Itzia Frías Hernández
Expediente 57/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de febrero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 57/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 25/02/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Itzia Frías Hernández
Actuaciones
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍCA A LA PARTE QUEJOSA: ITZIA FRÍAS HERNÁNDEZ. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que transcurrió el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa hiciera valer el recurso de queja contra el proveído de veintiocho de enero del presente año, que DESECHÓ DE PLANO la demanda de amparo promovida por Itzia Frías Hernández, por su propio derecho, sin que haya hecho uso de tal derecho; consecuentemente, queda FIRME el proveído en cita. Por otro lado, como de autos se obtiene, que se trata de un asunto concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar; en consecuencia, se ordena su ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado; asimismo, conforme al prudente arbitrio de este juzgado este asunto no es de relevancia documental, en términos del último párrafo del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia de los expedientes generados en los juzgados de distrito, encuadra en la hipótesis prevista por la fracción I de dicho precepto, pues se trata de un juicio de amparo en el que se desechó de plano la demanda y debido a ello es susceptible de destrucción; en esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al depósito documental que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo que se lleva en este juzgado; y, en términos del punto décimo primero del acuerdo general en consulta, asiéntese en la carátula los datos precisados con antelación. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍCA A LA PARTE QUEJOSA: ITZIA FRÍAS HERNÁNDEZ. Demanda y radicación Fórmese expediente y regístrese con el número VI-57/2019, tanto en el libro de gobierno de juicios de amparo, como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Consideraciones previas El artículo 113 de la Ley de Amparo, impone al juzgador la obligación de examinar la demanda para que, en caso de que aquél encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deseche de plano el escrito inicial. De igual modo, el artículo 113 en mención señala que el desechamiento de plano de una demanda de amparo requiere, necesariamente, un motivo de improcedencia del juicio constitucional. Conviene mencionar que el motivo aludido debe ser manifiesto, es decir, tiene que advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda; de igual modo, aquél tiene que ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto, de manera que no pueda ponerse en duda por lo clara, segura y evidente que es su actualización. Apoyan lo expuesto, las jurisprudencias I.13°.A. J/6 y I.60.C. J/19, emitidas por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil , ambos pertenecientes al del Primer Circuito, cuyos rubros son: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." y "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA." ? Análisis integral de la demanda Conviene destacar que el estudio de la demanda de amparo se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , cuyo rubro establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En efecto, el análisis integral de la demanda de amparo, la cual se trata como un todo, reveló que la quejosa Itzia Frías Hernández señala como autoridades responsables a las siguientes: 1. Juez Cívico del Sector 4 de Morelia, Michoacán, en turno. 2. Elementos policíacos tripulantes de la patrulla número PM033, adscritos a la Policía Municipal de Morelia, Michoacán, Sector 4. 3. Agente del Ministerio Público Investigador de la Unidad de Atención Temprana Penal de esta ciudad. De quienes reclama lo que enseguida se indica: A la autoridad señalada con el número 1: La omisión de no haberse declarado incompetente ante los hechos con apariencia de delito sometidos a su consideración por los elementos que tripulaban la patrulla PM033, quienes detuvieron en flagrancia a Luis Enrique Mendoza Gómez, el veintitrés de enero del presente año, robando en el interior del domicilio particular de la quejosa, a fin de que la autoridad ministerial integrara de inmediato la carpeta de investigación con detenido y poder acceder a la autoridad judicial respectiva. A la identificada en el apartado 2: No haber puesto a disposición del Agente del Ministerio Público en turno, al sujeto que se introdujo a robar a su domicilio particular ubicado en esta ciudad, pese a que lo sorprendieron en flagrancia y únicamente haberlo presentado ante el Juez Cívico del Sector 4 de esta ciudad, en turno, porque consideraron que era una alteración al orden, es decir, una falta administrativa. A la mencionada en el número 3: Abstenerse de requerir al Juez Cívico del Sector 4 de Morelia, Michoacán, en turno, y a la Policía Municipal de esta ciudad para que sea puesto de inmediato a su disposición LUIS ENRIQUE MENDOZA GÓMEZ y evitar que se sustraiga de la acción de la justicia; pese a que recabó su denuncia el veinticuatro de enero de dos mil diecinueve y la registró como caso único 1003201903164 y carpeta de