Iván López Hinojosa y Otros.

Expediente 589/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 6 actuaciones registradas, la última del 8 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
589/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
08/09/2022

Partes del expediente

  • Iván López Hinojosa y Otros.
  • Iván López Hinojosa
  • Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO, OCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación que antecede de la que se advierte, que transcurrió el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo vigente, para interponer recurso de queja contra el auto dictado el veintinueve de agosto del año en curso, por el que se desechó de plano la demanda de amparo, sin que dicho medio de impugnación se haya interpuesto; en tales condiciones, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la resolución de referencia HA CAUSADO ESTADO; en consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y ARCHÍVESE el expediente como asunto total y definitivamente concluido, se hace la indicación que el presente expediente es susceptible de destrucción***

  2. Principal

    CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO, CINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto el oficio de cuenta signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito, con residencia en San Luis Potosí, San Luis Potosí, mediante el cual remite copia certificada del testimonio de la resolución emitida en el C.C.A. ********************, de su índice, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda, pues mediante acuerdo de veintinueve de agosto de dos mil veintidós, el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, remitió copia certificada del juicio de amparo ******************** de su índice, en el que obra el testimonio de la resolución emitida en el citado C.C.A. ********************, y se acordó lo conducente en relación con lo ordenado por la Superioridad. Como lo solicita la superioridad, acúsese recibo.

  3. Principal

    Ciudad de México, veintinueve de agosto de dos mil veintidós Visto el oficio 36789/2022, a través del cual el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con sede en San Luis Potosí, remitió copia certificada del juicio de amparo 787/2022-VII, de su índice, del que se advierte que obra glosada el testimonio de la resolución emitida en el C.C.A. 49/2022, por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito, con residencia en San Luis Potosí, San Luis Potosí, cuyos puntos resolutivos establecen: "PRIMERO. Sí existe conflicto competencial. SEGUNDO. Se declara legalmente competente a la Jueza Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal, con residencia en la Ciudad de México, para conocer de los actos reclamados materia del juicio de amparo indirecto 549/2022 (sic), de su índice, promovido por Carlos Alberto Angelino Barrón, Edwin Daniel Guerra Córdova, Luis Gabriel Jop Corzo, José Othón Ramiro Hernández Lima, José Antonio Contreras Chávez, Enrique Mejía Bello, Enrique Alvarado Saucillo, Eduardo Ampudia Fraustro, Eduardo Flores Castro, Renán Hidalgo Echazarreta e Iván López Hinojosa. TERCERO. Remítanse los autos al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, para que proceda en los términos precisados en la parte final del último considerando de esta resolución." Hágase del conocimiento de las partes el presente proveído. Intégrense a los autos del expediente principal únicamente las actuaciones del cuaderno de antecedentes que obren en original, y a fin de evitar duplicidad de actuaciones, procédase a la inmediata destrucción de las restantes reproducciones. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno; por tanto, en mérito a lo resuelto por la superioridad, se acuerda: Visto de nueva cuenta, el oficio 24814/2022, a través del cual la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con sede en San Luis Potosí, remitió copia certificada del juicio de amparo 787/2022-VII, de su índice, en atención a que en proveído de quince de junio del año en curso, el titular de ese órgano de control constitucional ordenó la separación de actos y declinó competencia a favor del Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta ciudad, en turno, en turno, respecto de los actos consistentes en: Las órdenes de traslado y de reubicación; ataques y actos de coacción contra Carlos Alberto Angelino Barrón por ser defensor y promotor de derechos humanos de la comunidad LGBTI; intimidación; discriminación; restricción de comunicación, contacto y convivencia entre los quejosos como medio de coacción, intimidación y represalias; la inconstitucionalidad del reglamento que usan las autoridades a su discrecionalidad; desacato de órdenes judiciales; omisión de suspender de sus funciones