Itamar De Albuquerque Araujo

Expediente 391/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 6 actuaciones registradas, la última del 25 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
391/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
25/07/2023

Partes del expediente

  • Ricardo Da Silveira Martins
  • Carlos Antunes De Oliveira
  • Itamar De Albuquerque Araujo
  • Samuel Fernández Ribeiro y Otros.
  • Samuel Fernández Ribeiro

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, veinticinco de julio de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el término de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión, en contra de la sentencia dictada el treinta de junio de dos mil veintitrés, en la que se sobreseyó en el presente juicio, sin que se haya hecho uso de ese derecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Comuníquese a las partes lo anterior, y háganse las anotaciones de rigor. Atento a lo anterior, y visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se obtiene que el presente juicio se encuentra totalmente concluido, ya que no existe promoción ni diligencia pendiente de acordar; por tanto, se ordena su archivo. En otro orden, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transparencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el artículo de referencia. Asimismo, se establece que el expediente principal por haberse concedido la suspensión de plano solicitada, no obstante de que se sobreseyó en el presente asunto, es susceptible de ser conservable, al haberse concedido la suspensión de plano a favor de la parte quejosa, por tanto encuadra en la hipótesis establecida en el artículo 17, fracción III, inciso b), del citado Acuerdo General, en relación con el punto 7.4 "Tratamiento de los expedientes con suspensión de plano", del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el citado artículo. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "conservable", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo 34 del Acuerdo General mencionado. Notifíquese.