investigación 02080/UATP/MOR/2019, pues púnicamente ordenó que se realicen investigaciones sin detenido. Una vez precisados los actos reclamados, este órgano jurisdiccional considera que se actualizan de manera manifiesta e indudable las causales de improcedencia previstas en las fracciones XX y XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, esta última en relación con el numeral 77, fracción I del mismo cuerpo de leyes, por lo cual, se realizará el estudio respectivo, iniciando, por técnica jurídica, con el acto atribuido al Agente del Ministerio Público Investigador de la Unidad de Atención Temprana Penal de esta ciudad. ? Estudio de la causal de improcedencia establecida en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el acto atribuido al Agente del Ministerio Público Investigador de la Unidad de Atención Temprana Penal de esta ciudad. Inicialmente, es necesario señalar que el juicio constitucional es un juicio extraordinario, su procedencia y tramitación están regidas por reglas especiales y por principios fundamentales que lo estructuran como el medio jurisdiccional idóneo para lograr la actuación de las prevenciones constitucionales, a través de una contienda equilibrada entre el gobernante y el gobernado. Dentro de estas reglas fundamentales que estructuran al juicio de amparo, se encuentra el principio de definitividad, que establece que dicho juicio es únicamente procedente en contra de actos definitivos, es decir, aquellos respecto de los cuales no exista algún recurso ordinario o medio de impugnación por el cual puedan ser modificados o revocados; en consecuencia, la definitividad del acto, como presupuesto de procedencia del juicio de amparo, implica que antes de acudir a dicho juicio, deberán agotarse los recursos que prevea la ley ordinaria y que sean idóneos para modificar o anular el acto de que se trate. Esta directriz de procedencia del juicio biinstancial se desprende del contenido de los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo , pues tales numerales prevén la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo que impliquen una ejecución que genere efectos irreparables. En efecto, por regla general, previo a instar la acción constitucional, la parte quejosa tiene el imperativo de agotar el medio de defensa que, en su caso, prevea la ley que rige el acto para impugnarlo, a fin de generar su modificación, revocación o nulidad. En consecuencia, el órgano constitucional está obligado a verificar que la parte promovente haya cumplido con la observancia del principio de definitividad, mediante el agotamiento del recurso ordinario de defensa, en caso de que lo prevea la ley de la materia, el cual deberá tener como finalidad modificar, revocar o anular el acto reclamado. Así pues, la interpretación funcional (teleológica) que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha realizado de los preceptos en estudio revela que la actualización de la causa de improcedencia por virtud del principio de definitividad, cuando se trata de autoridades distintas a los tribunales judiciales, administrativos o de trabajo, como en el caso lo es el Ministerio Público Investigador, requiere considerarse lo siguiente: 1. El principio de definitividad implica el agotamiento previo del recurso ordinario procedente respecto de un determinado acto de autoridad, es decir, es la obligación que tiene el quejoso de agotar, previamente a recurrir a la instancia constitucional, el recurso ordinario procedente que pudiera tener efectos de revocación o modificación del acto que el quejoso estima que afecta su esfera jurídica. 2. Para efectos del juicio de amparo, un medio ordinario de defensa es todo aquel instrumento establecido dentro del procedimiento, regulado por la ley que rige el acto, que tenga por objetivo modificar, revocar o nulificar dicho acto. 3. La procedencia del recurso no debe exigir más requisitos que los previstos en la Ley de Amparo para otorgar la suspensión, ni un plazo mayor para tal efecto. 4. Existen excepciones contempladas por el precepto legal en estudio -acotadas por la Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación-, a saber, no existe obligación de agotar los medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, si sólo se alegan violaciones directas a la Constitución o si el recurso se encuentra previsto en un reglamento sin estar contemplado en la ley aplicable. 5. En resumen, para que opere el principio de definitividad, es necesario que exista un recurso ordinario señalado en la ley mediante el cual se pueda modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad. En el presente caso, el juicio de amparo fue promovido por Itzia Frías Hernández, por su propio derecho, quien refiere que el veintitrés de enero de dos mil diecinueve, un sujeto identificado como Luis Enrique Mendoza Gómez, se introdujo a robar objetos de valor y dinero en efectivo en el interior de su domicilio particular ubicado en la calle 28 de septiembre de 1810, número 20, colonia Villas del Carmen, en Morelia, Michoacán, siendo sorprendido en flagrancia por elementos que circulaban a bordo de la patrulla número PM033, quienes consideraron que éste había cometido una alteración al orden y lo presentaron ante el Juez