Itzel Anahí Valle Rosales y Otros.

Expediente 1685/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1685/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
03/01/2023

Partes del expediente

  • Itzel Anahí Valle Rosales
  • Itzel Anahí Valle Rosales y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, tres de enero de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se aprecia que ha fenecido el término que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el auto de cinco de diciembre de dos mil veintidós, mediante el cual se desechó la presente demanda de amparo; en consecuencia, se declara que dicho auto ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese como asunto concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se determina: Al haberse desechado la demanda que dio origen al presente juicio de amparo, de acuerdo con el supuesto que prevé el artículo 21, inciso d), transcurridos tres años a partir de que surta efectos la notificación personal del presente proveído, será DESTRUIDO en su totalidad. En términos del diverso artículo 15 del señalado Acuerdo General, este expediente no es de relevancia documental, ni con trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional; aunado a que no existen documentos originales que devolver a las partes. Notifíquese. A

  2. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, ocho de diciembre de dos mil veintidós. Vista la razón levantada por el Actuario Judicial adscrito a este Juzgado Federal, de siete de diciembre de dos mil veintidós, en la que hace constar el motivo por el cual no le fue posible notificar a la parte quejosa el proveído de cinco de diciembre del año en curso (fojas 21-30), dictado en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, la notificación de mérito y las subsecuentes hágansele por medio de lista que se publique en los estrados de este órgano de control constitucional. En el entendido de que las que tengan el carácter de personal, se harán conforme a las reglas para las notificaciones que no deban ser personales, hasta en tanto señale domicilio para los efectos referidos. Notifíquese a la parte quejosa el presente proveído y el de cinco de diciembre de dos mil veintidós, como esta ordenado en líneas que anteceden (lista). Así lo proveyó y firma Karina Castillo Flores, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario Jesús Humberto Muñoz Escoto, que autoriza y da fe. PROVEÍDO DE 5 DE DICIEMBRE DE 2022. Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, cinco de diciembre de dos mil veintidós. Visto el escrito presentado por Itzel Anahí Valle Rosales, por su propio derecho, quien promueve demanda de amparo contra actos del Pleno de la XLIII Legislatura del Congreso del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad y otras autoridades. ? Registro demanda, tramitación e integración del expediente electrónico y físico. Anótese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE de registro de juicios de amparo con el número 1685/2022 que le corresponde. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el numeral SEXTO transitorio del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, fórmese el expediente electrónico, y en lo conducente el expediente físico. Con apoyo en los preceptos legales 24, 251, 252, 253 y 263 del referido acuerdo general, se ordena a la persona oficial judicial "C" la digitalización diaria de todas las promociones, documentos que presenten las partes, comparecencias, certificaciones devolución de documentos, títulos de crédito, entre otros, audiencias, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias que elaboran, y toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; a las personas actuarias, se ordena la digitalización y vinculación al expediente electrónico diariamente de todas las constancias de notificaciones personales y de oficios, actas, citatorios y razones de notificación o de imposibilidad que elaboren, sellos de lista, así como de todo lo correspondiente al área de actuaría; y a las personas secretarias se ordena cerciorarse de la debida integración del expediente correspondiente. ? Desechamiento. Ahora bien, analizada en su integridad la demanda de amparo, se advierte de manera manifiesta e indudable su improcedencia, toda vez que la quejosa Itzel Anahí Valle Rosales, señala como autoridades responsables y acto reclamado los siguientes: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: A. Pleno de la XLII Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero. B. Junta de la Coordinación Política de la XLII Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero. C. Presidenta de la Junta de Coordinación Política de la XLII Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero. D. Presidenta de la Junta de Coordinación Política de la XLII Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero. E. Secretario de Administración y Finanzas del Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero. F. Directora de Recursos Humanos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero." IV ACTOS RECLAMADOS: "De las autoridades ordenadoras, reclamo la inconstitucional orden de retención y suspensión total de mi salario como trabajadora del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, a partir de la primera quincena de octubre, es decir, del día 15 de octubre de 2022, a la fecha de presentación de la demanda de amparo, con adscripción como asesora de la de la presidencia de la Junta de Coordinación Política del citado órgano legislativo, sin que se hubiese instaurado de manera previa el respectivo procedimiento administrativo en la que se me hubiere otorgado mi derecho de defensa y de audiencia con previsión y respeto a las formalidades esenciales del