Itzamaray Tania Escalante Hernandez

Expediente 816/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
816/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
26/09/2017

Partes del expediente

  • Itzamaray Tania Escalante Hernandez

Actuaciones

  1. Principal

    Pachuca, Hidalgo, veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda el oficio signado por la Juez Civil y Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tizayuca, Hidalgo, por virtud del cual informa que el despacho 256/2017-1 (559) fue remitido por oficio 3306/2017, sin que haya lugar a mayor pronunciamiento, toda vez que por acuerdo de veinte del mes y año en curso, se proveyó lo conducente. Dado que la parte quejosa no señaló domicilio para oír y recibir notificaciones, procédase a notificar a la parte quejosa el presente proveído así como las subsecuentes por lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional en términos de lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo Vigente. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos y desprendiéndose de la certificación secretarial que antecede, de la cual se advierte que no se recurrió la determinación dictada por acuerdo de diez de julio de dos mil diecisiete, dentro del término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO, el auto por el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida por Itzamaray Tania Escalante Hernández; para todos los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, y visto el estado que guardan los autos, de los cuales se advierte que al escrito inicial de demanda, la parte quejosa exhibió diversas documentales; ante tales circunstancias, se ponen las mismas a disposición de la parte quejosa, por lo que en términos del punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto 01/2009, requiérase a la quejosa para que en el plazo de noventa días comparezca a este juzgado a recoger los citados documentos, con el apercibimiento que de no hacerlo, que de no hacerlo, correrán la misma suerte que el principal. En cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 01/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgado de Distrito, se determina que el presente expediente carece de relevancia documental, por lo que el cuaderno principal es destruible. Notifíquese y por lista a la parte quejosa.

  2. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo, veinte de septiembre de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio de cuenta; en atención a su contenido, se tiene al Juez Civil y Familiar de Primera Instancia de Tizayuca, Hidalgo, devolviendo diligenciado el despacho 256/2017-1 (559), con el que se solicitó notificar al quejoso el proveído de diez de julio de la presente anualidad. Dese de baja dicha comunicación en el libro de gobierno y háganse las anotaciones correspondientes. Notifíquese.

  3. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo, a trece de septiembre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los autos, de los cuales se advierte que mediante proveído de diez de julio de la presente anualidad, se giró despacho 256/2017-1 (559) al Juez Civil y Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tizayuca, Hidalgo, a fin de que notificara dicha determinación a la parte quejosa, sin que obre constancia de su diligenciación, no obstante que la misma fue recibida el catorce de julio siguiente . Ante tales circunstancias, vía telegráfica, requiérase al Juez de Primera Instancia, para que en el plazo de veinticuatro horas contados a partir de su notificación, informe a este juzgado el estado que guarda la citada comunicación, debiendo remitir, de inmediato, las constancias que justifiquen su diligenciación; lo anterior con el apercibimiento que de no hacerlo así en la temporalidad señalada, o manifestar el impedimento legal que tiene para ello, este juzgado federal se encuentra en aptitud de imponer una multa que va desde los cincuenta a los mil días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México , de conformidad con los artículos 237, 238 y 259 de la Ley de Amparo vigente. Notifíquese.

