Ivan Daniel Salinas Casilas
Expediente 952/2023 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 9 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 952/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 28/11/2023
Partes del expediente
- Ivan Daniel Salinas Casilas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Tijuana, Baja California, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Informe. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio que envía la autoridad responsable, a través del cual remite un disco compacto debidamente certificado que contiene la audiencia celebrada el veinticuatro de octubre de dos mil veintitrés, dentro del expediente de ejecución ********************de su índice, instruido en contra del aquí quejoso. Admisión de prueba. En consecuencia, téngase por ofrecido, admitido y desahogado dada su propia y especial naturaleza, sin necesidad de desahogar diligencia para su reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD), SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Resguardo de objeto. Ahora, a fin de evitar el daño del disco compacto, guárdese en la secretaría de este juzgado, quedando a disposición de las partes para su consulta; en el entendido que si es su deseo imponerse de ellos, su reproducción se realizará en las instalaciones que ocupa este recinto judicial. Sobreseimiento en el juicio fuera de audiencia. Ahora, del estudio íntegro de las constancias que remitió la autoridad responsable, esta juzgadora estima que se actualiza el supuesto previsto en la fracción XXI del precepto 61, de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, hipótesis que se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del motivo de afectación, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional. La improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la ley de la materia, consistente en la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Bajo esa óptica, se considera cesaron los efectos del acto reclamado el cual consistía esencialmente, en la omisión de la autoridad responsable de dar seguimiento a la solicitud relativa al beneficio de remisión parcial de la pena presentada por el quejoso el trece de diciembre de dos mil veintidós, ante la responsable. Es así, porque del análisis del disco compacto anexado por la autoridad responsable a su informe, se aprecia que el veinticuatro de octubre de dos mil veintitrés, el quejoso y su defensora pública se desistieron de la solicitud en cuestión, por los motivos ahí expuestos, por lo que, es inconcuso que cesaron los efectos del acto reclamado en esta vía constitucional, pues aquella situación jurídica se destruyó en todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiera otorgado el amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis 2a./J. 205/2008, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, enero de dos mil nueve, página 605, con registro electrónico 168189, de rubro y de contenido: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto." Lo anterior, atendiendo a que el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, prevé que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando durante éste se materialice un supuesto de improcedencia, y conforme a la postura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, puede sobreseerse en el juicio fuera de audiencia cuando la causa de improcedencia sea manifiesta (cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara, de forma que con alguna prueba se desvirtúe) e indudable (cuando existe la certidumbre y la plena convicción de que la hipótesis de improcedencia analizada opera en el caso a estudio). Ante lo expuesto, al haberse actualizado en la especie la causa de improcedencia referida, se sobresee fuera de audiencia constitucional en el juicio de amparo, con fundamento en los artículos 61, fracción XXI y 63 fracción V de la Ley de Amparo. Sustenta la anterior determinación, la jurisprudencia dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Finalmente, se ordena dejar sin efectos la celebración de la audiencia constitucional, señalada para las once horas con diez minutos del once de diciembre de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente al quejoso en el lugar donde se encuentra recluido y a su defensa.
- Principal
Tijuana, Baja California, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Se rinde informe justificado. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable, y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, déjese a la vista de las partes por el término de ocho días para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Causales de sobreseimiento e improcedencia. De igual manera, se tiene a la autoridad manifestando que se actualiza la causal de sobreseimiento e improcedencia que menciona en el informe justificado que se atiende; de lo que se toma nota y se considerará al momento de dictar la sentencia correspondiente. Finalmente, informa que remitió de manera física un disco compacto con registro audiovisual de la audiencia de veinticuatro de octubre de dos mil veintitrés, celebrada dentro del cuaderno de ejecución 1318/2023, de su índice; por tanto, estese a la espera del mismo a fin de estar en posibilidad de proveer lo que en derecho corresponda. Notifíquese; personalmente al quejoso en el lugar donde se encuentra recluido y a su defensa.
