Iván Ayala Ruíz

Expediente 95/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 14 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
95/2018
Año
2018
Actuaciones
14
Última actuación
14/06/2018

Partes del expediente

  • Iván Ayala Ruíz
  • Isaul Murillo Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado de autos, de los que se obtiene que feneció el plazo de quince días, previsto en los ordinales 201, fracción I y 202 de la ley en la materia, para que las partes se inconformaran con el proveído de dieciséis de mayo del año en curso, mediante el cual se declaró cumplido el fallo protector en el presente juicio de amparo, sin que lo hicieran; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara firme la citada determinación, para los efectos legales procedentes. En consecuencia, previas las anotaciones en el libro de gobierno, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto concluido. Tómese nota que el presente expediente no es considerado de relevancia documental, razón por la que se determina que es susceptible de DEPURACIÓN, debiendo destruirse las constancias respectivas, con excepción de la demanda y sentencia constitucional. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo primero, fracciones II y III, segundo párrafo, del Acuerdo General 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, así como el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de diciembre de dos mil doce; entonces, una vez que trascurran tres años contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, deberá ser transferido al Depósito Documental que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. Como lo establece el punto DÉCIMO PRIMERO, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente. Sin que se haga pronunciamiento respecto a la devolución de garantía, toda vez que no se formó el incidente de suspensión respectivo como se obtiene del auto de siete de febrero de dos mil dieciocho (foja 7). No pasa inadvertido que en el presente asunto obra una carta poder original, misma que la parte quejosa acompañó a su escrito inicial de demanda, el cual obra dentro del sumario (foja 4); en tal virtud, en cumplimiento al punto Décimo Primero, último párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, prevéngase a la parte quejosa para que dentro del plazo de noventa días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, por escrito, solicite los documentos de que se trata, con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo, será DEPURADO igual que el presente asunto. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3 y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  2. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍCA A LA PARTE QUEJOSA: IVAN AYALA RUIZ E ISAUL MURILLO MARTÍNEZ. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, de los que se obtiene que feneció el plazo de quince días, previsto en los ordinales 201, fracción I y 202 de la ley en la materia, para que las partes se inconformaran con el proveído de dieciséis de mayo del año en curso, mediante el cual se declaró cumplido el fallo protector en el presente juicio de amparo, sin que lo hicieran; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara firme la citada determinación, para los efectos legales procedentes. En consecuencia, previas las anotaciones en el libro de gobierno, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto concluido. Tómese nota que el presente expediente no es considerado de relevancia documental, razón por la que se determina que es susceptible de DEPURACIÓN, debiendo destruirse las constancias respectivas, con excepción de la demanda y sentencia constitucional. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo primero, fracciones II y III, segundo párrafo, del Acuerdo General 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, así como el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de diciembre de dos mil doce; entonces, una vez que trascurran tres años contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, deberá ser transferido al Depósito Documental que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. Como lo establece el punto DÉCIMO PRIMERO, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente. Sin que se haga pronunciamiento respecto a la devolución de garantía, toda vez que no se formó el incidente de suspensión respectivo como se obtiene del auto de siete de febrero de dos mil dieciocho (foja 7). No pasa inadvertido que en el presente asunto obra una carta poder original, misma que la parte quejosa acompañó a su escrito inicial de demanda, el cual obra dentro del sumario (foja 4); en tal virtud, en cumplimiento al punto Décimo Primero, último párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, prevéngase a la parte quejosa para que dentro del plazo de noventa días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, por escrito, solicite los documentos de que se trata, con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo, será DEPURADO igual que el presente asunto. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3 y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  3. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, se advierte que mediante proveído de veinte de abril del año en curso, se dio vista a las partes con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por parte de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, por conducto de su Presidente; mismo que fue notificado a las partes el veintitrés y veinticuatro siguientes y tres de mayo pasado (fojas 56, 61, 62 y 63). En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado y este órgano jurisdiccional con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede a resolver si el fallo protector se encuentra cumplido de acuerdo a las constancias de autos; en apoyo a lo anterior se cita la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (cuyo rubro se inserta): "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO". Al respecto, debe decirse que por sentencia dictada el veinte de marzo del presente año (fojas 25 a 34), por este Juzgado de Distrito, se concedió la protección constitucional a los quejosos Iván Ayala Ruíz e Isaul Murillo Martínez, para los efectos que se reproducen: "[.] que la Junta responsable: 1. De inmediato distribuya entre cada uno de los miembros de la Junta el proyecto de laudo elaborado, otorgándoles un término de cinco días en el cual, cualquiera de los miembros de la Junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que estime necesarias para el esclarecimiento de la verdad; 1.1 En caso de que se hubiera solicitado la práctica de diligencias por alguno de los miembros de la Junta, ésta, con citación a las partes, señalará día y hora para su desahogo, ello dentro de un plazo de ocho días; 2. Transcurrido el término de cinco días concedido a los integrantes de la Junta o, el correspondiente al desahogo de las diligencias solicitadas, el Presidente de la Junta citará a una audiencia para la discusión y votación del proyecto de laudo, la cual se deberá realizar dentro de los diez días siguientes, en la que se fallará el asunto". Esto es, en la sentencia, este juzgado determinó que la Junta responsable violó en perjuicio de la parte quejosa el derecho a que se le administre justicia pronta y expedita contemplado en el numeral 17 de la Carta Magna, pues omitió decidir la controversia sometida a su potestad en los términos y plazos establecidos en la Ley Federal del Trabajo, es decir, no formuló el proyecto de laudo y, en consecuencia tampoco emitió el laudo respectivo en el juicio laboral 641/2015, lo anterior dentro del plazo genérico de veinticinco días hábiles, si no hubiere solicitud por alguno de los miembros de la Junta para la práctica de las diligencias que estimaran necesarias, pues, de lo contrario, tal plazo dependería del tiempo que conllevara el desahogo de las diligencias ordenadas; por lo tanto, en ese evento el lapso para la emisión del laudo obedecería a que aquellas diligencias se ejecutaran. Sentencia que causó ejecutoria el doce de abril del año en curso y en el propio auto se requirió su cumplimiento (fojas 44-46). Ahora bien, en acatamiento a la sentencia concesiva, la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, por conducto de su Presidente, mediante oficio 893/2018 (foja 49), remitió copia certificada de lo siguiente: Laudo de ocho de marzo de dos mil dieciocho, emitido en el juicio laboral 641/2015 (fojas 50 a 55). Ahora, del examen de la documental destacada con antelación, la que de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2o., tiene pleno valor probatorio, hacen patente que la responsable acató el fallo protector, pues cumplió con el núcleo esencial de la obligación exigida en la sentencia concesiva del amparo, es decir, los integrantes de la Junta responsable el ocho de marzo del año en curso, emitieron el laudo respectivo en el juicio laboral 641/2015. En consecuencia, esta potestad federal considera que se ha restituido a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales violados, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo; en tal virtud, se declara cumplida la sentencia de amparo. No es óbice a lo anterior que el tribunal responsable no remitiera constancia con la cual acreditara que distribuyó a cada uno de sus miembros el proyecto de laudo, así como de que fueron citados para la audiencia de discusión y votación de tal proyecto, pues lo anterior se entiende que se llevó a cabo por parte de la Junta al haber dictado el laudo de ocho de marzo de dos mil dieciocho en el controvertido laboral de origen. Es pertinente dejar establecido que no existió defecto o exceso en el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, considerando que hay exceso cuando la responsable se extralimita en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la determinación y que, por lo contrario, habrá defecto, cuando la autoridad cumple parcialmente con lo ordenado, o lo hace deficientemente; por cuanto hace a lo afirmado en este párrafo, se cita la jurisprudencia cuyo título es: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. ALCANCES Y LÍMITES EN SU ESTUDIO". Se estima que no hay defecto en el cumplimiento en razón de que la responsable acató lo establecido en la sentencia constitucional, conforme a lo que ya se dijo, pues el ocho de marzo de dos mil dieciocho emitió el laudo correspondiente en el juicio laboral 641/2015, en otras palabras no dejó de hacer algo que se le haya impuesto en la ejecutoria de amparo. Tampoco existe exceso en el cumplimiento, ya que la responsable no fue más allá del alcance de la ejecutoria que concedió el amparo, pues su actuar fue emitir el laudo. En otro orden de ideas, entérese a las partes que cuentan con el plazo de quince días para que en caso de no estar conformes con la presente determinación, hagan valer el recurso de inconformidad en términos de los artículos 201, fracción I, y 202, de la Ley de Amparo. Por otra parte, una vez que transcurra el plazo establecido en el párrafo que antecede, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, provéase respecto al archivo del expediente en que se actúa, así como a la valoración de éste, toda vez que será hasta ese momento en que este juzgado pueda determinar lo concerniente. Finalmente, conforme lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  4. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍCA A LA TERCERA INTERESADA: HARINERA ACM SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que mediante proveído de veinte de abril del año en curso, se dio vista a las partes con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por parte de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, por conducto de su Presidente; mismo que fue notificado a las partes el veintitrés y veinticuatro siguientes y tres de mayo pasado (fojas 56, 61, 62 y 63). En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado y este órgano jurisdiccional con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede a resolver si el fallo protector se encuentra cumplido de acuerdo a las constancias de autos; en apoyo a lo anterior se cita la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (cuyo rubro se inserta): "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO". Al respecto, debe decirse que por sentencia dictada el veinte de marzo del presente año (fojas 25 a 34), por este Juzgado de Distrito, se concedió la protección constitucional a los quejosos Iván Ayala Ruíz e Isaul Murillo Martínez, para los efectos que se reproducen: "[.] que la Junta responsable: 1. De inmediato distribuya entre cada uno de los miembros de la Junta el proyecto de laudo elaborado, otorgándoles un término de cinco días en el cual, cualquiera de los miembros de la Junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que estime necesarias para el esclarecimiento de la verdad; 1.1 En caso de que se hubiera solicitado la práctica de diligencias por alguno de los miembros de la Junta, ésta, con citación a las partes, señalará día y hora para su desahogo, ello dentro de un plazo de ocho días; 2. Transcurrido el término de cinco días concedido a los integrantes de la Junta o, el correspondiente al desahogo de las diligencias solicitadas, el Presidente de la Junta citará a una audiencia para la discusión y votación del proyecto de laudo, la cual se deberá realizar dentro de los diez días siguientes, en la que se fallará el asunto". Esto es, en la sentencia, este juzgado determinó que la Junta responsable violó en perjuicio de la parte quejosa el derecho a que se le administre justicia pronta y expedita contemplado en el numeral 17 de la Carta Magna, pues omitió decidir la controversia sometida a su potestad en los términos y plazos establecidos en la Ley Federal del Trabajo, es decir, no formuló el proyecto de laudo y, en consecuencia tampoco emitió el laudo respectivo en el juicio laboral 641/2015, lo anterior dentro del plazo genérico de veinticinco días hábiles, si no hubiere solicitud por alguno de los miembros de la Junta para la práctica de las diligencias que estimaran necesarias, pues, de lo contrario, tal plazo dependería del tiempo que conllevara el desahogo de las diligencias ordenadas; por lo tanto, en ese evento el lapso para la emisión del laudo obedecería a que aquellas diligencias se ejecutaran. Sentencia que causó ejecutoria el doce de abril del año en curso y en el propio auto se requirió su cumplimiento (fojas 44-46). Ahora bien, en acatamiento a la sentencia concesiva, la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, por conducto de su Presidente, mediante oficio 893/2018 (foja 49), remitió copia certificada de lo siguiente: Laudo de ocho de marzo de dos mil dieciocho, emitido en el juicio laboral 641/2015 (fojas 50 a 55). Ahora, del examen de la documental destacada con antelación, la que de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2o., tiene pleno valor probatorio, hacen patente que la responsable acató el fallo protector, pues cumplió con el núcleo esencial de la obligación exigida en la sentencia concesiva del amparo, es decir, los integrantes de la Junta responsable el ocho de marzo del año en curso, emitieron el laudo respectivo en el juicio laboral 641/2015. En consecuencia, esta potestad federal considera que se ha restituido a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales violados, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo; en tal virtud, se declara cumplida la sentencia de amparo. No es óbice a lo anterior que el tribunal responsable no remitiera constancia con la cual acreditara que distribuyó a cada uno de sus miembros el proyecto de laudo, así como de que fueron citados para la audiencia de discusión y votación de tal proyecto, pues lo anterior se entiende que se llevó a cabo por parte de la Junta al haber dictado el laudo de ocho de marzo de dos mil dieciocho en el controvertido laboral de origen. Es pertinente dejar establecido que no existió defecto o exceso en el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, considerando que hay exceso cuando la responsable se extralimita en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la determinación y que, por lo contrario, habrá defecto, cuando la autoridad cumple parcialmente con lo ordenado, o lo hace deficientemente; por cuanto hace a lo afirmado en este párrafo, se cita la jurisprudencia cuyo título es: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. ALCANCES Y LÍMITES EN SU ESTUDIO". Se estima que no hay defecto en el cumplimiento en razón de que la responsable acató lo establecido en la sentencia constitucional, conforme a lo que ya se dijo, pues el ocho de marzo de dos mil dieciocho emitió el laudo correspondiente en el juicio laboral 641/2015, en otras palabras no dejó de hacer algo que se le haya impuesto en la ejecutoria de amparo. Tampoco existe exceso en el cumplimiento, ya que la responsable no fue más allá del alcance de la ejecutoria que concedió el amparo, pues su actuar fue emitir el laudo. En otro orden de ideas, entérese a las partes que cuentan con el plazo de quince días para que en caso de no estar conformes con la presente determinación, hagan valer el recurso de inconformidad en términos de los artículos 201, fracción I, y 202, de la Ley de Amparo. Por otra parte, una vez que transcurra el plazo establecido en el párrafo que antecede, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, provéase respecto al archivo del expediente en que se actúa, así como a la valoración de éste, toda vez que será hasta ese momento en que este juzgado pueda determinar lo concerniente. Finalmente, conforme lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

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