debido proceso Asimismo, de las autoridades ordenadoras les reclamo el ordenamiento de emplear en mi persona actos de violencia psicológica y de acoso laboral por mi condición de mujer con la finalidad de obligarme a presentar mi renuncia como trabajadora del H. Congreso del Estado de Guerrero, lo que constituye actos discriminatorios y de exclusión que impiden el desempeño eficaz de mis actividades laborales en un ambiente libre de violencia y de discriminación." Ahora, en el capítulo de antecedentes del acto reclamado en lo que interesa la quejosa refiere: "El 16 de octubre del 2018, ingrese a laborar para el H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, con actividades de secretaria técnica, número de trabajador 1198. Cabe mencionar que mi adscripción actual en el centro de labor es asesora de la Presidencia de la Junta de Coordinación Política del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero. Asimismo manifiesto que por disposición de la Iey, las legislaturas del H. Congreso del Estado de Guerrero, son por periodos de tres años, en la que se renueva en la totalidad de la Cámara de Diputados, siendo propiamente en el periodo de funciones la sexagésima segunda legislatura, correspondiente a los años 2018-2021, que ingresé a laborar por tanto, en dicha legislatura la relación que mantuve con los diputados integrantes de dicha legislatura, en un ambiente cordial sin inconveniente alguno. Sin embargo, la relación y el trato en mi fuente de empleo, empezó a cambiar en la legislatura siguiente, es decir, a partir de la sexagésima tercera legislatura correspondiente al periodo 2021-2024, puesto que se dio un cambio en la Presidencia de la Junta de Coordinación Política, actualmente, en la que estoy adscrita, luego de diversos cambios de adscripción en el mismo órgano legislativo del Estado de Guerrero, ya que tenía a mi encargo actividades de proyección y elaboración de dictámenes legislativos lo que ha significado jornadas laborales extraordinarias en exceso, así también con actividades laborales en días festivos, fines de semana y horas extras. Sin embargo, llegado el día de quincena y de pago correspondiente, es decir, el día 15 de octubre del 2022, de manera sorpresiva y sin previo aviso, se me suspendió de pago de mi salario, precisando que la última quincena que se me pagó fue la del 30 de septiembre del presente año, aún con los días checados y los trabajos elaborados en la Presidencia de la Junta de Coordinación Política, no se otorgó pago alguno de mis percepciones salariales, por tanto, preocupada portal situación, solicité audiencia con la citada Diputada Presidenta, a efecto de solicitarle me informara respecto a las causas o motivos de suspensión de mi salario, a lo que dicha Diputada se negó a recibirme, y ordenó a sus subalternos que me dijeran que mejor renunciara a mi fuente de empleo, dado a los múltiples compromisos políticos que tiene y necesita mi espacio para otorgarlos a personas afines a su grupo político." Precisado lo anterior, debe indicarse que el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, establece: "Articulo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Por su parte, el diverso 1º, del mismo ordenamiento, dispone: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y III. Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal, que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Finalmente, el ordinal 5, fracción II, de la misma ley, estipula: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De los ordinales transcritos, se advierte que el juicio de amparo procede solamente en contra de "actos de autoridad"; en el caso es menester precisar qué significa el concepto de "autoridad responsable" y "acto de autoridad." Respecto de autoridad responsable a que se refiere el numeral 5 de la Ley de Amparo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha delimitado con precisión dicho concepto tal como se advierte de la Tesis 97, consultable en la página 118, Tomo V, febrero de mil novecientos noventa y siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del tenor literal siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." Asimismo, conviene invocar la tesis 2a. CCIV/2001, de la Segunda Sala del Alto Tribunal del País, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIV, noviembre de 2001, página 39, del texto siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Además, la tesis 2ª. XXXVI/99, de la referida Segunda Sala, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, toma IX, marzo de 1999, página 307, que dice: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES. La teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materias de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución y las de supra ordinación que se entablan entre órganos del Estado. Los parámetros señalados resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular, sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera jurídica del gobernado." Por tanto, atento a las consideraciones contenidas en los criterios invocados, debe decirse que, una autoridad para los efectos del juicio de amparo es la que teniendo las características de órgano público con normas jurídicas, tienen la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados sin requerir de la voluntad del afectado o aun en contra de ella, todo lo que válidamente permite estimar que los elementos necesarios para la confrontación de un acto de autoridad, son los siguientes: a) Que su emitente tenga características de órgano público; b) Que las normas jurídicas le otorguen potestad para actuar; y c) Que sea emitido unilateralmente afectando la esfera jurídica de los gobernados. En este sentido, se concluye que el concepto