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Tijuana, Baja California, quince de noviembre de dos mil veintitrés. Vista a defensa. Vista la constancia de notificación actuarial realizada al quejoso Iván Daniel Salinas Casillas, se advierte que solicita hablar con su defensor de oficio; en consecuencia, con dichas manifestaciones dese vista a la defensa, por el término de tres días hábiles contados a partir de su legal notificación, a fin de que se entreviste con el citado quejoso en el lugar donde se encuentra recluido, y lo haga del conocimiento de este órgano jurisdiccional. Apercibimiento. Se le apercibe que en caso de no cumplir con lo anterior o no informar el impedimento legal que tenga para hacerlo, de acuerdo con lo estipulado en los ordinales 237, fracción I y 259 de la ley de la materia, se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, equivalentes a $5,187.00 (cinco mil ciento ochenta y siete pesos moneda nacional), de conformidad con los artículos segundo y tercero Transitorios el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo. Notifíquese; personalmente al quejoso y a su defensa.
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Tijuana, Baja California, seis de noviembre de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el contenido de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que mediante avisos de diecinueve y veinticinco del mes y año en curso, la Coordinación de Jueces de Distrito en Tijuana, Baja California, declaró inhábiles los días diecinueve al veinticuatro de octubre, así como del veinticinco al veintinueve de octubre, ambos de dos mil veintitrés, respectivamente, con motivo del paro nacional de labores convocado por las y los trabajadores de los órganos jurisdiccionales; lo anterior, de conformidad con los artículos 9, fracciones XIII y XIV, y 10 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, por lo que en dichas datas no corrieron términos ni plazos procesales. Diferimiento de audiencia. Por tanto, se difiere la audiencia constitucional señalada para las once horas con diez minutos del veinticinco de octubre de dos mil veintitrés, y en su lugar se fijan las once horas con diez minutos del once de diciembre de dos mil veintitrés, misma que se señala hasta esa fecha atendiendo a las cargas de trabajo de este órgano jurisdiccional. Notificación innecesaria a autoridades. En atención a lo resuelto en la jurisprudencia 2ª/J.176/2012 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NOTIFICACIONES DE LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS", se considera innecesario girar oficio a las autoridades responsables a efecto de notificarle la presente determinación, bastando únicamente su notificación por medio de lista. Ampliación de demanda. En otro aspecto, de la constancia de notificación de dos de noviembre de dos mil veintitrés, realizada al quejoso, se desprende que desahogó la vista otorgada en proveído de trece de octubre de dos mil veintitrés, y manifiesta que es su interés ampliar su demanda de amparo con relación al capítulo de autoridad responsable, señalando como nueva autoridad al Juez de Control Especializado en Ejecución, con sede en Tecate, Baja California. Admisión de ampliación de demanda. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 111, fracción II de la Ley de Amparo, téngasele ampliando su escrito inicial de demanda por la autoridad responsable antes indicada. Sirve de apoyo el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que al rubro y texto expresa: "DEMANDA DE AMPARO. PROCEDENCIA DE SU AMPLIACIÓN. Aunque la Ley de Amparo no prevé expresamente, la figura de la ampliación de la demanda, la Suprema Corte, con fundamento en la relación armónica de las disposiciones relativas a la acción constitucional, ha establecido, en tesis aisladas que sí procede y ha dado algunas reglas en relación con el momento procesal en que puede ejercitarse, a saber: 1a. Antes de que se fije la litis constitucional, esto es, cuando aún no hayan sido rendidos los informes por las autoridades responsables. En esa etapa, la demanda puede ampliarse señalando nuevos actos reclamados, nuevas autoridades responsables y nuevos conceptos de violación, con la única condición de que la ampliación se presente dentro del mismo plazo que rige la presentación de la demanda; 2a. Después de que se hayan rendido los informes justificados. En este supuesto la demanda sólo puede ampliarse en aquellos casos en que de dichos informes se advierta la existencia de un nuevo acto, la intervención de una autoridad distinta a la que emitió o ejecutó el acto reclamado o bien, que hasta ese momento se conozcan los fundamentos y motivos que sustenten el acto que se reclama, lo que también haría posible la ampliación por lo que ve a los conceptos de violación. La ampliación de la demanda, en este caso, debe hacerse atendiendo al plazo que establece la Ley de Amparo para la demanda principal. 