Iván Hernández Xoconoxtle

Expediente 264/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 24 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
264/2022
Año
2022
Actuaciones
24
Última actuación
13/10/2023

Partes del expediente

  • Iván Hernández Xoconoxtle

Actuaciones

Las 4 más recientes de 24.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, se observa que transcurrió el término de tres días otorgado al quejoso en proveído de veinticinco de agosto del año en curso, a fin de que expresara lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, sin que lo hubiera hecho. En tales condiciones, este juzgado procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra cumplido. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 297, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 203, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE. (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE LA SEGUNDA SALA)". También debe verificarse que en el cumplimiento de la ejecutoria no haya exceso o defecto, para lo cual deberá tenerse presente que hay exceso, cuando la responsable se extralimita en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria y que, por el contrario, habrá defecto cuando la autoridad cumple parcialmente con lo ordenado o lo hace deficientemente. Antecedentes. A continuación se hará una síntesis de los antecedentes del presente asunto. El veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, el Juzgado Cuarto de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con sede en Zacatecas, en auxilio de este juzgado, dictó sentencia en el presente juicio en la cual se concedió el amparo y la protección constitucional a ********************. Al no ser recurrida la sentencia, por acuerdo de diecisiete de julio del actual se estableció que causó ejecutoria y en ese propio acuerdo se requirió a las autoridades responsables el cumplimiento al fallo protector, los términos siguientes: ".1. Desincorpore de la esfera jurídica del quejoso, los artículos 4 y 5 de la Ley de Ingresos para el Municipio de Salamanca, Guanajuato, para el ejercicio fiscal del año dos mil veintidós; en el entendido de que dichas normas no podrán ser aplicadas, ni en el presente, ni en el futuro al peticionario del amparo, mientras subsista el vicio de inconstitucionalidad detectado en párrafos precedentes. Se precisa, que la concesión anterior, no tiene el alcance de exentar al solicitante de la tutela Federal del pago del tributo, sino para que se le ubique en las zonas correspondientes a los valores mínimos. 2. Determine el impuesto predial correspondiente a los inmuebles identificados con las cuentas prediales ******************** y ********************calculando las bases gravables y aplicando las tasas conforme a los valores mínimos. 3. Una vez hecho lo anterior y, de ser el caso que el quejoso haya enterado alguna cantidad por concepto de impuesto predial respecto de las cuentas prediales aludidas, deberá realizar la devolución, debidamente actualizada, de las cantidades que se hubiera, en su caso, pagado en exceso por concepto del referido tributo.". En acuerdo de veintisiete de julio del actual se recibió el oficio de la Tesorera Municipal de Salamanca, Guanajuato, mediante el cual informó que realizó la determinación del impuesto predial aplicando el valor unitario mínimo y ordenó la devolución de $6,467.83 (seis mil cuatrocientos sesenta y siete pesos 83/100 moneda nacional) a la parte quejosa. Asimismo, remitió acta de hechos para la desincorporación de la esfera jurídica de ******************** la obligación tributaria contenida en los artículos 4 y 5 de la Ley de Ingresos del Municipio de Salamanca, Guanajuato, para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, en la que se hizo constar que al quejoso no se le aplicarán los artículos que fueron tildados de inconstitucionales y, en consecuencia, se le aplicaría el monto de menor cuantía previsto en el citado precepto legal, esto es, el valor mínimo por metro cuadrado $117.62 (ciento diecisiete pesos 62/100 moneda nacional), que se precisa en el artículo 5, fracción I, inciso a). Asimismo precisó que dichas normas no podrán ser aplicadas, ni en el presente ni en el futuro mientras subsista el vicio de inconstitucionalidad detectado y se determinó el impuesto predial calculado con base a sus valores unitarios mínimos. Finalmente ordenó la devolución de la parte relativa debidamente actualizada. En este propio acuerdo se requirió al quejoso para que en el término de tres días, contado a partir de su legal notificación, proporcionara un número de cuenta para la transferencia correspondiente. En acuerdo de tres de agosto de dos mil veintitrés se recibió el escrito signado por el quejoso mediante el cual acreditó que presentó escrito ante la Tesorería Municipal de Salamanca, Guanajuato, al que adjuntó copia de la carátula de su cuenta bancaria con clave interbancaria, para el efecto de que se llevara a cabo la transferencia bancaria del impuesto predial. Atento a lo anterior, a fin de que este juzgado estuviera en condiciones de pronunciarse respecto del cumplimiento de la sentencia amparadora, se requirió a la autoridad responsable Tesorera Municipal de Salamanca, Guanajuato, para que una vez que llevara a cabo la transferencia de la devolución de $6,467.83 (seis mil cuatrocientos sesenta y siete pesos 83/100 moneda nacional) a la parte quejosa, remitiera copia certificada de las constancias con que acreditara dicha transacción bancaria. En auto de veinticinco de agosto de dos mil veintitrés se recibió oficio signado por la Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Salamanca, Guanajuato, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de tres de agosto del año en curso, remitió copia certificada del comprobante de transferencia de $6,467.83 (seis mil cuatrocientos sesenta y siete pesos 83/100 moneda nacional), efectuada a favor del quejoso. Bajo ese contexto, se tiene que la Tesorería Municipal de Valle de Santiago, Guanajuato, cumplió con la ejecutoria dictada en este asunto, al haber colmado la totalidad de los aspectos para los que se concedió el amparo y no haber incurrido en exceso o defecto en su acatamiento. En tales condiciones, se considera que el fallo protector está cumplido, conforme a lo dispuesto en los artículos 77 y 192, primera parte, primer párrafo, ambos de la Ley de Amparo. Consecuentemente, con apoyo en el artículo 196, penúltimo párrafo, de la ley de la materia, archívese el presente asunto como totalmente concluido y háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, se establece: Con fundamento en el artículo 17, fracción III, inciso a), de dicho acuerdo, el presente expediente debe conservarse íntegro en este órgano jurisdiccional por el plazo de tres años, contado a partir del presente auto. Una vez transcurrido ese plazo, previa acta que se elabore, transfiérase el expediente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Acuérdese lo relativo en el incidente de suspensión correspondiente al juicio de amparo en que se actúa, para los efectos legales a que haya lugar. Toda vez que obran documentos aportados por la parte quejosa en el presente asunto, désele vista para que comparezca a recogerlos, apercibida de que de no hacerlo, seguirán la suerte del presente expediente.