a servidores públicos bajo investigación ministerial, por la comisión de actos constitutivos de delito; encubrimiento de actos constitutivos del delito de tortura; y la omisión de investigar actos constitutivos de delitos cometidos por servidores públicos contra los quejosos; reclamados por Carlos Alberto Angelino Barrón, Edwin Daniel Guerra Córdova, Luis Gabriel Jop Corzo, José Othón Ramiro Hernández Lima, José Antonio Contreras Chávez, Enrique Mejía Bello, Enrique Alvarado Saucillo, Eduardo Ampudia Fraustro, Eduardo Flores Castro, Renan Hidalgo Echazarreta e Iván López Hinojosa. En acatamiento a lo ordenado por la ejecutoria citada, ESTE JUZGADO FEDERAL SE AVOCA AL CONOCIMIENTO DEL ASUNTO. Con apoyo en el último párrafo del artículo 17 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional convalida las actuaciones realizadas por el juzgado aludido. Ahora bien, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 6°, 112 y 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano por su manifiesta e indudable improcedencia respecto de los actos impugnados por lo siguiente: El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y de encontrar causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se actualiza cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo. Lo indudable resulta de la certidumbre que se tenga y plena convicción de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Al caso, es aplicable por su contenido la tesis I.1o.A. J/4, publicada en la página 890, del Tomo VII, mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Ahora bien, el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquéllas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada." Además, en concordancia, el precepto 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Además, el artículo 6° de la Ley de Amparo, precisa: "El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien le afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley.". El precepto constitucional citado en primer término, ha sido interpretado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que al no existir firma en el escrito de demanda, no se evidencia la voluntad del que aparece como promovente, esto es, no hay instancia de parte, según se advierte en la tesis de jurisprudencia publicada con el número 156, páginas 128 y 129 del tomo VI, materia común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, cuyo rubro y texto son: "DEMANDA, FIRMA DE LA, COMO REQUISITO. Si el juicio de amparo debe seguirse a instancia de parte agraviada, como lo dispone expresamente la fracción I del artículo 107 constitucional, no existiendo la firma en el escrito respectivo, no se aprecia la voluntad del que aparece como promovente; es decir, no hay instancia de parte, consecuentemente los actos que se contienen en él no afectan los intereses jurídicos del que aparece como promovente, lo que genera el sobreseimiento del juicio". En la demanda de amparo que se provee no se advierte la firma autógrafa ni electrónica de los quejosos Carlos Alberto Angelino Barrón, Edwin Daniel Guerra Córdova, Luis Gabriel Jop Corzo, José Othón Ramiro Hernández Lima, José Antonio Contreras Chávez, Enrique Mejía Bello, Enrique Alvarado Saucillo, Eduardo Ampudia Fraustro, Eduardo Flores Castro, Renán Hidalgo Echazarreta y Ivan López Hinojosa, conforme a lo establecido en el artículo 3 de la Ley de Amparo, así como los diversos 3 a 6 del Acuerdo General Conjunto número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, tal como se corrobora con la papeleta de turno emitida por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco (Cuenta con firma: NO). Por tanto, es evidente que se actualiza la causa manifiesta e indudable de improcedencia, prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el 6°, del mismo ordenamiento legal, relativo al principio fundamental del juicio de amparo de instancia de parte agraviada, dado que sólo puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame, pudiendo hacerlo por sí, por su representante, por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, por medio de algún pariente o persona extraña en los casos en que esta ley lo permita expresamente, y sólo podrá seguirse por el agraviado, por su representante legal o por su defensor y, en el caso, la demanda de amparo se equipara a un simple papel que no incorpora expresión de voluntad alguna, en virtud de que la firma entraña la manifestación de ésta, lo que obliga a desecharla. Es aplicable al caso, la jurisprudencia P./J. 8/2019 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 79, Libro 65, Abril de 2019, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida". De igual forma es aplicable al caso, la jurisprudencia PC.XVII. J/3 K (11a.), del Pleno del Decimoséptimo Circuito, Undécima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "DEMANDAS, PROMOCIONES Y RECURSOS EN EL JUICIO DE AMPARO. SI SE PRESENTAN EN EL CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL EN FORMA DIGITAL, DEBEN DESECHARSE SI NO CUENTAN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL). Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes resolvieron de manera diferente sobre la procedencia de un recurso presentado a través del correo institucional en forma digital con firma autógrafa digitalizada en formato PDF, pero sin Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), pues para uno de ellos es procedente, porque con motivo de la pandemia por el virus SARS-CoV-2, se ha reconocido tácitamente la presentación de promociones en tales términos y las partes todavía no se encuentran en posibilidad de presentar físicamente -en forma impresa- las promociones y recursos, no obstante que cuentan con la opción del esquema de "juicio en línea", por lo que deben evitarse en lo posible los contagios en aras de salvaguardar la salud, máxime que tales documentos digitalizados pueden objetarse, o bien, cuando se carezca de seguridad respecto a la coincidencia con el documento fuente, el juzgado puede requerir lo conducente; mientras que para el diverso tribunal es improcedente el recurso porque carece del signo que demuestre que es voluntad de su autor interponerlo y, por tanto, debe desecharse.". De igual modo aplicable al caso por su sentido, la tesis publicada en la página 241, tomo I, Segunda Parte-1, materia común, octava época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO, FALTA DE FIRMA EN LA. CONSTITUYE CAUSA NOTORIA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA Y NO IRREGULARIDAD EN EL ESCRITO DE DEMANDA. No puede sostenerse válidamente que la ausencia de firma en la demanda de garantías constituya una irregularidad en el escrito y que por ello sea factible que el juez de Distrito se encuentre facultado para ordenar que la misma se subsane en los términos previstos por el artículo 146 de la Ley de Amparo, supuesto que un escrito presentado en esas condiciones no obliga al órgano de control a realizar acto alguno tendiente a darle curso, en la medida en que, al no encontrarse firmado, debe estimarse como un simple papel que no incorpora expresión de voluntad de ninguna naturaleza. Por consiguiente, en esos casos procede que se deseche de plano la demanda por ser notoria e indudable su improcedencia". Así como también, por su contenido, la tesis consultable en la página 315, tomo X, octubre de 1992, materia común, octava época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. PROCEDE SU DESECHAMIENTO CUANDO CARECE DE FIRMA AUTÓGRAFA. Si un escrito de demanda de amparo carece de la firma autógrafa del quejoso procede su desechamiento, pues sin ella no puede considerarse ejercida la acción constitucional conforme a lo dispuesto en los artículos 4o. y 166 de la Ley de Amparo, por ser la firma una formalidad esencial que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses jurídicos, de promover ese medio de defensa que se rige por el principio de instancia de parte agraviada". De igual forma, por identidad jurídica, la tesis consultable en la página 314, tomo X, octubre de 1992, octava época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "DEMANDA DE AMPARO IMPROCEDENTE POR FALTA DE FIRMA. El juez de Distrito no tiene obligación de ordenar que se subsane la omisión en que incurrió el quejoso, ya que la falta de firma en el escrito de la demanda de amparo, no puede considerarse como una "irregularidad" de la misma, en los términos previstos por el artículo 146 de la Ley de Amparo; puesto que un escrito que carece de firma, debe ser considerado como un simple papel que no incorpora expresión de voluntad alguna y, por tanto, en estos casos procede desechar de plano la demanda por ser notoria e indubitable su improcedencia". En efecto, cuando se presenta una demanda de amparo en el Portal indicado, debe contener la evidencia criptográfica de la firma electrónica, pues al no contener ésta no se aprecia la voluntad de quienes aparecen como promoventes, es decir, no hay instancia de parte y, consecuentemente, el Juez de Distrito está facultado para desecharla de plano. Robustece lo dicho, la jurisprudencia P./J. 32/2018 (10a.), aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tomo: Libro 62, Enero de 2019 Tomo, con registro 2018943, que dice: "DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) DEL AUTORIZADO POR EL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLA DE PLANO AL NO APRECIARSE LA VOLUNTAD DE QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE. La implementación del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y