3a. Que en ninguno de los supuestos señalados haya sido celebrada la audiencia constitucional." Así como en la diversa tesis de jurisprudencia por contradicción de tesis, que dice: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE. La estructura procesal de dicha ampliación, que es indispensable en el juicio de garantías, se funda en el artículo 17 constitucional y debe adecuarse a los principios fundamentales que rigen dicho juicio, de los que se infiere la regla general de que la citada figura procede en el amparo indirecto cuando del informe justificado aparezcan datos no conocidos por el quejoso, en el mismo se fundamente o motive el acto reclamado, o cuando dicho quejoso, por cualquier medio, tenga conocimiento de actos de autoridad vinculados con los reclamados, pudiendo recaer la ampliación sobre los actos reclamados, las autoridades responsables o los conceptos de violación, siempre que el escrito relativo se presente dentro de los plazos que establecen los artículos 21, 22 y 218 de la Ley de Amparo a partir del conocimiento de tales datos, pero antes de la celebración de la audiencia constitucional". Informe justificado. En atención a los artículos 117 y 75 de la ley de la materia, requiérase únicamente a la responsable Juez de Control Especializado en Ejecución, con sede en Tecate, Baja California, su informe justificado, que deberá rendir dentro de quince días, incluso por medios magnéticos, expresando con precisión si es o no es cierto el acto que se le reclama; además deberá señalar las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio en términos de artículo 61 de la referida ley, así como la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado. Ahora, no obstante se le reclama una omisión, para el caso de que esa negativa haya sido expresa, requiérasele para que remita copia certificada de las constancias que sirvieron de base para arribar a tal conclusión, en el entendido que en el informe de mérito, deberá manifestar si las constancias que en su caso sean remitidas, constituyen la totalidad de actuaciones de las cuales deriva el acto reclamado; con la precisión de que dichas copias deben ser legibles, completas y de forma cronológica, pues resulta indispensable que este órgano jurisdiccional cuente con los elementos necesarios para analizar el fondo de la cuestión planteada, por lo cual se estima que la ilegibilidad de las constancias equivale a su no envío, que ocasionaría un retraso inexcusable en la administración de justicia, debiendo manifestar en su caso, el impedimento legal que tenga para hacerlo. Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no hacer lo antes descrito, en los términos indicados, se le impondrá una multa de cien veces la Unidad de Medida y Actualización de conformidad con los preceptos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos segundo y tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Asimismo, en caso que no rinda su informe en el plazo concedido se presumirá cierto el acto reclamado, quedando a cargo de la parte quejosa probar su inconstitucionalidad en términos de lo dispuesto en el cuarto párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo y se le impondrá, en la audiencia respectiva, la multa con la que se le apercibió. Autorización de remisión de informes vía electrónica. Se autoriza a la autoridad responsable, para que, en su caso, remita el informe requerido al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación o bien al correo electrónico 14jdo15cto@correo.cjf.gob.mx; sin perjuicio de que opte por realizarlo mediante oficio que envíe físicamente a este juzgado. Causas de sobreseimiento. Con fundamento en los artículos 64 y 251 de la Ley de Amparo, prevéngase a la responsable que para el caso de tener conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, deberá comunicarlo de inmediato a este órgano jurisdiccional, debiendo, de ser posible, acompañar las constancias que así lo acredite. Bajo apercibimiento que de no hacerlo, sin causa justificada, se le impondrá una multa por el equivalente a treinta unidades de medida y actualización. Conocimiento previo. Solicítese a la autoridad responsable para que al rendir su informe con justificación, comunique a este órgano de control constitucional si tiene conocimiento de algún juicio de amparo que se relacione con el acto que se le reclama en éste, o sea, que haya sido promovido por el mismo quejoso o que derive del mismo procedimiento del que emana el acto que aquí se reclama; lo anterior, a efecto de aprovechar, en su caso, el conocimiento previo del asunto y evitar el dictado de resoluciones contradictorias. Traslado a las partes. Córrase traslado a las partes con copia de la constancia de notificación que se atiende, para que tengan conocimiento de la ampliación de demanda efectuada por el quejoso. Notifíquese y personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.
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