de autoridad para los efectos del amparo, excluye los actos de particulares, sobre los cuales, la naturaleza, antecedentes y evolución del juicio de amparo determinan que éste sea improcedente. En relación con esta distinción entre actos de autoridad y actos de particulares, tiene injerencia y relevancia el análisis de la clasificación de las relaciones jurídicas de coordinación y de supra a subordinación, que como se dijo en párrafos anteriores, es necesario tener en cuenta para demostrar plenamente que el acto reclamado en el presente juicio no constituye un acto de autoridad. Al respecto, las relaciones de coordinación, presuponen un plano de igualdad, en el que las partes que generalmente son particulares se encuentran en un mismo nivel, teniendo que acudir a los procedimientos ordinarios establecidos en las leyes respectivas para dirimir sus controversias, de tal modo que dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. Por su parte, las relaciones de supra a subordinación, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público, que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se suscitan por la actuación de los órganos del Estado, entre los que destacan, a manera de ejemplo, juicio laboral y los mecanismos de defensa de los derechos humanos; asimismo, debe decirse que este tipo de relaciones, se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, siendo entonces tales relaciones las que se vinculan con el entendimiento de los actos de autoridad. Así, debe decirse que el Pleno de la XLII Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, Junta de la Coordinación Política de la XLII Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, Presidenta de la Junta de Coordinación Política de la XLII Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, Secretario de Administración y Finanzas del Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero y Directora de Recursos Humanos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, no pueden ser autoridad para los efectos del amparo, porque los actos reclamados derivan de una relación de coordinación con motivo de la relación de prestación de servicios en condición de servidor público entre la parte quejosa y la Junta de la Coordinación Política, dependiente del Congreso del Estado de Guerrero, por lo que, debe dilucidarse en la vía ordinaria, ante la autoridad laboral competente, procedimiento en el que, como se dijo, podrá exhibir y desahogar sus respectivas probanzas. En ese tenor, si los actos reclamados por la quejosa se hicieron consistir en la privación de sus percepciones salariales como trabajador de la Junta de la Coordinación Política, dependiente del Congreso del Estado de Guerrero; ello patentiza que no son actos de autoridad para los efectos del amparo, ni se trata de actos de particular, esto es, con los cuales, los organismos que refiere el inconforme se conduzcan con tal carácter, dado que no son actos equivalentes a los de autoridad, cuyas funciones estén determinadas por una norma general y que afecte derechos en los términos de la fracción II, del artículo 5 de la Ley de Amparo. Sin que en el caso se advierta que las señaladas como responsables actúen con imperio, estableciendo una relación de supra a subordinación con un particular; esto es, que emita actos unilaterales a través de los cuales pueda crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas generales que afectan la esfera legal del particular, ya que se trata de una decisión derivada de su calidad de patrón encontrándose en un plano de coordinación o igualdad entre ambas partes; esto es, aquélla no actuó en un plano de supra a subordinación, pues se insiste que deriva de una relación de coordinación entre particulares, al derivar esa orden de medidas adoptadas por la administración pública estatal y la persona que presta sus servicios, que deviene de una relación de trabajo que tiene el promovente con la Junta de la Coordinación Política, dependiente del Congreso del Estado de Guerrero. Por lo que, el acto reclamado no proviene de una autoridad para los efectos del amparo, ni se trata de un acto de particular que se conduzca con tal carácter; de ahí, que no puede reclamarse en el juicio de amparo en la vía indirecta; ya que determinar lo contrario, sería tanto como admitir que todo conflicto trabajador-patrón deba dirimirse vía amparo, como medio ordinario de defensa, cuando éste es un medio extraordinario de impugnación de índole constitucional que debe hacerse valer contra los actos de autoridad, según la legislación de amparo. Por identidad de razón, resulta ilustrativa la Jurisprudencia 2a./J. 77/2004, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia administrativa, Novena Época, Tomo XX, Julio de 2004, página 428, que dice: "SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO. DE LOS CONFLICTOS SUSCITADOS CON MOTIVO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SUS AGENTES CORRESPONDE CONOCER, POR AFINIDAD, AL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia P./J. 24/95, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, septiembre de 1995, página 43, de rubro: "POLICÍAS MUNICIPALES Y JUDICIALES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO Y DE SUS MUNICIPIOS. SU RELACIÓN JURÍDICA ES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA.", estableció que los miembros de la Policía Municipal o Judicial de ese Estado, al constituir un cuerpo de seguridad pública, mantienen una relación de naturaleza administrativa con el Gobierno Local o Municipal, la cual se rige por las normas legales y reglamentarias correspondientes, por disposición expresa del artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con lo cual se les excluye, lo mismo que a los