Iván Feliciano Peñaloza Aguila

Expediente 271/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
271/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
19/05/2023

Partes del expediente

  • Iván Feliciano Peñaloza Aguila

Actuaciones

  1. Principal

    En diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, la Secretaria Certifica: Que el plazo legal de que disponía la parte quejosa a fin de recurrir el auto de veinticinco de abril de dos mil veintitrés, en que se desechó la demanda de amparo, transcurrió del veintiocho de abril al ocho de mayo actual, descontando los días inhábiles, toda vez que fue notificada por lista que se fija en los estrados de este Juzgado el veintiséis de abril de dos mil veintitrés. Lo que se hace constar para los efectos legales conducentes. Doy fe.********************Asimismo, en la propia fecha se da cuenta al Juez, con el estado procesal que guardan los presentes autos. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, diecinueve de mayo de dos mil veintitrés.********************CAUSA ESTADO. Visto lo de cuenta y, en virtud de que no fue impugnado el auto de veinticinco de abril de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO.********************ARCHIVO. Dado lo anterior, se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al edificio habilitado para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. ********************Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos.********************VALORACIÓN. En términos del artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN.********************De conformidad con el artículo 21, párrafo segundo2, del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, destrúyase este expediente dentro de los treinta días siguientes al primer plazo mencionado, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación.********************Notifíquese.********************Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido de la secretaria María Guadalupe Mateo Mendoza, quien da fe.

