Iván Cruz Vargas
Expediente 439/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 439/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 10/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Iván Cruz Vargas
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, diez de mayo de dos mil veintitrés. 1. Se hace efectivo apercibimiento decretado. Vista la certificación que antecede de advierte que el plazo de tres días concedido a la parte quejosa mediante proveído de diecisiete de abril de dos mil veintitrés, a efecto de que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en la jurisdicción de este juzgado de distrito, transcurrió del veintiocho de abril al tres de mayo del presente año, sin que realizara manifestación al respecto. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el mismo y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III de la Ley de Amparo, se ordena notificar por lista este auto y los subsecuentes aun los de carácter personal. 2. Causa estado proveído que desechó demanda de amparo. Por otra parte, de la certificación ya precisada se establece que ha transcurrido el término de cinco días que concede el artículo 98, con relación al 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, sin que el quejoso Iván Cruz Vargas, por propio derecho, hayan recurrido el auto de diecisiete de abril de dos mil veintitrés, por medio el cual se desechó la demanda de amparo promovida por el ya mencionado; por lo que se declara que dicho proveído ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. Con base en lo anterior, se ORDENA EL ARCHIVO del presente sumario como asunto totalmente concluido, previa anotación que se haga en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). De conformidad con los artículos 12, 14 y 21, inciso b), del Acuerdo general del pleno del consejo de la judicatura federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es susceptible de DESTRUIBLE POR CARECER DE RELEVANCIA DOCUMENTAL; por consiguiente, procédase a su cumplimiento una vez transcurrido el término de TRES AÑOS. Notifíquese.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, dos de mayo de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio del Juez Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México; a través del cual devuelve debidamente diligenciado el exhorto 87/2023 (orden 92/2023) de su índice, formado con motivo del diverso 376/2023 (orden 390/2023), derivado del juicio de amparo en que se actúa en el que se solicitó notificar al quejoso **********, el proveído de diecisiete de abril del presente año, sin que sea necesario acusar recibo por así solicitarlo el homologo federal; de lo que esta juzgadora toma debido conocimiento para los efectos legales conducentes; por lo que, con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, agréguese a los autos en que se actúa, para su correcta integración. Notifíquese.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, diecisiete de abril de dos mil veintitrés. Recepción de incompetencia y nos avocamos al conocimiento. Por recibido el oficio 713/2023, signado por la Actuaria Judicial del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, a través del cual remite a este Juzgado por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, el juicio de amparo directo 236/2023, de su índice, promovido por **********, por carecer de competencia legal para conocer del mismo; hágase del conocimiento de la superioridad declinante que este juzgado de distrito, se avoca al conocimiento del citado asunto. Acúsese recibo. Recepción de la demanda. Vista la demanda de amparo presentada por **********, por propio derecho, contra actos del Juez Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez. Registro. Fórmese expediente y regístrese en el libro de control de este juzgado con el consecutivo 439/2023, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva a cabo este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince. Promociones duplicadas y acuses. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena únicamente certificar y agregar a los autos los trámites siguientes: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes; y c) acuses de recibo. Estudio de la demanda. Previo a acordar lo que en derecho corresponda, conviene precisar que en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se establece la obligación que tiene este juzgador de examinar en su integridad la demanda de amparo, y si encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Los artículos precisados son del tenor literal siguiente: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En relación con lo expuesto por diversos tribunales de la Federación, éstos se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto; de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable por los motivos que la informan, la Jurisprudencia VI.2o. J/290, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 80, Agosto de 1994, Octava Época, visible a página 64, cuyo rubro y texto, son: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo." Ahora, en el caso a estudio el acto reclamado lo es: "La resolución incidental emitida el veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, emitida en el incidente de remoción de albacea **********, formado con motivo de la denuncia de juicio sucesorio intestamentario a bienes del C. **********." Bajo ese contexto, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, toda vez que previa a esta instancia el quejoso debió agotar el medio ordinario de defensa respectivo, de conformidad con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo; precepto legal que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley." El numeral reproducido recoge lo que doctrinalmente se denomina "principio de definitividad del juicio de