efecto de hacer asequible de inmediato el cobro de la suma que fue consignada por el aquí tercero interesado Javier Pérez Márquez, por concepto de alimentos en favor de la persona menor de edad Itzae Febo Pérez Ruíz por parte de su representante legal, a fin de cubrir su necesidad básica de alimentos giró oficio a la Jefa del Departamento del Fondo Auxiliar del Consejo de la Judicatura del estado, con residencia en Mexicali, Baja California, para que realizara la transferencia del recibo de ingresos número 1516799, expedido por el Tribunal Superior de Justicia del estado, mismo que fue adquirido por el referido tercero interesado Javier Pérez Márquez, valioso por la cantidad de mil doscientos cincuenta pesos moneda nacional, por concepto de pensión alimenticia en favor del menor Itzae Febo Pérez Ruíz, por conducto de su madre María Teresa Ruíz Vallejo, directamente a la cuenta Banamex saldazo 4766840753975692. Así también, adjuntó copia certificada del oficio 0125/2019-P, dirigido a la Jefa del Departamento del Fondo Auxiliar del Consejo de la Judicatura del estado, en el que ordenó la transferencia del recibo de ingresos número 1516799, valioso por mil doscientos cincuenta pesos moneda nacional, que por concepto pensión alimenticia consignó el tercero interesado Javier Pérez Márquez, a favor del aquí menor quejoso Itzae Febo Pérez Ruiz, directamente a la cuenta "Banamex saldazo 4766840753975692"; ello, para que María Teresa Ruiz Vallejo (madre del menor quejoso), estuviera en aptitud de realizar el cobro de dicha suma en favor de su menor hijo. Probanzas las anteriores, a las que se les confiere valor probatorio pleno al tenor de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa en su numeral 2. En las relatadas condiciones, se determina que la autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar con sede en esta ciudad, ha dado cumplimiento a la sentencia de amparo, ya que acreditó haber dejado insubsistente el proveído de diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, dictado en el expediente 1195/2017-B, relativo al juicio de controversias del orden familiar, promovido por Javier Pérez Márquez contra María Teresa Ruíz Vallejo y en su lugar, el veintinueve de abril de dos mil diecinueve, dictó otro en el que que ordenó la transferencia del recibo de ingresos número 1516799, valioso por mil doscientos cincuenta pesos moneda nacional, que por concepto pensión alimenticia consignó el tercero interesado Javier Pérez Márquez, a favor del aquí menor quejoso Itzae Febo Pérez Ruiz, directamente a la cuenta "Banamex saldazo 4766840753975692"; ello, para que María Teresa Ruiz Vallejo (madre del quejoso), estuviera en aptitud de realizar el cobro de dicha suma en favor de su menor hijo. En consecuencia, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la sentencia de amparo, pues se restituyó a la parte quejosa en el goce de su derecho vulnerado, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. Atento a los razonamientos expuestos con anterioridad y al estimarse cumplido el fallo protector por parte de la autoridad responsable, se ordena el archivo definitivo de este expediente, conforme lo dispone el penúltimo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 214 de la citada legislación y que se hagan las anotaciones de rigor en el libro de juzgado respectivo. Por otra parte, atento al contenido de la certificación secretarial de cuenta y siguiendo los lineamientos establecidos en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, quien suscribe considera que dada su naturaleza y sentido del fallo, este expediente no cuenta con relevancia documental; por lo cual es susceptible de depuración, ya que encuadra dentro de la hipótesis que establece el punto vigésimo primero fracción IV del citado acuerdo. En consecuencia, una vez que transcurra el plazo de tres años contados a partir de la notificación de este proveído, transfiérase el expediente al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de conformidad con el punto Decimotercero del acuerdo en comento, lugar en el que se deberán retirar las demás actuaciones del expediente para su destrucción y conservar únicamente la demanda y sentencia. De igual manera se ordena estampar en la carátula de este expediente el sello con la leyenda "depurable" que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto mencionado. Lo anterior hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
