Iván Cortez Jaramillo
Expediente 765/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 7 actuaciones registradas, la última del 22 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 765/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 22/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Iván Cortez Jaramillo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de diez días para interponer recurso de revisión en contra del auto de treinta de junio del año en curso, por el que se sobreseyó fuera de audiencia constitucional en el juicio de amparo promovido por Gabriel Ramírez Montoya, en representación de Iván Cortez Camarillo. En consecuencia, se declara que dicho proveído ha causado estado para todos los efectos legales. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese como asunto concluido. este expediente es susceptible de destrucción, que deberá verificarse transcurrido un plazo de tres años, contado a partir de la emisión de este proveído. Por otra parte, de las constancias que obran en autos se advierte que obran documentos susceptibles de devolución, exhibidos por la parte quejosa; en esa medida, con fundamento en el párrafo segundo del artículo 21 del referido Acuerdo, requiérasele para que en el plazo de noventa días siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído, comparezca ante este juzgado a recoger dicha documentación, bajo el apercibimiento que de no hacerlo dentro del plazo concedido, correrá la misma suerte del expediente en que se actúa. Asimismo, se le informa que para la entrega de estos, deberá agendar la cita respectiva en la página de internet: http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx, lo que le permitirá generar el código QR correspondiente para su ingreso para ello.-
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que en la misiva recibida en auto de veintidós de los actuales, la Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, informó que mediante la diligencia de diecisiete de junio del año en curso, levantada en el expediente laboral 1433/2021/L1/CE/IND de su índice -juicio de origen-, el experto Pablo Francisco Placido Contreras Nieto, aceptó el cargo de perito oficial y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia pericial respectiva. En tales condiciones, en el juicio que se actúa se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [..] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". De conformidad con el precepto legal citado, se advierte que el juicio de amparo es improcedente, entre otros supuestos, cuando se promueva en contra de actos en los que sus efectos han cesado o cuando éstos se suspenden o acaban. En otras palabras, cuando la autoridad lo revoca o deroga. Para que sea aplicable esta causa de improcedencia es necesario que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean revocados o derogados por la autoridad responsable, pues el efecto legal y natural de la sentencia de amparo es reponer al quejoso en el goce del derecho violado, por lo que, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado debe haber una situación idéntica a la que originalmente existía. Entonces, es innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos y que no deja huella en la esfera jurídica del particular que deba analizarse en sentencia. En efecto, en autos se aprecia que el acto reclamado es la omisión en que ha incurrido la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Irapuato, Guanajuato, dentro del juicio 1433/2021/L1/CE/IND, de procurar la designación de un perito oficial en materia de caligráfica y documentoscopía a favor de la parte actora -aquí quejosa-; no obstante de que la prueba fue admitida desde el veinticinco de marzo de dos mil veintidós. Ahora, como se indicó en párrafos anteriores, de las constancias que allegó la responsable al ocurso de cuenta, se observa que el diecisiete de junio de dos mil veintidós, el ingeniero Pablo Francisco Plácido Contreras Nieto aceptó y protesto el cargo como perito oficial designado a la parte actora, con el objeto de desahogar la prueba pericial en materia de caligrafía y documentoscopía admitida el veinticinco de marzo de dos mil veintidós. Asimismo, se aprecia que la junta responsable fijó las once horas del catorce de julio próximo para que tenga verificativo la toma de muestra del instrumento objeto de la citada prueba pericial. En ese contexto, se concluye que los efectos del acto reclamado en esta instancia constitucional han cesado, pues la responsable ya designó perito oficial a favor de la parte actora -aquí quejosa-, para el desahogo de la prueba pericial en materia de caligrafía y documentoscopía admitida en el juicio laboral aludido. Por ende, las cosas han vuelto al estado que guardaban hasta antes de la afectación reclamada por el quejoso en esta instancia, por lo que el presente juicio deviene improcedente. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, consultable en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En esa medida, al actualizarse la causa de improcedencia advertida, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia en el juicio de amparo en que se actúa, sin que sea necesario esperar a la celebración de la audiencia constitucional, pues no cambiaría el sentido de la presente determinación, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse. Estimar lo contrario traería consigo el retardo de la impartición de Justicia, lo que es contrario a las garantías y derechos fundamentales que tutela el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En vrtud de lo anterior, déjese sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, que se encontraba programada para las once horas con cuarenta minutos del ocho de julio de dos mil veintidós. Comuníquese lo anterior a las partes, para los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente.
- Principal
Visto lo de cuenta, agréguese para que obre como corresponda el oficio suscrito por la Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, mediante el cual adjunta copia de la diligencia de aceptación de cargo de perito practicado dentro del expediente laboral 1433/2021/L1/CE/IND de su índice. Con su contenido dese vista a las partes, para los efectos legales a que haya lugar.-
- Principal
Visto el estado que guardan los autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que en proveído de dieciséis de los actuales, se tuvo rendido el informe justificado de la autoridad responsable Directora General del Trabajo en el Estado de Guanajuato, con residencia en la capital, por lo que a la fecha no ha mediado el plazo de ocho días a que se refiere el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan de su contenido; en esa medida, no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, por lo que se difiere y en su lugar se fijan las once horas con cuarenta minutos del ocho de julio de dos mil veintidós, para su verificativo. Es aplicable la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de Tesis 29/98-PL, visible en la página 5, Tomo XI, Abril de 2000, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO".
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