Ivan Fabela Ortega
Expediente 472/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 30 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 472/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 30/06/2022
Partes del expediente
- Ivan Fabela Ortega
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Dicho cómputo sólo se realiza respecto a la parte quejosa, ya que fue a ésta a quien únicamente afectó el sobreseimiento. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido.
- Principal
ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por el mandatario del quejoso Iván Fabela Ortega, respecto de los actos reclamados y autoridades responsables indicadas en la presente resolución.
- Principal
L. Téngase por rendido el justificado del Presidente de la Junta Especial Número Nueve de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Cuautitlán Texcoco y en representación de la misma, con su contenido íntegro y anexos que acompaña, dese vista a las partes por un término continuo de ocho días para que manifiesten lo que a sus intereses convenga.
- Principal
L.Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 638/2021-II-D; y, R E S U L T A N D O ÚNICO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado en línea el catorce de julio de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, turnado a este Juzgado Federal el mismo día; Luis Alberto García Gutiérrez solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal. En auto de quince de julio de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional desechó la demanda de amparo. Contra esa determinación el quejoso interpuso recurso de queja, que correspondió conocer al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, quien lo registró con el número 157/2021, y en sesión ordinaria de catorce de octubre de esa misma anualidad, lo declaró fundado. En cumplimiento a lo anterior, por auto de tres de noviembre de dos mil veintiuno, este Juzgado Federal admitió la demanda. Seguidas las formalidades de ley, se llevó a cabo la audiencia constitucional en términos del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el juicio de amparo planteado, de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107, fracción IV, de la Constitución General de la República; 1° fracción I, 37 y 107, fracción VII, de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por reclamarse actos que carecen de ejecución material y la demanda se presentó en la demarcación territorial donde este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En términos de lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar de manera clara y precisa los actos que se reclaman. En ese tenor, por así desprenderse del estudio integral de la demanda de amparo, se obtiene que la parte quejosa reclama: La omisión de dar acceso a los registros de investigación, así como dar seguimiento a la carpeta de investigación LER/TOL/LER/054/050154/21/02, integrada por el Agente del Ministerio Público adscrito al Primer Turno de Lerma de Villada, Estado de México. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. El Agente del Ministerio Público adscrito al Primer Turno de Lerma de Villada, Estado de México, al rendir informe justificado (foja 54) negó la existencia de los actos reclamados; sin embargo, manifestó que no ha incurrido en la omisión de dar acceso a los registros de investigación, así como dar seguimiento a la integración de la carpeta de investigación LER/TOL/LER/054/050154/21/02, ya que en la grabación del desarrollo de la audiencia de diez de febrero de dos mil veintiuno, dentro del juicio oral 38/2019, la juez de enjuiciamiento comunicó al quejoso que en relación a los ilícitos que motivaron el inicio de la carpeta de investigación, debería comparecer ante el Ministerio Público para hacer las precisiones que estimara pertinentes respecto a los delitos que pretendió denunciar, sin que compareciera para tal efecto. Al respecto, es necesario precisar que tratándose de actos negativos (actos de omisión o abstención), la carga de la prueba no corresponde al quejoso sino a la autoridad señalada como responsable; puesto que no por el hecho de que la autoridad responsable niegue los actos reclamados, esta circunstancia baste para tenerlos por negados, ya que si se atiende a que el acto reclamado tiene la naturaleza de negativo, es a la autoridad responsable a quien corresponde acreditar que no incurrió en la omisión apuntada, motivo por el cual no es suficiente su afirmación en el sentido de que no son ciertos los actos reclamados, si no demuestra haber realizado lo que reclaman omitió hacer. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia I.3o.A.J/21, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 660, Tomo V, segunda parte-2, enero-junio de 1990 del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, con número de registro 226432, que establece: "ACTOS RECLAMADOS. ACTO NEGATIVO Y NEGATIVA DEL ACTO. SON DOS COSAS DISTINTAS. CARGA DE LA PRUEBA. Todo acto, por definición, supone la existencia de una conducta ya sea activa o pasiva. Dentro de la clasificación de los actos reclamados se distinguen entre los positivos y los negativos, considerando a los primeros como los que implican un hacer y a los segundos como los que reflejan una omisión o abstención. Así, para diferenciarlos se atiende a su naturaleza y a los efectos que producen respecto de la realidad. Por otra parte, la esencia del acto negativo versa, exclusivamente, sobre su característica que denota la omisión o la abstención de aquella a quien se atribuye. La negativa del acto, por lo contrario, no atiende a la naturaleza de aquél, sino que propiamente constituye sólo una expresión sobre su existencia. En ello radica precisamente la diferencia entre un acto negativo y la negativa del acto. Como no se trata de conceptos iguales, la carga de la prueba en uno y otro supuesto se distribuye en forma desigual. La negativa simple del acto libera a quien la fórmula de la necesidad de probarla, pues, lógicamente, no es factible demostrar lo que se ha negado; de tal suerte que la carga de probar recae en su contraparte. En otro orden de ideas, si la negativa del acto no es simple sino calificada porque importa una afirmación, entonces quien la produce sí se encuentra en la necesidad de justificarla. La regla en cuestión se encuentra prevista por el artículo 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al disponer que el que niega sólo está obligado a probar, entre otras hipótesis, cuando la negación envuelva la afirmación expresa de un hecho. En tal virtud, si el acto por su naturaleza es negativo y aquella a quien se atribuye lo niega, no corresponde a su contraparte demostrar la existencia de ese acto debido a que, ciertamente, no se encuentra en la posibilidad de probar la omisión o la abstención de su contraria, sino que, como la negativa expresada por esta encierra la afirmación de que no incurrió en ellas, debe acreditarlo. En suma, como la manifestación respecto de la existencia del acto no modifica la naturaleza de éste, en tanto que se trata de cosas diferentes, debe concluirse que, si las autoridades responsables en su informe niegan la existencia de los actos, esa consideración no les imprime a éstos el carácter de negativos." Por lo que, la negativa de la responsable no basta para tener por inexistente los actos, pues es ésta la que debe acreditar que si realizó el acto de cuya abstención se duele el quejoso. Lo anterior, siempre y cuando esté obligada a realizar el acto cuya omisión se reclama. Ahora, de las constancias que remitió la propia responsable como apoyo a su informe justificado, consistentes en la copia certificada de la carpeta de investigación LER/TOL/LER/054/050154/21/02 y de la audiencia desahogada el diez de febrero de dos mil veintiuno, dentro del juicio oral 38/2019, contenida en un disco en formato DVD, las cuales tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo que disponen los artículos 129, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su numeral 2°; así como lo expuesto en la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 703, Libro XXIII, agosto de 2013, Tomo 1, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro digital: 2004362, de rubro y texto: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Documentales de las que se desprende que por acuerdo de veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, el agente del Ministerio Público adscrito al Primer Turno del Centro de Justicia de Lerma, Estado de México, ordenó el inicio y registro de la carpeta de investigación LER/TOL/LER/054/050154/21/02, así como la práctica de todas y cada una de las diligencias necesarias tendentes al esclarecimiento de los hechos, sin que exhibiera algún elemento de prueba para demostrar que se llevaron a cabo diligencias para la continuación de dicha carpeta; por lo que, atendiendo a sus manifestaciones y las constancias que remitió se tienen como ciertos los actos que negó. CUARTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, deben analizarse las causas de improcedencia que surjan en el presente juicio, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Esta juzgadora considera actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." Fracción que establece