Itzmalcin Piña Obregon
Expediente 966/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 4 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 966/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 05/10/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Itzmalcin Piña Obregon
Actuaciones
- Principal
Por recibido el oficio 11060/2017 signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, deducido del recurso de revisión 102/2017, interpuesto por la quejosa Ernestina Jiménez Dávila, mediante el cual envía copia certificada del testimonio de ejecutoria dictada el trece de septiembre del año en curso, el cual en sus resolutivos establece: "PRIMERO. Se CONFIRMA la sentencia sujeta a revisión. SEGUNDO. La justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Ernestina Jiménez Dávila, en contra de la sentencia interlocutoria dictada el quince de agosto de dos mil dieciséis, por el Juez Primero Civil y Familiar de Tulancingo, Hidalgo, dentro de los autos del juicio ejecutivo mercantil registrado con el número de expediente 1333/2009 de su índice. Notifíquese." Acúsese recibo, lo anterior hágase del conocimiento a las partes. Devuélvase a la autoridad responsable Juez Primero Civil y Familiar de Tulancingo de Bravo, Hidalgo las copias certificadas del expediente 1333/2009. Con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo, háganse las anotaciones en el libro respectivo, glósense los cuadernos incidentales y el cuaderno de antecedentes formado con el recurso de revisión y archívese el presente asunto como totalmente concluido. En cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 01/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgado de Distrito, se determina que el presente expediente carece de relevancia documental, el cuaderno principal y el original del incidente de suspensión son depurables y el duplicado del incidente de suspensión es destruible. Notifíquese.
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo, a primero de septiembre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos y desprendiéndose de la certificación secretarial que antecede, de la cual se advierte que no se recurrió la determinación dictada por acuerdo de quince de agosto de dos mil diecisiete, dentro del término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO, el auto por el que se desechó de plano la demanda de amparo promovida por Itzmalcin Piña Obregón; para todos los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como concluido. En cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 01/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgado de Distrito, se determina que el presente expediente carece de relevancia documental, por lo que el cuaderno principal es destruible. Notifíquese.
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo, a quince de agosto de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo que promueve Itzmalcin Piña Obregón, contra actos del Juez Presidente del Tribunal de Enjuiciamiento del Juzgado del Sistema Penal Acusatorio y Oral en el Primer Circuito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, por considerarlos violatorios de los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal. DETERMINACIÓN JUDICIAL Ahora bien, con fundamento en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo vigente, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO POR SU MANIFIESTA E INDUDABLE IMPROCEDENCIA, en atención a lo siguiente: De conformidad con los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, es obligatorio examinar los escritos de demandas y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia se debe desechar de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo. Lo indudable resulta de la certidumbre que se tenga y plena convicción de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitieran las demandas y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Al caso es aplicable la tesis de jurisprudencia publicada con la clave I.1o.A. J/4, en la página 890, del tomo VII, mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, que indica: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y, .". Para fijar el alcance de la citada causa de improcedencia, conforme lo ha establecido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria de jurisprudencia que se citará más adelante, conviene tener presente que, generalmente, la emisión de determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejados efectos materiales y jurídicos específicos que, en alguna medida, deben concretarse en la esfera jurídica del gobernado, razón por la cual lo legitiman para promover el juicio de amparo con el fin de obtener sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tal virtud, si el juicio de amparo es un medio de control constitucional, cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos que determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas violadas, la jurisprudencia del Alto Tribunal ha interpretado diversos requisitos de procedencia del juicio de garantías, que condicionan la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse, pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. En