Iván Alejandro Marentes Mercado
Expediente 756/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 756/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 16/08/2023
Partes del expediente
- Iván Alejandro Marentes Mercado
Actuaciones
- Principal
Tijuana, Baja California, a dieciséis de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio firmado electrónicamente por el Actuario Judicial del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, por el cual hace del conocimiento el proveído de nueve de agosto de dos mil veintitrés, emitido en los autos del juicio de amparo ********************, del cual en lo que interesa, se desprende que ese órgano jurisdiccional aceptó la competencia declinada y se avocó al conocimiento de la demanda de amparo presentada por ********************; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Así, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado contrario sensu, envíese al archivo. Háganse las anotaciones correspondientes. Ahora, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso artículo 15, del citado Acuerdo. En términos del artículo 19, fracción I, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal , que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional seis meses, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en los artículos 19, segundo párrafo y 23 del propio acuerdo. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "destruible", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en los artículos 14 y 34 del Acuerdo General mencionado. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, a treinta y uno de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio firmado electrónicamente por el Actuario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California, al que transcribe el proveído de veinticinco de julio de dos mil veintitrés, dictado en el juicio de amparo ********************, de su índice. Atento a su contenido, mediante oficio que al efecto se libre, envíense al órgano jurisdiccional oficiante, las constancias relativas al juicio de amparo 756/2023 de nuestro índice, promovido por el quejoso ******************** así como el escrito aclaratorio, previa copia certificada que se deje en autos para debida constancia. Se solicita de manera atenta, el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese. Así lo resolvió y firmó electrónicamente Landy Li Dolores Vizcaya Guerrero, Secretaria del Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, encargada del despacho, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas del artículo 161 del citado ordenamiento, por vacaciones de la Titular autorizadas mediante oficio CCJ/ST/3169/2023, asistida por José Alejandro Ortiz Monroy, secretario que da fe. Doy fe.
- Principal
Tijuana, Baja California, a diecisiete de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito firmado por ********************, por medio del cual desahoga la prevención realizada en proveído de seis de julio de dos mil veintitrés. Incompetencia. En ese tenor, cabe precisar que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, la cual se debe analizar antes de resolver las cuestiones de fondo planteadas en la demanda; por ello, con base en las actuaciones que obran en autos, lo procedente es analizar si este juzgado, es o no competente para resolver el presente juicio. A efecto de establecer la competencia, no sólo se debe atender al planteamiento realizado en la demanda de amparo, sino que es necesario analizarla de manera integral con los demás elementos que se alleguen al proceso, en su caso, para advertir los datos que hagan posible conocer las circunstancias que rodean el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento y resolución del asunto planteado. En ese contexto, el artículo 37, párrafo primero, dispone lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. [.]" Para dilucidar si este órgano jurisdiccional es legalmente competente para conocer y resolver de este asunto, conviene precisar que en el escrito inicial de demanda de amparo, la parte quejosa señaló como autoridad responsable y acto reclamado, los siguientes: "IV. AUTORIDAD RESPONSABLE, el C. Juez Primero de lo penal de la ciudad de Mexicali, B.C. y el Juez de lo penal de la ciudad de Tecate, B.C, que entiendo, ha actuado en calidad de auxiliar del primero. V. ACTOS RECLAMADOS: LA FLAGRANTE VIOLACIÓN en perjuicio de mis derechos y garantías constitucionales, empezando por la violación a la fracción I del artículo 103 Constitucional al omitir la responsable de manera inmisericorde de haber, de actuar, de impulsar el proceso que ha detenido por casi quince años, vean el tiempo que señala el artículo 20 Constitucional para dictar sentencia, "menos de dos años" ya que fui detenido el 14 de Julio de 2008, y aunque me informan que ya cerraron la etapa procesal, también me informan falta entregárselo al Ministerio Público para que formule sus conclusiones. Como SEGUNDO ACTO RECLAMADO. El acto de formal prisión o de sujeción a proceso, hace casi quince años y la fracción IX párrafo segundo del artículo 20 Constitucional." Asimismo, de la lectura integral del escrito aclaratorio de cuenta, la parte quejosa bajo protesta de decir verdad manifestó: "IV.