Itzel Amayrani Gastelo Moreno

Expediente 1230/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 33 actuaciones registradas, la última del 31 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1230/2022
Año
2022
Actuaciones
33
Última actuación
31/03/2023

Partes del expediente

  • Itzel Amayrani Gastelo Moreno
  • Ariel Guadalupe Montiel Cervantes
  • Director General del Hospital Chavez y Encargado de Area de la Unidad Médica Especializada en Asistencia Obstetrica
  • Itzel Amayrani Gastelo Moreno y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 33.

  1. Principal

    Certificación. El treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, José Enrique Ayala García, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, certifico y hago constar que el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió del quince al treinta de marzo de dos mil veintitrés, sin que la parte quejosa (quien se encuentra facultada para hacerlo) interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia que sobreseyó en el presente juicio; lo anterior se hace constar para los efectos legales conducentes. Doy fe. Cuenta. El treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, se da cuenta al juez con la certificación que antecede y con el estado de autos. Conste. Auto. En Hermosillo, Sonora, treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés. Declaración de ejecutoria. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa (quien se encuentra facultada para hacerlo) interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia que sobreseyó en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en relación con el punto 7.4 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal que establece el tratamiento de los expedientes con suspensión de plano, archívese este asunto como concluido y depúrese una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Se requiere a las partes para que, en caso de que hubieren exhibido documentos originales, acudan al órgano jurisdiccional dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperarlos, apercibidos que de no hacerlo, en términos del numeral 21, segundo párrafo, del referido Acuerdo General, dichos documentos serán glosados y correrán la misma suerte que el presente expediente. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante José Enrique Ayala García, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe. Jennifer Auto. En Hermosillo, Sonora, treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés. Declaración de ejecutoria. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa (quien se encuentra facultada para hacerlo) interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia que sobreseyó en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en relación con el punto 7.4 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal que establece el tratamiento de los expedientes con suspensión de plano, archívese este asunto como concluido y depúrese una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Se requiere a las partes para que, en caso de que hubieren exhibido documentos originales, acudan al órgano jurisdiccional dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperarlos, apercibidos que de no hacerlo, en términos del numeral 21, segundo párrafo, del referido Acuerdo General, dichos documentos serán glosados y correrán la misma suerte que el presente expediente. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante José Enrique Ayala García, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, treinta y uno de enero de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos para los efectos legales correspondientes, el oficio de cuenta firmado por el jefe de la unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, y por los motivos que expone en tal comunicación, procede concederle una ampliación por cinco días para que esté en posibilidad de remitir las constancias solicitadas mediante proveído de veinticuatro de enero anterior, en el presente juicio de amparo. Apercibimiento. Bajo el apercibimiento que de incumplir con el anterior requerimiento, conforme a lo establecido en los artículos 237, fracción I, y 259, de la ley de la materia, se le impondrá multa de cincuenta unidades de medida y actualización. Notifíquese. Así lo acordó y firma Violeta Ybarra Escalante, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, encargada del despacho por vacaciones del titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, autorizada en términos del oficio CCJ/ST/128/2023, de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante José Enrique Ayala García, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, treinta y uno de enero de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos para los efectos legales correspondientes, el oficio de cuenta firmado por el jefe de la unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, y por los motivos que expone en tal comunicación, procede concederle una ampliación por cinco días para que esté en posibilidad de remitir las constancias solicitadas mediante proveído de veinticuatro de enero anterior, en el presente juicio de amparo. Apercibimiento. Bajo el apercibimiento que de incumplir con el anterior requerimiento, conforme a lo establecido en los artículos 237, fracción