la causa de improcedencia del juicio de amparo prevista en la fracción XXII transcrita, el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvierta, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió y en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente puede acontecer que se torne imposible restituir al quejoso en el goce del derecho que se estime violado, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o bien, por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario del amparo, como ocurriría en el supuesto de que la parte quejosa haya estado obligada a que en determinada fecha debía comparecer ante la autoridad ministerial y se concediera el amparo para que no asista, a un día que ya transcurrió, tal como en el caso acontece, ya que de los anexos de la demanda se advierte que se citó a la promovente Itzmalcin Piña Obregón para comparecer a las nueve horas del catorce de agosto de dos mil diecisiete, ante Juez en Materia Penal en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral perteneciente al Primer Circuito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo. De lo anterior, se aprecia que el objeto de la cita era que compareciera a la audiencia de debate dentro de la del juicio oral 22/2017, instruido en contra de Domingo Islas Gil y como víctima Óscar Lugardo Pérez, lo que impone concluir que lo combatido ya no puede surtir efecto material, por haber dejado de existir el objeto de referencia, por lo que el perjuicio (tiempo) que le ocasionaría comparecer en esas fechas, ya no sucederá. Así, es indudable que al haber transcurrido la fecha (catorce de agosto de dos mil diecisiete), para que la promovente compareciera ante la autoridad mencionada; razón por la cual no puede estimarse que exista un agravio actual en la esfera jurídica del quejoso, para justificar la acción de amparo. Al respecto, se cita, por el tema sustancial que la rige, la jurisprudencia 138, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre 2011, tomo II, Materia Procesal Constitucional, volumen 1, Común Parte 1, página 160, que establece: "AGRAVIO. PARA JUSTIFICAR LA ACCION DE AMPARO DEBE SER ACTUAL. De los artículos 73, fracción V, y 4o. de la Ley de Amparo, se desprende que el agravio a su interés jurídico para ejercitar la acción constitucional, debe ser actual, por referirse a una situación que está causando perjuicio a la peticionaria, o que, por estar pronta a suceder, seguramente se le causará." En esa tesitura, al haber desaparecido el objeto del acto reclamado por la quejosa, no es necesario analizarlo, de ahí que el juicio de amparo es improcedente con fundamento en lo dispuesto en el normativo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo. Resulta aplicable la jurisprudencia 131, de la Segunda Sala del Máximo Tribunal Judicial visible en el referido semanario y tomo, página 154, la cual es del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." Asimismo, por similitud jurídica sustancial, se cita la siguiente tesis aislada: de la referida Segunda Sala consultable en la página 70, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, tomo 205-216, Tercera Parte; que dispone: "AGRARIO. TERRENOS GANADEROS AFECTADOS POR UNA RESOLUCION PRESIDENCIAL. TRANSCURSO DEL PLAZO LEGAL PARA DESOCUPARLOS. IMPROCEDENCIA DEL AMPARO POR FALTA DE MATERIA. Cuando las autoridades agrarias no concedan el plazo que hasta de un año prevé el artículo 312 de la Ley Federal de Reforma Agraria para desocupar los terrenos afectados por una resolución presidencial que beneficia a un poblado, si de la fecha en que los quejosos solicitaron ante el delegado agrario el otorgamiento del plazo señalado por el referido precepto a la fecha de la resolución definitiva del juicio de garantías, ha transcurrido con exceso dicho término, el amparo resulta improcedente, en los términos de la fracción XVII del artículo 73 de la Ley de Amparo, por haber quedado sin materia, ya que aun en el supuesto de que la sentencia fuera favorable a la parte quejosa, no podría restituirse a ésta en el goce de las garantías violadas." Por otra parte, la disidente bajo protesta de decir verdad, aduce también como acto reclamado el apercibimiento de medida de apremio consistente en una multa de veinte unidades de medida y actualización (UMA). De lo anterior, es inconcuso que los actos reclamados en estudio, son actos futuros de realización incierta, respecto de los cuales es improcedente el juicio de amparo indirecto; pues conforme a lo manifestado por la impetrante de derechos, la supuesta afectación no ha sido emitida por la autoridad responsable ordenadora. En efecto, la parte demandante del amparo hace derivar su acción constitucional del temor de la posible afectación de sus actividades y/o persona que posiblemente coartarían su derecho a defenderse de el citatorio con apercibimiento de medida de apremio consistente en una multa de veinte unidades de medida y actualización (UMA); empero, tal circunstancia constituye un acto futuro de realización incierta. En apoyo a lo anterior se invoca la tesis XX.308 K, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página