- AUTORIDAD RESPONSABLE.- EL C. JUEZ PRIMERO DE LO PENAL DE LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA. V.- ACTOS RCLAMADOS, Se deja solo el punto primero del escrito original ya que el artículo 20 Constitucional en su apartado B, inciso IX, párrafo dos, dice a la letra "la prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fija la ley al delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior a dos años." Y el nuevo Código de procedimientos penales es omiso al tiempo en que deba dictarse sentencia, los dos artículos que hacen mención, el 60 y 61 no son muy claros al respecto y como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la máxima norma, expresó su violación ya que además con esa omisión de no dictar sentencia en el plazo señalado se conculcan en mi perjuicio las garantía de seguridad jurídica y del debido proceso. . Con relación con la prevención señalada en el segundo punto manifiesto que lo es el JUEZ PRIMERO DE LO PENAL de la Ciudad de Mexicali, Baja California y con relación al punto TERDERO, solo reclamo de la UNICA AUTORIDAD SEÑALADA como responsable la falta de acción procesal para condenarme o absolverme dentro del término que debió hacerlo." En tal contexto, se advierte que el quejoso señaló como acto reclamado destacado la omisión de dictar sentencia en la causa penal ********************, del índice del al Juez Primero de lo Penal, con sede en Mexicali, Baja California, misma que se instruye en su contra. En atención a lo expuesto, de conformidad con el numeral 37, párrafo primero de la Ley de Amparo, la suscrita considera que carece de competencia legal por razón de territorio para conocer de la demanda de amparo de que se trata, como enseguida se expone. Las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia, y normalmente se habla de competencia por razón de la materia, la cuantía, el grado y el territorio. En el caso concreto, debe decirse que la competencia territorial es la que distribuye entre diversos órganos jurisdiccionales las facultades para juzgar, según diferente asignación de límites geográficos, en otras palabras, la competencia por territorio se refiere al ámbito espacial, en cuya esfera de acción pueden producirse los actos y sus efectos jurídicos, tomando en cuenta el problema que plantea el ángulo de distribución territorial de la competencia entre diversos órganos jurisdiccionales. Las reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, se definen en el artículo 37 de la Ley de Amparo, cuyos supuestos imponen como marco normativo que cuando conforme a las prescripciones de dicha ley sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; que si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se presente la demanda; asimismo, cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es Juez competente aquel en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Lo anterior, permite diferenciar tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda, a saber: 1) Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; 2) Cuando el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces ante quien se presente la demanda; y, 3) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Entonces, de conformidad con las reglas que estatuye el artículo 37 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de amparo, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando, o se haya ejecutado el acto reclamado, en el entendido que la ejecución a que se refiere este precepto, es aquélla que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de amparo. Sirve de apoyo a las consideraciones expuestas, la jurisprudencia número 13/95 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lleva por rubro y texto los siguientes: "COMPETENCIA ENTRE JUECES DE DISTRITO. PARA DETERMINARLA DEBEN TOMARSE EN CUENTA LOS ACTOS DE EJECUCIÓN ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO A LOS PARTICULARES. De conformidad con el artículo 36 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de garantías, es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado; la ejecución a que se refiere este precepto, es aquella que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de garantías; por tanto, la conducta atribuida a particulares que pueden derivar o apoyarse en los actos reclamados, no puede servir de base para fijar la competencia de los jueces de Distrito, toda vez que los fallos de amparo solamente