que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado no afecte el interés jurídico del quejoso y, contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. Cabe resaltar que el interés jurídico previsto en la disposición legal transcrita consiste en la existencia de un derecho legítimamente tutelado por el ordenamiento jurídico objetivo, que al ser transgredido por la actuación de una autoridad, faculta al agraviado para acudir ante el órgano jurisdiccional y demandar la reparación de dicha transgresión. Asimismo, tal interés jurídico debe entenderse como aquel que las partes tienen en relación con los derechos o las cosas materia del juicio en que intervienen. Consideraciones que se ven robustecidas con el contenido de la jurisprudencia VI. 2o. J/87, con número de registro 224803, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 364 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Segunda Parte-1, Julio-Diciembre de 1990, Materia Común, Octava Época, del contenido siguiente: "INTERES JURIDICO. EN QUE CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona." Desde esa perspectiva, el interés jurídico para ejercitar la acción constitucional, se encuentra íntimamente relacionado con el artículo 6° de la propia Ley de Amparo, cuyo texto prevé: "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." El precepto transcrito contiene el principio rector de agravio personal y directo, el cual estatuye que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, como lo dispone el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De lo anterior, se sigue que para la procedencia de la acción constitucional se requiere como presupuesto indispensable, que se acredite la afectación por el o los actos reclamados, de los derechos que se invocan, sean patrimoniales o de cualquier otra especie. Un acto de autoridad que se reclama a través de la vía constitucional, causa perjuicio a una persona cuando lesiona directamente su interés jurídico o legítimo, sea en su persona, patrimonio o derechos y es entonces cuando nace la acción anulatoria de la violación reclamada en un juicio de amparo. Establecido lo anterior, debe decirse que la afectación al interés jurídico es un presupuesto indispensable para lograr la procedencia del juicio de amparo. En ese contexto, en el presente asunto el quejoso Luis Alberto García Gutiérrez reclama la omisión de dar acceso a los registros de investigación, así como dar seguimiento a la carpeta de investigación LER/TOL/LER/054/050154/21/02, integrada por el Agente del Ministerio Público adscrito al Primer Turno de Lerma de Villada, Estado de México. Del análisis de la copia certificada de las constancias relativas a la carpeta de investigación LER/TOL/LER/054/050154/21/02 y de la audiencia desahogada el diez de febrero de dos mil veintiuno, dentro del juicio oral 38/2019, contenida en un disco en formato DVD, que remitió la responsable como apoyo a su informe justificado, las cuales fueron valoradas en los párrafos que anteceden se advierten los siguientes antecedentes: En audiencia de diez de febrero de dos mil veintiuno, relativa al juicio oral 38/2019, el quejoso (quien estaba presente con el carácter de defensor particular de Juan Osorio Gutiérrez, Rosalío Nemorio Nava Lechuga y Armando Lechuga Osorio) presentó denuncia, por propio derecho, ante el Ministerio Público por los delitos de falso testimonio y transferencia ilegal de bienes ejidales, previstos en los artículos 156 fracción II, y 315 del Código Penal vigente en el Estado de México, en contra de María del Carmen Ontiveros Ortega, derivados de las diligencias que con motivo de ese juicio fueron desahogadas (minuto 1:06:28 a 1:10:38). En la misma audiencia, atendiendo a las manifestaciones del quejoso Luis Alberto García Gutiérrez, la Juez de Tribunal de Enjuiciamiento con sede en Lerma de Villada, Estado de México, ordenó a la Representación Social la apertura de una carpeta de investigación para dar trámite a la denuncia que pretendió realizar el quejoso y que éste hiciera las precisiones que estimara necesarias, autorizando copia certificada de dicha diligencia tanto al fiscal como a la defensa con la finalidad de que estuvieran en posibilidad de dar trámite, si así lo estimaban pertinente, a la investigación correspondiente (minuto 1:10:39 a 1:13:56). Oficio sin número, de fecha veintidós de febrero de dos mil veintiuno, suscrito por la Agente del Ministerio Público adscrita a la Coordinación General de Litigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, dirigido al Agente del Ministerio Público en turno de Lerma de Villada, Estado de México, mediante el cual, en cumplimiento a lo ordenado