militares, marinos y personal del servicio exterior, como sujetos de una relación de naturaleza laboral con la institución a la que prestan sus servicios. En congruencia con tal criterio, y tomando en consideración que la Constitución y las leyes secundarias del Estado de Jalisco no señalan con precisión la competencia del Tribunal de Arbitraje y Escalafón o del Tribunal de lo Administrativo para conocer de las demandas promovidas por elementos de seguridad pública contra autoridades del propio Estado o de sus Ayuntamientos, para que se deduzcan pretensiones derivadas de la prestación de sus servicios en su condición de servidores públicos, es inconcuso que dicha competencia debe recaer en el mencionado Tribunal de lo Administrativo, por ser el más afín para conocer de la demanda relativa, en acatamiento al segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Federal, que consigna la garantía de acceso a la justicia. En las relatadas condiciones, SE DESECHA DE PLANO la presente demanda de amparo con fundamento en el precitado artículo 113 de la ley de la materia. ? Domicilio y autorizados. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa en su escrito de demanda; y, como su autorizados y únicamente para los mismos efectos a María Ever Rayón Catalán y Pedro Rigoberto Hernández Ávila, en virtud de que no tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, asimismo a las demás personas por así haberlo solicitado expresamente. ? Juicio en línea. Conforme lo establece el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se invita a las partes a que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, además, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. ? Consulta del expediente. Hágase del conocimiento de las partes que, en caso de requerirlo, en términos de la circular 12/2009, signada por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quedan a la vista los presentes autos, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita, dejando para tal efecto la razón correspondiente y firma del consultante; en el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. ? Transparencia y datos personales. El presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el cuatro de mayo de dos mil quince, así como en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, también divulgada en dicho medio de comunicación oficial, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el entendido que, conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios, del último cuerpo legal, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo regulado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que contempla las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el diario supracitado, el seis de febrero de dos mil catorce. Igualmente, que la sentencia que se dicte en el presente asunto es pública; que les asiste el derecho para oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales y, en caso de allegar constancias que estimen son de considerarse reservadas y confidenciales, deberán expresar la norma jurídica que les atribuye tal carácter; en la inteligencia que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique con dichos datos. En ese sentido, con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley y su publicación, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el que establece las disposiciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el Consejo, en relación con la publicación de la totalidad de las sentencias, así como la implementación del buscador de sentencias especializado en el Sistema de Justicia Penal Adversarial, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de marzo de dos mil veinte. Se informa a las partes que están en posibilidad de consultar el expediente electrónico formado con motivo del presente juicio constitucional, de conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como con el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; por tanto, en atención a lo estipulado en los artículos 34, 35, 36, y 55, y demás relativos de dicho acuerdo general, previa solicitud expresa y acceso otorgado, mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, como firma electrónica o certificado digital institucional, podrán consultar el expediente electrónico relativo, así como solicitar que se les notifique electrónicamente de las resoluciones judiciales respectivas, en términos del artículo 26, fracción IV, de la legislación de la materia. Finalmente, de conformidad con el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, cinco de diciembre de dos mil veintidós. Visto el escrito presentado por Itzel Anahí Valle Rosales, por su propio derecho, quien promueve demanda de amparo contra actos del Pleno de la XLIII Legislatura del Congreso del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad y otras autoridades. Registro demanda, tramitación e integración del expediente electrónico y físico. Anótese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE de registro de juicios de amparo con el número 1685/2022 que le corresponde. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el numeral SEXTO transitorio del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, fórmese el expediente electrónico, y en lo conducente el expediente físico. Con apoyo en los preceptos legales 24, 251, 252, 253 y 263 del referido acuerdo general, se ordena a la persona oficial judicial "C" la digitalización diaria de todas las promociones, documentos que presenten las partes, comparecencias, certificaciones devolución de documentos, títulos de crédito, entre otros, audiencias, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias que elaboran, y toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; a las personas actuarias, se ordena la digitalización y vinculación al expediente electrónico diariamente de todas las constancias de notificaciones personales y de oficios, actas, citatorios y razones de notificación o de imposibilidad que elaboren, sellos de lista, así como de todo lo correspondiente al área de actuaría; y a las personas secretarias se ordena cerciorarse de la debida integración del expediente correspondiente. Desechamiento. Ahora bien, analizada en su integridad la demanda de amparo, se advierte de manera manifiesta e indudable su improcedencia, toda vez que la quejosa Itzel Anahí Valle Rosales, señala como autoridades responsables y acto reclamado los siguientes: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: Pleno de la XLII Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero. Junta de la Coordinación Política de la XLII Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero. Presidenta de la Junta de Coordinación Política de la XLII Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero. Presidenta de la Junta de Coordinación Política de la XLII Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero. Secretario de Administración y Finanzas del Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero. Directora de Recursos Humanos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero." IV ACTOS RECLAMADOS: "De las autoridades ordenadoras, reclamo la inconstitucional orden de retención y suspensión total de mi salario como trabajadora del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, a partir de la primera quincena de octubre, es decir, del día 15 de octubre de 2022, a la fecha de presentación de la demanda de amparo, con adscripción como asesora de la de la presidencia de la Junta de Coordinación Política del citado órgano legislativo, sin que se hubiese instaurado de manera previa el respectivo procedimiento administrativo en la que se me hubiere otorgado mi derecho de defensa y de audiencia con previsión y respeto a las formalidades esenciales del debido proceso Asimismo, de las autoridades ordenadoras les reclamo el ordenamiento de emplear en mi persona actos de violencia psicológica y de acoso laboral por mi condición de mujer con la finalidad de obligarme a presentar mi renuncia como trabajadora del H. Congreso del Estado de Guerrero, lo que constituye actos discriminatorios y de exclusión que impiden el desempeño eficaz de mis actividades laborales en un ambiente libre de violencia y de discriminación." Ahora, en el capítulo de antecedentes del acto reclamado en lo que interesa la quejosa refiere: "El 16 de octubre del 2018, ingrese a laborar para el H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, con actividades de secretaria técnica, número de trabajador 1198. Cabe mencionar que mi adscripción actual en el centro de labor es asesora de la Presidencia de la Junta de Coordinación Política del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero. Asimismo manifiesto que por disposición de la Iey, las legislaturas del H. Congreso del Estado de Guerrero, son por periodos de tres años, en la que se renueva en la totalidad de la Cámara de Diputados, siendo propiamente en el periodo de funciones la sexagésima segunda legislatura, correspondiente a los años 2018-2021, que ingresé a laborar por tanto, en dicha legislatura la relación que mantuve con los diputados integrantes de dicha legislatura, en un ambiente cordial sin inconveniente alguno. Sin embargo, la relación y el trato en mi fuente de empleo, empezó a cambiar en la legislatura siguiente, es decir, a partir de la sexagésima tercera legislatura correspondiente al periodo 2021-2024, puesto que se dio un cambio en la Presidencia de la Junta de Coordinación Política, actualmente, en la que estoy adscrita, luego de diversos cambios de adscripción en el mismo órgano legislativo del Estado de Guerrero, ya que tenía a mi encargo actividades de proyección y elaboración de dictámenes legislativos lo que ha significado jornadas laborales extraordinarias en exceso, así también con actividades laborales en días festivos, fines de semana y horas extras. Sin embargo, llegado el día de quincena y de pago correspondiente, es decir, el día 15 de octubre del 2022, de manera sorpresiva y sin previo aviso, se me suspendió de pago de mi salario, precisando que la última quincena que se me pagó fue la del 30 de septiembre del presente año, aún con los días checados y los trabajos elaborados en la Presidencia de la Junta de Coordinación Política, no se otorgó pago alguno de mis percepciones salariales, por tanto, preocupada portal situación, solicité audiencia con la citada Diputada Presidenta, a efecto de solicitarle me informara respecto a las causas o motivos de suspensión de mi salario, a lo que dicha Diputada se negó a recibirme, y ordenó a sus subalternos que me dijeran que mejor renunciara a mi fuente de empleo, dado a los múltiples compromisos políticos que tiene y necesita mi espacio para otorgarlos a personas afines a su grupo político." Precisado lo anterior, debe indicarse que el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, establece: "Articulo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Por su parte, el diverso 1º, del mismo ordenamiento, dispone: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y III. Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal, que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Finalmente, el ordinal 5, fracción II, de la misma ley, estipula: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De los ordinales transcritos, se advierte que el juicio de amparo procede solamente en contra de "actos de autoridad"; en el caso es menester precisar qué significa el concepto de "autoridad responsable" y "acto de autoridad." Respecto de autoridad responsable a que se refiere el numeral 5 de la Ley de Amparo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha delimitado con precisión dicho concepto tal como se advierte de la Tesis 97, consultable en la página 118, Tomo V, febrero de mil novecientos noventa y siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del tenor literal siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." Asimismo, conviene invocar la tesis 2a. CCIV/2001, de la Segunda Sala del Alto Tribunal del País, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIV, noviembre de 2001, página 39, del texto siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Además, la tesis 2ª. XXXVI/99, de la referida Segunda Sala, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, toma IX, marzo de 1999, página 307, que dice: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES. La teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materias de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución y las de supra ordinación que se entablan entre órganos del Estado. Los parámetros señalados resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular, sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera jurídica del gobernado." Por tanto, atento a las consideraciones contenidas en los criterios invocados, debe decirse que, una autoridad para los efectos del juicio de amparo es la que teniendo las características de órgano público con normas jurídicas, tienen la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados sin requerir de la voluntad del afectado o aun en contra de ella, todo lo que válidamente permite estimar que los elementos necesarios para la confrontación de un acto de autoridad, son los siguientes: a) Que su emitente tenga características de órgano público; b) Que las normas jurídicas le otorguen potestad para actuar; y c) Que sea emitido unilateralmente afectando la esfera jurídica de los gobernados. En este sentido, se concluye que el concepto de autoridad para los efectos del amparo, excluye los actos de particulares, sobre los cuales, la naturaleza, antecedentes y evolución del juicio de amparo determinan que éste sea improcedente. En relación con esta distinción entre actos de autoridad y actos de particulares, tiene injerencia y relevancia el análisis de la clasificación de las relaciones jurídicas de coordinación y de supra a subordinación, que como se dijo en párrafos anteriores, es necesario tener en cuenta para demostrar plenamente que el acto reclamado en el presente juicio no constituye un acto de autoridad. Al respecto, las relaciones de coordinación, presuponen un plano de igualdad, en el que las partes que generalmente son particulares se encuentran en un mismo nivel, teniendo que acudir a los procedimientos ordinarios establecidos en las leyes respectivas para dirimir sus controversias, de tal modo que dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. Por su parte, las relaciones de supra a subordinación, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público, que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se suscitan por la actuación de los órganos del Estado, entre los que destacan, a manera de ejemplo, juicio laboral y los mecanismos de defensa de los derechos humanos; asimismo, debe decirse que este tipo de relaciones, se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, siendo entonces tales relaciones las que se vinculan con el entendimiento de los actos de autoridad. Así, debe decirse que el Pleno de la XLII Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, Junta de la Coordinación Política de la XLII Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, Presidenta de la Junta de Coordinación Política de la XLII Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, Secretario de Administración y Finanzas del Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero y Directora de Recursos Humanos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, no pueden ser autoridad para los efectos del amparo, porque los actos reclamados derivan de una relación de coordinación con motivo de la relación de prestación de servicios en condición de servidor público entre la parte quejosa y la Junta de la Coordinación Política, dependiente del Congreso del Estado de Guerrero, por lo que, debe dilucidarse en la vía ordinaria, ante la autoridad laboral competente, procedimiento en el que, como se dijo, podrá exhibir y desahogar sus respectivas probanzas. En ese tenor, si los actos reclamados por la quejosa se hicieron consistir en la privación de sus percepciones salariales como trabajador de la Junta de la Coordinación Política, dependiente del Congreso del Estado de Guerrero; ello patentiza que no son actos de autoridad para los efectos del amparo, ni se trata de actos de particular, esto es, con los cuales, los organismos que refiere el inconforme se conduzcan con tal carácter, dado que no son actos equivalentes a los de autoridad, cuyas funciones estén determinadas por una norma general y que afecte derechos en los términos de la fracción II, del artículo 5 de la Ley de Amparo. Sin que en el caso se advierta que las señaladas como responsables actúen con imperio, estableciendo una relación de supra a subordinación con un particular; esto es, que emita actos unilaterales a través de los cuales pueda crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas generales que afectan la esfera legal del particular, ya que se trata de una decisión derivada de su calidad de patrón encontrándose en un plano de coordinación o igualdad entre ambas partes; esto es, aquélla no actuó en un plano de supra a subordinación, pues se insiste que deriva de una relación de coordinación