Itzel Diznae Ceballos Dircio

Expediente 41/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 10 actuaciones registradas, la última del 7 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
41/2022
Año
2022
Actuaciones
10
Última actuación
07/03/2022

Partes del expediente

  • Director de Administración de Recursos Humanos de la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado
  • Itzel Diznae Ceballos Dircio

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, siete de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que transcurrió el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se recurriera el proveído de quince de febrero de dos mil veintidós, mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto, ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación se determina: De acuerdo con el supuesto que prevé el artículo 21, incisos b) y c), del citado Acuerdo General, el expediente principal, transcurridos tres años a partir de que surta efectos la notificación personal del presente proveído, será DESTRUIBLE en su totalidad, toda vez que al haberse sobreseído fuera de audiencia, sin decidir el juicio en lo principal, se dio por concluido el expediente en que se actúa. Lo anterior, atendiendo a lo establecido en los diversos artículos 12 y 14 del referido Acuerdo General. Por otro lado, acorde a lo que prevé el artículo 18, fracción I, inciso a) del citado Acuerdo General, el ORIGINAL DEL INCIDENTE de suspensión será DEPURABLE, al haberse concedido la suspensión provisional; y con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a) el DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN serán DESTRUIBLE; por lo que una vez transcurrido el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. En términos del diverso artículo 15 del señalado Acuerdo General, este expediente no es de relevancia documental, ni con trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario Jesús Humberto Muñoz Escoto, que autoriza y da fe.

