Itzuli Ailen Guerrero Salazar

Expediente 1132/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1132/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
22/11/2023

Partes del expediente

  • Itzuli Ailen Guerrero Salazar

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. 1. Estado de autos. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que feneció el plazo de cinco días para que la parte promovente hiciera valer el recurso de queja en contra de la determinación emitida el veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, mediante la cual se desechó de plano la demanda. 2. Causa estado. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE DICHO PROVEÍDO HA CAUSADO ESTADO. 3. Anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes: Se solicita al Oficial Judicial "A" de este órgano jurisdiccional, encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), haga las anotaciones respectivas en el libro de gobierno electrónico que se lleva en este órgano jurisdiccional 4. Archivo del expediente. En virtud de que el juicio de amparo en que se actúa ha quedado definitivamente concluido, con fundamento en el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, procédase al archivo definitivo del expediente. 5. Destino del expediente. Acorde a lo establecido en el capítulo sexto, en el artículo 20, fracción IV), del ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se declara que el presente expediente ES DESTRUIBLE. 6. Destrucción de expediente principal. Lo que así habrá de acontecer pasados tres años de dictado el presente acuerdo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 del multicitado Acuerdo General. 7. Precisión de relevancia documental del expediente. De conformidad con el artículo 12, 14 y 15, del Acuerdo General que antecede, se hace constar que el presente expediente no es de relevancia documental, lo que deberá asentarse en la carátula, de conformidad con el numeral 35 del mencionado acuerdo. 8. Transferencia. Hecho que sea lo anterior solicítese la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Entretanto, resguárdese en el recinto archivístico de este órgano jurisdiccional (archivo reciente). Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Vía electrónica

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. 1. Estudio de la demanda. Vista la comparecencia que antecede, de la que se advierte que la quejosa ******, reconoce la firma que calza su escrito registrado con folio 17358, asimismo ratifica el contenido del escrito inicial de demanda, por lo que se le tiene por desahogado el requerimiento formulado en dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés. 2. Precisión de los actos reclamados y autoridades responsables. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, así como lo establecido en la jurisprudencia P./J.40/2000 y en la tesis P. VI/2004, ambas del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros: "DEMANDA DE AMPARO DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD" y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA DE LA SENTENCIA DE AMPARO." 1 así como del análisis integral de la demanda de amparo, sus anexos y de la causa pedir del impetrante, los cuales son valorados sin apreciaciones valorativas sobre ellos, se advierte que reclama lo siguiente: "La omisión de la autoridad responsable de otorga la carta de baja o carta de retiro de la quejosa como parte de la Asociación Estatal, denominada "HOCKEY CLUB MODALIDAD SALA Y APSTO PARA EL ESTADO DE MÉXICO", toda vez que, que han transcurrido en exceso más de 60 días en que se hizo la s0licitud correspondiente y aún no se cuenta con el documento. Conducta que transgrede lo previsto por los artículos 4, 5 y 8 Constitucional." De tal transcripción, esta Juzgadora advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 5 de la Ley de Amparo fracción II, en virtud de que dicha asociación, no es autoridad para efectos del juicio de amparo, como se explicara a continuación. En primer término, cabe señalar que los preceptos legales invocados de la ley de la materia establecen lo siguiente: 1 Localizables en las fojas 32 y 255, de los tomos XI y XIX de los meses de abril de los años dos mil y dos mil cuatro, Novena Época, del semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Ley de Amparo "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Por su parte, el diverso precepto 5°, fracción II, del mismo ordenamiento prevé: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (...) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." En ese contexto, se colige que para efectos del juicio de amparo, autoridad es el ente de hecho o de derecho que emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del gobernado, sin requerir para ello de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Para ello, se atiende a la clasificación que la teoría general del derecho hace de: ? Las relaciones jurídicas de coordinación; ? Las de supra a subordinación; y, ? Las relaciones jurídicas de supraordinación. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano; es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las reguladas por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo. Por último, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares. Conforme a lo anterior, para definir el concepto de autoridad responsable debe atenderse también a la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. De lo expuesto, bien puede advertirse como notas que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo, las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Que esa relación tiene su nacimiento en la ley, por lo que dota al ente de una facultad administrativa y jurisdiccional, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. c) Que con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. d) Que para emitir esos actos no requiere de acudir a los órganos judiciales ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. Todo acto de autoridad es unilateral, imperativo y coercitivo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.".2 2 Visible en la página 1089, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 161133. Ahora, el segundo párrafo del artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, incluye a los actos de particulares que resulten equivalentes a los de autoridad; es decir, que originen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omitan el acto que debieran realizar en ese sentido; siempre y cuando las funciones del particular estén determinadas por una norma general. Así, el término legal que da pauta a los actos de particulares para considerarse como de autoridades, es que aquéllos sean equivalentes a los de éstas. En ese contexto, el término lingüístico "equivalente" consiste en la connotación que una cosa, figura o persona debe tener en igualdad de estimación, valor, potencia, eficacia, área o volumen que otra. De esta forma, si bien los actos provenientes de particular, por regla general, no son susceptibles de control constitucional por vía de amparo, lo cierto es que dichos actos de particular, por excepción, sí pueden ser materia del juicio constitucional cuando su contenido pueda equipararse a los actos de una autoridad, y de la interpretación sistemática de los señalados artículos 5°, fracción II, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo, se desprende que esa situación equiparable se presenta cuando se crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas de forma unilateral u obligatoria. Así, los elementos esenciales para reconocer la calidad de autoridad al comportamiento de los particulares susceptible de control constitucional por vía del amparo, se presentan cuando un particular en agravio de otro le crea, modifica o extingue situaciones; además, esas situaciones creadas por el particular respecto del otro tienen un contenido jurídico, es decir, se basan en el marco normativo, y además son impuestas de forma unilateral y obligatoria; lo que en el caso, se considera que no aconteció por las razones que se expondrán más adelante. En ese tenor, si las actuaciones de particulares no resultan equivalentes a los actos de autoridad, por no crear, extinguir o modificar situaciones jurídicas, por no tratarse de actos unilaterales dotados de imperio y facultades en la ley, es evidente que no se tratara de actos considerados de autoridad y por consiguiente en su contra no procederá el juicio de amparo. Las anteriores consideraciones se encuentran reflejadas en el criterio jurisprudencial 2a./J. 112/2015 (10a), emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro siguiente: "ADMINISTRADORAS DE FONDOS PARA EL RETIRO (AFORES). AL RETENER EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DERIVADO DE LA SUBCUENTA DE RETIRO, CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ, NO TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.".3 En la especie el quejoso reclama omisión de dar trámite a la solicitud de baja, presentada a su nombre. Por lo que en el caso concreto, el acto que reclama la parte quejosa no constituye -de acuerdo con su naturaleza- actos de persona de derecho público o de autoridad, sino actos entre particulares, pues la institución señalada como responsable no obró con el imperio de su soberanía, característica de los actos de autoridad, sino que parte de un convenio celebrado entre la quejosa y tal Asociación Estatal, en el que definieron las modalidades de derechos y obligaciones, motivo por el cual los actos imputados como responsable pertenecen a la esfera del derecho privado y no al ejercicio de la función pública. Aunado al hecho de que de las manifestaciones realizadas por la quejosa bajo protesta de decir verdad, se advierte que desde el año 3 Visible en la página 1797, Libro 23, Octubre de 2015, Tomo III, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2010095. dos mil catorce, solicitó asociarse a la asociación denominada "Hockey Club Modalidad Sala y Pasto para el Estado de México", con lo cual se advierte que fue voluntad de la propia parte quejosa asociarse a dicha institución y someterse a sus estatutos y reglamentos, por lo cual se encuentran en presencia de un plano de coordinación y no así el plano de supra a subordinación. Sirve de sustento a lo anterior, por el criterio que orienta, la tesis aislada I.11o.C.38 K (10a.), de la Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 84, Marzo de 2021, Tomo IV, página 2747, con registro electrónico 2022873. "AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL JUICIO DE AMPARO. UNA ASOCIACIÓN CIVIL NO TIENE ESE CARÁCTER, CUANDO SE RECLAMA LA VIOLACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES, EN PERJUICIO DE UN PARTICULAR. El artículo 5o., fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo establece que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad en los que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar actos que creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas del gobernado, en forma unilateral y obligatoria u omitan el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría esas situaciones jurídicas, cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Por otro lado, los artículos 2670 al 2687 del Código Civil para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, que regulan las asociaciones civiles, las definen como un contrato constituido por varios individuos que convienen reunirse de manera no transitoria, para realizar un fin común que no esté prohibido por la ley y que no tenga carácter preponderantemente económico, el cual debe constar por escrito. Asimismo, se advierte que se rigen por sus estatutos y el poder reside en su asamblea general, lo que pone en evidencia que las partes contratantes celebran ese pacto de voluntades en un plano de igualdad, de manera voluntaria, y establecen los estatutos para su funcionamiento. Por ende, no se puede considerar a una asociación civil autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, cuando se reclama la violación de derechos fundamentales (impedirle el acceso a las instalaciones de la asociación) que produzca en perjuicio de un particular, lo pactado en un contrato celebrado en un plano de igualdad, pues actúa como ente particular y sus facultades derivan de la voluntad de sus contratantes, plasmada en sus estatutos, por lo que sus funciones no están determinadas en una norma general que le confiera atribuciones para actuar como una autoridad del Estado." 4. Desechamiento. En ese orden de ideas, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, motivo por el cual SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA DEMANDA con relación a los actos reclamados a la Asociación Estatal "Hockey Club Modalidad Sala y Pasto para el Estado de México" consistentes en la omisión de dar trámite a la solicitud de baja de la quejosa a dicha asociación. Asimismo, conviene precisar que el presente proveído atiende a lo previsto en el artículo 17 constitucional, toda vez que prevenir, admitir y dar trámite a la demanda que se plantea a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que la parte quejosa tenga conocimiento del resultado del análisis preliminar de la demanda y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario, pues desde este momento puede acudir a los medios ordinarios para defender sus derechos, no esperando así, el dictado de una resolución en la que se reiteren, sustancialmente, los argumentos contenidos en el presente acuerdo y, por ende, que se le obligue durante todo el tiempo que dure la tramitación del juicio a tolerar los actos que estima lesivos de sus derechos humanos, sin que exista solución para ellos en la presente vía. 5. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, en concordancia con el artículo 17 constitucional, para los casos en los que el presente juicio se deban de realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas. 6. Notificación a las partes. Se instruye a la persona Secretaria y al Oficial de trámite respectivos, para que se efectúe y corrobore, el contenido y envío inmediato de los oficios relativos. En el entendido de que la responsabilidad tanto del envío efectivo del comunicado de referencia, la veracidad de los datos que se publiquen en la lista de acuerdos, así como la correcta y oportuna notificación de este proveído y del resto de las determinaciones que se emitan en el presente asunto, recae en la persona Actuaria de la adscripción. a. En juicios de amparo, conforme a lo dispuesto en el artículo 28, fracción I, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, si la autoridad se niega a recibir un oficio de notificación, la persona actuaria deberá informarle que, no obstante esa circunstancia, se tendrá por hecha la notificación, en el entendido de que, si subsiste la negativa, se asentará la razón en autos y se tendrá por practicada. b. Incluso cuando las autoridades no tengan celebrado un convenio de interconexión con el Consejo, de conformidad con lo previsto en los artículos 28, fracción III, y 30, fracción I, de la Ley de Amparo, es posible que en amparos urgentes tramitados electrónicamente, las notificaciones a las autoridades responsables (previstas a su vez en el precepto 26, fracción II, de dicho ordenamiento) se hagan a través de cualquier medio oficial, incluyendo un "oficio digitalizado mediante la utilización de la Firma Electrónica", el cual puede enviarse por correo electrónico institucional. 