amparo", el cual encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa debe previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le causa afectación. Conforme a dicho principio, la instancia constitucional en la vía biinstancial contra resoluciones de autoridades distintas a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, es improcedente en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, siempre que, conforme a las leyes que lo rijan, proceda la suspensión de los efectos de dicho acto, ello sin exigir mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo, ni plazo mayor para su otorgamiento. Los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en el caso de no obtener satisfacción a sus pretensiones, se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Por lo que, si pasando por alto tales consideraciones las partes afectadas por actos de autoridad no tuvieren la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable o ante la jurisdicción ordinaria, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de Distrito se suplantaría en las facultades de la autoridad a quien correspondiera conocer del medio ordinario de defensa respectivo. Aunado a lo anterior, y contrario a lo que manifiesta el quejoso, cobra especial relevancia las excepciones que el propio numeral establece para no agotar los recursos procedentes que son: a) Cuando conforme a la ley que rija el acto reclamado, se exijan mayores requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para conceder la suspensión definitiva, para suspender su ejecución; b) El acto reclamado carezca de fundamentación; c) Se hagan valer en su contra únicamente violaciones directas a la Constitución y; d) Proceda en su contra algún medio ordinario previsto en la normativa reglamentaria, sin que las leyes que rijan el acto contemplen su existencia. Así, el reconocimiento constitucional del principio de definitividad responde también a la necesidad de evitar el abuso de la acción de amparo, pretendiendo el Constituyente que su promoción y la consecuente activación del control constitucional encomendado a los tribunales integrantes del Poder Judicial de la Federación, sólo acontezca cuando el acto de autoridad impugnado posea el carácter de definitivo según la ley que lo rija; máxime que, se insiste, dicho principio no opera de manera absoluta; por el contrario, admite excepciones constitucionales, legales y de la interpretación efectuada por los órganos legalmente facultados para hacerlo. Atento a lo anterior, a fin de determinar si se actualiza o no la causal de improcedencia en comento, es menester determinar si en las leyes ordinarias se contempla un juicio o recurso mediante el cual pueda modificarse, revocarse o anularse el acto reclamado. En la especie, el quejoso reclama la resolución incidental de veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, emitida en el incidente de remoción de albacea ********** del índice del Juzgado Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan, Estado de México, por el cual se realiza la remoción de albacea de la sucesión de **********; sin embargo, en contra de dicho acto, previamente al juicio de amparo, debió interponer recurso de apelación previsto en el artículo 5.76 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, el cual dispone lo siguiente: "Artículo 5.76.- La apelación procede en contra de: I. Las resoluciones que ponen fin a la controversia; II. El auto interlocutorio que resuelva sobre incompetencia; y III. Las resoluciones interlocutorias y definitivas." Lo anterior se sustenta con la interpretación que realizan los Plenos del Circuito, en la tesis PC.I.C.1. C (11a.), visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Onceava Época, Libro 5, Septiembre de 2021, Tomo II, página 2865, registro 2023534, que dice: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. ES UNO DE LOS PILARES FUNDAMENTALES SOBRE LOS QUE DESCANSA EL JUICIO DE AMPARO, A EFECTO DE RESPETAR EL SISTEMA DE RECURSOS PREVISTO POR LAS LEGISLACIONES PROCESALES DE TODAS LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, FORTALECIENDO CON ELLO EL SISTEMA FEDERAL. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes analizaron si cuando se reclama en amparo indirecto la resolución que decreta un régimen provisional de visitas y convivencias entre un menor de edad y su progenitor, se actualiza una excepción al principio de definitividad a partir de la idoneidad y eficacia del medio ordinario de defensa. Criterio jurídico: El Pleno en Materia Civil del Primer Circuito determina que el principio de definitividad es uno de los principios rectores del juicio de amparo porque, mediante su observancia, se permite que el Juez Constitucional analice la regularidad constitucional solamente de actos definitivos suficientemente analizados por la judicatura ordinaria y, por ello, con la observancia de esta regla, se armonizan las jurisdicciones locales con la federal, ya que así se reconoce la autonomía y la coextensión de las judicaturas locales que forman parte del Pacto de la Unión, con lo que se fortalece el sistema federal. Justificación: El juicio de amparo se ha consolidado históricamente como un modelo sólido de protección de derechos fundamentales, ya que su implementación ha permitido a lo largo del tiempo defender a los particulares de las arbitrariedades en que llegan a incurrir las autoridades de todos los órdenes. En épocas recientes ha sido notable el incremento de los casos de excepción al principio de definitividad, pero es importante hacer notar que las causas que originaron la creación del principio de definitividad no han cambiado mucho, pues todavía está vigente la exigencia de un federalismo sólido que reconozca y fortalezca la autoridad de las judicaturas locales en lugar de debilitarlas