IVÁ ISRAEL JUÁREZ LÓPEZ y Otros.

Expediente 567/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 17 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
567/2023
Año
2023
Actuaciones
17
Última actuación
27/11/2023

Partes del expediente

  • IVÁ ISRAEL JUÁREZ LÓPEZ y Otros.
  • Ivá Israel Juárez López

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    MESA VI A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito de ******, representante especial del menor con iniciales *****, mediante el cual realiza manifestaciones respecto a la vista otorgada en auto de trece de noviembre del actual, respecto al cumplimiento de la ejecutoria por parte de la autoridad responsable en el presente juicio, por lo que, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, téngasele por hechas sus manifestaciones, las cuales serán tomadas en cuenta al resolver el estudio de cumplimiento en este sumario constitucional. Notifíquese.

  2. Principal

    POR LISTA AL REPRESENTANTE ESPECIAL: San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por la Juez Sexto Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca y anexo que acompaña, por el cual informa el cumplimiento efectuado a la ejecutoria de amparo dictada en autos. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el oficio y anexo de cuenta, así como las recibidas en autos de veinticinco de agosto del actual (folio 11883) y trece de octubre de dos mil veintitrés (folio 33985), córrase traslado y dese vista a la parte quejosa y tercera interesada, para que en el plazo de tres días, manifiesten lo que a su derecho convenga; en el entendido que de no hacer manifestación alguna, se resolverá respecto del cumplimiento o incumplimiento de la ejecutoria. Por lo que se instruye al Actuario asiente constancia de su cumplimiento MESA VI A Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA Y TERCERA INTERESADA: MESA VI A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por la Juez Sexto Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca y anexo que acompaña, por el cual informa el cumplimiento efectuado a la ejecutoria de amparo dictada en autos. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el oficio y anexo de cuenta, así como las recibidas en autos de veinticinco de agosto del actual (folio 11883) y trece de octubre de dos mil veintitrés (folio 33985), córrase traslado y dese vista a la parte quejosa y tercera interesada, para que en el plazo de tres días, manifiesten lo que a su derecho convenga; en el entendido que de no hacer manifestación alguna, se resolverá respecto del cumplimiento o incumplimiento de la ejecutoria. Por lo que se instruye al Actuario asiente constancia de su cumplimiento MESA VI A Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    MESA VI A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se advierte que en proveído de trece de octubre del año en curso, se tuvo a la Juez Sexto Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, en vías de cumplimiento a la sentencia de amparo, remitiendo un legajo de copia certificadas deducidas del expediente familiar *******, de las que se advirtió lo siguiente: El uno de septiembre del actual, llevó a cabo la entrevista a la perito en psicología ***** y psicóloga ******, con la intervención de la parte quejosa, tercera interesada, la agente del ministerio público y la representante en coadyuvancia. El dos de octubre del año en curso, se llevó a cabo la diligencia de escucha del menor de iniciales *****, en la que la juez responsable realizó lo siguiente: Discernió del cargo a ****, como representante en coadyuvancia del menor de iniciales *****. Con el objeto de tomar en cuenta al menor de iniciales ******, mediante la exteriorización de su opinión y afecto de designar a un profesionista (Perito Psicólogo con especialidad infantil o psicoterapia infantil) que intervenga en la escucha del citado menor, ordenó girar oficio al Director de Servicios Periciales del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca. De igual manera, a petición de la tercera interesada *******, ordenó girar oficio al DIF, a efecto que le designe una psicóloga y le otorgue terapias sistémico familiar. Precisó que señalará fecha y hora para el desahogo de la diligencia de la escucha del menor, hasta en tanto obre la designación del Perito Psicólogo oficial con especialidad en terapia infantil o psicoterapia infantil. Sin embargo, a la fecha, la aludida autoridad responsable no ha informado las gestiones relativas al cumplimiento de la sentencia de amparo. En consecuencia, en términos del artículo 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable ********, Juez