  2. Incidental

    Vistos los autos del juicio principal del que deriva esta incidencia, se aprecia que hoy se ordenó el archivo definitivo; en consecuencia, archívese el expedientillo en el que se actúa. Toda vez que en acuerdo de once de febrero de dos mil veintidós se concedió la suspensión provisional y en la interlocutoria de veintiocho siguiente se concedió la suspensión definitiva del acto reclamado, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, se provee: Con fundamento en el artículo 17, fracción III, inciso b), el presente cuaderno debe conservarse íntegro en este órgano jurisdiccional por el plazo de tres años, contado a partir de la emisión de este proveído. Una vez transcurrido ese término, previa acta que se elabore, transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación.

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO D E LISTA A LA PARTE QUEJOSA PROVEÍDO DE 13 DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, QUE A LA LETRA DICE "...Visto el estado que guardan los presentes autos, se observa que transcurrió el término de tres días otorgado al quejoso en proveído de veinticinco de agosto del año en curso, a fin de que expresara lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, sin que lo hubiera hecho. En tales condiciones, este juzgado procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra cumplido. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 297, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 203, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE. (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE LA SEGUNDA SALA)". También debe verificarse que en el cumplimiento de la ejecutoria no haya exceso o defecto, para lo cual deberá tenerse presente que hay exceso, cuando la responsable se extralimita en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria y que, por el contrario, habrá defecto cuando la autoridad cumple parcialmente con lo ordenado o lo hace deficientemente. Antecedentes. A continuación se hará una síntesis de los antecedentes del presente asunto. El veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, el Juzgado Cuarto de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con sede en Zacatecas, en auxilio de este juzgado, dictó sentencia en el presente juicio en la cual se concedió el amparo y la protección constitucional a ********************. Al no ser recurrida la sentencia, por acuerdo de diecisiete de julio del actual se estableció que causó ejecutoria y en ese propio acuerdo se requirió a las autoridades responsables el cumplimiento al fallo protector, los términos siguientes: ".1. Desincorpore de la esfera jurídica del quejoso, los artículos 4 y 5 de la Ley de Ingresos para el Municipio de Salamanca, Guanajuato, para el ejercicio fiscal del año dos mil veintidós; en el entendido de que dichas normas no podrán ser aplicadas, ni en el presente, ni en el futuro al peticionario del amparo, mientras subsista el vicio de inconstitucionalidad detectado en párrafos precedentes. Se precisa, que la concesión anterior, no tiene el alcance de exentar al solicitante de la tutela Federal del pago del tributo, sino para que se le ubique en las zonas correspondientes a los valores mínimos. 2. Determine el impuesto predial correspondiente a los inmuebles identificados con las cuentas prediales ******************** y ********************calculando las bases gravables y aplicando las tasas conforme a los valores mínimos. 3. Una vez hecho lo anterior y, de ser el caso que el quejoso haya enterado alguna cantidad por concepto de impuesto predial respecto de las cuentas prediales aludidas, deberá realizar la devolución, debidamente actualizada, de las cantidades que se hubiera, en su caso, pagado en exceso por concepto del referido tributo.". En acuerdo de veintisiete de julio del actual se recibió el oficio de la Tesorera Municipal de Salamanca, Guanajuato, mediante el cual informó que realizó la determinación del impuesto predial aplicando el valor unitario mínimo y ordenó la devolución de $6,467.83 (seis mil cuatrocientos sesenta y siete pesos 83/100 moneda nacional) a la parte quejosa. Asimismo, remitió acta de hechos para la desincorporación de la esfera jurídica de ******************** la obligación tributaria contenida en los artículos 4 y 5 de la Ley de Ingresos del Municipio de Salamanca, Guanajuato, para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, en la que se hizo constar que al quejoso no se le aplicarán los artículos que fueron tildados de inconstitucionales y, en