Iván Fabela Ortega
Expediente 513/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 513/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 03/08/2021
Partes del expediente
- Iván Fabela Ortega
Actuaciones
- Principal
VII.- Toluca, Estado de México, tres de agosto de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso revisión, dentro del término legal, contra el auto emitido el catorce de julio del año en curso, mediante la cual se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo; en consecuencia, con apoyo en el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que el mismo ha causado ejecutoria. Dicho cómputo sólo se realiza respecto a la parte quejosa, ya que fue a ésta a quien únicamente afectó el sobreseimiento del juicio de amparo en que se actúa. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido.
- Principal
Intégrese el informe justificado rendido por la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Valle de Cuautitlán, Texcoco. PRUEBA Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba la documental que remite la oficiante. ESTADO DE AUTOS En auto de diecisiete de junio de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda presentada por Iván Fabela Ortega, quien solicitó el amparo de la justicia federal respecto a la autoridad y acto reclamado: AUTORIDAD RESPONSABLE Presidente de la Junta Especial Número Nueve de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Cuautitlán - Texcoco, con sede en Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Junta Especial Número Nueve de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Cuautitlán - Texcoco, con sede en Cuautitlán Izcalli, Estado de México. ACTO RECLAMADO. La omisión de la responsable de dar respuesta a la petición del quejoso respecto a su solicitud para que emita auto de ejecución con mandamiento de embargo en el expediente laboral 783/2015; y, La dilación en el trámite del procedimiento laboral ya referido. Ahora, el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, faculta a este juzgador a, en cualquier momento de su sustanciación, analizar causa que se actualice y que origine la improcedencia del juicio constitucional, sin que sea obstáculo la circunstancia de haber admitido la demanda en su oportunidad; tal norma establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando:. V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior.". ANÁLISIS DEL CONCEPTO MANIFIESTO E INDUDABLE En atención a lo dispuesto por el artículo y fracción referidos, se precisa que la actualización de la causal de improcedencia deberá ser de forma manifiesta e indudable. Al respecto, es necesario delimitar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes.". SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. Una vez precisado lo anterior, se estima que el presente juicio es improcedente, en atención a que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado, cuyo texto es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: I. (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del análisis gramatical del artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, permite precisar que según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de la garantía violada. Existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: Por revocación; y, Por sustitución. El primer supuesto [por revocación], se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto [por sustitución], se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso o proceso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente. Cabe precisar que la cesación de efectos se da cuando el acto queda destruido en su totalidad, porque la autoridad en forma unilateral lo revocó y la situación jurídica del particular se restablece como si ese acto jamás hubiera existido, porque los efectos que pudo haber provocado en la esfera jurídica del gobernado quedaron destruidos. En ese caso, los efectos de la determinación recurrida cesan al haber sido sustituido por una nueva resolución, o por haber surgido una de esta clase, que es la que rige el procedimiento correspondiente. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Por tanto, en términos del motivo de improcedencia apuntado, no existe motivo para la resolución del juicio de amparo cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, de la interpretación relacionada de lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí, ninguna huella. Son aplicables al caso, las jurisprudencias emitidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la primera identificada con el número de registro 193758, tesis 2ª./J. 59/99, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de texto: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." La diversa, con número de identificación 196820, tesis 2ª./J. 9/98, visible en la página 210, Tomo VII, Febrero de 1998 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de epígrafe y texto: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Y eso es lo que acontece en el caso que se analiza, ya que el acto que tilda inconstitucional la parte quejosa es la omisión de la responsable