Iván López Hinojosa y Otros.
Expediente 590/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 3 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 590/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 03/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Iván López Hinojosa y Otros.
- Eduardo Ampudia Fraustro y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Ciudad de México, México, tres de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede de la que se advierte, que transcurrió el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo vigente, para interponer recurso de queja contra el auto dictado el diecinueve de octubre de dos mil veintidós, por el que se desechó la demanda de amparo, sin que dicho medio de impugnación se haya interpuesto; en tales condiciones, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la resolución de referencia HA CAUSADO ESTADO; en consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y ARCHÍVESE el expediente como asunto total y definitivamente concluido, se hace la indicación que el presente expediente, es susceptible de destrucción*****
- Principal
Ciudad de México, México, veinticinco de octubre de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese únicamente como constancia el oficio suscrito por la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, toda vez que por auto de diecinueve de los actuales, se desechó de plano la demanda en el presente asunto.
- Principal
Ciudad de México, México diecinueve de octubre de dos mil veintidós. Visto el oficio y anexo de cuenta remitidos por la secretaria del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, mediante el cual remite la resolución emitida el once de los corrientes en el C.C. ********************, así como los autos del juicio de amparo ********************, promovido por ********************, del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala con residencia en Apizaco; resolución cuyos puntos resolutivos establecen: ".PRIMERO. Sí existe conflicto competencial entre el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala y el Juzgado Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. SEGUNDO. Se declara legalmente competente a la Juez Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, para conocer de la demanda de amparo promovida por ********************, contra los actos y autoridades señaladas en esta ejecutoria. Notifíquese." Acúsese recibo y háganse las anotaciones en el libro de gobierno, solicítese al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala con residencia en Apizaco la vinculación del juicio de amparo ******************** de su índice; por tanto, en mérito de lo resuelto por la superioridad, se acuerda: En acatamiento a lo ordenado por la ejecutoria citada, con fundamento en el artículo 37 de la Ley de Amparo y 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este juzgado federal SE AVOCA AL CONOCIMIENTO DEL ASUNTO. Ahora bien, vista la demanda de amparo supuestamente promovida por ********************, contra actos del Comité Técnico de la Penitenciaria de la Ciudad de México y otras autoridades, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 6°, 112 y 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano por su manifiesta e indudable improcedencia respecto de los actos impugnados, por lo siguiente: El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y de encontrar causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se actualiza cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo. Lo indudable resulta de la certidumbre que se tenga y plena convicción de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En la demanda de amparo que se provee no se advierte la firma autógrafa ni electrónica de los quejosos ********************, conforme a lo establecido en el artículo 3 de la Ley de Amparo, así como los diversos 3 a 6 del Acuerdo General Conjunto número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico. Por tanto, es evidente que se actualiza la causa manifiesta e indudable de improcedencia, prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el 6°, del mismo ordenamiento legal, relativo al principio fundamental del juicio de amparo de instancia de parte agraviada, dado que sólo puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame, pudiendo hacerlo por sí, por su representante, por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, por medio de algún pariente o persona extraña en los casos en que esta ley lo permita expresamente, y sólo podrá seguirse por el agraviado, por su representante legal o por su defensor y, en el caso, la demanda de amparo se equipara a un simple papel que no incorpora expresión de voluntad alguna, en virtud de que la firma entraña la manifestación de ésta, lo que obliga a desecharla. ***** Conviene indicar, que no se observa que los quejosos se encuentren incomunicados, puesto que aparecen como promoventes de la demanda de amparo por propio derecho, lo que hace inexcusable la falta de firma autógrafa o electrónica; consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 6°, 112 y 113, de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. Además, es un hecho notorio que a la fecha en que se emite este acuerdo, el quejoso ********************y varios de los presuntos quejosos, han promovido desde el uno de enero de dos mil veinte, más de diez mil juicios de amparo indirecto reclamando los mismos actos, lo que implica un ejercicio equivocado de esta garantía constitucional prevista en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues lejos de velar por el respeto y cumplimiento de los derechos fundamentales, está siendo utilizado para impedir la correcta administración y funcionamiento de un centro penitenciario, imposibilitando a las autoridades responsables cumplir con el mandato constitucional, consagrado en el numeral 18 de la Carta Magna, relativo a la operatividad del sistema penitenciario con base en el respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. **** Robustece lo dicho, la sentencia de ocho de julio de dos mil veintiuno, dictada en el recurso de queja ********************, por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que estableció: "De tal manera que si la parte quejosa presentó la demanda por el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, sin Firma Electrónica, procedía su desechamiento de plano y no su prevención, de conformidad con en el artículo 113 de la Ley de Amparo, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61,7 en relación con el 6º8 de la ley de la materia, máxime que como lo analizó la a quo, no la promovió en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo que prevé los supuestos de excepción para enviar sin Firma Electrónica de los interesados. No se inadvierte que, el Pleno de este tribunal colegiado, por mayoría, ha sostenido que, en casos excepcionales, cuando la parte quejosa se encuentra en alguna condición de vulnerabilidad (por ejemplo, si se trata de personas privadas de la libertad), la falta de firma electrónica por parte del solicitante del amparo, no puede apreciarse de forma estricta, como la ausencia insubsanable de un presupuesto para la tramitación del juicio de amparo, dada la situación especial de difícil acceso a la justicia que ha implicado el estado de emergencia sanitaria que nos aqueja; sin embargo, en el presente asunto, de la lectura de la demanda no se advierte circunstancia especial alguna que justifique la aplicación de dicho criterio mayoritario, porque si bien, el quejoso se encuentra privado de la libertad, la demanda de amparo la promovió por conducto de quien se ostentó como su representante; por lo tanto, sí es exigible al representante contar con la firma electrónica conocida como FIREL, a fin de que la juzgadora de amparo hubiera estado en condiciones de pronunciarse sobre la admisión de la demanda respectiva". De igual forma, la sentencia de dos de septiembre de dos mil veintiuno, dictada en el recurso de queja ********************, por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que indicó: "25. En ese orden, en el presente caso, de las constancias que integran el expediente de donde deriva el recurso que se resuelve, se aprecia que la demanda de amparo no contiene la firma electrónica del directo quejoso que revele su voluntad expresa de instar la acción constitucional, ni de quien promueve en su representación; por ende, acorde al criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, procede el desechamiento de plano de la demanda ante la ausencia de ese requisito. 26. Lo anterior, en tanto la falta de firma electrónica advertida no constituye una irregularidad susceptible de subsanarse a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo (instancia de parte agraviada) que no amerita prevención alguna, como sucede ante la ausencia de firma autógrafa de una acción constitucional presentada de forma ordinaria. 27. Además, como se dijo, no se advierte que los actos reclamados en la demanda, se encuentren en alguno de los supuestos a que alude el artículo 15 de la referida legislación de la materia, menos de los prohibidos por el diverso 22 constitucional". Asimismo, la sentencia de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, dictada en el recurso de queja penal ********************, por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que aseveró: "No es obstáculo para resolver lo anterior, el hecho de que los quejosos se encuentren privados de la libertad en la Penitenciaria de la Ciudad de México, toda vez que la demanda de amparo se presentó a su nombre, pero por diversa persona, quien incluso se ostentó como su 'promovente legítima'; lo cual, pone de manifiesto que en el presente caso, no se advierten impedimentos de orden material para el trámite, obtención y uso de la firma electrónica correspondiente. Máxime, que la ya citada tesis de jurisprudencia P./J. 8/2019 (10a.), que es de observancia obligatoria en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, no contempla excepciones para la verificación del requisito de la firma electrónica, en la demanda de amparo presentada a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación". También, la sentencia de dos de diciembre de dos mil veintiuno, dictada en el recurso de queja ********************, por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que indicó: "Cabe señalar que si bien en el presente, se está viviendo una situación especial por la pandemia generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), y que por ello pueda estimarse complicado el ingreso de los abogados de los quejosos al lugar donde se encuentran internos o que exista dificultad para ello, sin embargo, para la promoción del juicio de amparo en materia penal cuando el acto reclamado emana de un proceso judicial, puede ser promovido por el defensor del quejoso con la simple manifestación que ostente ese cargo, esto es, que no se requiere de la firma autógrafa o electrónica del directamente agraviado, sino que puede suscribir el escrito de demanda su defensor; además, es propio señalar que en la notificación realizada el seis de noviembre de dos mil veintiuno por el actuario adscrito al Juzgado de Amparo, el quejoso plasmó su deseo de interponer el presente recurso signando con su firma autógrafa dicha manifestación, por lo cual no se advierte esa imposibilidad material para la suscripción del documento de amparo. [.] Razón por la cual, si bien es cierto que la exigencia del Juez recurrido de solicitar la firma electrónica del quejoso, como formalidad esencial e insustituible, se debe aplicar de manera estricta en circunstancias ordinarias y en un contexto extraordinario como es el caso, sin embargo, el que no exista por lo menos firma digitalizada hace inviable la admisión de la demanda de amparo, pues la especialidad de la materia penal no es excluyente de este requisito. Recapitulando, la