consecuencia, se le aplicaría el monto de menor cuantía previsto en el citado precepto legal, esto es, el valor mínimo por metro cuadrado $117.62 (ciento diecisiete pesos 62/100 moneda nacional), que se precisa en el artículo 5, fracción I, inciso a). Asimismo precisó que dichas normas no podrán ser aplicadas, ni en el presente ni en el futuro mientras subsista el vicio de inconstitucionalidad detectado y se determinó el impuesto predial calculado con base a sus valores unitarios mínimos. Finalmente ordenó la devolución de la parte relativa debidamente actualizada. En este propio acuerdo se requirió al quejoso para que en el término de tres días, contado a partir de su legal notificación, proporcionara un número de cuenta para la transferencia correspondiente. En acuerdo de tres de agosto de dos mil veintitrés se recibió el escrito signado por el quejoso mediante el cual acreditó que presentó escrito ante la Tesorería Municipal de Salamanca, Guanajuato, al que adjuntó copia de la carátula de su cuenta bancaria con clave interbancaria, para el efecto de que se llevara a cabo la transferencia bancaria del impuesto predial. Atento a lo anterior, a fin de que este juzgado estuviera en condiciones de pronunciarse respecto del cumplimiento de la sentencia amparadora, se requirió a la autoridad responsable Tesorera Municipal de Salamanca, Guanajuato, para que una vez que llevara a cabo la transferencia de la devolución de $6,467.83 (seis mil cuatrocientos sesenta y siete pesos 83/100 moneda nacional) a la parte quejosa, remitiera copia certificada de las constancias con que acreditara dicha transacción bancaria. En auto de veinticinco de agosto de dos mil veintitrés se recibió oficio signado por la Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Salamanca, Guanajuato, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de tres de agosto del año en curso, remitió copia certificada del comprobante de transferencia de $6,467.83 (seis mil cuatrocientos sesenta y siete pesos 83/100 moneda nacional), efectuada a favor del quejoso. Bajo ese contexto, se tiene que la Tesorería Municipal de Valle de Santiago, Guanajuato, cumplió con la ejecutoria dictada en este asunto, al haber colmado la totalidad de los aspectos para los que se concedió el amparo y no haber incurrido en exceso o defecto en su acatamiento. En tales condiciones, se considera que el fallo protector está cumplido, conforme a lo dispuesto en los artículos 77 y 192, primera parte, primer párrafo, ambos de la Ley de Amparo. Consecuentemente, con apoyo en el artículo 196, penúltimo párrafo, de la ley de la materia, archívese el presente asunto como totalmente concluido y háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, se establece: Con fundamento en el artículo 17, fracción III, inciso a), de dicho acuerdo, el presente expediente debe conservarse íntegro en este órgano jurisdiccional por el plazo de tres años, contado a partir del presente auto. Una vez transcurrido ese plazo, previa acta que se elabore, transfiérase el expediente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Acuérdese lo relativo en el incidente de suspensión correspondiente al juicio de amparo en que se actúa, para los efectos legales a que haya lugar. Toda vez que obran documentos aportados por la parte quejosa en el presente asunto, désele vista para que comparezca a recogerlos, apercibida de que de no hacerlo, seguirán la suerte del presente expediente.

  4. Principal

    Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el oficio signado por el Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Salamanca, Guanajuato, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de tres de agosto del año en curso, remite copia certificada del comprobante de transferencia de ***, efectuada a favor del quejoso. En consecuencia, previo a pronunciarse sobre el cumplimiento que la autoridad responsable dio al fallo protector, con fundamento en el artículo 196, párrafo primero, de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con el contenido de las constancias de referencia, para que dentro del término de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente auto, manifieste lo que a su interés convenga. En la inteligencia de que de no hacerlo dentro del lapso que se le concede, o de no informar la imposibilidad legal o material que tenga para ello; este órgano de control constitucional proveerá lo conducente de conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 196 de la ley de la materia.

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