I, y 259, de la ley de la materia, se le impondrá multa de cincuenta unidades de medida y actualización. Notifíquese. Así lo acordó y firma Violeta Ybarra Escalante, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, encargada del despacho por vacaciones del titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, autorizada en términos del oficio CCJ/ST/128/2023, de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante José Enrique Ayala García, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Juicio de amparo 1230/2022 Audiencia y resolución Constitucional En Hermosillo, Sonora, a las once horas con cuarenta y tres minutos del diez de marzo de dos mil veintitrés, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, asistido del secretario José Enrique Ayala García, con quien actúa, declara abierta la presente audiencia conforme al artículo 124 de la Ley de Amparo, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, el secretario relaciona las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con el escrito inicial de demanda y su ampliación, auto de admisión, constancias de emplazamiento a juicio de las partes e informes justificados de las autoridades responsables; a lo que el juez acuerda: téngase por hecha la certificación anterior para los efectos legales a que haya lugar. A continuación, se declara abierto el periodo probatorio, se da cuenta con las documentales ofrecidas por la parte quejosa y las autoridades responsables, director del Centro Médico Dr. Ignacio Chávez y jefe de la Unidad Jurídica, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, mientras que el subdirector de Pensiones, Jubilaciones y Prestaciones de dicho Instituto, ofreció la confesional expresa, presuncional en su triple aspecto, legal, lógico y humano, y la instrumental de actuaciones. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su naturaleza las aludidas probanzas. Cerrada la etapa probatoria y abierta la de alegatos, el secretario hace constar que la parte quejosa los formuló. El juez acuerda: se tienen por reproducidas las manifestaciones realizadas por la citada parte, mismas que serán atendidas en el momento procesal oportuno. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, téngase por perdido el derecho de las demás partes para expresarlos; se cierra esta fase y al no existir diligencia pendiente que desahogar, se procede a dictar la resolución que conforme a derecho corresponda. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 1230/2022; y, Antecedentes y trámite del juicio de amparo Presentación de la demanda. Mediante escrito de demanda depositado el trece de septiembre de dos mil veintidós, en el buzón de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora y turnado a este órgano jurisdiccional el mismo día, ********************y ********************, promovieron demanda de amparo, en contra de los actos atribuidos al director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora y otras autoridades. Se admite la presente demanda. En esa fecha, se admitió a trámite la demanda, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se dio a la representación social de la adscripción la intervención legal que le compete y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Ampliación de demanda. Por escritos recibidos el trece de octubre de dos mil veintidós, los quejosos ampliaron la demanda en cuanto a los conceptos de violación. Se admiten ampliaciones. Mediante proveído de diecisiete de octubre siguiente, se admitieron las citadas ampliaciones de demanda y se solicitó a las autoridades responsables el informe justificado correspondiente. Celebración de la audiencia. Seguido su curso el procedimiento, previos diferimientos, se celebró la audiencia constitucional, en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los considerandos siguientes: I. Competencia Este juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 6, 33, fracción IV, 37, y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se trata de un acto negativo con efectos positivos que debe tener ejecución en el ámbito territorial en el que este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. II. Precisión de los actos reclamados Del estudio integral del escrito de demanda de amparo, y con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa como actos reclamados lo siguiente: La falta de atención médica (asistencia obstétrica); y La negativa de afiliar a la quejosa Itzel Amayrani Gastelo Moreno, como concubina del diverso quejoso ********************, e incorporarla al régimen de seguridad social. Inexistencia del acto reclamado No son ciertos los actos reclamados al director del Centro Médico Dr. Ignacio Chávez, subdirector de Pensiones, Jubilaciones y Prestaciones, jefa del Departamento de Afiliación y Vigencia de Derechos, y director general, todos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, pues al rendir su informe justificado negaron el acto que se les atribuye. Lo anterior es así, dado que los actos reclamados consistentes tanto en la falta de atención médica como en la negativa de afiliar a la quejosa Itzel Amayrani Gastelo Moreno, como concubina del diverso quejoso ********************, e incorporarla al régimen de seguridad social, se encuentran vinculados entre sí, y por lo tanto, su