Cívico del Sector 4 de Morelia, en turno, quien una vez que conoció de esos hechos le impuso un arresto de treinta y dos horas en el Centro de Detención de ese sector, considerando la quejosa que el juez cívico debió declararse incompetente y dejar al infractor a disposición del Agente del Ministerio Público Investigador, en turno, para que se integrara carpeta de investigación con detenido. Asimismo, refiere que debido a su insistencia el veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, el licenciado Armando Montero Juárez, Agente del Ministerio Público Investigador de la Unidad de Atención Temprana Penal de esta ciudad, le recibió su denuncia en relación con el robo que sufrió el veintitrés del mes en curso en su domicilio particular, registrándola como caso único 1003201903164 y carpeta de investigación 02080/UATP/MOR/2019, ordenando en la misma data las investigaciones correspondientes "sin detenido", pero omitió requerir al Juez Cívico del Sector 4 de Morelia, Michoacán, en turno, y a la Policía Municipal de esta ciudad para que pusieran a su disposición de inmediato a LUIS ENRIQUE MENDOZA GÓMEZ y así, evitar que se sustraiga de la acción de la justicia. Así, es posible inferir que la quejosa se duele esencialmente de que no se haya ordenado una investigación "con detenido", poniendo a disposición del Ministerio Público Investigador al sujeto que se introdujo al interior de su domicilio particular el veintitrés de enero del presente año, con el propósito de apoderarse de objetos de valor y dinero en efectivo, y contrario a ello, únicamente haberle impuesto al sujeto activo un arresto por treinta y dos horas, al haber considerado su conducta como una alteración al orden, es decir, una falta administrativa. Lo antes expuesto permite revelar que con motivo de los hechos cometidos en el domicilio particular de la quejosa el veintitrés de enero de dos mil diecinueve, se registró carpeta de investigación 02080/UATP/MOR/2019, ante la Agencia del Ministerio Público Investigadora de la Unidad de Atención Temprana Penal de esta ciudad, encontrándose en curso las investigaciones respectivas para ponderar el ejercicio o no de la acción penal, determinación que necesariamente habrá de notificarse a la quejosa, en su calidad de víctima. Al respecto, debe decirse que a la luz de la reforma del artículo 20 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, el ministerio público tiene el deber de promover y dirigir una investigación en la que realizara las diligencias que considere conducentes para el esclarecimiento de los hechos, las cuales deberán quedar registradas en una carpeta de investigación. Luego, dentro de la etapa de investigación, el ministerio público puede incurrir en actitudes omisivas con relación a su deber de investigar delitos [sea en su fase inicial o complementaria] al omitir realizar diligencias y actos que deben practicarse de oficio o que soliciten las partes para el esclarecimiento de los hechos; conducta omisiva que si carece de justificación legal, desde luego puede conculcar derechos fundamentales de las partes en el conflicto penal. Asimismo, la referida reforma constitucional incorporó la figura del juez de control quien, entre otras, tiene la obligación de ejercer una vigilancia de los derechos constitucionales de los sujetos procesales durante la fases de investigación e intermedia, garantizándoles una respuesta pronta e inmediata, bajo la reglas de control judicial sobre aquellas diligencias actos procesales o comportamientos del ministerio público que lesionen los derechos de los sujetos procesales. En ese contexto, el juez de control tiene la función de vigilar que todos los actos relativos a la investigación de un hecho que reviste el carácter de delito sean preservados de manera correcta, además de garantizar los derechos fundamentales del inculpado, de la víctima o del ofendido. Por tanto, a la luz de dichos principios que se incorporaron al texto constitucional, se reconoció un derecho importante en favor de las partes que intervienen en la carpeta de investigación, consistente en impugnar ante la autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, además de las resoluciones relativas a la reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. En virtud de estos principios, el artículo 20, apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el numeral 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales, reconocen una serie de derechos de las partes intervinientes en el proceso penal, entre los que se encuentran el de intervenir en el juicio e interponer los recursos respectivos. A través de tal derecho se logra el propósito establecido en el Código Nacional de Procedimiento Penales, el cual en su artículo 2o., dispone que el objeto de ese código es establecer las normas que han de observarse en la investigación, el procesamiento y la sanción de los delitos, para: a. Esclarecer los hechos. b. Proteger al inocente. c. Procurar que el culpable no quede impune. d. Que se repare el daño. Principios con los cuales se asegura el acceso a la justicia en la aplicación del derecho, se resuelven los conflictos que surjan con motivo de la comisión del delito, en un marco de respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. En