  2. Principal

    Juicio de Amparo 391/2023-A AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la ciudad de Tijuana, Baja California, siendo las once horas con cuarenta minutos del treinta de junio de dos mil veintitrés, hora y fecha señalados para la celebración de la audiencia constitucional, en el juicio de amparo 391/2023-A, promovido por (1) Itamar de Albuquerque Araujo, (2) Ricardo Da Silveira Martins, (3) Stefany Paula De Sousa, (4) Samuel Fernándes Ribeiro, (5) Carlos Antunes De Oliveira, (6) André Ferreira Gusmao, (7) Warley Braz Dos Santos y (8) Kevellyn de Oliveira Silva, por propio derecho, contra actos del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad; Martha Blake Valenzuela, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, asistida por el Secretario Francisco Eduardo Jerónimo Osorio, con quien actúa y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, declara abierta la audiencia constitucional, sin la comparecencia de las partes. A continuación, el Secretario procede a relacionar las constancias que obran en autos siendo éstas: a) escrito inicial de demanda; b) auto de cuatro de abril de dos mil veintitrés, en el que se admitió a trámite la demanda de amparo; c) constancia de notificación al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, d) constancia de notificación de la autoridad responsable y e) informe justificado rendido por la autoridad responsable. A lo que la Juez acuerda: se tiene por hecha la relación de constancias que antecede. Enseguida, la Juez declara abierto el periodo probatorio en el que el Secretario hace constar que ninguna de las partes ofreció medios de prueba. A lo que la Juez acuerda: se declara cerrado este periodo. Abierta la etapa de alegatos, el Secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló los de su intención. A lo que la Juez acuerda: Se tiene por precluido el derecho de las partes para formular alegatos; por tanto, se declara cerrado este periodo. Al no existir diligencia pendiente de desahogo, se tiene por celebrada la presente etapa de la audiencia constitucional en términos de esta acta y se procede al estudio de las constancias relativas, para dictar la sentencia que en derecho corresponde. Vistos para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 391/2023-A promovido por (1) Itamar de Albuquerque Araujo, (2) Ricardo Da Silveira Martins, (3) Stefany Paula De Sousa, (4) Samuel Fernándes Ribeiro, (5) Carlos Antunes De Oliveira, (6) André Ferreira Gusmao, (7) Warley Braz Dos Santos y (8) Kevellyn de Oliveira Silva, por propio derecho, contra actos del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad; y, Resultando Primero. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito que se presentó el cuatro de abril de dos mil veintitrés en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional, (1) Itamar de Albuquerque Araujo, (2) Ricardo Da Silveira Martins, (3) Stefany Paula De Sousa, (4) Samuel Fernándes Ribeiro, (5) Carlos Antunes De Oliveira, (6) André Ferreira Gusmao, (7) Warley Braz Dos Santos y (8) Kevellyn de Oliveira Silva, por propio derecho, promovieron la demanda de amparo contra los actos y autoridad que, son las siguientes: Autoridad responsable Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad. Acto reclamado "Se reclama a las autoridades responsables como ordenadoras y ejecutoras, la orden, mandato, instrucción, consistente en CUALQUIER ACTO QUE TENGA POR OBJETO QUE SE NOS PRIVE DE LA LIBERTAD PERSONAL FUERA DE PROCEDIMIENTO Y/U ORDEN DE DEPORTACIÓN, en nuestro perjuicio, así como cualquier procedimiento administrativo que se haya iniciado sin habernos notificado y por lo tanto sin haber seguido un debido proceso legal, violando las formalidades esenciales del procedimiento, violación de la garantía de audiencia y a nuestros derechos humanos consagrados por la Constitución Federal y los tratados Internacionales, lo que por ende deriva en una indebida fundamentación y motivación esto en base a los hechos que se expondrán a continuación." Segundo. La parte quejosa señaló infringido los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y formuló el concepto de violación que estimó pertinente, el cual no se transcribe, sin que ello cause agravio alguno, dado que no existe disposición que obligue a este órgano de control constitucional a realizar su transcripción. Tercero. Admisión y trámite. Este órgano jurisdiccional en proveído de cuatro de abril de dos mil veintitrés radicó la demanda de amparo con el número 391/2023-A, decretó la suspensión de plano y admitió la demanda de amparo, solicitó a la autoridad responsable su informe justificado y dio la intervención que en derecho corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional y se llevó a cabo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. Considerando Primero. Competencia. Este Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 103 fracción I, Constitucional, 49 y 50, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y los artículos 1º, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, así como Conforme al Acuerdo General número 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; así como los artículos 12 y 13 del Acuerdo General 107/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la conclusión de funciones de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y de la oficina de correspondencia común que les presta servicio; y al cambio de denominación y ampliación de competencia de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y de la oficina de correspondencia común que les presta servicio, publicado el trece de enero de dos mil veintitrés, dado que el acto reclamado tiene ejecución en esta ciudad. Segundo. Fijación del acto reclamado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 fracción I de la Ley de Amparo, se procede a fijar de manera clara y precisa los actos reclamados que constituyen la litis efectivamente planteada por la parte quejosa en este juicio de derechos fundamentales, por lo que del análisis integral del escrito de demanda, y el informe justificado, se aprecia que sustancialmente el acto reclamado en esta vía consiste en: -La orden que tenga por objeto privar de la libertad fuera de procedimiento a los quejosos y como consecuencia de ello la orden de deportación a su país de origen. Tercero. No son ciertos los actos reclamados a la autoridad responsable Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad, no obstante de que fue omisa en rendir su informe justificado dentro del plazo establecido para tal efecto, toda vez que mediante oficio registrado con el folio 7394 se tuvo a dicha autoridad informando que en su índice no existe algún procedimiento administrativo instaurado en contra de los directos quejosos, sin que la parte quejosa haya ofrecido alguna prueba que desvirtuara dicha negativa. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis número IX.1o.83 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, consultable en la página 1714, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, septiembre de 2004, Materia Común, Novena Época, al tenor del rubro y contenido que se textualmente dice: "ACTO RECLAMADO. EL SOLO DICHO DEL QUEJOSO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD NO DEMUESTRA SU EXISTENCIA. Ninguna eficacia probatoria tiene, para demostrar la existencia del acto reclamado, la circunstancia de que se promueva el juicio de amparo y que bajo protesta de decir verdad se exprese en la demanda que son ciertos los actos reclamados, pues ello no desvirtúa su negativa por parte de las autoridades responsables." Así como la tesis II.2o.P.93 P (10a.) sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, Octubre de dos mil veinte, libro 79, Materias: Común-Penal, con número de registro digital 2022258, de rubro y texto siguiente: "ACTOS PROSCRITOS POR EL ARTÍCULO 22 CONSTITUCIONAL, RECLAMADOS ÚNICAMENTE COMO CONSECUENCIA DE LA ORDEN DE TRASLADO. RESULTA INNECESARIO QUE EL JUEZ DE DISTRITO DISPONGA MEDIDAS ADICIONALES PARA INDAGAR SOBRE SU EXISTENCIA, SI LAS RESPONSABLES NEGARON EL TRASLADO COMBATIDO. De conformidad con la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y subtítulo: "ACTOS DE TORTURA RECLAMADOS DE MANERA AUTÓNOMA. OBLIGACIONES DE LOS JUECES DE AMPARO.", cuando se reclaman actos de tortura en el juicio de amparo de manera autónoma, es insuficiente para estimar su inexistencia, la simple negativa pronunciada al respecto por las autoridades responsables; sin embargo, tal criterio resulta inaplicable cuando el quejoso no controvierte actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, de manera autónoma y destacada, sino únicamente como consecuencia indefectible del traslado combatido. Por lo que si la inexistencia del aludido mandato de reubicación quedó plenamente acreditada en autos, sin que el inconforme aportara prueba en contrario, es innecesaria la obtención de probanza adicional alguna, en relación con las consecuencias que se hicieron derivar de aquél, siempre que no se hubieren reclamado de forma independiente." Por tanto, ante la inexistencia de los actos reclamados a la autoridad de mérito, sin prueba en contrario, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio, en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Cuarto. Transparencia. Considerando que las partes en el presente juicio constitucional no se opusieron de manera expresa a que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación de la sentencia respectiva sin supresión de datos, es que, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la presente sentencia estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información, con supresión de datos. Por lo expuesto y fundado, se Resuelve Primero. Se sobresee en el juicio de amparo 391/2023-A, promovido por (1) Itamar de Albuquerque Araujo, (2) Ricardo Da Silveira Martins, (3) Stefany Paula De Sousa, (4) Samuel Fernándes Ribeiro, (5) Carlos Antunes De Oliveira, (6) André Ferreira Gusmao, (7) Warley Braz Dos Santos y (8) Kevellyn de Oliveira Silva, por propio derecho, contra los actos reclamados a la autoridad responsable precisada en el considerando tercero y por las razones expuestas en el mismo considerando. Segundo. Publíquese esta sentencia con supresión de datos, en términos de su último considerando. Notifíquese. Así lo resolvió y firma electrónicamente Martha Blake Valenzuela, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, asistida por el Secretario Francisco Eduardo Jerónimo Osorio, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, nueve de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio proveniente del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Baja California, con sede en Tijuana, mediante el cual en cumplimiento a lo requerido por auto de treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, informa que los directos quejosos (1) Itamar de Albuquerque Araujo, (2) Ricardo Da Silveira Martins, (3) Stefany Paula De Sousa, (4) Samuel Fernándes Ribeiro, (5) Carlos Antunes De Oliveira, (6) Andre Ferreira Gusmao, (7) Warley Braz Dos Santos y (8) Kevellyn de Oliveira Silva nunca estuvieron alojados en ninguna de las estaciones migratorias en el Estado de Baja California, por lo que no existe procedimiento administrativo alguno a nombre de ellos. Atento a lo anterior, dese vista a las partes en términos de los artículos 75 y 117 de la Ley de Amparo, a fin de que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Sin que sea el caso proveer nuevamente respecto al domicilio y delegados señalados en el oficio que se atiende, toda vez que se acordó lo conducente en auto de once de abril de dos mil veintitrés. Notifíquese.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, ocho de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que se encuentra señalada para el día de hoy la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, del estado de autos, se obtiene que no obra la constancia de notificación personal ordenada al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito respecto del auto de cuatro de abril de dos mil veintitrés, en el que se admitió la demanda de amparo. Diferimiento. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose como nueva fecha para su celebración las once horas con cuarenta minutos del treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés. Notifíquese.

Quedan 2 actuaciones en este expediente

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