Ivan Joshue Gaxiola Perales

Expediente 577/2021 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
577/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
08/10/2021

Partes del expediente

  • Ivan Joshue Gaxiola Perales

Actuaciones

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, ocho de octubre de dos mil veintiuno. Transcurrió plazo. Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, se advierte que trascurrió el plazo de cinco días establecido en el artículo 98, párrafo primero, en relación con el numeral 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del proveído de veinte de septiembre de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda de amparo; sin que lo hubiere hecho. Causa estado. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha determinación ha causado estado. Archivo. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo aplicado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Valoración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte y que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se determina: Juicio de amparo. De conformidad con lo establecido en el artículo 21, inciso d), del citado acuerdo, se establece que el cuaderno relativo a este juicio es susceptible de destrucción por haberse desechado la demanda de amparo, por lo que, una vez transcurrido el plazo de tres años a que alude el referido numeral, procédase a su destrucción en los términos previstos en el penúltimo párrafo del citado precepto. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del artículo 15 del mencionado Acuerdo, a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Notifíquese.

  2. Principal

    hago constar: que en esta fecha, notifiqué a la parte quejosa, la determinación de veinte de septiembre de dos mil veintiuno, por medio de lista que se fijó a las nueve horas del día de hoy, en un ligar visible y de fácil acceso de este juzgado, en términos de los artículos 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo "...Tijuana, Baja California, veinte de septiembre de dos mil veintiuno. Estado de autos. Vista la certificación secretarial que antecede y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que trascurrió el plazo de cinco días hábiles concedido a la parte quejosa, para efecto de que desahogara la prevención formulada el doce de agosto de dos mil veintiuno, esto es, precisara de manera clara y concreta el nombre y domicilio de los quejosos, ya que compareció en su escrito inicial como "representante común de los quejosos" y en caso de que el juicio de amparo, también se promoviera por tales "quejosos", el escrito aclaratorio debía ir firmado por los mismos, o bien, el promovente Iván Joshue Gaxiola Perales, tenía que acreditar la personalidad con la que contaba para representarlos, sin que así lo hubiese hecho. Se hace efectivo apercibimiento. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento de doce de agosto de dos mil veintiuno, por lo que la demanda de amparo únicamente se proveerá por lo que hace al quejoso Iván Joshue Gaxiola Perales. Desechamiento. Una vez analizado el escrito inicial de demanda de amparo, así como las documentales que exhibió se advierte que debe desecharse de plano la demanda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De dicho precepto se advierte que es obligación de este Juzgado de Distrito analizar si en la especie se actualiza alguna causal que haga improcedente el juicio de amparo, y de ser así, ante lo manifiesto e indudable de la improcedencia advertida desecharla. Luego, es ineludible precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquél que está plenamente demostrado, toda vez que, sea advertido en forma patente y absolutamente claro de la lectura del escrito de demanda. Además se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, con independencia de los elementos que pudieran aportar las partes. Los actos reclamados que la parte quejosa señala son los siguientes: Autoridad responsable Acto reclamado Fiscalía General del Estado de Baja California, con sede en Mexicali. La omisión de realizar las aportaciones que han sido retenidas del salario del quejoso desde enero de dos mil veintiuno para su fondo de pensiones. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno del Estado y Municipios de Baja California. La omisión de requerir a la Fiscalía General del Estado de Baja California que remita las aportaciones que han sido retenidas del salario del quejoso desde enero de dos mil veintiuno para su fondo de pensiones. Bajo esas premisas, en el presente asunto se actualiza de manera manifiesta e indudable el motivo de improcedencia previsto por la Ley de Amparo en su artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 1°, fracción I y último párrafo, y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo vigente, cuyo tenor literal es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.] El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." La intelección de los numerales reproducidos pone de manifiesto la improcedencia de la acción constitucional cuando a la autoridad señalada como responsable, no le reviste tal carácter. Sobre el tópico cabe expresar, que de acuerdo con el artículo 1°, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de amparo es un medio jurídico que preserva los derechos humanos reconocidos y las garantías que para su protección otorga la Constitución, y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte; y es procedente contra normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen dichos derechos y garantías. De tal manera, el juicio de amparo es un medio de defensa que tiene el gobernado contra actos de autoridad de hecho y de derecho, surgidos en una relación de supra a subordinación, cuando la llamada autoridad responsable vulnera o restringe los derechos humanos reconocidos o las garantías otorgadas para su protección. De lo hasta aquí dicho, se advierte que la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada al hecho de que los actos que en éste se reclamen provengan de una autoridad que actuando de manera unilateral, imperativa y coercitiva, con fundamento en una norma legal, cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado; es decir, que se generen en una relación de supra a subordinación, por actuar las primeras en un plano superior a los segundos. De ahí, que los actos que emanan de las relaciones de supraordinación -entre órganos del Estado-, o de coordinación -entre particulares-, aun cuando en estas últimas intervenga una autoridad desprovista de imperio, no pueden reclamarse a través del juicio de amparo. Conforme a lo anterior, conviene precisar que el tema relacionado con la causa de improcedencia que a juicio de este órgano federal se actualiza en la presente contienda, radica en que a las autoridades responsables no les reviste el carácter de autoridad para los efectos del juicio de amparo, porque la relación jurídica existente entre las mencionadas y el quejoso, no corresponde al de autoridades y gobernado (supra