ese orden de ideas, el equilibrio procesal que existe en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio y oral, propicia que las partes intervinientes en el procedimiento penal puedan acudir ante el juez de control para que éste, en ejercicio de las atribuciones que le otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ejerza un control de regularidad de legalidad respecto de los actos tanto positivos como negativos del Ministerio Público, para que éste no sea obstáculo en relación con las pretensiones del resto de las partes. Así, el papel del Juez de Control en el nuevo sistema procesal, implica que la autoridad judicial pueda revisar la manera en cómo el Ministerio Público atiende y protege a las partes del proceso, para conducir las acciones concretas que se realicen en todas las etapas del procedimiento a una justicia restaurativa. Para ello, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el artículo 258 del Código Nacional, señala: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno". De la lectura de dicho artículo, se desprende que en contra de las determinaciones sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, la víctima u ofendido cuentan con un medio de defensa para impugnarlas ante el Juez de Control, dentro de diez días posteriores a que sean notificados de las mismas; en cuyo caso, el Juez de control citará a las partes a una audiencia en la que escuchará y resolverá en definitiva. Lo anterior constituye un medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales para que la víctima u ofendido puedan impugnar, en sede judicial ordinaria, todas aquellas omisiones de la autoridad ministerial en el desempeño de su función investigadora, así como las determinaciones sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal; con la finalidad de que sea el Juez de Control quien de manera ágil, una vez que dé intervención a las partes, determine incluso en una sola audiencia, si la actuación del órgano investigador está legalmente justificada o no. Medio de impugnación que resulta idóneo porque el juez de control al revisar las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una investigación es que, puede determinar que la conducta asumida por quien conduce la investigación es ilegal y con base en ello conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Sin que, en el caso, se actualice alguna de las hipótesis de excepción que establece la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues, en el nuevo sistema procesal penal acusatorio y oral, el Juez de Control tiene amplias facultades para imponer las medidas cautelares que estime pertinentes para proteger los derechos de los intervinientes en el proceso, ya que la intención del Poder Reformador, al diseñar la figura del Juez de control -en la reforma constitucional de diecisiete de junio de dos mil ocho-, fue que dicha autoridad resolviera las impugnaciones de las resoluciones de reserva, no ejercicio de la acción penal, el desistimiento y la suspensión de la acción penal y, en general, las determinaciones del Ministerio Público, para controlar su legalidad y así resguardar los derechos tanto de los imputados, como de las víctimas u ofendidos, además, realizarlo de forma expedita y en breve término. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora; además, la finalidad de que el juez de control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una investigación es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Incluso, no existe ningún precepto legal del que se advierta que el Código Nacional de Procedimientos Penales exija mayores requisitos para el otorgamiento de la suspensión definitiva, que los que precisa la Ley de Amparo, pues hay que recordar que con base en el artículo 17, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales, esto es, el juez de control tiene amplias facultades para precisar la situación jurídica en la que deba prevalecer la investigación incluso conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. En virtud de lo expuesto, la víctima u ofendido por alguna conducta delictuosa (posición que de acuerdo a lo narrado en la demanda asumió la quejosa), antes de acudir al juicio de amparo a reclamar las omisiones en que incurra el Ministerio Público en la conducción de la investigación, debe comparecer ante el Juez de Control a través del medio de defensa previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dentro de los diez días posteriores a que sea notificada de dicha resolución. Así, el control judicial se traduce en un medio de defensa previsto a favor de la víctima, pues tiene por objeto confirmar, revocar o modificar el acuerdo que estima le causa perjuicio. Es decir, conforme a los principios que rigen el sistema penal acusatorio previsto en la Constitución, la víctima tiene el derecho de acceder a una instancia previa como es el control judicial, a fin de propiciar la expedites e inmediatez del órgano jurisdiccional penal como regulador de dicho procedimiento; por tanto, una vez que éste se haya pronunciado sobre la resolución sujeta a su potestad conforme al artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la víctima u ofendido podrán, a la postre, acudir al