o menospreciarlas y, precisamente, esa situación obliga a ponderar cuidadosamente los méritos de cada excepción al principio de definitividad para no debilitar el federalismo a través del precedente judicial y no terminar haciendo general lo que debe ser una regla de excepción. Por consiguiente, en virtud de que la parte quejosa reclama la resolución interlocutoria, relativa a la remoción de albacea dentro de la sucesión intestamentaria de Ciro Mendoza Becerril, previamente a acudir al juicio de amparo, debió interponer optativamente el recurso de apelación, previsto en el ya citado precepto legal. Máxime que del legajo de prueba remitido por el órgano colegiado, consistente en el expediente original primigenio; se advierte que mediante proveído de dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, el Secretario del Juzgado Cuarto Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan, Estado de México, certifico que había transcurrido el término de cinco días contemplado por el numeral 1.152 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, dado que el quejoso no promovió recurso alguno, por lo que la resolución interlocutoria de veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés quedó firme. Se sustenta lo anterior, con la interpretación que realiza el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en la tesis I.3o.C.25 K (10a.), visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 3, página 2055, registro 2003107, que dice: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. CONTRA ACTOS EN JUICIO CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, FUERA DE JUICIO O DESPUÉS DE CONCLUIDO, DEBE AGOTARSE EL RECURSO PROCEDENTE CUANDO SEA DE TRAMITACIÓN INMEDIATA, RESULTE IDÓNEO, EFICAZ Y SE RESUELVA EN UN TIEMPO RAZONABLE AUNQUE NO TENGA EL EFECTO DE SUSPENDER LA EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Conforme a lo dispuesto en la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, cuando en el juicio de amparo se reclamen actos jurisdiccionales cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, deberán agotarse previamente los recursos que en su caso procedan, y no se establece expresamente como excepción a esta obligación legal que dichos recursos deban suspender o no el acto reclamado, como sí acontece tratándose de los actos previstos en la diversa fracción IV del mismo precepto para la materia administrativa. Por otro lado, mediante la jurisprudencia 1a./J. 44/2012, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro indica: 'PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL.', se definió que los actos de ejecución irreparable no se ubican en un supuesto de excepción al principio de definitividad. En consecuencia, se deduce que, tratándose de actos de tribunales judiciales en materia civil, previo a la promoción del juicio de amparo contra actos dictados en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, deben agotarse los recursos que en su caso procedan conforme a la ley procesal que rija la actuación del órgano jurisdiccional responsable, siempre que por su forma de tramitación sea inmediata, resulte idóneo, eficaz y se resuelva en un tiempo razonable aunque no tenga como consecuencia la suspensión inmediata de la ejecución y consecuencias de la resolución materia del recurso porque sólo se admita en el efecto devolutivo y no en el suspensivo." Máxime que conforme al criterio antes transcrito, el mencionado principio de definitividad, debe respetarse aun cuando los impetrantes de amparo señalen un acto reclamado cuya ejecución sea de imposible reparación, pues si bien es cierto que contra dicha particularidad procede el amparo indirecto, tal circunstancia de ninguna manera determina que se esté en un caso de excepción al principio de definitividad, toda vez que, como ya se precisó, aun tratándose de actos de imposible reparación, tal determinación debe combatirse mediante los recursos o medios legales de defensa correspondientes, previo a acudir al juicio de amparo. Aunado a que, en la especie no se advierte que se configure alguna excepción al principio de definitividad que rige en el juicio de amparo que amerite el conocimiento inmediato del acto reclamado, dado que: a) El acto reclamado no es de los que importan peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, prescripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) No se reclama una orden de aprehensión o reaprehensión, ni un auto que establezca providencias precautorias o imponga medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) El quejoso no es persona extraña al procedimiento de origen, pues en sus antecedentes manifestó que es parte dentro del juicio administrativo de donde deriva el acto reclamado, dado que éste, es el accionante de dicho procedimiento. d) No se trata del auto de vinculación a proceso. e) La procedencia del recurso o medio de defensa no está sujeta a interpretación adicional, ya que tiene su fundamento legal precisamente en el artículo 62 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, que establece que las resoluciones que concedan, nieguen, modifiquen o revoquen cualquiera de las medidas cautelares previstas en esta Ley, podrán ser impugnadas mediante la interposición del recurso de reclamación ante la Sala Regional que corresponda; por lo que en la especie, al tratarse de la resolución interlocutoria que negó la suspensión definitiva en el juicio de origen, es inconcuso que procede dicho medio de impugnación. En tales condiciones, al ser manifiesta e indudable la improcedencia invocada, con apoyo en lo previsto por el artículo 113 de la Ley de Amparo se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por **********. Legajos de pruebas. Ahora bien, dada la voluminosidad de las documentales que anexa la promovente de amparo a