  3. Principal

    EL SUSCRITO ACTUARIO JUDICIAL LICENCIADO ROMÁN MANUEL GARCÍA TRUJILLO HACE CONSTAR QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN III INCISO A) DE LA LEY DE AMPARO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE TREINTA DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO QUE EN SINTESIS DICE: Tijuana, Baja California, doce de agosto de dos mil veintiuno. Recepción oficio. Agréguese a los autos el oficio de cuenta firmado por el secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, mediante el cual informa que por determinación de treinta de julio de dos mil veintiuno, dictada en el juicio de amparo 268/2021-II, se determinó enviar a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, la ampliación de demanda presentada por el quejoso Iván Joshue Gaxiola Perales, por los motivos ahí expuestos, para que realizara el turno respectivo; correspondiendo conocer a este juzgado de distrito. Radicación. Con lo anterior, fórmese el expediente físico y electrónico respectivos y regístrese en el libro de gobierno como juicio de amparo 577/2021-III. Se avoca a conocimiento. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, fracción I, 33, 35, 107, 108, 110, 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo, así como a los Acuerdos Generales 3/2013 y 38/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, aplicables en el presente asunto, este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento de la ampliación de demanda de cuenta, como una nueva demanda. Consideración previa. Previo a pronunciarse sobre las cuestiones relativas a la admisión o improcedencia de la demanda, debe partirse de la base que la parte quejosa con el escrito que se adjunta al oficio de cuenta, pretendió ampliar su escrito inicial de demanda respecto de nuevos actos reclamados, en los autos del juicio de amparo 268/2021-II, de índice de este órgano jurisdiccional. Sin embargo, como se determinó en auto de treinta de julio de dos mil veintiuno, dictado en ese asunto, a dicho escrito no se le daría el tratamiento de ampliación de demanda por los motivos ahí expuestos, por lo que se ordenó remitir a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, para que registrara por medio del sistema computarizado correspondiente el citado escrito de ampliación como una nueva demanda de amparo y lo turnara a quien correspondiera. De ahí que el escrito que se atiende debe dársele el trato de una nueva demanda y por ende, al regirse por el sistema integral de las reglas procesales del juicio de amparo, debe cumplir con lo dispuesto en los numerales 108 y 114 de la Ley de Amparo. Se formula prevención. Por tanto, atendiendo a que la demanda de amparo debe estudiarse como un todo, con fundamento en el artículo 108, fracción I, y 114, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se requiere al promovente para que dentro del plazo de cinco días hábiles legalmente computado, precise lo siguiente: I. Precise de manera clara y concreta el nombre y domicilio de los quejosos en esta instancia constitucional, toda vez que comparece en su carácter de "representante común de los quejosos"; sin que esta autoridad pueda advertir quienes son. II. En el caso de que se trate de diversos quejosos la aclaración deberá ser firmada por la totalidad de los peticionarios del amparo o, en su caso, el promovente deberá acreditar la personalidad con la que cuenta para representarlos en esta instancia constitucional. Ello, porque de conformidad con el artículo 107, fracción I, de la constitución federal, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de la parte agraviada; aunado a que el artículo 6 de la Ley de Amparo, previene en lo conducente, que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama, pudiendo hacerlo por sí o por su representante y solo podrá seguirse por el agraviado y por su representante legal. Copias. La aclaración requerida habrá de hacerse por escrito y con copias suficientes del ocurso aclaratorio, así como del documento con el que en su caso acredite la personalidad que aduce tener, para su distribución entre las partes del juicio constitucional, ya que es un requisito que debe cumplirse en términos de lo dispuesto por los artículos 110 y 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior en el término y condiciones antes apuntadas, se proveerá la demanda de amparo con relación únicamente al quejoso Iván Joshue Gaxiola Perales. Domicilio. Toda vez que en el presente juicio de amparo no se advierte domicilio donde la parte quejosa pueda ser notificada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, se ordena al actuario judicial de este juzgado notificar a la parte quejosa por lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional el presente proveído, así como los subsecuentes, aun los de carácter personal, hasta en tanto señale domicilio para tal efecto. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Además, en términos de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, no se hará la publicación del nombre y datos personales de todas y cada una de las resoluciones que se emiten en el presente juicio de amparo. Expediente electrónico. Fórmese el expediente electrónico respectivo y hágase del conocimiento de las partes que no lo integrarán las constancias siguientes: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias que corresponden a actuaciones del propio juzgado que evidentemente ya forman parte de los autos; tampoco las promociones o constancias respecto de las cuales a juicio de este órgano, deba guardarse sigilo en relación a una o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las cuales se conservarán en este juzgado sin digitalizarse, finalmente con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, a prudente árbitro, no serán digitalizados los documentos públicos o privados ni copias simples o certificadas que como anexos incluyan las partes en sus oficios o promociones. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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