por la Juez de Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Lerma, Estado de México, en el desarrollo de la audiencia relativa al juicio oral 38/2019, de diez de febrero de dos mil veintiuno, remitió copia certificada de dicha audiencia para el inicio de la carpeta de investigación correspondiente (foja 107 del expediente). Acuerdo de veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, emitido por el agente del Ministerio Público adscrito al Primer Turno del Centro de Justicia de Lerma, Estado de México, en el que, con motivo de la recepción del oficio señalado en el numeral que antecede, ordenó el inicio y registro de la carpeta de investigación LER/TOL/LER/054/050154/21/02, así como la práctica de todas y cada una de las diligencias necesarias tendentes al esclarecimiento de los hechos (foja 106 del expediente). Ahora bien, la denuncia es el acto mediante el cual se hace del conocimiento de la autoridad ministerial la comisión de algún delito o infracción. El denunciante puede ser cualquier persona, ya sea que resienta afectación directa -como son la víctima u ofendido- o bien, cualquier persona que hace del conocimiento de la autoridad la comisión de ese hecho, sin sufrir ninguna afectación directa a su persona o a sus bienes. Con base en lo anterior, atendiendo al contenido de las constancias remitidas por la autoridad responsable se advierte que el quejoso Luis Alberto García Gutiérrez solo tiene la calidad de denunciante en la carpeta de investigación LER/TOL/LER/054/050154/21/02, iniciada por el Agente del Ministerio Público adscrito al Primer Turno de Lerma de Villada del Estado de México, al haber sido la persona que hizo del conocimiento a la representación social la existencia de hechos con apariencia de los delitos de falso testimonio y transferencia ilegal de bienes ejidales, pero que no le afectan a sus bienes o a su persona, por las siguientes consideraciones: Tratándose de la denuncia, la ley no exige que sea el ofendido del delito quien haga del conocimiento de la representación social los hechos delictuosos, a diferencia de la querella, en la que la normatividad exige una calidad específica del querellante. Por tanto, si los delitos de falso testimonio y transferencia ilegal de bienes sujetos a régimen ejidal previstos en los artículos 156 fracción II y 315 del Código Penal vigente en el Estado de México, se persiguen de oficio, la carpeta de investigación puede iniciarse si una persona sin calidad específica (como acontece en el caso) pone en conocimiento de la autoridad hechos probablemente delictivos, pero no otorga al denunciante calidad para actuar dentro de dicho procedimiento, pues corresponde a la representación social encargarse de la investigación de tales hechos, desahogando las diligencias que estime necesarias para el esclarecimiento de los mismos. De ahí que cuando un denunciante dé noticia de un hecho que considera delictivo, pero no demuestre que sufrió un daño físico, pérdida financiera o menoscabo de sus derechos fundamentales como consecuencia del delito que denunció, no le recae el carácter de víctima u ofendido, pues debe acreditar alguno de los supuestos mencionados, con motivo de la comisión de un delito en términos de lo dispuesto en el artículo 20, Apartado C, fracción IV, de la Constitución Federal, norma fundamental que concede el derecho a la reparación del daño a la víctima o al ofendido del delito, entre los que puede encontrarse el denunciante, siempre y cuando se acrediten los supuestos referidos. Esto porque, si bien a todos los miembros de la sociedad les interesa que los delitos sean perseguidos y eventualmente, sancionados, este aspecto no es motivo suficiente para reconocer una legitimación amplia a toda la ciudadanía, pues ello implicaría instar el aparato gubernamental, sin mayor restricción, sustentándonos en la tutela de un derecho totalmente difuso que no, necesariamente, tiene implicaciones -en un sentido u otro- en la esfera jurídica de derechos particulares que se ostenten como simples denunciantes, que dan una mera noticia criminis. En el caso, el quejoso Luis Alberto García Gutiérrez no acreditó que sufrió una afectación a un derecho fundamental tutelado constitucionalmente, esto es, que derivado de la realización de los hechos probablemente constitutivos de las conductas delictivas de falso testimonio y transferencia ilegal de bienes sujetos a régimen ejidal, se le haya causado un perjuicio o detrimento en sus derechos o bienes y que por ende, las omisiones reclamadas al Agente del Ministerio Público adscrito al Primer Turno de Lerma de Villada del Estado de México, transgreden su esfera