la utilización de la firma electrónica a que hacen referencia el artículo 3o. de la Ley de Amparo, el Acuerdo General Conjunto Número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico y el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, para presentar demandas, recursos, promociones y documentos, recibir comunicaciones, notificaciones oficiales y consultar expedientes, acuerdos, resoluciones y sentencias relacionados con los asuntos de la competencia de los órganos jurisdiccionales a través de los sistemas tecnológicos del Consejo y del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, no implicaron soslayar el principio de 'instancia de parte agraviada' contenido en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvieron como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia, al otorgar validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales como el correo electrónico y la firma electrónica, con los mismos efectos jurídicos que los comunicados oficiales y las firmas autógrafas. En ese sentido, cuando se presenta una demanda de amparo en el Portal indicado, firmada electrónicamente con la FIREL de la persona que el quejoso señala como su autorizado en el escrito de demanda, no puede considerarse una irregularidad de las previstas en el numeral 114 de la Ley de Amparo que dé lugar a requerir o prevenir al quejoso para que comparezca a ratificar el escrito de demanda, pues al no contener su firma electrónica no se aprecia la voluntad de quien aparece como promovente, es decir, no hay instancia de parte y, consecuentemente, el Juez de Distrito está facultado para desecharla de plano". Se afirma lo anterior, en virtud de que, la implementación del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y la utilización de la firma electrónica, no implicaron soslayar el principio de "instancia de parte agraviada", contenido en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6 de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvieron como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia, al otorgar validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales como el correo electrónico y la firma electrónica, con los mismos efectos jurídicos que los comunicados oficiales y las firmas autógrafas. En ese sentido, cuando se presenta una demanda de amparo en el Portal indicado, debe estar firmada electrónicamente con la FIREL de la parte quejosa, por lo que no puede considerarse una irregularidad de las previstas en el numeral 114 de la Ley de Amparo que dé lugar a requerir o prevenir a los quejosos para que comparezcan a ratificar el escrito de demanda, pues al no contener su firma electrónica no se aprecia la voluntad de quienes aparecen como promoventes, es decir, no hay instancia de parte y, consecuentemente, el Juez de Distrito está facultado para desecharla de plano. Asimismo, los actos que pretenden reclamar no se encuentran en alguno de los supuestos establecidos por el artículo 15 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 22 constitucional, pues reclaman: Las órdenes de traslado y de reubicación; ataques y actos de coacción contra Carlos Alberto Angelino Barrón por ser defensor y promotor de derechos humanos de la comunidad LGBTI; restricción de comunicación, contacto y convivencia entre los quejosos como medio de coacción, intimidación y represalias; la inconstitucionalidad del reglamento que usan las autoridades a su discrecionalidad; desacato de órdenes judiciales; omisión de suspender de sus funciones a servidores públicos bajo investigación ministerial, por la comisión de actos constitutivos de delito; encubrimiento de actos constitutivos del delito de tortura; y la omisión de investigar actos constitutivos de delitos cometidos por servidores públicos contra los quejosos; razón por la que resulta necesaria la firma autógrafa o electrónica por parte de los quejosos o representante, dado que no hay elemento alguno que justifique los actos que supuestamente se reclaman de manera genérica en la demanda. Consecuentemente, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 6°, 112 y 113, de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. Además, es un hecho notorio que a la fecha en que se emite este acuerdo, el quejoso Carlos Alberto Angelino Barrón y varios de los presuntos quejosos, han promovido desde el uno de enero de dos mil veinte, más de cuatro mil setecientos setenta y un juicios de amparo indirecto reclamando los mismos actos, lo que implica un ejercicio equivocado de esta garantía constitucional prevista en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues lejos de velar por el respeto y cumplimiento de los derechos fundamentales, está siendo utilizado para impedir la correcta administración y funcionamiento de un centro