  4. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo, a diez de julio de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo promovida por Itzamaray Tania Escalante Hernández, por propio derecho, contra actos del Presidente Municipal Constitucional Gabriel García Rojas, Oficialía de Partes H. Ayuntamiento de Tizayuca, Hidalgo. Registro del expediente Fórmese expediente y regístrese con el número 816/2017-1, del índice de este juzgado federal; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente -S.I.S.E-. Determinación judicial Ahora bien, del análisis integral de dicha demanda, este Juzgado advierte que la misma es NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 113 de la Ley de Amparo, que dice: El artículo 113 de la Ley de Amparo prescribe: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Este precepto autoriza al Juzgador a desechar de plano una demanda de derechos, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Del anterior precepto normativo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda de derechos sólo procede ante la concurrencia de estos requisitos: 1.- Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional. 2.- Que este motivo sea manifiesto e indudable. Con relación a lo anterior, se impone precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación cuando los haya y de los documentos que se anexen a tales promociones y lo indudable de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción directa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Analizada la demanda de amparo, se advierte que la peticionaria de derechos, en los antecedentes del acto reclamado, en lo que aquí interesa señaló lo siguiente: "IV. Acto Reclamado: ".Omisión de contestar mi derecho de petición que llevé a cabo el catorce de junio de dos mil diecisiete. " En los antecedentes narrados por la disidente manifestó lo siguiente: Bajo protesta de decir verdad el día catorce de junio de dos mil diecisiete, me presenté en las instalaciones de la Presidencia Municipal de Tizayuca, Hidalgo, a hacer valer mi derecho de petición que consagra el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Como se deprende de la copia de recibo que anexo a la presente, en la cual ejerzo mi derecho de petición que mediante escrito, de manera pacífica y en forma respetuosa hiciera valer en los hechos." De lo anterior se colige, que del análisis integral de la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa reclama del Presidente Municipal Constitucional Gabriel García Rojas, Oficialía de Partes H. Ayuntamiento de Tizayuca, Hidalgo, la omisión de contestar la petición de catorce de junio de la presente anualidad, consistente en la solicitud de colocar un parque en la localidad de Atempa, Tizayuca, Hidalgo, considerando con ello que se transgredió el derecho fundamental consagrado en el ordinal 8 Constitucional. Luego, las manifestaciones de la citada promovente constituyen una confesión expresa, que tiene valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 95, 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°, apta para acreditar plenamente ese extremo, al igual que las documentales que exhibió como prueba, consistentes en la solicitud que realizó a la responsable, misma que contiene sello de recibido original de catorce de junio de dos mil diecisiete, la cual tiene valor probatorio, de conformidad con los preceptos 133, 203, 207 y 208 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Precisado lo anterior, se estima que en la especie se actualiza de modo manifiesto, la causa de improcedencia contenida en el arábigo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 217 de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: ... XXIII.- En los demás casos en que por la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "ARTÍCULO 217.- La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. En efecto, conforme a las disposiciones legales de previo anuncio, el juicio de derechos no sólo resulta improcedente en los veintidós casos que prevé el numeral 61 de la Ley de Amparo, sino también por las demás causas que deriven de algunos de los preceptos de la Constitución Federal y de la propia Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. En tanto que lo establecido en el numeral 217 de la Ley de Amparo, determina la obligación que tienen todos y cada uno de los Tribunales y Juzgados de todos el país, integrantes de los Poderes Judicial Federal (incluyendo Juzgados de Distrito) como del Fuero Común, de aplicar la Jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como en el caso acontece. Ilustra a lo anterior, la tesis sustentada por la antigua Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 23 del tomo 43, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSAL DE, PREVISTA EN LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. LA JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA ES APTA PARA COMPLEMENTARLA. Es correcto considerar que se surten los supuestos de la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, si se invoca el artículo 193 bis de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 constitucionales, antes de sus últimas reformas (idéntico al 193 de la ley reformada), que se refiere a la obligatoriedad de observar la jurisprudencia establecida por este Alto Tribunal, e igualmente una tesis jurisprudencial, puesto que la indicada tesis jurisprudencial, relacionada con el artículo 193 bis de la ley en cita, constituye la "disposición legal" a que alude dicha fracción." Precisado lo anterior, los ordinales 1, 3, 15, 16 y 45, todos de la Ley Estatal de Procedimiento Administrativo del Estado de Hidalgo, disponen textualmente lo siguiente: "Artículo 1.- La presente Ley, es de orden e interés público y se aplicará a los actos, omisiones, procedimientos y resoluciones de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal y Municipal.---- El presente Ordenamiento también se aplicará a los Organismos Descentralizados de la Administración Pública Paraestatal, respecto a sus actos de autoridad y a los contratos que los particulares puedan celebrar con dichos Organismos." "Artículo 3.