Ensenada, Baja California, siete de mayo de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda el oficio que remite la juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar, con sede en esta ciudad, mediante el cual, adjunta el diverso oficio FA-588/2019, de uno de mayo de dos mil diecinueve, del que se advierte que la Jefa del Departamento del Fondo Auxiliar del Consejo de la Judicatura del estado, cumplió con el proveído dictado por la juez responsable el treinta de abril del año en curso. Sin que sea el caso dar vista con su contenido, toda vez que de la certificación de cuenta, se advierte que en proveído de dos de mayo de dos mil diecinueve, se tuvo por recibido el oficio 1701/2019, signado por la juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar en esta ciudad, mediante el cual informó sobre el cumplimiento al fallo protector dictado en el presente asunto; y se dio vista a las partes por el término de tres días hábiles, para que manifestaran lo que en derecho conviniera, el cual a la fecha aún transcurre.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 26 FRACCION III SE NOTIFICA AL TERCERO INTERESADO JAVIER PEREZ MARQUEZ y A LA PARTE QUEJOSA. El dos de mayo de dos mil diecinueve, doy cuenta al juez, con el oficio que remite la Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar, con sede en esta ciudad, con registro 3882. Conste.Ensenada, Baja California, dos de mayo de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio que remite la Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que ha dado cumplimiento total al fallo protector dictado en el presente asunto; y al efecto remite copia certificada del proveído de veintinueve de abril del año en curso; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por el término de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, para que manifiesten lo que en derecho convenga, transcurrido dicho término con manifestación o sin ella, tráiganse los autos a la vista para dictar lo procedente en relación con el cumplimiento dado al fallo protector por parte de la autoridad responsable. Notifíquese personalmente. (Se deja a su disposición constancias que remite la Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar así como proveído de veintinueve de abril de actual en el que dejo insubsistente auto de diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho y dictó otro siguiendo los lineamientos del fallo protector concedido)
- Principal
Ensenada, Baja California, veintidós de abril de dos mil diecinueve. Vista, la certificación secretarial de cuenta de la que se advierte que a la fecha no se interpuso recurso de revisión y todas las partes fueron notificadas de la sentencia que por una parte sobreseyó en el juicio y por otra concedió el amparo y protección de la justicia federal, a la parte quejosa. Por tanto, con fundamento en los artículos 2º, 86, 192 y 193 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria, para los efectos legales procedentes. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase al Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar, con sede en Ensenada, para que dentro del plazo de tres días hábiles, contado a partir de que quede notificada del presente acuerdo, cumpla con el fallo protector concedido a la parte quejosa debiendo dentro del propio lapso informar a este órgano de control constitucional sobre las medidas decretadas en relación al cumplimiento dado a la ejecutoria en comento, para lo cual deberá remitir las constancias certificadas relativas por duplicado a efecto de correrle traslado con una de ellas a la parte quejosa, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, equivalente a la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil diecinueve en el Diario Oficial de la Federación; asimismo, conforme al artículo 192 de la propia ley, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito, para la tramitación del incidente de inejecución de sentencia, que puede culminar con la separación de sus puestos y su consignación, ante la autoridad judicial correspondiente, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo, así como la jurisprudencia 54/2014, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 19, Libro 12, Tomo I, Noviembre de 2014, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, que dice: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo". Por otra parte, se hace del conocimiento de la autoridad responsable, que el cumplimiento extemporáneo injustificado no la exime de responsabilidad, en términos del artículo 195 de la Ley de Amparo, así como de la jurisprudencia 56/2014, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 13, Libro 12, Tomo I, Noviembre de 2014, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, que dice: "CUMPLIMIENTO EXTEMPORÁNEO DE LA SENTENCIA DE AMPARO. La Ley de Amparo es clara al determinar en su artículo 195, que si el cumplimiento extemporáneo es injustificado, ello no exime de responsabilidad a las autoridades, lo que constituye uno de los cambios fundamentales entre el sistema de ejecución anterior y el previsto en la nueva ley. En el nuevo régimen de