Ivan Feliciano Peñaloza Aguila
Expediente 175/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 175/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 26/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Ivan Feliciano Peñaloza Aguila
Actuaciones
- Principal
Cuenta. En esta propia fecha se da cuenta al Juez con la certificación que antecede y con el estado que guardan los autos. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintiséis de abril de dos mil veintitrés. CAUSA ESTADO. Toda vez que no fue impugnado el auto que desechó la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 97 fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. ARCHIVO. Se ordena el archivo de este expediente, el cual, una vez que integren al expediente físico todas y cada una de las constancias que se acordaron y que forman parte del expediente electrónico, deberá remitirse físicamente el presente asunto al ARCHIVO DEFINITIVO, previa su anotación correspondiente en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. VALORACIÓN. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. De conformidad con el artículo 21, del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el cuaderno principal, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. Notifíquese. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido del secretario Ernesto Adame Ruíz, quien da fe.
- Principal
En veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, el Secretario da cuenta al Juez, con una demanda de amparo, presentada a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y turnada por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en esta ciudad, registrada bajo el folio3842. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés. 1. DETERMINACIONES ESPECÍFICAS EN RELACIÓN CON LA ACCIÓN DE AMPARO. Estas son las que se toman enseguida: 1.1. REGISTRO. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ****, quien se ostenta apoderado legal de ***** contra actos del Presidente de la Junta Especial Número 08 de Conciliación y Arbitraje de Lázaro Cárdenas, Michoacán de Ocampo; fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 175/2023. 1.2. CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Ahora bien, a efecto de proveer respecto de la acción de amparo indirecto, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, que literalmente establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda, y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Cobra aplicación, la jurisprudencia V.2o.J/75 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro y texto es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. De la lectura del artículo 145 de la Ley de Amparo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda de garantías sólo procede ante la concurrencia de estos requisitos: Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; que este motivo sea manifiesto; que también sea indudable. Lo relativo al motivo o causa de improcedencia del juicio constitucional no requiere mayor explicación; lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación -cuando los haya- y de los documentos que se anexan a tales promociones, y lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción directa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Del precepto trascrito, se desprende que es obligación del Juez de Distrito examinar, ante todo, el escrito de demanda y anexos que se acompañan a ella y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las causas de improcedencia reguladas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. Es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e indudable significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual. Bajo esa tesitura, este juzgador estima que, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, con relación a los numerales 5º, fracción I, 6° y 11, primer párrafo, de la Ley de Amparo, interpretados a contrario sensu, dado que el promovente de amparo carece de legitimación para instar la demanda constitucional; por tanto, debe desecharse. Del primer artículo transcrito se desprende que el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando tal causa derive de alguna disposición constitucional o de la propia Ley de Amparo. En relación con lo anterior, de los artículos 5° y 6° de la ley de la materia, se aprecia, en lo que interesa, que es parte en el juicio de amparo el quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1°, de la Ley de Amparo, y con ello se produce una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. De tal forma que, bajo los principios de instancia de parte agraviada, así como de agravio personal y directo, para la procedencia del juicio de amparo, esto es, para que el órgano jurisdiccional competente conozca y determine sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un acto de autoridad, en los casos previstos por el artículo 103 Constitucional, es requisito indispensable que quien lo promueve haya resentido un agravio a su esfera jurídica (interés jurídico o legitimo); y sólo quien resiente ese agravio puede acudir al juicio de garantías. No obstante lo anterior, respecto de los referidos principios, se advierte que el numeral 6, de la Ley de Amparo, indica una hipótesis especial en cuanto establece que, a través del ejercicio de la acción constitucional, el promovente del amparo podrá acudir a la instancia constitucional por sí mismo, o por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en la ley; no obstante, quien comparezca en términos del citado artículo, deberá acreditar tal circunstancia con las constancias respectivas, excepto cuando el acto reclamado sea de materia penal, donde bastará tal afirmación