de dar respuesta a la petición respecto a su solicitud para que emitera auto de ejecución con mandamiento de embargo en el expediente laboral 783/2015, así como la dilación en el trámite de dicho procedimiento laboral. Ahora, de las constancias remitidas por la responsable se advierte que el dieciocho de junio de la presente anualidad, dictó dentro de su expediente laboral 783/2015, la resolución de la cual deviene el acto reclamado, es decir acordó las peticiones del quejoso, ordenando las gestiones necesarias para realizar el embargo correspondiente. Sin que sea obstáculo que no remita la notificación del mismo, realizada a la parte quejosa, ya que la que se haga de la presente determinación servirá para tales efectos. Luego, si la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de su efectos, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Tal consideración se desprende del criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo LXXXIX, pagina 731, Quinta Época, con registro 321701, del rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. La cesación de los efectos del acto reclamado que amerita que se sobresea, no consiste en que tales efectos ya no se puedan producir en lo futuro, sino que es necesario que sobrevenga una revocación total del acto y de los efectos que haya producido, pues de otra manera se dejaría de juzgar, sin motivo, de la legalidad del acto y sus efectos, en el periodo comprendido entre el día en que se realizó y en aquel en que cesó. En otras palabras, para que se pueda admitir que han cesado los efectos del acto reclamado se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera existido. Por tanto, si una ley viene a establecer reglas para el futuro, en determinada materia, pero deja en pie lo ocurrido antes a virtud del acto reclamado, la materia, del amparo subsiste, aun cuando puede quedar limitada a cierto tiempo, y por lo mismo, no hay cesación de efectos". En consecuencia, tal como se evidencia de lo relatado, los efectos de la transgresión aducida por la parte quejosa cesaron. De ese modo, se encuentra plenamente demostrada la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; por tanto, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de garantías. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 2833, Tomo CXXV, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que indica: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. El sobreseimiento puede dictarlo el juez en cualquier momento en que proceda, sin importar que se haya o no celebrado la audiencia, y eso no significa la indefensión del quejoso, porque se le dio entrada a la demanda." SIN EFECTOS AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Finalmente, en virtud a que la audiencia constitucional se encuentra fijada para su celebración a las nueve horas del veintiocho de julio de dos mil veintiuno, se ordena dejar sin efectos tal señalamiento. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa adjuntando copia simple de la promoción de cuenta y por oficio a las autoridades responsables.
- Principal
Vista la demanda que promueve Iván Fabela Ortega, con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, admítase y regístrese bajo el número 513/2021-VII. AUTORIDAD RESPONSABLE Presidente de la Junta Especial Número Nueve de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Cuautitlán - Texcoco, con sede en Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Junta Especial Número Nueve de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Cuautitlán - Texcoco, con sede en Cuautitlán Izcalli, Estado de México. ACTO RECLAMADO. La omisión de la responsable de dar respuesta a la petición del quejoso respecto a su solicitud para que emita auto de ejecución con mandamiento de embargo en el expediente laboral 783/2015; y, La dilación en el trámite del procedimiento laboral ya referido. INCIDENTE Sin que se tramite incidente de suspensión al no haberse solicitado. MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL Dése intervención al Ministerio Público de la Federación, a quien se le da la vista con el escrito de demanda. AUDIENCIA Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las nueve horas del veintiocho de julio de dos mil veintiuno. REQUERIMIENTO AUTORIDAD Con fundamento en el artículo 117, párrafo uno de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable su informe justificado, que deberá rendir dentro del término de quince días contados a partir de la notificación de este proveído, debiendo anexar copia certificada legible, completa y ordenada de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe. En el entendido de que podrá rendir el citado informe y anexos en un plazo menor al señalado, lo cual contribuirá en una pronta impartición de justicia en favor de los justiciables, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 constitucional. Bajo apercibimiento que de ser omisa en rendir el informe conforme a los lineamientos antes detallados, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, respetivamente. Por otra parte, de actualizarse alguna causa de sobreseimiento, deberá informarlo