penitenciario, imposibilitando a las autoridades responsables cumplir con el mandato constitucional, consagrado en el numeral 18 de la Carta Magna, relativo a la operatividad del sistema penitenciario con base en el respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Es aplicable, por su contenido, la jurisprudencia P./J. 16/2018 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, página 10, Registro digital: 2017123, que dice: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE)". Lo anterior no contraviene el principio pro-persona o pro-homine, así como los tratados internacionales en que México es parte, al igual que la legislación internacional y convenciones, dado que dicho principio no implica que los órganos jurisdiccionales dejen de ejercer sus atribuciones y facultades de impartir justicia, menos dejar de observar los diversos principios constitucionales y legales, ya que el cumplimiento del principio de interpretación más favorable a la persona no implica que los órganos jurisdiccionales pasen por alto los requisitos establecidos por la ley y dejen de ejercer sus atribuciones. Es aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que está publicada en la página 772, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de ejercer sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica analizada, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función." Robustece lo dicho, la ejecutoría de la contradicción de tesis 100/2021, en que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que durante la contingencia sanitaria ocasionada por el virus SARS-COV2 (COVID-19), no se advirtió razón suficiente para que en este periodo se dispensara la firma electrónica para presentar la demanda de amparo a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, como una excepción temporal al principio de instancia de parte agraviada, pues no era la única vía al alcance del justiciable para acudir al amparo, ya que la forma impresa también se garantizó para promover demandas. En este sentido, señaló que, si bien durante la contingencia sanitaria se limitó la posibilidad de que los justiciables acudieran físicamente a realizar los trámites para obtener su FIREL, tal requisito no constituía una carga excesiva o desproporcional que impidiera el acceso a la justicia, ya que siempre estuvieron en aptitud de presentar la demanda electrónicamente o por escrito. Así como, la sentencia de ocho de julio de dos mil veintiuno, dictada en el recurso de queja 91/2021, por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que estableció: "De tal manera que si la parte quejosa presentó la demanda por el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, sin Firma Electrónica, procedía su desechamiento de plano y no su prevención, de conformidad con en el artículo 113 de la Ley de Amparo, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61,7 en relación con el 6º8 de la ley de la materia, máxime que como lo analizó la a quo, no la promovió en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo que prevé los supuestos de excepción para enviar sin Firma Electrónica de los interesados. No se inadvierte que, el Pleno de este tribunal colegiado, por mayoría, ha sostenido que, en casos excepcionales, cuando la parte quejosa se encuentra en alguna condición de vulnerabilidad (por ejemplo, si se trata de personas privadas de la libertad), la falta de firma electrónica por parte del solicitante del amparo, no puede apreciarse de forma estricta, como la ausencia insubsanable de un presupuesto para la tramitación del juicio de amparo, dada la situación especial de difícil acceso a la justicia que ha implicado el estado de emergencia sanitaria que nos aqueja; sin embargo, en el presente asunto, de la lectura de la demanda no se advierte circunstancia especial alguna que justifique la aplicación de dicho criterio mayoritario, porque si bien, el quejoso se encuentra privado de la libertad, la demanda de amparo la promovió por conducto de quien se ostentó como su representante; por lo tanto, sí es exigible al representante contar con la firma electrónica conocida como FIREL, a fin de que la juzgadora de amparo hubiera estado en condiciones de pronunciarse sobre la admisión de la demanda respectiva". De igual forma, la sentencia de dos de septiembre de dos mil veintiuno, dictada en el recurso de queja 115/2021, por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que indicó: "25. En ese orden, en el presente caso, de las constancias que integran el expediente de donde deriva el recurso que se resuelve, se aprecia que la demanda de amparo no contiene la firma electrónica del directo quejoso que revele su voluntad expresa de instar la acción constitucional, ni de quien promueve en su representación; por ende, acorde al criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, procede el desechamiento de plano de la demanda ante la ausencia de ese requisito. 