en ese sentido, en términos de lo previsto en el numeral 11 de la citada ley. Con base a lo anterior, se tiene que la persona que se ostente como representante legal, puede promover el juicio de amparo en nombre y representación del quejoso; empero, deberá acreditar tal aptitud o capacidad procesal, para comparecer a juicio en representación de aquel. Así, la capacidad (o legitimación) procesal, constituye un presupuesto procesal y requisito constitutivo de la acción en el proceso de amparo, sin el cual no puede iniciarse ni desenvolverse válidamente el juicio, por lo que debe ser analizada por el juzgador en cualquier estado del juicio, aun cuando no se impugne oportunamente esa falta de legitimación en el curso mismo del procedimiento. Lo anterior, en congruencia con lo establecido en el artículo 14, segundo párrafo y 17, segundo y tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los cuales se reconoce el principio de que en todo juicio se deben respetar las formalidades esenciales del procedimiento, entre los que se encuentran lo concerniente al análisis de los presupuestos procesales. En esa tesitura, la garantía a la tutela jurisdiccional de que habla el referido artículo 17 Constitucional, consiste básicamente, en el derecho que los gobernados tienen para solicitar a determinados órganos legalmente competentes, que ejerzan la función jurisdiccional, no es absoluta, pues el propio numeral, establece claramente que los tribunales estarán expeditos para impartir justicia al gobernado, en los plazos y términos que fijan las leyes, lo cual implica, no sólo respetar las temporalidades en que debe ejercerse la acción constitucional, sino además, todas las formalidades, requisitos y mecanismos del procedimiento. Lo anterior, encuentra sustento en la Jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 513 del Tomo XIX del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, del tenor literal siguiente: "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL "PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA "CONSTITUCIÓN FEDERAL. SUS ALCANCES. El "citado precepto constitucional establece cinco "garantías, a saber: 1) la prohibición de la autotutela o ""hacerse justicia por propia mano"; 2) el derecho a la "tutela jurisdiccional; 3) la abolición de costas "judiciales; 4) la independencia judicial, y 5) la "prohibición de la prisión por deudas del orden civil. La "segunda de dichas garantías puede definirse como el "derecho público subjetivo que toda persona tiene, "dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, "para acceder de manera expedita a tribunales "independientes e imparciales, a plantear una "pretensión o defenderse de ella, con el fin de que a "través de un proceso en el que se respeten ciertas "formalidades, se decida sobre la pretensión o la "defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. Ahora "bien, si se atiende a que la prevención de que los "órganos jurisdiccionales deben estar expeditos -"adjetivo con que se designa lo desembarazado, lo que "está libre de todo estorbo- para impartir justicia en los "plazos y términos que fijen las leyes, significa que el "poder público -en cualquiera de sus manifestaciones: "Ejecutivo, Legislativo o Judicial- no puede supeditar el "acceso a los tribunales a condición alguna, pues de "establecer cualquiera, ésta constituiría un obstáculo "entre los gobernados y los tribunales, es indudable "que tal derecho a la tutela judicial puede verse "conculcado por normas que impongan requisitos "impeditivos u obstaculizadores del acceso a la "jurisdicción, si tales trabas resultan innecesarias, "excesivas y carecen de razonabilidad o "proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente "puede perseguir el legislador. Sin embargo, no todos "los requisitos para el acceso al proceso pueden "considerarse inconstitucionales, como ocurre con "aquellos que, respetando el contenido de ese derecho "fundamental, están enderezados a preservar otros "derechos, bienes o intereses constitucionalmente "protegidos y guardan la adecuada proporcionalidad "con la finalidad perseguida, como es el caso del "cumplimiento de los plazos legales, el de agotar los "recursos ordinarios previos antes de ejercer cierto tipo "de acciones o el de la previa consignación de fianzas "o depósitos". Lo resaltado es nuestro. De tal forma que, los órganos jurisdiccionales tienen el deber de ajustarse a los mecanismos jurídicos establecidos para el ejercicio de la función jurisdiccional, lo que implica también que cualquier persona que acuda a ejercer la función jurisdiccional debe, necesariamente, someterse a los requisitos para el acceso al proceso, bajo los términos y plazos previstos constitucionalmente, para el cumplimiento de la garantía de seguridad jurídica y dentro de ésta, la de legalidad en los procedimientos. Es aplicable, lo dispuesto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 98/2014 (10a.), "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS PRESUPUESTOS PROCESALES QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL". De ahí que, si bien el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconoce el derecho a la tutela judicial efectiva, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar, los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales, que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de observar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional. Por lo que respecta a la figura jurídica de representante legal o apoderado legal del titular del derecho violado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha indicado que, no basta que quien se ostente como apoderado manifieste tal carácter al