Itzel Nallely López Villa

Expediente 850/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 5 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
850/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
16/11/2021

Partes del expediente

  • Itzel Nallely López Villa

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno. Declaración de ejecutoria. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa (quien es la facultada para hacerlo) interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia en la que se sobreseyó en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Se requiere a las partes para que, en caso de que hubieren exhibido documentos originales, acudan al órgano jurisdiccional dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperarlos, apercibidos que de no hacerlo, en términos del numeral 21, segundo párrafo, del referido Acuerdo General, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Audiencia y resolución constitucional En Hermosillo, Sonora, a las diez horas con treinta y cinco minutos del veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario con quien autoriza y da fe, declaró abierta la presente audiencia, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, el secretario relaciona las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con el escrito inicial de demanda, auto de admisión, las constancias de emplazamiento a juicio de las partes e informe justificado rendido por la autoridad responsable. A lo anterior el juez acuerda; se tiene por hecha la certificación que antecede para los efectos legales a que haya lugar. Por otro lado, revisado el estado de autos, se advierte que en el auto de radicación, se estimó que dada la naturaleza de los actos reclamados, no existían terceros interesados. Lo anterior, ya que no se actualiza alguna de las hipótesis previstas en el artículo 5, fracción III, de la Ley de Amparo. A continuación, se declara abierto el periodo de pruebas y se da cuenta con las documentales, ofrecidas por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, así como las ofertadas por la autoridad responsable al rendir su informe justificado. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitida y desahogada por su propia naturaleza la aludida probanza. Cerrada la etapa de pruebas y abierta la de alegatos, se hace constar los formulados por la parte quejosa en su escrito agregado en auto de ocho de septiembre de dos mil veintiuno. El juez acuerda: se tienen por formulados los alegatos de mérito y por perdido el derecho de las demás partes para expresar alegatos; se cierra esta fase y se procede a dictar la resolución respectiva. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 850/2020; y, RESULTANDO: Antecedentes y trámite del juicio de amparo Por escrito presentado el veintidós de julio de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, y remitido por razón de turno, a este juzgado, Itzel Nallely López Villa, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto que reclama de la Universidad Tecnológica de Hermosillo, con residencia en esta ciudad. Por proveído de veintinueve de julio de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a la autoridad responsable informe justificado; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal que le compete y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional la cual se llevó a cabo en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los siguientes. CONSIDERANDO: Competencia Este juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio, ello de conformidad con lo previsto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, párrafo tercero, 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que cuando el acto reclamado carece de ejecución es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Precisión del acto reclamado Del estudio integral de la demanda de amparo, con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisan como acto reclamado, la omisión de dar respuesta a la petición realizada mediante escrito presentado el doce de marzo de dos mil veintiuno, ante la responsable. Inexistencia de los actos combatidos En atención a la naturaleza de los actos que la quejosa reclama de la autoridad responsable, su existencia debe analizarse a partir de la fecha de presentación de la demanda, en el caso, en veintidós de julio de dos mil veintiuno. En esa medida, no es cierto el acto reclamado a la responsable, por haberlo manifestado así al rendir su informe con justificación así como que de la lectura integra de dicho informe se advierte la inexistencia del acto reclamado, sin que la parte quejosa haya aportado prueba en contrario, para desvirtuar tal negativa, de conformidad con los artículos 119 y 120 de la Ley de Amparo. Además, la negativa planteada se robustece con las constancias que remitió la responsable al rendir su informe con justificación, en el sentido que mediante escrito de catorce de abril de dos mil veintiuno, la responsable emitió respuesta a la parte quejosa en relación a su petición, escrito del que se advierte que fue recepcionado por la impetrante de amparo en la misma data. De lo anterior, se desprende que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo - veintidós de julio de dos mil