existencia debe emanar necesariamente de lo previsto por los artículos 15 y 24 del Reglamento de Afiliación y Vigencia de Derechos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, 34 del Reglamento para los Servicios Médicos del citado Instituto, 24 y 27 de la Ley 38 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, mismos que disponen: Reglamento de Afiliación y Vigencia de Derechos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora: "Artículo 15. El instituto efectuara el registro de altas y bajas de los familiares derechohabientes que asignen los trabajadores, pensionistas o pensionados, cuando reúnan los requisitos que la Ley establece y requiera la siguiente documentación, según sea el caso: (.) III. De la concubina: Concubino (a) Se deberá presentar la autorización del concubinato por parte del Departamento de Trabajo Social de este Instituto. Copia Certificada del Juicio del Concubinato. Original o copia certificada por el Registro Civil del acta de nacimiento legible. En caso de concubino, constancia de no afiliación a otro régimen de seguridad social (IMSS, ISSSTE, SEGURO POPULAR.). (.)." "Artículo 24. Los servicios señalados en el artículo 18 de este reglamento, se harán extensivos a los beneficiarios del trabajador y del pensionista, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 24 de la Ley. Entendiendo como familiares a los siguientes: a) Esposa. b) Hijos. c) Padres con o sin aranceles. d) Concubina. e) Hijo discapacitado. f) Esposo discapacitado e incapacitado." Reglamento para los Servicios Médicos del citado Instituto: "Artículo 34. El trabajador puede ingresar a su concubina reuniendo los siguientes requisitos: Demostrar con carta de inexistencia de matrimonio de ambos y jurisdicción voluntaria del concubinato. Concubina no debe contar con servicios de salud en otras instituciones. Acta de nacimiento sin error de concubina." Ley 38 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora: "Artículo 24. También tendrán derecho a los servicios que señala la fracción I del artículo 23 de esta Ley en caso de enfermedad, siempre y cuando reúnan los requisitos y condiciones que establece la misma y el Reglamento para los Servicios Médicos del Instituto, los familiares del trabajador y del pensionista que enseguida se señalan: La cónyuge o, en su caso, la persona con quien ha vivido como si lo fuera durante los cinco años anteriores a la enfermedad o aún durante un término menor si con ella tuviese hijos, siempre que ambos permanezcan libres de matrimonio. Si el trabajador o pensionista tiene varias concubinas, ninguna de ellas tendrá derecho a recibir las mencionadas prestaciones. En caso de fallecimiento de la trabajadora o pensionista, únicamente continuará recibiendo el servicio médico el esposo o concubinario que esté incapacitado física o psíquicamente y haya dependido económicamente de ella; Los hijos menores de 18 años. Los familiares que se mencionan en esta fracción y la precedente, tendrán el derecho antes establecido cuando el trabajador o el pensionista tengan derecho a las prestaciones señaladas en la fracción I del artículo 23 de esta Ley y cuando dichos familiares no tengan por si mismos derechos propios a las prestaciones otorgadas por esta Ley o por la Ley del Seguro Social o la del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado dependientes de la Federación. Los hijos mayores de 18 y hasta 25 años. Los familiares que se mencionan en esta fracción, tendrán el derecho antes establecido si reúnen además de los requisitos que se señalan en la fracción anterior, los siguientes: A). Que esté cursando estudios a nivel medio superior o subsecuentes. B). Que a satisfacción del Instituto compruebe periódicamente tanto la inscripción como el promedio de calificación aprobatoria. Los hijos mayores de 18 años, incapacitados física o psíquicamente, que no puedan trabajar para obtener su subsistencia, lo que se comprobará mediante certificado médico expedido por el Instituto y por los medios legales procedentes. El esposo o concubinario de la trabajadora o pensionista, siempre que esté incapacitado física o psíquicamente y dependa económicamente de ella. Los padres del trabajador. En este supuesto, la prestación se otorgará: A). Sin costo adicional, a quienes dependan económicamente en forma exclusiva del trabajador. B). Con el costo que determinen los aranceles, a quienes no demuestren la dependencia económica en forma exclusiva. En este caso, el paciente cubrirá el importe del servicio al momento del otorgamiento del mismo. Quedan excluidos del servicio médico los padres que tengan derechos propios en otras instituciones de seguridad social, sean del Estado o de la Federación." "Artículo 27. La mujer trabajadora, la esposa del trabajador o del pensionista, o a falta de la esposa la concubina de uno u otro, tendrán derecho a las siguientes prestaciones: Asistencia obstétrica necesaria a partir del día en que los servicios médicos del Instituto certifiquen el estado de embarazo, o de la fecha en que se otorgue legalmente la adopción, en lo conducente. Ayuda para la lactancia solo para la mujer trabajadora. Esta prestación se hará extensiva a la esposa o concubina del trabajador o pensionista, en los casos en que según dictamen médico exista incapacidad física para amamantar