presentar la demanda, sino que éste debe acreditar que cuenta con las facultades y personalidad para: (i) representar a quien está legitimado para iniciar el juicio de amparo; y (ii) actuar eficazmente en un procedimiento determinado. De tal forma que, la personalidad derivada constituye también un presupuesto procesal que se define como la cualidad que posee un individuo o sujeto, reconocida por el órgano de conocimiento dentro de un procedimiento concreto, para actuar válidamente a nombre de una de las partes. En ese sentido, en términos de lo dispuesto en el artículo 10, de la Ley de la Materia, para acreditar la personalidad del apoderado cuando promueve juicio de amparo a nombre de otro, el juzgador, por una parte, atenderá las reglas que rigen la actuación que pretende realizar el apoderado en el caso concreto (análisis de representación o personalidad). Así, si el acto que se pretende llevar a cabo, es la instancia constitucional a través de la vía indirecta, con motivo de la presentación de la demanda de amparo, entonces se estará a lo dispuesto por la Ley de Amparo. Por lo tanto, para determinar la personalidad del apoderado que presenta la demanda de amparo en favor del quejoso, el juez de amparo deberá estudiar dos cuestiones: 1. Que dentro de las opciones de la personalidad derivada se encuentre la opción de realizar un determinado acto jurídico mediante la figura de representación que se está utilizando (acto jurídico: la presentación de la demanda de amparo; representación permitida: por representante legal, apoderado, defensor en asuntos penales o cualquier persona en determinados casos); y 2. Que el poder exista y contemple las facultades necesarias para el acto jurídico determinado, en términos de la legislación común. En el caso que nos compete, Víctor Hugo Solís Rumbo comparece a promover juicio de amparo en la vía indirecta, ostentándose con el carácter de apoderado legal de "********************, reclamando la omisión del Presidente de la Junta Especial Número 08 de Conciliación y Arbitraje de Lázaro Cárdenas, Michoacán de Ocampo, en dictar el laudo correspondiente, dentro del juicio ordinario laboral J-VIII-288/2019. Asimismo, para acreditar su personalidad, exhibe copia simple de la carta poder de veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, firmada en presencia de dos testigos, la cual, manifiesta bajo protesta de decir verdad, que es copia íntegra e inalterada de su original. El examen de la mencionada documental, se puede apreciar lo siguiente: Que al rubro se asentó el nombre del poderdante *****. Al calce del mismo, se asentó el nombre del poderdante "********************; asimismo, aparece plasmada en letra de molde, una firma que dice "ivan". Los documentos que contienen la transmisión de poderes personales, en favor de otro, presuponen una declaración de voluntad, por medio de la cual, se faculta a un ente, para realizar actos jurídicos en su nombre. De ahí que, si los datos asentados en el documento en cuestión, advierten incertidumbre en relación a la identidad del poderdante, no es dable concluir que, existe la voluntad de persona determinada (que se resienta vulnerados en sus derechos humanos), para transmitir un poder en favor de otro, a fin de intervenir en su nombre. Aunado a lo anterior, se resalta que no obra constancia alguna, que demuestre la identidad del poderdante, a fin de acreditar su existencia y nombre correcto. En consecuencia, al no haberse acreditado en autos, que el ocursante ostenta la representación como apoderado legal de "********************, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, de conformidad con el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 5°, fracción I y 6°, todos de la Ley de Amparo. Sin que se desatienda, la jurisprudencia I.15o.C.1 K (10a.), cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA CON FIRMA ELECTRÓNICA POR EL AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 11 DE LA LEY DE AMPARO. DEBE PREVENIRSE AL PROMOVENTE PARA QUE ACREDITE SU PERSONALIDAD Y NO DESECHARLA DE PLANO [INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 32/2018 (10a.)].", pues se refiere a que cabe la prevención, en el supuesto de que el promovente del amparo, omite anexar el documento con el que acredite la representación que ostenta; y, en el caso en estudio, el promovente si anexó dicho documento, sin embargo, por las irregularidades que presenta el mismo, no crean certeza jurídica en el ánimo del juzgador, para tener por acreditada la identidad del poderdante. 1.3. AUTORIZADOS Y DOMICILIO. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones las listas de este Juzgado; y, autorizados para tal efecto a ********************. 1.4. SE DA DE ALTA USUARIO. Asimismo, se autoriza a al usuario "victorabogado1416", a efecto de que se imponga del expediente electrónico; por tanto, se ordena dar de alta dicho usuario. 2. DETERMINACIONES GENERALES EN RELACIÓN CON LA ACTUACIÓN DEL PERSONAL JUDICIAL Y LAS PARTES. Se exhorta a las partes para que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, conforme al artículo 3º de la Ley de Amparo; o bien, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se pueden entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. 2.1. Integración del expediente físico y publicidad. Se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Hágase saber a las partes, que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de manifestación expresa, implica la oposición a la publicación de tales datos. Lo anterior, en términos de los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido del secretario Ernesto Adame Ruíz, quien da fe.
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