Sexto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, para que dentro del plazo de tres días, informe las medidas adoptadas para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en relación al expediente familiar 458/2021, de su índice. La anterior precisión, se realiza en estricto acatamiento a la jurisprudencia P./J. 59/2014 (10a.), aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el seis de noviembre de dos mil catorce, publicada en la página 5, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Décima Época, que es del tenor siguiente: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO ESTÁ CONDICIONADA A QUE EL JUEZ DE AMPARO REALICE LOS REQUERIMIENTOS CON LA PRECISIÓN NECESARIA EN CUANTO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA ACATAR EL FALLO Y A LOS ACTOS QUE LES CORRESPONDE EJECUTAR A CADA UNA DE ELLAS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Conforme a lo dispuesto en el citado precepto legal, si la autoridad es omisa en el cumplimiento de una sentencia de amparo, ello conduciría de manera automática a la imposición de la sanción pecuniaria, y en caso de que aun impuesta la multa el cumplimiento no se acredite, ello dará lugar a continuar con el procedimiento de ejecución que, eventualmente, podría conducir a la separación del titular de la autoridad responsable y a su consignación ante el juez penal. En este escenario, resulta de especial relevancia que el juzgador de amparo requiera el cumplimiento del fallo protector con la precisión necesaria en cuanto a las autoridades competentes para acatarlo y respecto de los actos que les corresponde realizar, ya que si el debido acatamiento de la sentencia concesoria está sujeto a que diversas autoridades emitan en el ámbito de su respectiva competencia, regulado en una ley o un reglamento, diferentes actos cuya emisión jurídicamente constituye una condición indispensable para el dictado de los demás, será necesario que en el requerimiento respectivo se vincule a cada una de las autoridades competentes a emitir los actos que jurídicamente les correspondan; incluso, los apercibimientos respectivos deberán tomar en cuenta esas particularidades. En tal virtud, cuando el cumplimiento del fallo protector implique la emisión de actos de diferentes autoridades que den lugar al desarrollo de un procedimiento en el cual la falta de emisión de alguno de ellos impida la de los siguientes, antes de imponer una multa de las previstas en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo deberá identificarse a la autoridad contumaz, es decir, a la responsable del incumplimiento, dado que las diversas autoridades que no ejerzan poder de mando sobre ésta, de encontrarse impedidas legalmente para emitir el acto que les corresponde, tendrán una causa justificada para no haber cumplido el fallo protector. Ante ello, si el juzgador de amparo tiene la duda fundada sobre cuáles son las autoridades que gozan de las atribuciones para realizar los actos necesarios para el cumplimiento del fallo protector atendiendo a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, en el primer acuerdo que dicte en el procedimiento de ejecución de la sentencia, además de requerir a la autoridad o a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia concesoria deberá requerirlas para que en el plazo de tres días hábiles se pronuncien fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo. Lo anterior, con la finalidad de que, con base en lo manifestado por las referidas autoridades y en el análisis del marco jurídico aplicable, determine si es el caso de vincular al cumplimiento de la sentencia a diversas autoridades; pronunciamiento que deberá contener las consideraciones y los fundamentos legales que sirvan de base para vincular a las autoridades respectivas, atendiendo a lo previsto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual contiene un principio aplicable a toda resolución emitida dentro de un juicio de amparo." Apercibida expresamente que de no cumplir sin causa justificada (informe el impedimento legal o material que tenga para ello), se le impondrá a su titular una multa de cien unidades de medida y actualización, que es la cantidad equivalente a diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, cero centavos ($10,374.00), a razón de 103.74 como valor diario, conforme a lo establecido en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo. Asimismo, se podrá remitir el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda para seguir el trámite de inejecución, el cual puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. No se soslaya que el artículo 192 de la Ley de Amparo, párrafo tercero, establece que