juicio de amparo. Sirve de apoyo, por las razones que la sustenta, la jurisprudencia 1a./J. 27/2018 , emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos". Así como la tesis XVIII.1o.P.A.2 P , sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, del rubro y texto: "SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. LA OMISIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, DEBE IMPUGNARSE ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE IMPUGNACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Durante la fase de investigación de un delito, el imputado, su defensor y la víctima u ofendido, pueden solicitar al agente del Ministerio Público todos aquellos actos de investigación que consideren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos; luego, si dicho agente comete omisiones o negligencia en el desempeño de sus funciones de investigación, la víctima u ofendido tiene derecho a impugnar esa conducta ante la autoridad judicial, en términos de los artículos 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por su parte, el artículo 258 del código citado, prevé un medio de impugnación a través del cual la víctima u ofendido puede inconformarse contra las determinaciones que le afecten o impidan lograr su pretensión, tales como la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, las que, por similitud en sus efectos, son equiparables a la afectación que sufren sus pretensiones cuando el agente investigador es omiso o negligente en cumplir con sus funciones. Así, de una interpretación sistemática de las normas mencionadas, con la finalidad de armonizar el nuevo sistema de justicia penal, que busca que los asuntos de esta materia sean resueltos de forma breve y garantista en favor del imputado, así como de la víctima u ofendido, se concluye que la omisión del agente del Ministerio Público de cumplir con sus obligaciones en la etapa de investigación en el sistema procesal penal acusatorio y oral, es impugnable en la vía jurisdiccional ordinaria, ante el Juez de control, en términos del referido artículo 258; por tanto, es imperativo para la víctima u ofendido agotar ese medio de impugnación, previo a promover el juicio de amparo indirecto, el que procederá, en todo caso, contra la resolución que emita la autoridad judicial, sin que opere algún supuesto de excepción al principio de definitividad. Considerar lo contrario, impone a la víctima u ofendido un mayor gravamen o dilación, ya que en términos de la legislación ordinaria, en una audiencia el Juez de control resolvería lo conducente, en tanto que acudir directamente al juicio de amparo implica, además del desconocimiento de la Constitución, la tramitación de un juicio constitucional biinstancial, con la dilación que ello conlleva, lesionando con esto el artículo 17 de la Constitución Federal, para llegar, eventualmente, al mismo resultado". Esto es, respecto del acto reclamado por la quejosa al Agente del Ministerio Público Investigador de la Unidad de Atención Temprana Penal de esta ciudad, en relación con las investigaciones que ordenó "sin detenido", tendentes al robo que sufrió Itzia Frías Hernández el veintitrés de enero del presente año, en el interior de su domicilio particular ubicado en esta ciudad, antes de acudir al amparo bi-instancial debió agotar el aludido medio de impugnación y al no haberlo hecho, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, en relación con el 107, fracción VII, interpretado a contrario sensu, por lo que se desecha la demanda de amparo contra dicho acto. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del Tribunal Colegiado del Octavo Circuito , cuyo rubro y texto disponen: "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO. Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". Así como la jurisprudencia número I.6o.C. J/37 , del contenido siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías". Corresponde ahora analizar los actos reclamados por la quejosa al Juez Cívico del Sector 4 de Morelia, Michoacán, en turno y a los elementos policíacos tripulantes de la patrulla número PM033, adscritos a la Policía Municipal de Morelia, Michoacán, Sector 4, respecto de los cuales esta potestad federal considera que se actualiza la diversa causal de improcedencia establecida en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 77, fracción I, interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; [.]". En principio, es conveniente precisar que el numeral 77 de la Ley de Amparo vigente, en su fracción I, establece los efectos de la sentencia que conceda el amparo, particularmente cuando se trate de actos de carácter positivo, en cuyo caso la autoridad debe ordenar la restitución al quejoso en el pleno goce del derecho violentado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Para una mejor comprensión del asunto debe precisarse que la quejosa atribuye al Juez Cívico del Sector 4 de Morelia, Michoacán, en turno y a los elementos policíacos tripulantes de la patrulla número PM033, adscritos a la Policía Municipal de Morelia, Michoacán, Sector 4, los actos siguientes: A la autoridad judicial: La omisión de no haberse declarado incompetente ante los hechos con apariencia de delito sometidos a su consideración