al hijo. Dicha ayuda será proporcionada en especie por un lapso de seis meses con posterioridad al nacimiento y se entregará a la madre, o a falta de ésta, a la persona encargada de alimentar al niño. Los mismos derechos aplicarán en el caso de adopción legalmente otorgada. A la capacitación y fomento para la lactancia materna y amamantamiento, incentivando a que la leche materna sea alimento exclusivo durante seis meses y complementario hasta avanzado el segundo año de vida. IV. Durante la lactancia podrá tener dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno, para alimentar a sus hijos, sean biológicos o por adopción, o en su caso el tiempo equivalente acordado con la autoridad responsable, en lugar adecuado e higiénico que designe la institución o dependencia." De la transcripción de los preceptos legales que antecede, se evidencia lo que tanto los quejosos como las autoridades responsables hacen alusión pero en diferentes vertientes, es decir, que se requiere cumplir con diversos requisitos para poder acceder a la afiliación a que hacen alusión los quejosos en su demanda de amparo. Sin embargo, de las constancias de autos se advierte que, tal y como lo afirman las responsables, los quejosos hasta este momento no han solicitado lo conducente ante las dependencias del Instituto responsable, para que la quejosa Itzel Amayrani Gastelo Moreno, como concubina del diverso quejoso ********************, pueda acceder al régimen de seguridad social de que goza este último, ya que no existe evidencia que así lo acredite. Luego, al no tratarse de un acto en sí mismo inconstitucional, puesto que el Instituto responsable está facultado por los preceptos legales antes transcritos, para llevar a cabo el trámite correspondiente, siempre y cuando exista una petición al respecto, de ahí que los quejosos al no aportar ningún elemento de prueba que acredite que hayan hecho la solicitud por escrito ante la citada institución, es por ello, que debe prevalecer la negativa de la existencia del acto reclamado formulada por las autoridades responsables al rendir su informe justificado. En consecuencia, en el caso se actualiza la hipótesis prevista por la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo y, por ende, se debe decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia número 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." De igual manera, resulta aplicable la tesis VI.2o.A.4 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, del tenor: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." Finalmente, son inatendibles los alegatos formulados por la parte quejosa, dado que dichas manifestaciones no forman parte de la litis Constitucional, sin que ello implique transgresión a derecho procesal alguno. Tiene aplicación sobre el particular, la jurisprudencia P./J. 27/94, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, sostuvo el criterio de que el Juez de Distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante que con posterioridad mediante decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, "así como los demás razonamientos de las partes", a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente está autorizando la interpretación de la demanda con el objeto de desentrañar la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en la misma y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 116, 147 y 149 de la invocada ley, ya que sólo estos planteamientos pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional, además, de que atenta la naturaleza de los alegatos, estos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos." (No. de Registro: 205449, Octava Época, Instancia: Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Agosto de 1994, Tomo 80, página: 14). Decisión. En las relatadas condiciones, al ser inexistentes los actos reclamados a las autoridades responsables precisadas en el apartado III, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, en términos de lo establecido en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. En mérito de lo expuesto, el suscrito se encuentra jurídicamente imposibilitado para realizar el estudio de los conceptos de violación planteados por los accionantes del amparo, con apoyo en el criterio sustentado en la jurisprudencia número 50916, de rubro y texto que se transcriben: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo expuesto y fundado, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 61, 63, 73, 74, 75 y 76 de la Ley de Amparo; se Resuelve. Único. Se sobresee en el juicio de amparo, promovido por ********************y ******************** por propio derecho, contra los actos atribuidos a las autoridades responsables precisadas en el apartado III, por las razones expuestas en dicho considerando. Notifíquese por oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante José Enrique Ayala García, secretario de juzgado que autoriza y da fe. Doy Fe. SENTENCIA ANALISTA JURÍDICO SISE LIBRO DE GOBIERNO CONTROL INTERNO La presente foja corresponde a la parte final de la resolución constitucional dictada en esta fecha en el juicio de amparo 1230/2022, lo que certifico y firmo para constancia, en Hermosillo, Sonora, a diez de marzo de dos mil veintitrés. Doy fe.

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