la demanda de cuenta, fórmense legajos de pruebas por separado en dos tomos, mismos que dado el carácter de la información con la que cuentan las mismas, quien esto juzga considera que no ha lugar a colocar el entresello de este juzgado en cada una de las fojas dado a que las mismas se encuentran certificadas por la autoridad responsable y por tanto a dichas documentales este juzgador federal les otorga valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2. Acceso a expediente electrónico. Con fundamento en los artículos 9, 25, 35, 36 y 39, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo1, téngase por autorizado al ocursante, a fin de que tenga acceso digital al expediente en que se actúa, manifestando para tal efecto los usuarios ********** y **********. Domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa. Ahora bien, no ha lugar a tener como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala, por lo que se le requiere para que dentro del término de tres días contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la legal notificación del presente proveído, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en el lugar de residencia de este órgano jurisdiccional, apercibida que en caso de no hacerlo así, se le harán las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado federal sin ulterior acuerdo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 27 y 29 de la Ley de Amparo. Bajo ese contexto, y toda vez que el quejoso señala domicilio en la Cuidad de Toluca, con fundamento en los artículos 27, fracción II, de la Ley de Amparo, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y, además, de conformidad con el acuerdo 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, gírese atento exhorto al Juez de Distrito en Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, en turno, para que en auxilio de las labores de este juzgado, comisione al actuario de su adscripción y se constituya el domicilio ubicado en ********** y notifique la presente determinación al promovente. Al respecto, a fin de llevar a cabo la referida diligencia, con fundamento en el artículo 107 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, envíese la comunicación oficial al juez exhortado a través del Sistema Integral de Seguimiento Expedientes, misma que deberá ser dirigida a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, en turno. Solicitando al homólogo federal, que una vez que se encuentre diligenciado el exhorto en comento, remita por la misma vía electrónica a este órgano jurisdiccional, a la brevedad posible, únicamente el auto por el que radique dicho exhorto, la diligencia encomendada, así como el oficio por el cual ordene su devolución. Sin que resulte necesario que el órgano jurisdiccional a quien se le encomienda la diligencia en cita acuse recibo toda vez que al realizar el envío electrónico del exhorto, el Sistema Integral de Seguimiento Expedientes generará la papeleta de turno y este juzgado de distrito tendrá conocimiento del órgano al que le corresponderá conocer del mismo. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Autorizados. Téngase por autorizadas para el único efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a los profesionistas que refiere en su ocurso, hasta en tanto, registren su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el artículo 12, párrafo segundo de la Ley de Amparo, en la inteligencia de que si ya lo hicieron, podrán válidamente promover en términos amplios del dispositivo legal invocado. Integración del expediente físico Se instruye a los secretarios y actuarios para que se incorporen al expediente la totalidad de las constancias que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, en el entendido de que la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Se ordena al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico en caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas. Devolución de documentos. Se hace del conocimiento de la parte oferente de documentos originales, que al concluirse el presente juicio deberá recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin al presente juicio, en términos de los capítulos séptimo y octavo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el entendido que de no hacerlo, se destruirán en términos de los artículos 18 y 20, del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos. Exhortación a las partes para continuar la tramitación del juicio mediante del uso de su Firel o E.firma (antes Fiel). Ahora, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, publicado el siete de noviembre de dos mil veintidós, esta juzgadora exhorta a la parte quejosa, para que, de ser posible, continúe la tramitación del presente juicio de amparo a través del sistema de "juicio en línea", es decir, mediante el uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Transparencia y acceso a la información pública. Infórmese a las partes que al elaborarse la versión pública de la resolución que se dicte en el presente asunto, se suprimirá la información confidencial proporcionada por ellas, salvo que exista consentimiento de su parte para permitir el acceso a la misma, de conformidad con los artículos 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracciones I, II y III, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comuníqueseles también que no se requiere de su consentimiento para ese efecto ante la actualización de alguna de las hipótesis enunciadas en el artículo 117 del ordenamiento antes citado. Finalmente, se ordena al Actuario Judicial adscrito que vincule de inmediato la totalidad de las constancias de notificación que integran el sumario constitucional en que se actúa. Notifíquese; y por exhorto a la parte quejosa.
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