por los elementos que tripulaban la patrulla PM033, quienes detuvieron en flagrancia a Luis Enrique Mendoza Gómez, el veintitrés de enero del presente año, robando en el interior del domicilio particular de la quejosa, a fin de que la autoridad ministerial integrara de inmediato la carpeta de investigación con detenido y poder acceder a la autoridad judicial respectiva. A los elementos policiacos: No haber puesto a disposición del Agente del Ministerio Público en turno, al sujeto que se introdujo a robar a su domicilio particular ubicado en esta ciudad, pese a que lo sorprendieron en flagrancia y únicamente haberlo presentado ante el Juez Cívico del Sector 4 de esta ciudad, en turno, porque consideraron que era una alteración al orden, es decir, una falta administrativa. Es decir, la quejosa se duele de que los elementos policiacos que tripulaban la patrulla PM033, no dejaron a disposición de la autoridad ministerial al sujeto identificado como Luis Enrique Mendoza Gómez, que sorprendieron en flagrancia el veintitrés de enero de la presente anualidad, cuando se encontraba en el interior de su domicilio particular robando objetos de valor y dinero en efectivo, pues contrario a ello, lo presentaron ante el Juez Cívico del Sector 4 de Morelia, en turno, quien omitió declararse incompetente ante los hechos con apariencia de delito sometidos a su consideración por los elementos de la patrulla PM033 y declinar su competencia al Agente del Ministerio Público Investigador para que se avocara al conocimiento de los hechos presuntamente delictivos y practicara todas las diligencias necesarias para ello, en beneficio de la agraviada. Sin embargo, esta potestad federal considera improcedente el amparo intentado en contra de los actos atribuidos al Juez Cívico del Sector 4 de Morelia, Michoacán, en turno y a los elementos policíacos tripulantes de la patrulla número PM033, adscritos a la Policía Municipal de Morelia, Michoacán, en virtud de que a nada práctico conduciría la admisión y trámite de la demanda de amparo en contra de éstos, pues seguidas las formalidades de ley y suponiendo que se dictara una sentencia concesoria en relación con esos actos, existiría una imposibilidad jurídica para la materialización de esos efectos; en virtud de que el procedimiento administrativo atribuido al juez cívico, en su calidad de autoridad ordenadora, ya habrá concluido, lo cual representará una evidente imposibilidad para acatar el fallo protector, cuyos efectos necesariamente son extensivos a los elementos policíacos en su calidad de autoridades ejecutoras, pues la función de éstos se limita a efectuar los actos ordenados por aquél; es decir, no son propios, sino derivados del acto atribuido al juez cívico, de ahí la improcedencia del juicio de amparo intentado en contra de los actos reclamados a dichas autoridades. Se sostiene que con relación a las autoridades y actos indicados anteriormente, se actualiza la causal de improcedencia establecida en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 77, fracción I, interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, dado que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser un medio para realizar una actividad meramente especulativa, ya que para la procedencia del mismo el juzgador debe vigilar y sancionar que se acrediten todos los requisitos para su procedencia, pero también, que al momento de dictarse sentencia, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producirse material y jurídicamente la restitución a la parte quejosa en el pleno goce de su derecho violentado, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, como acontece en el presente caso; por lo que, en el caso a estudio evidentemente no existiría una finalidad práctica y al ser de esta forma, resulta improcedente su tramitación. Cabe destacar que con la decisión apuntada no se genera ningún agravio a la parte quejosa, porque su pretensión está satisfecha al haberse avocado al conocimiento de los hechos presuntamente constitutivos del delito de robo el Agente del Ministerio Público Investigadora de la Unidad de Atención Temprana Penal de esta ciudad, en la carpeta de investigación 02080/UATP/MOR/2019, como quedó evidenciado en su escrito de demanda. De ahí, que en relación a los actos atribuidos al Juez Cívico del Sector 4 de Morelia, Michoacán, en turno y a los elementos policíacos tripulantes de la patrulla número PM033, adscritos a la Policía Municipal de Morelia, Michoacán, se actualice la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXXIII, en relación con 77, fracción I, interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, así como en la jurisprudencia P./J. 90/97 , sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del contenido literal siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE. De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO.- El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven."; y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija". No es inadvertido para este juzgador, que las causales de improcedencia en que se funda este desechamiento, podrían ser estudiadas en la sentencia que resolviera este juicio; sin embargo, tratándose de casos como éste, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expedites en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada. Al respecto se invoca el criterio del Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en la tesis consultable en la página 316, tomo X, octubre de 1992, Semanario Judicial de la Federación, Octava época, que establece: "DEMANDA, DESECHAMIENTO DE LA, POR MOTIVOS DE IMPROCEDENCIA. En relación con la substanciación del juicio de garantías ante los jueces de Distrito, el artículo 145 de la Ley de Amparo, dispone: El Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda; y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. Se comprende, pues, que los motivos manifiestos indudables a que alude el precepto citado, son aquellos que surgen de la sola lectura de la demanda que permitan asegurar, con certeza, que existe un motivo de improcedencia. En otras palabras, puede decirse, atendiendo al contenido del precepto en consulta, que la demanda podrá desecharse, cuando se advierta fácilmente, de su simple lectura, que existe un motivo indudable de improcedencia, y que, de no ser así, deberá llevarse por todo su trámite hasta la audiencia de fondo, sin que esto ocasione agravio, pues siempre queda latente la posibilidad de examinar, en la audiencia de fondo, la existencia de causas que, ya supervenientes o anteriores a la admisión de la demanda determinen el sobreseimiento en el juicio de garantías, empero, referidas lógicamente a las que no encuadran en los motivos indefectibles a que alude la norma en examen; lo que obedece por razones de técnica de amparo, a que el estudio de la improcedencia del juicio de amparo es de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público, según lo precisa el artículo 73, in fine, de la Ley de Amparo". Así como la jurisprudencia J/23 , del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, que indica: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico". Además, la anterior determinación no lesiona el derecho de acceso a la justicia de la promovente del amparo y que por ello sea contrario al artículo 1 constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación, de ahí que las causales de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe ser analizada de oficio por quien resuelve y, en el caso, la examinada es procedente de manera notoria, manifiesta e indudable. Apoya lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.) , de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente". Así como la tesis número III.4o.(III región) 14 K (10a.) , sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, que indica: "DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación fue reformado, además de otros, el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el fin de precisar, entre otras cuestiones, que en este País todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección; que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con dicha Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, y que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Ahora bien, los artículos 17 constitucional y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconocen el derecho de las personas a que se les administre justicia, el acceso a ésta y a contar con un recurso sencillo y rápido, o efectivo, de ninguna manera pueden ser interpretados en el sentido de que las causales de improcedencia del juicio de amparo sean inaplicables, ni que el sobreseimiento en él, por sí, viola esos derechos. Por el contrario, como el derecho de acceso a la justicia está condicionado o limitado a los plazos y términos que fijen las leyes, es claro que en ellas también pueden establecerse las condiciones necesarias o presupuestos procesales para que los tribunales estén en posibilidad de entrar al fondo del asunto planteado, y decidir sobre la cuestión debatida. Por tanto, las causales de improcedencia establecidas en la Ley de Amparo tienen una existencia justificada, en la medida en que, atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse, o bien, a los principios que lo regulan, reconocen la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni el de contar con un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo". ? Domicilio procesal y autorizado Téngase a la parte quejosa señalando domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones de carácter personal, así como autorizando en los amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Gaspar Salazar Delgado y Omar Aguilar Ortega, en virtud de que cuentan con cédula profesional inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales. ? Habilitación de días y horas inhábiles; capturas, anotaciones e integración del expediente electrónico A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental consagrado en el artículo 17 constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Háganse las notaciones en el Libro de Gobierno, así como las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y, en su oportunidad, archívese el asunto como concluido. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
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Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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