26. Lo anterior, en tanto la falta de firma electrónica advertida no constituye una irregularidad susceptible de subsanarse a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo (instancia de parte agraviada) que no amerita prevención alguna, como sucede ante la ausencia de firma autógrafa de una acción constitucional presentada de forma ordinaria. 27. Además, como se dijo, no se advierte que los actos reclamados en la demanda, se encuentren en alguno de los supuestos a que alude el artículo 15 de la referida legislación de la materia, menos de los prohibidos por el diverso 22 constitucional". Asimismo, la sentencia de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, dictada en el recurso de queja penal 158/2021, por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que aseveró: "No es obstáculo para resolver lo anterior, el hecho de que los quejosos se encuentren privados de la libertad en la Penitenciaría de la Ciudad de México, toda vez que la demanda de amparo se presentó a su nombre, pero por diversa persona, quien incluso se ostentó como su 'promovente legítima'; lo cual, pone de manifiesto que en el presente caso, no se advierten impedimentos de orden material para el trámite, obtención y uso de la firma electrónica correspondiente. Máxime, que la ya citada tesis de jurisprudencia P./J. 8/2019 (10a.), que es de observancia obligatoria en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, no contempla excepciones para la verificación del requisito de la firma electrónica, en la demanda de amparo presentada a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación". También, la sentencia de dos de diciembre de dos mil veintiuno, dictada en el recurso de queja 200/2021, por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que indicó: "Cabe señalar que si bien en el presente, se está viviendo una situación especial por la pandemia generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), y que por ello pueda estimarse complicado el ingreso de los abogados de los quejosos al lugar donde se encuentran internos o que exista dificultad para ello, sin embargo, para la promoción del juicio de amparo en materia penal cuando el acto reclamado emana de un proceso judicial, puede ser promovido por el defensor del quejoso con la simple manifestación que ostente ese cargo, esto es, que no se requiere de la firma autógrafa o electrónica del directamente agraviado, sino que puede suscribir el escrito de demanda su defensor; además, es propio señalar que en la notificación realizada el seis de noviembre de dos mil veintiuno por el actuario adscrito al Juzgado de Amparo, el quejoso plasmó su deseo de interponer el presente recurso signando con su firma autógrafa dicha manifestación, por lo cual no se advierte esa imposibilidad material para la suscripción del documento de amparo. [.] Razón por la cual, si bien es cierto que la exigencia del Juez recurrido de solicitar la firma electrónica del quejoso, como formalidad esencial e insustituible, se debe aplicar de manera estricta en circunstancias ordinarias y en un contexto extraordinario como es el caso, sin embargo, el que no exista por lo menos firma digitalizada hace inviable la admisión de la demanda de amparo, pues la especialidad de la materia penal no es excluyente de este requisito. Recapitulando, la exigencia de la presentación de la firma electrónica en un periodo extraordinario causado por las circunstancias de sanidad ocasionadas por el virus COVID19, con reglas creadas en contexto de normalidad y como única opción posible, puede constituir un obstáculo para el acceso a la tutela jurisdiccional del gobernado; razón por la cual el principio de instancia de parte agraviada excepcionalmente, se cumple con la firma digitalizada del impetrante, pero si el escrito de demanda de amparo carece totalmente de esta firma o huella digital, no resulta satisfecho el principio de parte agraviada que rige la materia de amparo, siendo procedente que se deseche la demanda". De igual manera, la sentencia de quince de diciembre de dos mil veintiuno, dictada en el recurso de queja 193/2021, por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que precisó: "Por lo que, las promociones presentadas carentes de firma o rúbrica alguna no pueden considerarse como representativas de una manifestación auténtica y fidedigna de una voluntad de parte y, por tanto, ante esa carencia de manifestación de voluntad no puede producir el efecto jurídico de tener por hecha una promoción y por plasmada una específica pretensión en un procedimiento jurisdiccional. (.) Asimismo, con independencia de que el peticionario