-Las peticiones que se presenten ante Autoridades Administrativas, deberán: --- I.-Constar por escrito con la firma autógrafa del peticionario y ser presentadas en forma personal o por conducto de representante legal; II.-Señalar nombre y domicilio para oír y recibir notificaciones y III.-Cumplir con los requisitos establecidos por las Leyes aplicables a la materia de la petición." "Artículo 15.-Las Autoridades Administrativas, deberán atender las peticiones que les sean formuladas dentro de los términos establecidos en la presente Ley. --- La respuesta o resolución al escrito inicial y a las promociones subsecuentes, que en su caso, se presenten, relativas al fondo de la petición, deberá dictarse dentro de los cuarenta y cinco días hábiles siguientes a la fecha de su recepción, obligándose la Autoridad a resolver positiva o negativamente, transcurrido el plazo aplicable, se entenderán las resoluciones en sentido negativo al promovente. A petición del interesado, se deberá expedir constancia de tal circunstancia dentro de los cinco días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud respectiva. ---- Los escritos que no se refieran al fondo, deberán contestarse ó resolverse dentro del término de quince días hábiles." "Artículo 16.-En el supuesto de que el escrito inicial no contenga los requisitos previstos en el Artículo 3 de esta Ley, la Autoridad Administrativa prevendrá por una sola vez al peticionario o a su representante legal, para que dentro del término de cinco días hábiles siguientes subsane la omisión, cuando no se atienda la prevención, se tendrá por no presentado." "Artículo 45.-Los términos empezarán a correr a partir del día hábil siguiente, al en que surta efectos la notificación del acto administrativo que se trate. El desahogo de las actuaciones en que intervengan las partes, se harán en días y horas hábiles. --- Las diligencias o actuaciones del Procedimiento Administrativo, se efectuarán en días y horas hábiles. Serán horas hábiles las comprendidas entre 8:30 a las 16:30. Una diligencia iniciada en horas hábiles podrá concluirse en hora inhábil sin afectar su validez. ---- La Autoridad habilitará días y horas cuando haya urgencia para la práctica de diligencias. En este caso, se hará del conocimiento a las partes de tal habilitación, vía notificación." De los artículos transcritos, en lo que al caso concierne, se advierte: a) Que la Ley Estatal de Procedimientos Administrativos del Estado de Hidalgo, regula la justicia administrativa en dicho Estado, así como el procedimiento administrativo que deben seguir las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, Municipios y organismos descentralizados de carácter estatal y municipal; b) Que las peticiones de los particulares deberán hacerse por escrito de manera pacífica y respetuosa; c) Cuáles son los datos y documentos que deben contener los escritos de petición de los particulares; d) Que en el supuesto de que los escritos de petición de los particulares no contengan los datos o documentos necesarios, se requerirá al promovente para que, en un plazo de cinco días, los proporcione y e) Que no podrá exceder de cuarenta y cinco días hábiles posteriores a la fecha de su presentación o recepción el tiempo para que las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los Municipios o de los organismos descentralizados de carácter estatal o municipal resuelvan las peticiones de los particulares. En ese tenor, se tiene que el Presidente Municipal Constitucional Gabriel García Rojas, Oficialía de Partes H. Ayuntamiento de Tizayuca, Hidalgo, cuenta con un tiempo máximo de cuarenta y cinco días hábiles para resolver las peticiones de los particulares, contados a partir del día siguiente al de la presentación del escrito respectivo; término que se consideró prudente para que la autoridad administrativa de referencia, resolviera la petición formulada por el particular. Por tanto, el plazo máximo de respuesta de cuarenta y cinco días hábiles aludido, integra válidamente el concepto de "breve término", previsto por el legislador en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al establecerse el número de días en que debe darse contestación a toda petición escrita, en tratándose del caso concreto. En su parte conducente, se invoca en apoyo la tesis I.4o.A.507 A, sustentada por Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página dos mil trescientos sesenta y uno, tomo XXIII, enero de dos mil seis, materia administrativa, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que estatuye: "DERECHO DE PETICIÓN. PARA DETERMINAR EL BREVE TÉRMINO DE RESPUESTA A UNA SOLICITUD, DEBE ACUDIRSE A LA ANALOGÍA SI NO EXISTE REGULACIÓN EXPRESA. El derecho de petición consagrado en el artículo 8o. constitucional implica la obligación de las autoridades de hacer recaer -a una petición escrita, pacífica y respetuosa- un acuerdo también por escrito que debe hacerse saber en breve término al peticionario. Por tanto, si no existe regulación expresa sobre el particular, debe acudirse a una disposición que asemeje material y sustancialmente la función de resolver una solicitud de tal naturaleza y el dictado de su resolución, es decir, ante esa laguna debe operar la integración análoga, de modo que se hagan extensivas las reglas básicas al caso semejante, atento al principio que reza "donde existe la misma razón debe regir la misma disposición". En esa tesitura la solicitud de un policía auxiliar en el sentido de que se le permita seguir prestando sus servicios hasta que se resuelva sobre su baja de la institución, debe aplicarse el plazo de diez días que prevé el artículo 56 de la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal para resolver el recurso de revisión promovido contra las resoluciones del Consejo de Honor y Justicia respectivo." De ahí que, si la solicitud de mérito fue presentada por la quejosa el día catorce de junio de dos mil diecisiete, ante la autoridad responsable y la