de inmediato; en caso de no hacerlo se hará acreedora a una multa de treinta Unidades de Medida y Actualización, de acuerdo a lo dispuesto por el numeral 251, del ordenamiento invocado. Se pide a la autoridad requerida remita a este juzgado la información solicitada al correo electrónico institucional -7jdomajf2cto@correo.cjf.gob.mx- y para cualquier confirmación de recibido puede comunicarse al número (01) 722 236 05 00, extensión 2481; en cumplimiento a la expedita impartición de justicia que prevé el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. NOTIFICACIÓN AUTORIDAD Por otro lado, se hace del conocimiento a la autoridad responsable que, en términos del artículo 28, fracción I, 29, 30 y 31 de la Ley de Amparo, los acuerdos de trámite de menor trascendencia se le notificarán por lista, y los restantes por oficio. En apoyo se invoca la jurisprudencia 2ª./J. 176/2012, visible en la página 1253, de enero de dos mil trece, tomo 2, Décima Época del Semanario Judicial y su Gaceta, cuyo rubro es: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.". TERCERO INTERESADO Ahora, no ha lugar a tener como tercero interesada a la Universidad Politécnica de Cuautitlán Izcalli, toda vez que la dilación procesal reclamada en el juicio también le afecta a esa parte, por lo cual no tiene un interés contrario a la parte quejosa. En el entendido que este juzgado de Distrito no soslaya el contenido de la jurisprudencia 1ª/J. 90/2010, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "TERCERO PERJUDICADO. CUANDO SE RECLAMEN VIOLACIONES AL DERECHO DE PETICIÓN O A LOS PRINCIPIOS DE PLENITUD Y EXPEDITEZ EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, EXISTE SI EL ACTO RECLAMADO DERIVA DE UN JUICIO O PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO.". No obstante, se considera que esa interpretación dejó de ser aplicable en la actualidad, pues la Ley de Amparo, en su artículo 5°, fracción III, inciso b) precisa la necesidad de un interés adverso para sostener la existencia de un tercero interesado antagonista de la parte quejosa, lo cual, se reitera, no sucede en la especie, en tanto que el actor como la demandada esperan la pronta resolución de la controversia a la que son sometidos. En el caso, al tratarse los actos reclamados de una omisión y dilación el procedimiento laboral, se concluye que se trata de una abstención de la autoridad responsable, por tanto, al margen del sentido del actuar de esta al reparar la afectación del quejoso en su derecho de acceso pleno y eficaz a la justicia, la materia del juicio constitucional es una omisión y no los actos que se pudieran desplegar con posterioridad; por tanto, no se actualiza el interés adverso que pudiera llegar a tener la parte demandada en el juicio de origen. CONSULTA DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se faculta a las partes emplear para la consulta del expediente los medios electrónicos a que alude la circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. DOMICILIO A petición de la parte quejosa, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), y el diverso 29, de la Ley de Amparo, se tienen las listas que se publican en los estrados de este juzgado para que la parte tercero interesada oiga y reciba todo tipo de notificaciones, aun las que ameriten ser personales; sin menoscabo de que posteriormente señale uno diverso dentro del área conurbada de este juzgado, esto es, Toluca o Metepec. AUTORIZADOS Con relación a los autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; dígase que éstos se avalan en términos amplios, siempre y cuando cuenten con su registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. GRATUIDAD DEL SERVICIO Se recuerda a las partes que de conformidad con lo que dispone el artículo 17 constitucional, todos los servicios que presta este juzgado de distrito son gratuitos. TRANSPARENCIA Con fundamento en los artículos 1 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 1 y 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el seis de febrero de dos mil catorce, en el Diario Oficial de la Federación; se hace del conocimiento de las partes que en todo tratamiento de datos personales en el presente asunto deberá de ponderar la existencia o no del consentimiento inequívoco de su titular para su publicación, otorgado por escrito, en forma libre, expresa e informada, con las excepciones previstas en los numerales en cita, en el entendido que de no hacerlo, se publicará la resolución que se dicte con la supresión de datos conforme a los lineamientos mencionados. EXHORTACIÓN A LAS PARTES Finalmente, con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina la reanudación de plazos y el regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, para mejorar la comunicación con las partes, mientras no atiendan la sugerencia, se les invita a que: a) de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y, b) propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Notifíquese; y por oficio a las autoridades responsables y al Agente del Ministerio Público Federal adscrito.
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