ciento treinta y ocho, tomo XV-I, febrero de mil novecientos noventa y cinco, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, octava época, de texto y rubro siguientes: Asimismo, cobra aplicación el criterio sustentado por el Pleno de Circuito, visible en la página dos mil trescientos veintiuno, tomo III del Semanario Judicial de la Federación, décima época, que es del rubro literal siguiente: "MULTA. APERCIBIMIENTO DE. NO PRODUCE UNA AFECTACIÓN ACTUAL, REAL Y DIRECTA, POR SER UN ACTO FUTURO E INCIERTO, QUE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El apercibimiento de multa en caso de incumplimiento a lo ordenado por una Autoridad no produce una afectación actual, real y directa al impetrante, conforme al artículo 5o., fracción I, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, ni constituye un acto de molestia, por ser futuro e incierto, en razón de que la imposición de multa no se decreta como consecuencia inmediata del apercibimiento, sino que está condicionada a que el obligado cumpla o no con la medida, así como de que la Autoridad decida llevar a cabo lo ordenado, por lo que no es inminente, al no existir certeza de que se va a ejecutar; lo cual actualiza la causa manifiesta e indudable de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral citado, pues basta el escrito de demanda para tener conocimiento de cuál es el acto reclamado y advertir su naturaleza, por lo que, aun sustanciándose el procedimiento no sería posible arribar a una convicción diversa con los elementos que pudieran aportar las partes; lo que da lugar al desechamiento de la demanda con fundamento en el artículo 113 de la misma ley." De lo anterior, es válido dilucidar que tratándose de actos futuros, probables o remotos, respecto de los cuales no existe una certeza clara y fundada de su realización, no procede el juicio de amparo indirecto, puesto que éstos no producen ningún efecto de derecho, al ser precisamente de realización incierta. "ACTOS FUTUROS DE REALIZACIÓN INCIERTA. NO PROCEDE EL JUICO DE AMPARO CONTRA LOS. Contra actos futuros de realización incierta no procede el juicio de garantías". Asimismo, cobra aplicación el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página mil trescientos ochenta y cuatro, tomo XXXVI del Semanario Judicial de la Federación, quinta época, que es del rubro y tenor literal siguiente: "AMPARO IMPROCEDENTE. El juicio de amparo es improcedente contra actos futuros que sólo deben considerarse como probables." Al respecto es importante destacar que los actos futuros de inminente realización, son los que derivan de manera directa y necesaria de otro ya preexistente, de tal manera que pueda asegurarse que se ejecutarán en breve, también todos aquellos actos que en forma razonable puedan estimarse como consecuencia lógica del acto existente o que se trate de actos derivados de éste, en forma tal que la realización de aquellos actos se halle condicionada a la existencia legal de éste. Mientras que por actos futuros e inciertos deben entenderse aquellos actos cuya realización es remota, en tanto que su existencia depende de la actividad previa del quejoso o de que la autoridad decida ejercer o no alguna de sus atribuciones distintas a las que originó el acto reclamado. Máxime, que la presentación de la demanda de amparo tiene como finalidad obtener la protección de la Justicia Federal a efecto de que se restituya a la quejosa en el goce de los derechos individual violados, y no prevenir actos que en lo futuro pudieran generar esa afectación, como sucede en la especie. Estimar lo contrario genera la posibilidad de permitir el ejercicio de la acción de control constitucional, apoyada en expectativas y no en contra de actos concretos o de realización cierta e inminente. En ese tenor, al actualizarse de modo manifiesto e indudable las causales de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XXII y XXIII, ésta última en relación con numeral 5°, de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por Itzmalcin Piña Obregón, por su manifiesta e indudable improcedencia, de conformidad con el ordinal 113 de la Ley de la Materia, al no encontrarse satisfecho el requisito que del numeral citado en primer término. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo al profesionista que precisa, lo anterior por así haberlo señalado expresamente. DOMICILIO Se tiene como domicilio de la parte quejosa, el que señala en el escrito que se provee, esto es Circuito Cromo, Número 172, Fraccionamiento Paseos de la Plata, Colonia San Antonio el Desmonte, Pachuca de Soto, Hidalgo. AUTORIZACIÓN PARA TOMA DE FOTOGRAFÍAS Ahora bien, hágase del conocimiento de los promoventes que en términos de la circular 12/2009, emitida por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quedan a la vista los presentes autos, a fin de obtener imágenes digitalizadas de los acuerdos, y en general del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Por otro lado, con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el juicio de amparo en que se actúa. Notifíquese personalmente.
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