demanda de derechos, en la que se reclama la omisión de dar respuesta en breve término a dicha petición, fue presentada el siete de julio del presente año, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con sede en esta ciudad de Pachuca; se tiene que a la fecha de la presentación de la demanda de derechos, no ha transcurrido el mencionado plazo de cuarenta y cinco días hábiles de que disponen las autoridades responsables, para dar respuesta a la petición de la aquí promovente. Es aplicable, la tesis de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos setenta y tres, tomo I, primera parte, enero a junio de mil novecientos noventa y ocho, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE ACREDITARSE RESPECTO A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Si la parte quejosa tiene la carga de acreditar los actos que reclama ante la negativa de los mismos en el informe justificado rendido por las autoridades señaladas como responsables, las pruebas que para tal efecto rinda deben estimarse con relación a la fecha de presentación de la demanda de amparo, ya que esa es la fecha en que debe acreditarse la existencia de los actos reclamados, y no a una posterior, pues, de lo contrario, la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron lugar a la demanda." También resulta conveniente invocar, por analogía, la tesis de jurisprudencia XIX.1o.5 K, del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, visible en la página seiscientos treinta y tres, Tomo IV, septiembre de mil novecientos noventa y seis, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de refiere: "DERECHO DE PETICIÓN. SI NO HA TRANSCURRIDO EL TÉRMINO QUE LA AUTORIDAD TIENE PARA EL ACUERDO DE PROMOCIONES, NINGUNA VIOLACIÓN EXISTE AL. Cuando en la demanda de amparo se reclama la violación al derecho de petición por la falta de provisión de la solicitud relativa y se advierte que el promovente no dejó transcurrir ni siquiera el lapso necesario para que materialmente la autoridad pueda dar contestación a su escrito y hacerle conocer el acuerdo recaído, es indudable que no existe ningún acto de autoridad que pueda ser objeto del juicio de garantías. Por tanto, la demanda de amparo presentada en estos términos debe desecharse con fundamento en el artículo 145 de la Ley de Amparo." Así las cosas, dada la existencia de la causal de improcedencia invocada en el cuerpo de este proveído, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede DESECHAR de PLANO la demanda de derechos, promovida por Itzamaray Tania Escalante Hernández, por su manifiesta e indudable improcedencia. Es aplicable al caso, la tesis de jurisprudencia visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, Instancia: Tribunal Colegiado de Circuito, tomo: XIV, agosto de 2001, tesis: I.13o.A.4 K, página: 1318, la cual es del texto y rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó, en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e indudable significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, a la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Precisión criterios jurisprudenciales Asimismo, se considera que los criterios jurisprudenciales invocados se encuentran vigentes y, por tanto, son de observancia obligatoria, en virtud de que en términos del sexto transitorio del decreto por el que se expide la Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, no se opone con lo dispuesto en el ordenamiento vigente. DOMICILIO Y AUTORIZADO Toda vez que la quejosa señala domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Reina Xochitl, número 17, Colonia Atempa Tizayuca Hidalgo, es decir, fuera de la jurisdicción de este juzgado federal, en consecuencia, gírese atento despacho al Juez Civil y Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tizayuca, Hidalgo, en turno, para que en auxilio de las labores de este juzgado federal, faculte al actuario de su adscripción y notifique a la quejosa Itzamaray Tania Escalante Hernández, el contenido del presente proveído, asimismo, la requiriera para que señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, bajo el apercibimiento que en caso de no hacerlo dentro del término de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, se tendrán por señaladas las listas que se fijan en este juzgado federal y las ulteriores notificaciones, aún las de carácter personal se le harán por dicho medio. Hágase del conocimiento del juez al que le corresponda desahogar la diligencia antes mencionada que se le faculta para que en caso de ser necesario habilite al actuario de su adscripción para que en días y horas inhábiles lleve a cabo las diligencias en cuestión, lo anterior con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo. Ahora bien, hágase del conocimiento de los promoventes que en términos de la circular 12/2009, emitida por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quedan a la vista los presentes autos, a fin de obtener imágenes digitalizadas de los acuerdos, y en general del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita. De conformidad con el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase del conocimiento de la actora que tiene expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos del artículo 73, fracciones II y V de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, siempre y cuando la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo determine si tal oposición puede o no surtir efectos, tomando en cuenta para ello si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción V del artículo 113, de la Ley citada; así como para precisar las constancias que, en su caso, consideren reservadas o confidenciales, esto último atendiendo a lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 6º del ordenamiento reglamentario en cita. Se habilitan días y horas inhábiles. Por otro lado, con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el juicio de amparo en que se actúa. Notifíquese personalmente por conducto de la autoridad exhortada.

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