cumplimiento de las sentencias de amparo se prevé, de manera expresa, la asignación de sanciones por el cumplimiento extemporáneo si éste es injustificado. Ante ello, en un primer escenario, podría acontecer que la autoridad sea omisa respecto del cumplimiento de la sentencia de amparo, lo que conduciría, de manera automática, a la imposición de la sanción pecuniaria, y en caso de que aun impuesta la multa no se acredite el cumplimiento, ello dará lugar a continuar con el procedimiento de ejecución que, eventualmente, podría conducir -en su caso- a la separación del cargo y posterior consignación ante el Juez penal, ya que en ese supuesto la autoridad jurisdiccional de amparo no tendrá elementos que valorar, al ser omisos la autoridad y, en su caso, su superior jerárquico, faltando así al deber de diligencia que tienen sobre el acatamiento del fallo constitucional. En este primer escenario, resulta de especial relevancia que el juzgador de amparo requiera el cumplimiento del fallo protector con la precisión necesaria en cuanto a las autoridades competentes para acatarlo y a los actos que les corresponde realizar, ya que si el debido acatamiento de la sentencia concesoria está sujeto a que diversas autoridades emitan en el ámbito de sus respectivas competencias, diferentes actos cuya emisión jurídicamente constituye una condición indispensable para el dictado de los posteriores, será necesario que en el requerimiento respectivo se vincule a cada una de las autoridades competentes a emitir los actos que legalmente les correspondan; incluso, los apercibimientos respectivos deberán tomar en cuenta esas particularidades. En tal virtud, cuando el cumplimiento del fallo protector implique la emisión de actos de diferentes autoridades que dan lugar al desarrollo de un procedimiento en el cual la falta de emisión de alguno de ellos impide la de los siguientes, antes de imponer una multa de las previstas en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo, deberá identificarse a la autoridad contumaz, es decir a la responsable del incumplimiento, dado que las diversas autoridades que no ejerzan poder de mando sobre ésta, al encontrarse impedidas legalmente para emitir el acto que les corresponde, tendrán una causa justificada para no haber cumplido el fallo protector. Por lo cual, si el juzgador de amparo tiene la duda fundada sobre cuáles son las autoridades que gozan de las atribuciones para realizar los actos necesarios para el cumplimiento del fallo protector, atendiendo a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, en el primer acuerdo que dicte en el procedimiento de ejecución de la sentencia, además de requerir a la autoridad o a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia concesoria, les solicitará que en el plazo de tres días hábiles, se pronuncien fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo. Lo anterior, con la finalidad de que con base en lo manifestado por las referidas autoridades y en el análisis del marco jurídico aplicable determine si es el caso de vincular al cumplimiento de la sentencia a diversas autoridades; pronunciamiento que deberá contener las consideraciones y los fundamentos legales que sirvan de base para vincular a las autoridades respectivas, atendiendo a lo previsto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual contiene un principio aplicable a toda resolución emitida dentro de un juicio de amparo. En este punto, resulta relevante considerar que la autoridad responsable puede acreditar el cumplimiento de manera posterior a que se impuso la multa y que se continuó con el procedimiento de inejecución y se enviaron los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o, en su caso, a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. En estos casos, se deberá analizar si existen elementos para continuar con la tramitación del incidente de inejecución de sentencia que podría culminar con la separación del cargo y, eventualmente, con la consignación ante el Juez penal. Es importante considerar que la intención que subyace a este procedimiento de ejecución no es, de manera preponderante, la asignación de responsabilidades y sanciones a las autoridades que incumplen con la sentencia de amparo, sino el cumplimiento total y, en la medida de lo posible, expedito de las sentencias de amparo." Asimismo, infórmese a las partes que la sentencia estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información, conteniendo el nombre y datos personales a que alude el artículo 3 fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán, sin ser necesario su consentimiento, cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que señalan los artículos 22 y 59, párrafo segundo, ambas de la ley en mención.
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