al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquella para que le ordene cumplir con la ejecutoria y el numeral 194 de la propia ley dispone que el superior jerárquico de la autoridad responsable es aquel que de conformidad con las disposiciones correspondientes ejerza sobre ella poder o mando para obligarla a actuar o dejar de actuar en la forma exigida en la sentencia de amparo, o bien para cumplir esta última por sí misma. Empero, en el caso, la Juez Familiar, al contar con autonomía e independencia para resolver las controversias sometidas a su conocimiento, carece de superior jerárquico, puesto que no lo es el Tribunal Superior de Justicia del Estado, ya que si bien es superior por razón de grado, su competencia se actualiza cuando las partes interponen los medios de defensa legal, y tampoco lo es el Consejo de la Judicatura del Estado, ya que acorde a su naturaleza administrativa no encuadra dentro de los supuestos establecidos en el artículo 194 de la Ley de Amparo, ya que no podría ejercer poder o mando sobre órganos jurisdiccionales para que emitan una determinación para cumplir con una sentencia de amparo ni cumplir por sí mismos una sentencia de amparo dirigida a un órgano jurisdiccional, pues ello implicaría una invasión a su esfera competencial; por tanto, dicha Juez carece de superior jerárquico, de ahí que el requerimiento al cumplimiento de la sentencia solo se realiza a ella. Sirve de apoyo, la jurisprudencia P./J. 63/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 6, Libro 13, Diciembre de 2014, Tomo I, Materia Común, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro digital 2008147, de rubro y texto: CONSEJOS DE LA JUDICATURA LOCALES. NO SON SUPERIORES JERÁRQUICOS DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES QUE INTEGRAN A LOS PODERES JUDICIALES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 192 Y 194 DE LA LEY DE AMPARO). En aquellas entidades federativas en las que se haya establecido un órgano de administración del aparato judicial, éste deberá responder a la naturaleza prevista en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para el Consejo de la Judicatura Federal. Así, la conformación de Consejos de la Judicatura en los Estados es de servicio administrativo a la función jurisdiccional, debido a lo cual, aquéllos no pueden controlar o invadir la esfera jurisdiccional de los órganos que administran, por lo que dicha función, bajo ningún concepto, puede estar subordinada a la administrativa, organizacional, disciplinaria o de cualquier otra naturaleza, que ejerzan esos Consejos, pues sus competencias, en materia de inspección y vigilancia sobre los juzgados y tribunales, únicamente pueden referirse al examen de lo necesario para conocer el funcionamiento del órgano judicial y el cumplimiento de los deberes del personal judicial, pero no, y a riesgo de violentar la independencia judicial, pueden referirse a la interpretación y aplicación de las leyes por los juzgadores cuando administran justicia en su sentido más amplio, incluyendo el contenido, modo y forma del cumplimiento de una sentencia de un tribunal de amparo. Por tanto, más allá de una relación de jerarquía, las funciones de dichos Consejos se encuentran dirigidas a salvaguardar la autonomía e independencia judiciales, de forma que los órganos jurisdiccionales se enfoquen a la resolución de los asuntos sometidos a su consideración, permitiendo que un órgano especializado se encargue de la administración necesaria para que la impartición de justicia se realice en los términos establecidos en el artículo 17 constitucional. En consecuencia, para efectos del cumplimiento de sentencias de amparo, los Consejos de la Judicatura locales no son superiores jerárquicos de los órganos jurisdiccionales que integran a los Poderes Judiciales de los Estados, pues acorde a su naturaleza administrativa, no encuadran dentro de los supuestos establecidos en el artículo 194 de la Ley de Amparo, ya que no podrían: (I) ejercer poder o mando sobre órganos jurisdiccionales para que emitan una determinación para cumplir con una sentencia de amparo; y (II) cumplir, por sí mismos, una sentencia de amparo dirigida a un órgano jurisdiccional, pues ello implicaría una invasión a su esfera competencial. Por lo anterior, en el supuesto de que la autoridad responsable sea un órgano jurisdiccional de un Poder Judicial local, la existencia de un Consejo de la Judicatura no actualiza el supuesto normativo contenido en el artículo 192 de la Ley de Amparo, consistente en que se requiera al superior jerárquico para cumplir una sentencia de amparo. Notifíquese.

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