7. Transparencia. Con el fin de respetar el derecho a la intimidad de las partes, al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el precepto 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 15/05/26 18:00:00 Información Pública Gubernamental4 ; hágase del conocimiento de aquéllas el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se divulgue sin supresión de identificativos. 8. Autorización consulta de expediente electrónico. De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación los diversos numerales 9, 14, 16, 19, 35 y 36 del "Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo", por así haberlo solicitado la Fiscal de la Federación adscrita, se le autoriza la consulta del expediente electrónico a través del usuario proporcionado, vía internet del juicio en que se actúa; debido a que de la certificación de cuenta, se advierte que dicho usuario se encuentra registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ** Notifíquese

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés. 1. se glosa escrito. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, agréguese para que obre como legalmente corresponda el escrito de cuenta suscrito aparentemente por **********, sin embargo, dado que la demanda de amparo fue presentada supuestamente por apoderado, y dado que el ocurso de cuenta se advierte que ahora la peticionaria de amparo ratifica aquél ocurso inicial; para efecto de dar certeza al consentimiento de la quejosa, requiérase a la promovente para que dentro del término de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca ante este juzgado con identificación oficial a ratifica el escrito inicial de demanda y el contenido del ocurso de cuenta; apercibiéndola, que para el caso de no hacerlo, se tendrá por no presentado el escrito de cuenta. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Lista

  4. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a once de septiembre de dos mil veintitrés. 1. Registro, captura en SISE, formación de expediente físico y electrónico. Vista la demanda de amparo interpuesta por **********, quien se ostenta como apoderado legal de **********, en contra de actos reclamados a la Asociación de Hockey Club Modalidad de Sala y Pasto para el Estado de México, Asociación Civil, por considerar que se vulnera en su perjuicio los derechos fundamentales contenidos en los artículos 4, 5 y , de la Constitución Federal, se ordena anotar en el libro de registro de juicios de amparo con el número 1132/2023, se ordena al registrar en el Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes, de este órgano jurisdiccional y formar expediente, tanto físico como electrónico. Integración del expediente físico y electrónico. En ese sentido, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se ordena al Oficial Judicial la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias que elaboran, y toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el sistema respectivo y en cuanto a las personas actuarias, deberán digitalizar todas las actas, citatorios y razones de notificación que elaboren; debiendo la persona secretaria cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico coincidan en su totalidad. Estudio de la demanda de amparo. A efecto de proveer sobre la admisión de la demanda de amparo promovida por **********, quien se ostenta como apoderado legal de **********, es importante tomar en consideración lo establecido en el numeral 114 de la Ley de Amparo, que textualmente dispone: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. (.)". Con base en la porción normativa que precede, el Juez de Distrito al realizar el análisis del escrito constitucional puede advertir: ? Irregularidades, como podría ser imprecisión o deficiencias en los antecedentes de los actos reclamados, entre otros. ? Omisión en alguno de los requisitos establecidos en el artículo 108, de la ley de la materia. En la especie, se estima que en la demanda que nos ocupa se actualizan el segundo de los supuestos señalados, como enseguida se demuestra: El promovente, se ostenta con el carácter de representante legal de **********, exhibiendo al efecto copia de carta poder sin fecha; documento que no es suficiente, toda vez que la petición que por esta vía reclama la solicito **********, por propio derecho. Por tanto, a efecto de proveer sobre su admisión, requiérase a la quejosa, para que dentro del plazo de cinco días contado a partir de la legal notificación del presente proveído, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD; desahogue los siguientes requerimientos, con fundamento en lo previsto por los artículos 108, fracción V, en relación al diverso 114, fracción I, de la Ley de Amparo, para los efectos del artículo 261 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos.": a) Acredite la personalidad con que se ostenta en este juicio, en términos del numeral 10 de la Ley de Amparo. Lo anterior, sin soslayar que el promovente exhibe "Carta Poder", sin embargo, por una parte no se advierte que la quejosa tenga impedimento legal para firmar la demanda, y por otra, no se advierte que la personalidad del promovente haya sido reconocida a través de "Carta Poder" por la responsable. De ahí que resulte insuficiente dicha documental. Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 336, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Común, página 284, que dice: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTÁ ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARÁ LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Una nueva reflexión acerca de los dispositivos de la Ley de Amparo en torno al tema de la personalidad y de los criterios surgidos a lo largo de varias décadas sustentados, primero por el Tribunal Pleno, y luego por las Salas de esta Suprema Corte, conducen a que este órgano supremo abandone las tesis jurisprudenciales publicadas en la última compilación, Tomo VI (Materia Común), identificadas con los números 369 y 378, intituladas: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EXAMINARLA EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO, ES LEGAL" y "PODERES INSUFICIENTES POR OMISIÓN DE REQUISITOS. AL DICTARSE LA SENTENCIA NO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO, SINO SOBRESEER.", para adoptar el criterio de que al Juez de Distrito no le es dable examinar de oficio la personería del promovente en cualquier momento del juicio, sino al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, de cuyo resultado si está plenamente satisfecho ese requisito, el Juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio; y, de no estarlo, lo estime como una irregularidad de la demanda que provoca prevenir al promovente, en términos del artículo 146 de la ley de la materia, para que satisfaga ese extremo dentro del plazo legal, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le tendrá por no interpuesta; proceder que independientemente de estar apoyado en la Ley de Amparo, obedece a los imperativos del precepto 17 constitucional y responde también a los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, en tanto impide el empleo estéril de recursos humanos y materiales en el trámite del juicio iniciado por quien carece de personalidad y evita los daños graves ocasionados, tanto para el sistema de impartición de justicia como para las partes. La inobservancia de este criterio, origina que el tribunal revisor, si estima que no está comprobada la personalidad del promovente, ordene la reposición del procedimiento, según lo previene el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo." b) Finalmente, y toda vez que los datos que se le requieren son requisitos esenciales de la demanda, en términos del artículo 108, y 114, fracciones I, II y V, de la Ley de Amparo, deberá exhibir tantas copias como sean necesarias de dicho documento para el completo de los traslados a las partes que intervienen en el presente juicio, toda vez que forman parte integral de la demanda, en términos de la jurisprudencia emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 9/2000, que establece: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo." Apercibimiento a la parte quejosa. Apercíbase a la parte quejosa que de no cumplir con el requerimiento formulado en el presente proveído, en la forma y plazo indicado, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, de conformidad en el artículo 114, párrafo segundo de la Ley de Amparo. Autorización consulta de expediente electrónico. De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación los diversos numerales 9, 14, 16, 19, 35 y 36 del "Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo", por así haberlo solicitado la parte quejosa, se le autoriza la consulta del expediente electrónico a través del usuario proporcionado, vía internet del juicio en que se actúa; debido a que de la certificación de cuenta, se advierte que dicho usuario se encuentra registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Usuario "**********" Se autoriza en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que mencionan para tales efectos en su escrito de demanda, siempre y cuando tengan registradas sus cédulas profesionales en el Registro Único de Profesionales del Derecho, de lo contrario únicamente tendrán las facultades de la primera parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de la Materia. Ahora bien, no ha lugar a tener como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala, por lo que se le requiere para que dentro del término de tres días contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la legal notificación del presente proveído, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en el lugar de residencia de este órgano jurisdiccional, apercibida que en caso de no hacerlo así, se le harán las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado federal sin ulterior acuerdo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 27, fracción III, inciso a) y 29 de la Ley de Amparo. Transparencia. Con el fin de respetar el derecho a la intimidad de las partes, al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el precepto 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental1 ; hágase del conocimiento de aquéllas el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se divulgue sin supresión de identificativos. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Lista

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