exigencia de la presentación de la firma electrónica en un periodo extraordinario causado por las circunstancias de sanidad ocasionadas por el virus COVID19, con reglas creadas en contexto de normalidad y como única opción posible, puede constituir un obstáculo para el acceso a la tutela jurisdiccional del gobernado; razón por la cual el principio de instancia de parte agraviada excepcionalmente, se cumple con la firma digitalizada del impetrante, pero si el escrito de demanda de amparo carece totalmente de esta firma o huella digital, no resulta satisfecho el principio de parte agraviada que rige la materia de amparo, siendo procedente que se deseche la demanda". De igual manera, la sentencia de quince de diciembre de dos mil veintiuno, dictada en el recurso de queja ********************, por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que precisó: "Por lo que, las promociones presentadas carentes de firma o rública alguna no pueden considerarse como representativas de una manifestación auténtica y fidedigna de una voluntad de parte y, por tanto, ante esa carencia de manifestación de voluntad no puede producir el efecto jurídico de tener por hecha una promoción y por plasmada una específica pretensión en un procedimiento jurisdiccional. (.) Asimismo, con independencia de que el peticionario alega que la reubicación del dormitorio 4, zona 3, estancia 3 al área de conductas especiales (módulo 8 y 9), esto pone en peligro su vida, lo cierto es que el acto reclamado es reubicación de dormitorio, el cual no encuadra en algún supuesto del artículo 15, de la Ley de Amparo, ya que se trata de una mera condición de internamiento y respecto del que, debe agotar el procedimiento de la Ley Nacional de Ejecución Penal; por ende, al no contener la firma electrónica, fue correcto que la juez desechara, al optar por el Portal en Línea, repecto del que, forzosamente debió utilizar la FIREL, en razón de que la regla es tajante. No pasa inadvertido para este Tribunal, que el auto impugnado resulta incongruente, toda vez que ante la falta de firma en la demanda, no existe parte quejosa, pues no hay quién haya acudido al juicio, de ahí que la juez no debió reconocer a quejoso alguno, ni nombrarle defensor, así como tampoco ordenar una notificación personal; lo que se destaca para que se tome en cuenta en situaciones similares". Y la sentencia de seis de enero de dos mil veintidós, dictada en el recurso de queja ********************, por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que indicó: "En segundo lugar, en este caso no opera la ratificación de la demanda porque ese es un mecanismo procesal para perfeccionar la acción de amparo que no se activa de forma autónoma y automática ante la falta de firma, sino que depende de que los agraviados estén en los supuestos de imposibilidad que prevé el artículo 15 antes descrito. Por ello, es correcto que si la Juez Noveno de Distrito no advirtió que los actos que se reclaman, en nombre de los ahora recurrentes actualicen la excepción de firma, entonces no le haya dado ese tratamiento en el auto inicial. Finalmente, la contingencia sanitaria ocasionada por el virus de COVID-19 es una razón necesaria pero no suficiente para eximir a los recurrentes de cumplir con las normas que regulan el juicio de amparo. La pandemia es una realidad evidente y única en su especia que ha iblogado al juzgador a analizar los casos concretos desde la perspectiva de que tanto los justiciables como los órganos jurisdiccionales no están en las condiciones ordinarias de trabajo en las que se tramitaría el juicio de amparo. Sin embargo, lo anterior no implica que las normas que lo rigen se invaliden sólo por ese motivo". En consecuencia, la existencia de la pandemia debida al virus COVID19 no puede justificar la falta de firma de la demanda, máxime que los supuestos promoventes lo hacen por propio derecho. Sin que sea obstáculo a lo anterior, que el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala con residencia en Apizaco, haya concedido la suspensión de oficio respecto de los actos reclamados, pues como se precisó en párrafos precedentes, no existe instancia de parte agraviada, para la cual surta efectos la suspensión decretada y, por ende, se deja sin efectos la suspensión otorgada. De igual forma, con apoyo en la determinación de os referidos tribunales colegiados, no se hace mayor pronunciamiento respecto de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO.". En tal sentido, con apoyo en lo resuelto el quince de diciembre de dos mil veintiuno, en el recurso de queja ********************, por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 26, fracción III, y 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, practíquense las notificaciones por lista a los quejosos. Con apoyo en los numerales 1, 3, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la resolución que se dicte en este juicio de amparo, constituye información pública y considerando que la misma puede contener información reservada o confidencial, en términos de los artículos 110 y 113 de la citada legislación, se elaborará una versión pública de ella. En razón de que la autoridad oficiante devolvió el expediente original, a fin de evitar duplicidad de actuaciones, se ordena la destrucción inmediata del cuaderno de antecedentes, previo desglose de las constancias originales que obran, para ser agregadas al presente asunto.
- Principal
Ciudad de México, México, cuatro de julio de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio remitido vía interconexión por el actuario judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, mediante el cual informa que en el presente asunto se admitió a trámite el conflicto competencial planteado por el Juez Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala con residencia en Apizaco. Asimismo, que dicho conflicto quedó registrado con el número 39/2022.
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