veintiuno-, no existía el acto reclamado por la parte quejosa. No es óbice a la anterior determinación, las manifestaciones hechas valer por la parte quejosa en el sentido que la respuesta emitida y recepcionada el catorce de abril de dos mil veintiuno, no hace alusión a su escrito petitorio, que carece de pruebas para sustentar dicha respuesta siendo la misma deficiente y trunca al no contestar formalmente la diversas interrogantes contenidas en el escrito petitorio; esto es así toda vez que como fue establecido en el considerando II de esta sentencia, el acto reclamado lo hace consistir en la omisión de dar respuesta a la petición realizada mediante escrito presentado el doce de marzo de dos mil veintiuno, ante la responsable, no así la respuesta emitida por la responsable el catorce de abril de dos mil veintiuno, que le fuera notificada en esa propia fecha. Asimismo, del escrito inicial de demanda en el apartado de antecedentes del acto reclamado la parte quejosa adujo bajo protesta de decir verdad que el escrito presentado ante la responsable el doce de marzo de dos mil veintiuno hasta la fecha no se le había dado respuesta; manifestaciones contradictorias con la diversas vertidas en su escrito agregado en auto de ocho de septiembre de la presente anualidad, en las que refirió que el escrito mencionado era ""deficiente y trunco, al no hacer alusión a su escrito petitorio sino en referencia a un oficio de una autoridad educativa, por lo cual dicho documento se impugna justamente para las razones antes señaladas considerando que resulta ineficaz para acreditar que en efecto recibió alguna respuesta (.)"; sin embargo, de las mismas manifestaciones se advierte que la parte quejosa si tenía conocimiento de la respuesta, encontrándose esta inconforme con la misma, aunado a que de la documental presentada por la autoridad responsable se advierte que la respuesta de la que se duele no haber recibido le fue efectuada y notificada el catorce de abril de dos mil veintiuno. En consecuencia, es inconcuso que en el caso se actualiza la hipótesis prevista por la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, por ende, se debe decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". De igual manera, resulta aplicable la tesis VI.2o.A.4 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, del tenor: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." Decisión En esa virtud, en atención a las consideraciones plasmadas, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio de amparo. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se: Resuelve: Único. Se sobresee en el juicio de amparo, promovido por Itzel Nallely López Villa, por las razones y fundamentos expuestos en el considerando III de este fallo. Notifíquese Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, dos de septiembre de dos mil veintiuno. Diferimiento de audiencia constitucional. Visto la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que no es posible llevar a cabo la audiencia señalada para esta fecha toda vez que se encuentra pendiente transcurra el plazo previsto en el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. En consecuencia, se difiere la aludida audiencia y se fijan las diez horas con treinta y cinco minutos del veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, para su celebración. Al respecto, es aplicable en lo que interesa, la tesis XXI.2o.16 K, del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, publicada en el Tomo XIII, abril de 2001, página 1081, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, la cual es del texto y rubro siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. SE CONSTITUYE CON LAS CONSTANCIAS QUE LO APOYEN. Aun cuando la autoridad responsable rinda el informe justificado con la debida anticipación de al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia constitucional, si no acompañó al mismo la totalidad de las constancias debidamente legibles que lo apoyen y hubo necesidad de requerirlas con fundamento en el artículo 78, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se entiende que se integró debidamente dicho informe en el momento en que el Juez de Distrito recibió las constancias que le fueron enviadas por la autoridad responsable, en virtud de ser parte integrante del mismo, por lo que el término a que alude el artículo 149 de la Ley de Amparo empezará a contar desde el momento en que se dio vista a las partes con las referidas constancias". Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Cleotilde Jáuregui Enríquez, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno. Informe justificado. Conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta, que contiene el informe justificado rendido por el apoderado legal de la Universidad Tecnológica de Hermosillo; dese vista a las partes con su contenido, para su conocimiento y efectos legales conducentes. Prueba. Con fundamento en el ordinal 119 de la citada Ley, se tiene por ofrecida la documental anexa al escrito que se atiende; sin perjuicio de hacer relación de ella en la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Cleotilde Jáuregui Enríquez, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

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