IVÁN BAUTISTA SANTIAGO y Otros.
Expediente 1033/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 15 actuaciones registradas, la última del 11 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1033/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 11/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- IVÁN BAUTISTA SANTIAGO y Otros.
- Iván Bautista Santiago
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
MESA III A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de febrero de dos mil veintiuno. En principio, se realizan las precisiones siguientes: 1.- Se toma en consideración que en sesión extraordinaria de veinte de diciembre de dos mil veinte, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, tomó medidas especiales del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal, que fueron comunicadas mediante Circular CAP/3/2020, de veinte de diciembre de dos mil veinte, signada por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial. 2.- Que una de esas medidas consistió en que se suspendieron los plazos y términos de la totalidad de los asuntos, excepto casos urgentes, aquéllos que pudieran tramitarse en su totalidad a través del juicio en línea y los expedientes que estuvieran listos para sentencia. 3.- A la fecha, ya concluyó el ámbito temporal de validez de las medidas especiales tomadas por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno. 4.- En su lugar, ahora rigen las medidas adoptadas por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal del diez al quince de febrero de dos mil veintiuno, que fueron comunicadas mediante Circular SECNO/9/2021, de seis de febrero de dos mil veintiuno, signada por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos. 5.- Para este órgano jurisdiccional que reside en el Décimo Tercer Circuito Judicial, son aplicables las medidas contenidas en el apartado II de la Circular precitada, que establecen: II. En relación con los Circuitos Judiciales no incluidos en el apartado anterior, el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020. 6.- En consecuencia, se ordena la REANUDACIÓN DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS PROCESALES en este asunto, decretada del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno. 7.- Hágase lo anterior del conocimiento de las partes, para todos los efectos legales a que haya lugar. 8.- Ahora, toda vez que transcurrió el plazo de quince días a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que las partes, hubieren interpuesto recurso en contra del auto que tuvo por cumplida la sentencia dictada en este juicio; en términos del citado artículo, se declara que ha quedado firme dicho proveído. Notifíquese personalmente.
- Principal
POR LISTA: MESA San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de diciembre de dos mil veinte. Toda vez que concluyó el plazo concedido a las partes, relativo a la vista del cumplimiento dado al fallo protector; se procede a analizar las determinaciones adoptadas por las responsables sobre ese aspecto. De entrada, cabe destacar que por sentencia dictada el diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte peticionaria del amparo, para efectos de que la autoridad responsable Integrantes del Honorable Cabildo del Ayuntamiento Municipal Constitucional de la Ciudad de Huajuapan de León, Oaxaca, realizaran lo siguiente: "(.) dentro del plazo de tres días hábiles siguiente al en que cause ejecutoria la presente sentencia, los Integrantes del Honorable Cabildo del Ayuntamiento Municipal Constitucional de la Ciudad de Huajuapan de León, Oaxaca, en respeto al derecho humano violado y en el ámbito de su competencia, procedan a analizar la petición de marras y otorguen una respuesta, por sí o por el funcionario dependiente de su administración que determinen, la cual deberán notificar personalmente en el domicilio señalado para tal efecto, conforme a los procedimientos aplicables. En ese sentido, si bien la garantía contenida en el artículo 8 constitucional no solo implica que la autoridad ante quien se eleve una petición debe emitir una respuesta en breve término, sino también que el acuerdo respectivo sea congruente con lo solicitado, la concesión del amparo no vincula a la autoridad responsable en forma alguna a que la respuesta deba ser favorable a los intereses del peticionario (.)" Inconforme con dicha sentencia el Síndico Procurador de la Heroica Ciudad de Huajuapan de León, Oaxaca, en representación de la autoridad responsable interpuso recurso de revisión contra la misma, al cual se le dio trámite en auto de seis de febrero del presente año, y correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, registrándolo bajo el número 79/2020 de su estadística. Mediante testimonio de la ejecutoria de veintiséis de octubre del presente año, el referido Tribunal Colegiado, al resolver el medio de impugnación interpuesto por la autoridad responsable de mérito, contra la sentencia dictada en este juicio de amparo, confirmó la sentencia recurrida, por lo cual en actuación de doce de noviembre pasado, se requirió el cumplimiento a dicho fallo protector. Con motivo de ello, el Síndico Procurador de Justicia del Honorable Ayuntamiento Constitucional de la Heroica Ciudad de Huajuapan de León, Oaxaca mediante oficio sin número, remitió copia certificada del oficio SPJ/106/2020 de veinticinco de noviembre pasado, en el cual dio atención al escrito de dieciséis de julio de dos mil dieciocho que presentó el aquí quejoso ".... ante dicha responsable. De las constancias se advierte que con apoyo en el artículo 71 de la Ley Orgánica Municipal en el Estado, le comunicó al quejoso que ante la Segunda Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, se encuentra en proceso el expediente 187/2016, promovido por dicho impetrante, dejando expeditos sus derechos a fin de que compareciera ante dicha autoridad a promover lo que a sus intereses conviniera en ese asunto. Ahora, el examen comparativo que se realiza entre la ejecutoria de amparo y las actuaciones realizadas para dar cumplimiento, pone de manifiesto que la autoridad responsable cumplió con la misma, toda vez que procedió a analizar la petición del quejoso y otorgó una respuesta congruente con lo solicitado. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 196, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia pronunciada en autos, lo que se ordena hacer del conocimiento de las partes. Ahora bien, el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, obliga a los órganos de control constitucional, no sólo a emitir pronunciamiento sobre si está cumplida o no la ejecutoria de amparo, sino además a declarar si existió exceso o defecto en el cumplimiento (o si hay imposibilidad para cumplirla). Para ello, es necesario establecer con nitidez si la autoridad responsable, que se encontraba vinculada al acatamiento de una sentencia de amparo, la cumplió correctamente o si, por el contrario, al obedecerla lo hizo incorrectamente, ya sea porque incurrió en un exceso o en un defecto. En otras palabras, lo que se debe resolver es el modo como se trató de cumplir con la sentencia de amparo y, en su caso, determinar si no se hizo todo lo que se debía o se hizo más de lo ordenado. De manera que la resolución que se emita debe ser congruente y guardar correspondencia con los efectos de la protección constitucional establecidos en la ejecutoria de amparo o aquellos que natural y racionalmente deriven de ésta, sin que pueda alterarlos o modificarlos en virtud de su firmeza. En el caso particular, la autoridad responsable, acató todos y cada uno de los alcances del fallo constitucional, como ya quedó relatado con anterioridad. De modo que la autoridad responsable, cumplió correctamente con la sentencia de amparo, pues, realizó todo lo que se debía y no hizo más de lo ordenado. En tales términos, de acuerdo con el segundo párrafo del artículo 196, de la Ley de Amparo, se determina que en el presente caso, no existe exceso o defecto en el cumplimiento del fallo protector. Resulta aplicable, por identidad jurídica, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 120/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 774, Libro 2, Enero de 2014, Tomo II, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que es del tenor siguiente: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. MATERIA DE ESTUDIO DE DICHO RECURSO. La materia del recurso de inconformidad previsto en el artículo 201 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, conforme a su fracción I, la constituye la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria de amparo, en los términos del artículo 196 de la propia ley; es decir, el estudio de legalidad de la determinación de la autoridad que haya conocido del juicio de amparo, en el sentido de que la ejecutoria ha sido cumplida totalmente. Por tanto, su análisis debe atender a la materia determinada por la acción constitucional, así como al límite señalado en la ejecutoria en que se otorgó la protección de la Justicia Federal, sin excesos ni defectos, y no a la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable en aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo. Así, el cumplimiento total de las sentencias, sin excesos ni defectos, a que se refiere el primer párrafo del citado artículo 196, supone el análisis y la precisión de los alcances y efectos de la ejecutoria, a partir de la interpretación del fallo protector y de la naturaleza de la violación examinada en él, para que, una vez interpretada esa resolución, se fijen sus consecuencias para lograr el restablecimiento de las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional de que se trate, sin que ello signifique que el juez pueda incorporar elementos novedosos a su análisis para extender los efectos precisados en el fallo a otras posibles violaciones aducidas por los quejosos, que no hayan sido motivo de protección por parte de la Justicia de la Unión." En otro orden, en acatamiento a lo dispuesto por el párrafo cuarto del citado ordinal 196 de la ley de la materia, y con fundamento, además, en los artículos 1, 15, 17, fracción II, 18, fracción I y 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15, del acuerdo en comento. Toda vez que en este juicio se concedió el amparo solicitado, deberá hacerse del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, dentro de los siguientes noventa días se procederá a su depuración, y posteriormente se transferirá al Depósito documental, que es el área destinada a la organización, conservación y consulta del archivo judicial, dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, conforme a lo establecido en el artículo 18, fracción I, inciso b), ultimo y antepenúltimo párrafos, del Acuerdo invocado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en la carátula del expediente. En virtud de que este expediente se tramitó con incidente de suspensión, acuérdese lo relativo a su destino en ese propio cuaderno Notifíquese personalmente.