  2. Incidental

    AUDIENCIA INCIDENTAL En Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a las nueve horas con veintiocho minutos del veinticinco de febrero de dos mil veintidós, hora y día señalados en autos para que tenga verificativo la audiencia incidental relativa al juicio de amparo indirecto *********, promovido por *******************, estando en audiencia pública de derecho el licenciado *****************, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa con el licenciado ***************, Secretario del juzgado que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, la declara abierta sin la asistencia de las partes. Acto seguido, el Secretario hace constar que este incidente de suspensión se encuentra debidamente integrado para resolver y da cuenta, con la copia de la demanda y auto de tres de febrero de dos mil veintidós, que ordena formar el incidente de suspensión. Asimismo, da cuenta con la copia autorizada del auto de quince de febrero de dos mil veintidós emitido en el juicio principal, en el que se sobreseyó fuera de audiencia al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 5, fracción II, de la Ley de Amparo. El Juez acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes y provéase lo que en derecho corresponde con la copia autorizada del auto de quince de febrero de dos mil veintidós. Enseguida, el Juez abre el período de pruebas y el Secretario hace constar que ninguna de las partes ofreció prueba alguna. A lo que el Juez, provee: Se tiene por perdido el derecho de las partes para ofrecer pruebas. Abierto el período de alegatos, el Secretario hace constar que las partes no los formularon. El Juez acuerda: Se tiene por perdido el derecho de las partes para formular alegatos, por lo que se cierra dicho periodo. No habiendo promoción pendiente por acordar, pruebas que admitir, alegatos por reproducir, se da por terminada la presente audiencia, procediéndose a dictar la siguiente interlocutoria. V I S T O S; para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo ************; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. La parte quejosa ****************, señala como acto reclamado y autoridades responsables las siguientes: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES. Director de Administración de Recursos Humanos de la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal de la Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, con sede en esta ciudad capital" ACTO RECLAMADO: ".El ilegal procedimiento Administrativo iniciado en mi contra por la responsable sin que se ajuste a lo que establecen los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos, en virtud, de que no se cumplen con las formalidades esenciales del procedimiento que se establecen en el artículo 17 de la citada Constitución Federal, toda vez, de que de manera ilegal y sin que tenga atribuciones y competencia para ello inicia procedimiento administrativo en mi contra, violando mis garantías establecidas en nuestra carta magna, transcendiendo también mis derechos humanos que se encuentran protegidos y tutelados por el artículo 1 de la ya citada Constitución Política SEGUNDO. Como se ordenó en el cuaderno principal por auto de tres de febrero de dos mi veintidós, se formó por separado y duplicado el cuaderno incidental; se proveyó lo procedente sobre la suspensión provisional, se pidió a las autoridades responsables rindieran informe previo, finalmente fue señalada hora y día para la celebración de la audiencia incidental, la cual se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y TERCERO. De la copia autorizada del auto de quince de febrero de dos mil veintidós, se advierte que el juicio principal se sobreseyó fuera de audiencia al actualizarse una causal de improcedencia estudiada en dicho auto. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, dado que conoce del juicio principal del que deriva. SEGUNDO. De la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama el procedimiento administrativo iniciado en su contra por la responsable, el cual le fue informado de manera verbal. TERCERO. La autoridad responsable Director de Administración de Recursos Humanos de la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal de la Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, con sede en esta ciudad capital, al rendir su informe previo negó el acto reclamado. Ahora, de la copia certificada del auto de quince de febrero de dos mil veintidós emitido en el juicio principal de donde deriva la presente incidencia, se advierte que se sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo ****************, promovido por *************************, contra actos de Director de Administración de Recursos Humanos de la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal de la Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, con sede en esta ciudad capital, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 5, fracción II, de la Ley de Amparo; por lo que ya no existe materia sobre la cual decretar la medida suspensional. En tales circunstancias; SE DECLARA SIN MATERIA EL PRESENTE INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Por lo anteriormente expuesto y fundado; se, R E S U E L V E: ÚNICO. Se declara sin materia el presente incidente de suspensión solicitada por la quejosa *******************, respecto del acto que reclama de la autoridad responsable Director de Administración de Recursos Humanos de la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal de la Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, con sede en esta ciudad capital, en términos de lo expuesto en el considerando tercero de la presente resolución. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario Jesús Humberto Muñoz Escoto, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, quince de febrero de dos mil veintidós. Visto el oficio de cuenta signado por el Director de Administración de Recursos Humanos, dependiente de la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal; atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe justificado, sin que haya lugar a dar vista con su contenido por las razones que a continuación se exponen. Del contenido de las constancias que anexa a su informe justificado, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 5, fracción II, de la Ley de Amparo, por las consideraciones siguientes. En ese sentido, de conformidad con lo determinado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al emitir la jurisprudencia 10/2003, con Registro digital: 184572, desde este momento es procedente analizar las causales de improcedencia, como se lee de lo siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Ahora, con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el acto reclamado debe fijarse de manera clara y precisa en las sentencias de amparo. Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que para tal efecto, el juez debe tomar en consideración todos los datos que emanan de la demanda de amparo, sus escritos aclaratorios e incluso la totalidad de la información del expediente, en atención al pensamiento e intención de su autor y descartando las imprecisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Entonces, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la promovente Itzel Diznae Ceballos Dircio, reclama del Director de Administración de Recursos Humanos de la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal de la Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, con sede en esta ciudad capital lo siguiente: ".El ilegal procedimiento Administrativo iniciado en mi contra por la responsable sin que se ajuste a lo que establecen los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos, en virtud, de que no se cumplen con las formalidades esenciales del procedimiento que se establecen en el artículo 17 de la citada Constitución Federal, toda vez, de que de manera ilegal y sin que tenga atribuciones y competencia para ello inicia procedimiento administrativo en mi contra, violando mis garantías establecidas en nuestra carta magna, transcendiendo también mis derechos humanos que se encuentran protegidos y tutelados por el artículo 1 de la ya citada Constitución Política Entonces, el acto reclamado señalado, no es factible analizarlo en el juicio de amparo, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 5, fracción II, de la Ley de Amparo, por las consideraciones siguientes. En principio, debe indicarse que los artículos 61, fracción XXIII y 62 de la Ley de Amparo, establecen: "Articulo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Por su parte, el diverso 1º, del mismo ordenamiento, dispone: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]." El ordinal 5°, fracción II, de la misma ley, estipula: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] I. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De lo expuesto, se advierte entre otras cosas, que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por actos u omisiones de la autoridad que violen derechos humanos; además, que se considera como autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo, aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; y por último, que el estudio de las causas de improcedencia es oficioso. Por tanto, es necesario precisar el concepto de "autoridad responsable", para efectos del juicio de amparo. Conforme a lo dispuesto por el numeral 5, fracción II, de la ley de la materia, es autoridad responsable la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, es decir, para efectos del juicio de amparo, no sólo es autoridad responsable aquélla que se encuentra constituida con ese carácter conforme a la ley, sino también la que dispone de la fuerza pública en virtud de circunstancias legales o de hecho, y que por lo mismo esté en la posibilidad formal o material de obrar como individuo que ejerza actos públicos, dictando resoluciones obligatorias para los gobernados, cuyo cumplimiento pueda ser exigible mediante el uso directo o indirecto de la fuerza pública, o bien, a través de otras autoridades; de manera que, las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo, son las siguientes: a). La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b). Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c). Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d). Que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Así las cosas, debe tenerse como concepto de "autoridad responsable", para efectos del juicio de amparo, a aquel órgano o ente que ejerce facultades decisorias en uso de sus atribuciones que le confiere la ley, cuyo ejercicio es irrenunciable por ser de naturaleza pública la fuente de su potestad. Entonces, a fin de establecer si a quien se le atribuye el acto impugnado tiene el carácter de autoridad para los efectos del juicio constitucional, se debe atender a la naturaleza propia de los actos que se le reclamen, esto es, a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública, o bien, a través de otras autoridades. Ahora, de la lectura de la demanda que dio origen al presente juicio de amparo y como quedó precisado en el considerando segundo, se advierte que la parte quejosa, reclama, el acto consistente en: El procedimiento administrativo iniciado en su contra como trabajadora en la Dirección General de Control del Ejercicio Presupuestal de la Secretaria de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero. Sentado lo anterior, se estima que el acto reclamado deriva de una relación laboral que existe entre la quejosa y la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal de la Secretaria de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, porque esencialmente la aquí quejosa trata de defender en esta instancia constitucional el derecho de trabajo por haber sido suspendida de sus funciones por una supuesta investigación administrativa que iniciaron en su contra. Esto es así, porque en los antecedentes del acto reclamado la quejosa Itzel Diznae Ceballos Dircio, señaló lo siguiente. Resulta que el día once de enero de dos mil veintidós, me entere por algunos compañeros que pasan por el mismo problema que el Director de Recursos Humanos de la Secretaria de Finanzas y Administración, habían iniciado procedimiento en mi contra que se había dado cuenta porque al haber acudido a las oficinas del citado directo (sic) alcanzó a ver una carpeta y/o expediente en mi contra y en contra de otros compañeros todos trabajadores de base, pero que desconocía los motivos y que escucho al Director antes mencionado que en breve aplicaría sanciones Por otra parte, de las documentales que remite la autoridad responsable las cuales merecen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2 de la Ley de Amparo, se advierte lo siguiente: 1.- Mediante oficio SFA/SA/DGAyDP/DADRH/0142/2021 de quince de diciembre de dos mil veintiuno dirigido a Itzel Diznae Ceballos Dircio, se le informó que debería comparecer el día trece de enero de dos mil veintidós a las trece horas con veinte minutos a efecto realizar un proceso aclaratorio en relación a su situación laboral con respecto a la plaza de base con categoría "AAR Auxiliar Administrativo" que actualmente ostenta, debiéndose acompañar con un representante sindical y/o representante legal a presentar las pruebas documentales pertinentes en relación a la plaza que ocupa. 2.- Razón de notificación de once de enero de dos mil veintidós, levantada por Miguel Ángel Acevedo Campos Auxiliar Jurídico de la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal, de la que se advierte que la Itzel Diznae Ceballos Dircio, no firmó ni recibió documento alguno. 3. La actuación de trece de enero de dos mil veintidós, en la que se hizo constar que derivado del requerimiento SFA/SA/DGAyDP/DADRH/0142/2021, no se presentó en la hora y fecha citada. De lo antes expuesto, está demostrado que el acto que señala como reclamado la aquí quejosa, sólo puede suscitarse entre un patrón o patrones y un trabajador, de lo que se sigue que la indicada como responsable se encuentran actuando con ese carácter de patronal ante la peticionario. Luego, resulta inconcuso que subyace un vínculo empleado-patrón, y no gobierno-gobernado, cuyas diferencias están sujetas a la jurisdicción de las instituciones laborales acorde al contenido del artículo 123 Constitucional; motivo por el que al emanar los actos reclamados de una dependencia oficial actuando como patrón (Dirección General de Administración de la Secretaría de Seguridad Pública), resulta inconcuso que la parte quejosa tiene expeditos sus derechos para hacerlos valer ante los tribunales correspondientes, lo cual no puede ser objeto de examen constitucional, pues ello no es propio del juicio de amparo, dado que, como se dijo, es una relación trabajador-patrón que debe dirimirse en una vía distinta a la constitucional. Entonces, por todo lo antes expuesto se advierte que el acto impugnado a la dependencia citada, no pueden ser objeto de estudio en el amparo, en virtud de que el juicio de amparo tiene, entre otros propósitos, resolver las controversias que se susciten por actos u omisiones de autoridad, que violen derechos humanos y garantías de los gobernados, sin que pueda considerarse acto de autoridad el señalado por la amparista. Entonces, al quedar acreditado de manera fehaciente que la autoridad señalada como responsable no tienen esa calidad, lo procedente es SOBRESEER FUERA DE LA AUDIENCIA en los autos del presente juicio de amparo, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. La anterior determinación no tiene como consecuencia algún tipo de violación a derechos humanos, dado que este tipo de condición tiene como objetivo perfeccionar el sistema interno al establecer claramente las reglas de procedencia e improcedencia del juicio de amparo indirecto; sin que por ello, se deje de observar la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos fundamentales del ahora recurrente contemplados en la Constitución y en los Tratados Internacionales en los que es parte el Estado Mexicano. Es aplicable la Jurisprudencia 1a./J. 22/2014, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos. En este sentido, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es una materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho fundamental." En las narradas circunstancias, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada en autos para las nueve horas con treinta minutos del nueve de marzo de dos mil veintidós. Lo anterior hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar; y, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por último, se tiene como su domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica para tal efecto y, en términos del diverso 9, párrafo primero, de la ley de la materia, como sus delegados a los que menciona. Notifíquese; y personalmente a las partes quejosa. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario Jesús Humberto Muñoz Escoto, que autoriza y da fe.

  4. Incidental

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, once de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guarda el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo en que se actúa, se advierte que se encuentra señalada para el día de hoy la celebración de la audiencia incidental misma que no es posible desahogarla, en razón de que no obra en autos la constancia de notificación del oficio, 2654/2022, mediante el cual se solicitó el informe previo a la autoridad responsable Director de Administración de Recursos Humanos de la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal d la Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado. Por tanto, se instruye al Fedatario Judicial adscrito a este Juzgado Federal, encargado del trámite del presente asunto, para que de inmediato notifique el oficio antes descrito y una vez hecho lo anterior agregue al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) la constancia respectiva. Para dar margen a lo anterior, la referida audiencia incidental se difiere y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON VEINTIOCHO MINUTOS DEL VEINTICINCO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS para su verificativo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario Jesús Humberto Muñoz Escoto, que autoriza y da fe.

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