jurídica; no obstante que le correspondía ofrecer prueba fehaciente e idónea durante la secuela procesal del presente juicio de amparo y hasta la celebración de la audiencia constitucional, para acreditar tal circunstancia. Esto es así, pues conforme a las constancias de autos, se deduce que no se ubica en los supuestos de reparación del daño, si no que, únicamente cuenta con la calidad de denunciante, es decir, quien puso en conocimiento de la autoridad investigadora hechos con apariencia de delitos, que probablemente tengan una afectación a los derechos de los imputados en el juicio oral 38/2019, pero no a la esfera jurídica de quien los asistió como su defensor particular, es decir, el quejoso Luis Alberto García Gutiérrez. Toda vez que, tratándose de las conductas que denunció, éstas si pueden ser susceptibles de causar una afectación a quien acude al juicio de amparo, por lo que casuísticamente debe analizarse si existe esa afectación al interés jurídico del promovente, porque habrá ocasiones en que la "notitia criminis", no genere como consecuencia un perjuicio a alguien en particular; como acontece en el presente asunto, en el que la parte quejosa no acreditó que sufriera una afectación a su esfera jurídica. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la informan la jurisprudencia 1a./J. 41/2011, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Junio de 2011, página 5, Registro digital 161929, de rubro y texto: "ACCIÓN PENAL. EL DENUNCIANTE QUE NO TIENE EL CARÁCTER DE VÍCTIMA U OFENDIDO, NI DEMUESTRA QUE SUFRIÓ UN DAÑO FÍSICO, UNA PÉRDIDA FINANCIERA O EL MENOSCABO DE SUS DERECHOS FUNDAMENTALES, NO TIENE INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA DETERMINACIÓN QUE CONFIRMA EL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL DICTADO POR EL MINISTERIO PÚBLICO. De conformidad con la jurisprudencia 58/2006 emitida por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tienen legitimación activa para interponer amparo por el no ejercicio de la acción penal o el desistimiento de ésta, todas aquellas personas que hayan sufrido un daño físico, una pérdida financiera o el menoscabo de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones tipificadas como delitos. Por tanto, en el supuesto de que una persona que, como denunciante, sólo dio noticia de la comisión de un delito a la autoridad correspondiente, pero no concurren en él las calidades de víctima u ofendido del hecho considerado delictivo y no demuestra que sufrió un daño físico, una pérdida financiera o el menoscabo de sus derechos fundamentales, no cuenta con interés jurídico para promover el juicio de amparo indirecto en contra de la determinación que confirma el no ejercicio de la acción penal dictado por el Ministerio Público." Asimismo, resulta aplicable la jurisprudencia 1a./J. 1/2002, con número de registro 187777, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 15 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, febrero de 2002, Materia Común, Novena Época, que establece: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto." Máxime, que en su caso quien resentiría la afectación serían Juan Osorio Gutiérrez, Rosalío Nemorio Nava Lechuga y Armando Lechuga Osorio, que tienen la calidad de imputados en el juicio oral 38/2019, instaurado en su contra, a quienes el aquí quejoso representó con el carácter de defensor particular en la audiencia de diez de febrero de dos mil veintiuno; pero no así el quejoso. Por consiguiente, al no estar acreditado con alguna prueba fehaciente que las omisiones reclamadas afecten un interés jurídico legalmente tutelado en beneficio del quejoso Luis Alberto García Gutiérrez, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo; en consecuencia, procede sobreseer en el presente juicio de amparo con fundamento en el diverso artículo 63, fracción V, del ordenamiento legal citado. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76, y 217 de la Ley de Amparo se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Luis Alberto García Gutiérrez, respecto de los actos reclamados de la autoridad que quedó precisada en el considerando segundo, por las razones expuestas en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente a las partes y por oficio a la autoridad responsable. Lo resolvió y firma Tania Rosalinda Méndez López, Jueza Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales, en el Estado de México, con sede en Toluca, hasta el día de hoy veintiocho de abril de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado ante Georgina Albarrán Macías, secretaria que da fe. Doy fe.
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