- Incidental
MESA III A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de diciembre de dos mil veinte. Vista la certificación de cuenta, toda vez que en auto dictado en esta fecha en el juicio de amparo 1033/2019, del que deriva este incidente de suspensión, se ordenó determinar su destino; por tanto, en virtud de que en este cuaderno incidental se negó la medida cautelar respecto de todos los actos reclamados por la parte quejosa; con fundamento en los artículos 1, 12, 14, 20, fracción II, inciso a) y 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccional de diecisiete de marzo de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo siguiente, en vigor el veintiséis de marzo de la misma anualidad, transcurridos seis meses, contados a partir de que surta efectos la notificación de este auto y dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del duplicado de este incidente; en tanto que el original, por haberse negado, la medida cautelar de todos los actos reclamados, fenecido el plazo de tres años y dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción del original en términos del artículo 21, inciso a), del acuerdo invocado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.
- Principal
MESA San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de diciembre de dos mil veinte. Toda vez que concluyó el plazo concedido a las partes, relativo a la vista del cumplimiento dado al fallo protector; se procede a analizar las determinaciones adoptadas por las responsables sobre ese aspecto. De entrada, cabe destacar que por sentencia dictada el diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte peticionaria del amparo, para efectos de que la autoridad responsable Integrantes del Honorable Cabildo del Ayuntamiento Municipal Constitucional de la Ciudad de Huajuapan de León, Oaxaca, realizaran lo siguiente: "(.) dentro del plazo de tres días hábiles siguiente al en que cause ejecutoria la presente sentencia, los Integrantes del Honorable Cabildo del Ayuntamiento Municipal Constitucional de la Ciudad de Huajuapan de León, Oaxaca, en respeto al derecho humano violado y en el ámbito de su competencia, procedan a analizar la petición de marras y otorguen una respuesta, por sí o por el funcionario dependiente de su administración que determinen, la cual deberán notificar personalmente en el domicilio señalado para tal efecto, conforme a los procedimientos aplicables. En ese sentido, si bien la garantía contenida en el artículo 8 constitucional no solo implica que la autoridad ante quien se eleve una petición debe emitir una respuesta en breve término, sino también que el acuerdo respectivo sea congruente con lo solicitado, la concesión del amparo no vincula a la autoridad responsable en forma alguna a que la respuesta deba ser favorable a los intereses del peticionario (.)" Inconforme con dicha sentencia el Síndico Procurador de la Heroica Ciudad de Huajuapan de León, Oaxaca, en representación de la autoridad responsable interpuso recurso de revisión contra la misma, al cual se le dio trámite en auto de seis de febrero del presente año, y correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, registrándolo bajo el número 79/2020 de su estadística. Mediante testimonio de la ejecutoria de veintiséis de octubre del presente año, el referido Tribunal Colegiado, al resolver el medio de impugnación interpuesto por la autoridad responsable de mérito, contra la sentencia dictada en este juicio de amparo, confirmó la sentencia recurrida, por lo cual en actuación de doce de noviembre pasado, se requirió el cumplimiento a dicho fallo protector. Con motivo de ello, el Síndico Procurador de Justicia del Honorable Ayuntamiento Constitucional de la Heroica Ciudad de Huajuapan de León, Oaxaca mediante oficio sin número, remitió copia certificada del oficio SPJ/106/2020 de veinticinco de noviembre pasado, en el cual dio atención al escrito de dieciséis de julio de dos mil dieciocho que presentó el aquí quejoso ".... ante dicha responsable. De las constancias se advierte que con apoyo en el artículo 71 de la Ley Orgánica Municipal en el Estado, le comunicó al quejoso que ante la Segunda Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, se encuentra en proceso el expediente 187/2016, promovido por dicho impetrante, dejando expeditos sus derechos a fin de que compareciera ante dicha autoridad a promover lo que a sus intereses conviniera en ese asunto. Ahora, el examen comparativo que se realiza entre la ejecutoria de amparo y las actuaciones realizadas para dar cumplimiento, pone de manifiesto que la autoridad responsable cumplió con la misma, toda vez que procedió a analizar la petición del quejoso y otorgó una respuesta congruente con lo solicitado. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 196, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia pronunciada en autos, lo que se ordena hacer del conocimiento de las partes. Ahora bien, el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, obliga a los órganos de control constitucional, no sólo a emitir pronunciamiento sobre si está cumplida o no la ejecutoria de amparo, sino además a declarar si existió exceso o defecto en el cumplimiento (o si hay imposibilidad para cumplirla). Para ello, es necesario establecer con nitidez si la autoridad responsable, que se encontraba vinculada al acatamiento de una sentencia de amparo, la cumplió correctamente o si, por el contrario, al obedecerla lo hizo incorrectamente, ya sea porque incurrió en un exceso o en un defecto. En otras palabras, lo que se debe resolver es el modo como se trató de cumplir con la sentencia de amparo y, en su caso, determinar si no se hizo todo lo que se debía o se hizo más de lo ordenado. De manera que la resolución que se emita debe ser congruente y guardar correspondencia con los efectos de la protección constitucional establecidos en la ejecutoria de amparo o aquellos que natural y racionalmente deriven de ésta, sin que pueda alterarlos o modificarlos en virtud de su firmeza. En el caso particular, la autoridad responsable, acató todos y cada uno de los alcances del fallo constitucional, como ya quedó relatado con anterioridad. De modo que la autoridad responsable, cumplió correctamente con la sentencia de amparo, pues, realizó todo lo que se debía y no hizo más de lo ordenado. En tales términos, de acuerdo con el segundo párrafo del artículo 196, de la Ley de Amparo, se determina que en el presente caso, no existe exceso o defecto en el cumplimiento del fallo protector. Resulta aplicable, por identidad jurídica, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 120/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 774, Libro 2, Enero de 2014, Tomo II, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que es del tenor siguiente: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. MATERIA DE ESTUDIO DE DICHO RECURSO. La materia del recurso de inconformidad previsto en el artículo 201 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, conforme a su fracción I, la constituye la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria de amparo, en los términos del artículo 196 de la propia ley; es decir, el estudio de legalidad de la determinación de la autoridad que haya conocido del juicio de amparo, en el sentido de que la ejecutoria ha sido cumplida totalmente. Por tanto, su análisis debe atender a la materia determinada por la acción constitucional, así como al límite señalado en la ejecutoria en que se otorgó la protección de la Justicia Federal, sin excesos ni defectos, y no a la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable en aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo. Así, el cumplimiento total de las sentencias, sin excesos ni defectos, a que se refiere el primer párrafo del citado artículo 196, supone el análisis y la precisión de los alcances y efectos de la ejecutoria, a partir de la interpretación del fallo protector y de la naturaleza de la violación examinada en él, para que, una vez interpretada esa resolución, se fijen sus consecuencias para lograr el restablecimiento de las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional de que se trate, sin que ello signifique que el juez pueda incorporar elementos novedosos a su análisis para extender los efectos precisados en el fallo a otras posibles violaciones aducidas por los quejosos, que no hayan sido motivo de protección por parte de la Justicia de la Unión." En otro orden, en acatamiento a lo dispuesto por el párrafo cuarto del citado ordinal 196 de la ley de la materia, y con fundamento, además, en los artículos 1, 15, 17, fracción II, 18, fracción I y 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15, del acuerdo en comento. Toda vez que en este juicio se concedió el amparo solicitado, deberá hacerse del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, dentro de los siguientes noventa días se procederá a su depuración, y posteriormente se transferirá al Depósito documental, que es el área destinada a la organización, conservación y consulta del archivo judicial, dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, conforme a lo establecido en el artículo 18, fracción I, inciso b), ultimo y antepenúltimo párrafos, del Acuerdo invocado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en la carátula del expediente. En virtud de que este expediente se tramitó con incidente de suspensión, acuérdese lo relativo a su destino en ese propio cuaderno Notifíquese personalmente.
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