vinculan a las autoridades." También resulta aplicable la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se lee: "COMPETENCIA DE JUECES DE DISTRITO POR EL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Si el acto revocatorio reclamado tiene ejecución material, pues de otro modo resultaría simplemente declarativo y no causaría, por su solo dictado violación alguna de garantías; y la ejecución fue ya ordenada a funcionarios o empleados federales en determinada entidad federativa y han tratado de llevarse a efecto, el caso está regido por el párrafo primero del artículo 36 de la Ley de Amparo, que establece que cuando conforme a las prescripciones de esa Ley sean competentes los jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado y de acuerdo también con la tesis jurisprudencial número 228 del Apéndice al Tomo XCVII del Semanario Judicial de la Federación que sostiene que para fijar la jurisdicción en el juicio de garantías, la fracción IX del artículo 107 constitucional tiene en cuenta el lugar en que el acto reclamado se ejecuta o trate de ejecutarse siendo esto lo que principalmente fija la competencia." Luego, si el acto reclamado destacado consiste en la omisión de resolver en definitiva la situación jurídica del promovente; éste tiene ejecución material, en la ciudad de Mexicali, Baja California, por ser el lugar de residencia de Juez Primero de lo Penal, ante quien se tramita la causa penal que se instruye a ********************. Lo anterior ya que si bien el quejoso se encuentra privado de su libertad personal en el Centro de Reinserción Social "El Hongo 1" con residencia en Tecate y la situación jurídica que rige respecto dicha persona (auto de formal prisión), ocurre simultáneamente en dos ámbitos territoriales diferentes (el lugar donde se instruye la causa penal y donde el inculpado está recluido), lo cierto es que sus efectos se trasladan directamente al lugar en que se sigue el proceso, y es ahí donde tienen su principal impacto y repercusión. Sirve de apoyo a lo anterior, por lo que informa, la jurisprudencia con registro digital 2023548, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Undécima Época, consultable en el Libro 5, Septiembre de 2021, Tomo II, página 1873, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguiente: "OMISIÓN DE DICTAR SENTENCIA EN EL PROCESO PENAL. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO QUE AL RESPECTO SE PROMUEVA SE SURTE EN FAVOR DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE EJERCE JURISDICCIÓN SOBRE LA AUTORIDAD QUE DEBA DICTAR LA SENTENCIA (SISTEMA PENAL TRADICIONAL). Hechos: En diversos amparos indirectos se reclamó la omisión de dictar sentencia en el proceso penal en un plazo razonable. Los Tribunales Colegiados contendientes sostuvieron criterios distintos relativos a si dicha omisión es o no un acto que requiere ejecución material a fin de determinar cuál sería el órgano jurisdiccional competente. Un tribunal consideró que ese acto es uno omisivo con efectos positivos, por lo que el órgano de amparo competente es el del lugar en donde se tramita el proceso penal; en cambio, el otro tribunal sostuvo que ese acto es omisivo, sin efectos materiales, por lo que el órgano jurisdiccional competente será el del lugar en el que se presente la demanda, sin importar que sea un lugar distinto al que se tramite el proceso penal. Criterio jurídico: Esta Primera Sala considera que no dictar sentencia en el proceso penal en un plazo razonable es una omisión con ejecución material, y por lo tanto se actualiza la regla de competencia prevista en el artículo 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo. Siendo así, el órgano de amparo que ejerza jurisdicción en donde se ubique aquel que ha incumplido dicha obligación, será el competente para conocer de la demanda de amparo indirecto. Justificación: De conformidad con los artículos 20, apartado A, fracción VIII, y 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho), todas las autoridades jurisdiccionales tienen la obligación de dictar con prontitud la resolución definitiva que resuelva el proceso. Incumplir con este mandato, genera una omisión con consecuencias materiales, ya que vulnera de manera directa el derecho que tiene toda persona imputada a recibir justicia de manera pronta y expedita. Por tanto, cuando se reclame dicha omisión en un juicio de amparo, pero la persona imputada esté guardando prisión preventiva en un centro penitenciario que reside en un lugar distinto al lugar en donde se encuentra el órgano jurisdiccional que esté llevando su proceso, la competencia para conocer del juicio recaerá en el órgano de amparo que ejerza jurisdicción sobre la autoridad que conoce del proceso penal. Lo anterior, con base en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, en el que se establece que la competencia -por razón de territorio- está definida por el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual en el caso es en donde se desarrolla el proceso penal de una persona privada de la libertad y no así por el lugar en donde acontece la ejecución de la prisión preventiva. Ello, porque esto último es una cuestión accidental susceptible de encontrarse determinada por aspectos incluso de distribución de espacios en los centros penitenciarios, ya que puede ocurrir el caso en que se finque competencia a un órgano jurisdiccional que esté en la residencia en la que en ese momento se encuentre interna la persona procesada y posteriormente sea trasladada a otro centro penitenciario. En tal sentido, si la causa penal ********************, se instruye en el Juzgado Primero de lo Penal con residencia en Mexicali, Baja California, es incuestionable que los efectos jurídicos derivados del acto reclamado, se están materializando en la ciudad de Mexicali, Baja California y no en esta ciudad de Tijuana, o en los diversos municipios de Tecate o Playas de Rosarito, todos de Baja California, en los cuales ejerce jurisdicción este juzgado. Por tanto, no es jurídicamente posible que la suscrita continúe con el conocimiento del presente asunto; razón por la cual, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, fracción V, párrafo primero, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados, los Tribunales Colegiados de Apelación y los Juzgados de Distrito, este órgano jurisdiccional al considerar que se surte la primera de las hipótesis previstas en el numeral 37 de la Ley de la Materia, se declara legalmente incompetente para conocer del presente juicio de amparo. En razón de lo antes expuesto, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, previa integración y certificación del cuaderno de antecedentes respectivo; remítase el presente juicio, al Juez de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali en turno, para los efectos legales a que haya lugar, solicitándole atentamente el acuse de recibo respectivo e informe lo relativo a la aceptación o rechazo de la competencia que se plantea. Notifíquese personalmente al quejoso.
- Principal
Tijuana, Baja California, seis de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio proveniente del Tercer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en Mexicali, Baja California, mediante el cual acompaña los autos originales del presente juicio de amparo y testimonio certificado de la resolución pronunciada en el amparo en revisión administrativo ********************, de su índice, en la que se resolvió: "PRIMERO. Se REVOCA la sentencia recurrida. SEGUNDO. Para los efectos precisados en el último considerando del presente fallo, la Justicia de la Unión Ampara y protege a ********************, ********************, ********************, ******************** y ********************, por su propio derecho, así como por ********************, por conducto de su albacea ********************, contra los actos reclamados a las autoridades responsables precisadas en el considerando tercero, y por las razones expuestas en la presente resolución." Acúsese el recibo de estilo correspondiente y háganse las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora, cabe precisar que la superioridad otorgó el amparo y la protección de la Justicia Federal para los siguientes efectos: "[.] 1. Deje insubsistente el contenido de los oficios ******************** y ********************, mediante los cuales se ordenó la subdivisión de bien inmueble, así como los efectos que de ellos emanaron, derivado de la ilegalidad del procedimiento. 2. De ser el caso en el procedimiento que se lleve para la subdivisión del bien inmueble, tome en consideración a la totalidad de los y las copropietarias a fin de respetar su garantía de audiencia, legalidad y seguridad jurídica. [.]" Por ello, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables, dentro de su respectiva competencia, para que dentro del plazo de tres días, legalmente computado, den cumplimiento con el fallo protector; debiendo remitir las constancias en copia certificada que así lo acredite. Bajo el apercibimiento que de no hacerlo en dicho plazo, o no manifestar el impedimento que se tenga para ello, se remitirá el expediente al tribunal colegiado que corresponda para seguir el trámite de inejecución; mismo que podrá culminar con la separación del puesto y consignación de quien resulte responsable. Asimismo, se impondrá a quien corresponda multa de cien a mil días en términos del artículo 258 de la Ley de Amparo, equivalente al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. Una vez que transcurra la temporalidad concedida a la autoridad vinculada, dese nueva cuenta para acordar lo conducente. Notifíquese.
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