  2. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, veinticinco de abril de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, este órgano jurisdiccional emite las determinaciones, siguientes: RECEPCIÓN Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ******************** Rumbo, quien se ostenta apoderado legal de Iván Feliciano Peñaloza Águila, contra actos del Presidente de la Junta Especial Número 08 de Conciliación y Arbitraje de ********************, Michoacán de Ocampo. REGISTRO Fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y regístrese en el libro de gobierno bajo el juicio de amparo número 271/2023. CAUSA DE IMPROCEDENCIA Ahora, a efecto de proveer respecto de la demanda de cuenta, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, que literalmente establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda, y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Cobra aplicación, la jurisprudencia V.2o.J/75 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro y texto es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. De la lectura del artículo 145 de la Ley de Amparo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda de garantías sólo procede ante la concurrencia de estos requisitos: Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; que este motivo sea manifiesto; que también sea indudable. Lo relativo al motivo o causa de improcedencia del juicio constitucional no requiere mayor explicación; lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación -cuando los haya- y de los documentos que se anexan a tales promociones, y lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción directa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Del precepto trascrito, se desprende que es obligación del Juez de Distrito examinar, ante todo, el escrito de demanda y anexos que se acompañan a ella y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las causas de improcedencia reguladas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. Es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e indudable significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual. Ahora, en el caso, se aprecia que el peticionario de amparo, comparece ante esta instancia constitucional a dolerse de, lo siguiente: "(.) III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: 1.- DEL PRESIDENTE de la H. JUNTA ESPECIAL NÚMERO 08 DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LAZARO CARDENAS MICHOACAN con domicilio en Calle ******************** número ******************** de la Colonia ******************** código postal ******************** de ******************** Michoacán. IV.- ACTOS RECLAMADOS: 1.- La inactividad y omisión procesal de dictar sentencia correspondiente en los términos que marca las Ley Federal del trabajo (última reforma 27 de diciembre del 2022) en su artículo 873.-J. 2.- La omisión de la autoridad responsable de dictar de oficio el laudo correspondiente en los términos que marca la Ley Federal del Trabajo (última reforma 12 de junio del 2015) en su artículo 885 párrafo segundo. 3.- La violación al derecho humano de mi representado a una justicia pronta y expedita consagrada en el artículo 17 de nuestra Carta Magna pues han transcurrido casi cuatro años desde que mi representado presento su demanda laboral ante la autoridad responsable sin que hasta la fecha se resuelva. 4.- La violación en exceso de los principios de inmediación, inmediatez, continuidad, celeridad, concentración, economía y sencillez procesal que rigen los procesos laborales consagrados en el artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo. 5.- La omisión de la autoridad responsable de cumplir con los términos establecidos en la Ley Federal del Trabajo hasta la conclusión del juicio. (.)." No obstante la presunción de la certeza del acto reclamado, este Órgano de Control Constitucional, de oficio advierte que, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, con relación a los numerales 5º, fracción I, 6° y 11, primer párrafo, de la Ley de Amparo, interpretados a contrario sensu, dado que el promovente de amparo carece de legitimación para instar la demanda constitucional. El dispositivo en mención, establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.) Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. (.) Artículo 11. Cuando quien comparezca en el juicio de amparo indirecto en nombre del quejoso o del tercero interesado afirme tener reconocida su representación ante la autoridad responsable, le será admitida siempre que lo acredite con las constancias respectivas, salvo en materia penal en la que bastará la afirmación en ese sentido". Del primer artículo transcrito se desprende que el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando tal causa derive de alguna disposición constitucional o de la propia Ley de Amparo. En relación con lo anterior, de los artículos 5° y 6° de la ley de la materia, se aprecia, en lo que interesa, que es parte en el juicio de amparo el quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1°, de la Ley de Amparo, y con ello se produce una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. De tal forma que, bajo los principios de instancia de parte agraviada, así como de agravio personal y directo, para la procedencia del juicio de amparo, esto es, para que el órgano jurisdiccional competente conozca y determine sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un acto de autoridad, en los casos previstos por el artículo 103 Constitucional, es requisito indispensable que quien lo promueve haya resentido un agravio a su esfera jurídica (interés jurídico o legitimo); y sólo quien resiente ese agravio puede acudir al juicio de garantías. No obstante lo anterior, respecto de los referidos principios, se advierte que el numeral 6, de la Ley de Amparo, indica una hipótesis especial en cuanto establece que, a través del ejercicio de la acción constitucional, el promovente del amparo podrá acudir a la instancia constitucional por sí mismo, o por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en la ley; no obstante, quien comparezca en términos del citado artículo, deberá acreditar tal circunstancia con las constancias respectivas, excepto cuando el acto reclamado sea de materia penal, donde bastará tal afirmación en ese sentido, en términos de lo previsto en el numeral 11 de la citada ley. Con base a lo anterior, se tiene que la persona que se ostente como representante legal, puede promover el juicio de amparo en nombre y representación del quejoso; empero, deberá acreditar tal aptitud o capacidad procesal, para comparecer a juicio en representación de aquel. Así, la capacidad (o legitimación) procesal, constituye un presupuesto procesal y requisito constitutivo de la acción en el proceso de amparo, sin el cual no puede iniciarse ni desenvolverse válidamente el juicio, por lo que debe ser analizada por el juzgador en cualquier estado del juicio, aun cuando no se impugne oportunamente esa falta de legitimación en el curso mismo del procedimiento. Apoya lo anterior, el criterio jurisprudencial rubro y texto: "LEGITIMACIÓN, ESTUDIO OFICIOSO DE LA. La falta de legitimación de alguna de las partes contendientes constituye un elemento o condición de la acción que, como tal, debe ser examinada aun de oficio por el juzgador. Lo anterior, en congruencia con lo establecido en el artículo 14, segundo párrafo y 17, segundo y tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los cuales se reconoce el principio de que en todo juicio se deben respetar las formalidades esenciales del procedimiento, entre los que se encuentran lo concerniente al análisis de los presupuestos procesales. En esa tesitura, la garantía a la tutela jurisdiccional de que habla el referido artículo 17 Constitucional, consiste básicamente, en el derecho que los gobernados tienen para solicitar a determinados órganos legalmente competentes, que ejerzan la función jurisdiccional, no es absoluta, pues el propio numeral, establece claramente que los tribunales estarán expeditos para impartir justicia al gobernado, en los plazos y términos que fijan las leyes, lo cual implica, no sólo respetar las temporalidades en que debe ejercerse la acción constitucional, sino además, todas las formalidades, requisitos y mecanismos del procedimiento. Lo anterior, encuentra sustento en la Jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 513 del Tomo XIX del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, del tenor literal siguiente: "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES. La garantía a la tutela jurisdiccional puede definirse como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. Ahora bien, si se atiende a que la prevención de que los órganos jurisdiccionales estén expeditos -desembarazados, libres de todo estorbo- para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, significa que el poder público -en cualquiera de sus manifestaciones: Ejecutivo, Legislativo o Judicial- no puede supeditar el acceso a los tribunales a condición alguna, pues de establecer cualquiera, ésta constituiría un obstáculo entre los gobernados y los tribunales, por lo que es indudable que el derecho a la tutela judicial puede conculcarse por normas que impongan requisitos impeditivos u obstaculizadores del acceso a la jurisdicción, si tales trabas resultan innecesarias, excesivas y carentes de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador. Sin embargo, no todos los requisitos para el acceso al proceso pueden considerarse inconstitucionales, como ocurre con aquellos que, respetando el contenido de ese derecho fundamental, están enderezados a preservar otros derechos, bienes o intereses constitucionalmente protegidos y guardan la adecuada proporcionalidad con la finalidad perseguida, como es el caso del cumplimiento de los plazos legales, el de agotar los recursos ordinarios previos antes de ejercer cierto tipo de acciones o el de la previa consignación de fianzas o depósitos." De tal forma que, los órganos jurisdiccionales tienen el deber de ajustarse a los mecanismos jurídicos establecidos para el ejercicio de la función jurisdiccional, lo que implica también que cualquier persona que acuda a ejercer la función jurisdiccional debe, necesariamente, someterse a los requisitos para el acceso al proceso, bajo los términos y plazos previstos constitucionalmente, para el cumplimiento de la garantía de seguridad jurídica y dentro de ésta, la de legalidad en los procedimientos. Es aplicable, lo dispuesto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 98/2014 (10a.), "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS PRESUPUESTOS PROCESALES QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL". De ahí que, si bien el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconoce el derecho a la tutela judicial efectiva, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar, los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales, que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de observar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional. Por lo que respecta a la figura jurídica de representante legal o apoderado legal del titular del derecho violado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha indicado que, no basta que quien se ostente como apoderado manifieste tal carácter al presentar la demanda, sino que éste debe acreditar que cuenta con las facultades y personalidad para: (i) representar a quien está legitimado para iniciar el juicio de amparo; y (ii) actuar eficazmente en un procedimiento determinado. De tal forma que, la personalidad derivada constituye también un presupuesto procesal que se define como la cualidad que posee un individuo o sujeto, reconocida por el órgano de conocimiento dentro de un procedimiento concreto, para actuar válidamente a nombre de una de las partes. En ese sentido, en términos de lo dispuesto en el artículo 10, de la Ley de la Materia, para acreditar la personalidad del apoderado cuando promueve juicio de amparo a nombre de otro, el juzgador, por una parte, atenderá las reglas que rigen la actuación que pretende realizar el apoderado en el caso concreto (análisis de representación o personalidad). Así, si el acto que se pretende llevar a cabo, es la instancia constitucional a través de la vía indirecta, con motivo de la presentación de la demanda de amparo, entonces se estará a lo dispuesto por la Ley de Amparo. Por lo tanto, para determinar la personalidad del apoderado que presenta la demanda de amparo en favor del quejoso, el juez de amparo deberá estudiar dos cuestiones: 1. Que dentro de las opciones de la personalidad derivada se encuentre la opción de realizar un determinado acto jurídico mediante la figura de representación que se está utilizando (acto jurídico: la presentación de la demanda de amparo; representación permitida: por representante legal, apoderado, defensor en asuntos penales o cualquier persona en determinados casos); y 2. Que el poder exista y contemple las facultades necesarias para el acto jurídico determinado, en términos de la legislación común. En el caso que nos compete, ******************** ********************comparece a promover juicio de amparo en la vía indirecta, ostentándose con el carácter de apoderado legal de ********************, reclamando la omisión del Presidente de la Junta Especial Número 08 de Conciliación y Arbitraje de ********************, Michoacán de Ocampo, en dictar el laudo correspondiente, dentro del juicio ordinario laboral ******************** ********************. Asimismo, para acreditar su personalidad, exhibe copia simple de la carta poder de veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, firmada en presencia de dos testigos, la cual, manifiesta bajo protesta de decir verdad, que es copia íntegra e inalterada de su original. El examen de la mencionada documental, se puede apreciar lo siguiente: 1. Que al rubro se asentó el nombre del poderdante ******************** 2. Al calce del mismo, se asentó el nombre del poderdante ********************; asimismo, aparece plasmada en letra de molde, una firma que dice "********************". Los documentos que contienen la transmisión de poderes personales, en favor de otro, presuponen una declaración de voluntad, por medio de la cual, se faculta a un ente, para realizar actos jurídicos en su nombre. De ahí que, si los datos asentados en el documento en cuestión, advierten incertidumbre en relación a la identidad del poderdante, no es dable concluir que, existe la voluntad de persona determinada (que se resienta vulnerados en sus derechos humanos), para transmitir un poder en favor de otro, a fin de intervenir en su nombre. En consecuencia, al no haberse acreditado en autos, que el ocursante ostenta la representación como apoderado legal de ********************, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, de conformidad con el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 5°, fracción I y 6°, todos de la Ley de Amparo. Sin que se desatienda, la jurisprudencia I.15o.C.1 K (10a.), cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA CON FIRMA ELECTRÓNICA POR EL AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 11 DE LA LEY DE AMPARO. DEBE PREVENIRSE AL PROMOVENTE PARA QUE ACREDITE SU PERSONALIDAD Y NO DESECHARLA DE PLANO [INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 32/2018 (10a.)].", pues se refiere a que cabe la prevención, en el supuesto de que el promovente del amparo, omite anexar el documento con el que acredite la representación que ostenta; y, en el caso en estudio, el promovente si anexó dicho documento, sin embargo, por las irregularidades que presenta el mismo, no crean certeza jurídica en el ánimo del juzgador, para tener por acreditada la identidad del poderdante. DOMICILIO PROCESAL Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda. AUTORIZADOS Asimismo, se le tiene autorizando únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a las personas que señala en su manuscrito de cuenta. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO De conformidad con los artículos 36 y 57 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza el acceso al presente expediente en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a través del usuario que para tal efecto proporciona. DETERMINACIONES GENERALES EN RELACIÓN CON LA ACTUACIÓN DE LAS PARTES Se exhorta a las partes para que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; o bien, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se pueden entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO Y PUBLICIDAD Se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Hágase saber a las partes, que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de manifestación expresa, implica la oposición a la publicación de tales datos. Lo anterior, en términos de los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido de la Secretaria María Guadalupe Mateo Mendoza, quien da fe.

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