alega que la reubicación del dormitorio 4, zona 3, estancia 3 al área de conductas especiales (módulo 8 y 9), esto pone en peligro su vida, lo cierto es que el acto reclamado es reubicación de dormitorio, el cual no encuadra en algún supuesto del artículo 15, de la Ley de Amparo, ya que se trata de una mera condición de internamiento y respecto del que, debe agotar el procedimiento de la Ley Nacional de Ejecución Penal; por ende, al no contener la firma electrónica, fue correcto que la juez desechara, al optar por el Portal en Línea, repecto del que, forzosamente debió utilizar la FIREL, en razón de que la regla es tajante. NO PASA INADVERTIDO PARA ESTE TRIBUNAL, QUE EL AUTO IMPUGNADO RESULTA INCONGRUENTE, TODA VEZ QUE ANTE LA FALTA DE FIRMA EN LA DEMANDA, NO EXISTE PARTE QUEJOSA, PUES NO HAY QUIÉN HAYA ACUDIDO AL JUICIO, DE AHÍ QUE LA JUEZ NO DEBIÓ RECONOCER A QUEJOSO ALGUNO, NI NOMBRARLE DEFENSOR, ASÍ COMO TAMPOCO ORDENAR UNA NOTIFICACIÓN PERSONAL; LO QUE SE DESTACA PARA QUE SE TOME EN CUENTA EN SITUACIONES SIMILARES". Y la sentencia de seis de enero de dos mil veintidós, dictada en el recurso de queja 204/2021, por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que indicó: "En segundo lugar, en este caso no opera la ratificación de la demanda porque ese es un mecanismo procesal para perfeccionar la acción de amparo que no se activa de forma autónoma y automática ante la falta de firma, sino que depende de que los agraviados estén en los supuestos de imposibilidad que prevé el artículo 15 antes descrito. Por ello, es correcto que si la Juez Noveno de Distrito no advirtió que los actos que se reclaman, en nombre de los ahora recurrentes actualicen la excepción de firma, entonces no le haya dado ese tratamiento en el auto inicial. Finalmente, la contingencia sanitaria ocasionada por el virus de COVID-19 es una razón necesaria pero no suficiente para eximir a los recurrentes de cumplir con las normas que regulan el juicio de amparo. La pandemia es una realidad evidente y única en su especia que ha iblogado al juzgador a analizar los casos concretos desde la perspectiva de que tanto los justiciables como los órganos jurisdiccionales no están en las condiciones ordinarias de trabajo en las que se tramitaría el juicio de amparo. Sin embargo, lo anterior no implica que las normas que lo rigen se invaliden sólo por ese motivo". En consecuencia, la existencia de la pandemia debida al virus COVID19 no puede justificar la falta de firma de la demanda. Así, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 26, fracción III, y 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo practíquense las notificaciones por lista a los quejosos Carlos Alberto Angelino Barrón, Edwin Daniel Guerra Córdova, Luis Gabriel Jop Corzo, José Othón Ramiro Hernández Lima, José Antonio Contreras Chávez, Enrique Mejía Bello, Enrique Alvarado Saucillo, Eduardo Ampudia Fraustro, Eduardo Flores Castro, Renán Hidalgo Echazarreta e Iván López Hinojosa. De igual forma, con apoyo en la determinación de los referidos tribunales colegiados, no se hace mayor pronunciamiento respecto de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO.". Por otra parte, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda, el oficio remitido por la Actuaria Judicial adscrita al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, por el que remitió diligenciado el exhorto 176/2022-AP-H, en el que se hizo del conocimiento a la parte quejosa el acuerdo de veintidós de abril de dos mil veintidós, dictado en el juicio de amparo 472/2022. Con fundamento en los numerales 1, 3, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la resolución que se dicte en este juicio de amparo, constituye información pública y considerando que la misma puede contener información reservada o confidencial, en términos de los artículos 110 y 113 de la citada legislación, se elaborará una versión pública de ella. NOTIFÍQUESE POR LISTA, en atención a lo expuesto por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en el recurso de queja 193/2021.

  4. Principal

    CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO, ONCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado por el Actuario Judicial adscrito al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito, con sede en San Luis Potosí, mediante el cual informa que ese órgano jurisdiccional admitió a trámite el conflicto competencial suscitado entre el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí y este órgano de control constitucional, para conocer del juicio de amparo promovido por Carlos Alberto Angelino Barrón y otros, que registró con el número de conflicto competencial 49/2022, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes.

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