entre particulares, al derivar esa orden de medidas adoptadas por la administración pública estatal y la persona que presta sus servicios, que deviene de una relación de trabajo que tiene el promovente con la Junta de la Coordinación Política, dependiente del Congreso del Estado de Guerrero. Por lo que, el acto reclamado no proviene de una autoridad para los efectos del amparo, ni se trata de un acto de particular que se conduzca con tal carácter; de ahí, que no puede reclamarse en el juicio de amparo en la vía indirecta; ya que determinar lo contrario, sería tanto como admitir que todo conflicto trabajador-patrón deba dirimirse vía amparo, como medio ordinario de defensa, cuando éste es un medio extraordinario de impugnación de índole constitucional que debe hacerse valer contra los actos de autoridad, según la legislación de amparo. Por identidad de razón, resulta ilustrativa la Jurisprudencia 2a./J. 77/2004, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia administrativa, Novena Época, Tomo XX, Julio de 2004, página 428, que dice: "SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO. DE LOS CONFLICTOS SUSCITADOS CON MOTIVO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SUS AGENTES CORRESPONDE CONOCER, POR AFINIDAD, AL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia P./J. 24/95, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, septiembre de 1995, página 43, de rubro: "POLICÍAS MUNICIPALES Y JUDICIALES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO Y DE SUS MUNICIPIOS. SU RELACIÓN JURÍDICA ES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA.", estableció que los miembros de la Policía Municipal o Judicial de ese Estado, al constituir un cuerpo de seguridad pública, mantienen una relación de naturaleza administrativa con el Gobierno Local o Municipal, la cual se rige por las normas legales y reglamentarias correspondientes, por disposición expresa del artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con lo cual se les excluye, lo mismo que a los militares, marinos y personal del servicio exterior, como sujetos de una relación de naturaleza laboral con la institución a la que prestan sus servicios. En congruencia con tal criterio, y tomando en consideración que la Constitución y las leyes secundarias del Estado de Jalisco no señalan con precisión la competencia del Tribunal de Arbitraje y Escalafón o del Tribunal de lo Administrativo para conocer de las demandas promovidas por elementos de seguridad pública contra autoridades del propio Estado o de sus Ayuntamientos, para que se deduzcan pretensiones derivadas de la prestación de sus servicios en su condición de servidores públicos, es inconcuso que dicha competencia debe recaer en el mencionado Tribunal de lo Administrativo, por ser el más afín para conocer de la demanda relativa, en acatamiento al segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Federal, que consigna la garantía de acceso a la justicia. En las relatadas condiciones, SE DESECHA DE PLANO la presente demanda de amparo con fundamento en el precitado artículo 113 de la ley de la materia. Domicilio y autorizados. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa en su escrito de demanda; y, como su autorizados y únicamente para los mismos efectos a ********************y********************, en virtud de que no tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, asimismo a las demás personas por así haberlo solicitado expresamente. Juicio en línea. Conforme lo establece el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se invita a las partes a que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, además, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Consulta del expediente. Hágase del conocimiento de las partes que, en caso de requerirlo, en términos de la circular 12/2009, signada por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quedan a la vista los presentes autos, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita, dejando para tal efecto la razón correspondiente y firma del consultante; en el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Transparencia y datos personales. El presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el cuatro de mayo de dos mil quince, así como en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, también divulgada en dicho medio de comunicación oficial, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el entendido que, conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios, del último cuerpo legal, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo regulado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que contempla las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el diario supracitado, el seis de febrero de dos mil catorce. Igualmente, que la sentencia que se dicte en el presente asunto es pública; que les asiste el derecho para oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales y, en caso de allegar constancias que estimen son de considerarse reservadas y confidenciales, deberán expresar la norma jurídica que les atribuye tal carácter; en la inteligencia que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique con dichos datos. En ese sentido, con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley y su publicación, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el que establece las disposiciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el Consejo, en relación con la publicación de la totalidad de las sentencias, así como la implementación del buscador de sentencias especializado en el Sistema de Justicia Penal Adversarial, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de marzo de dos mil veinte. Se informa a las partes que están en posibilidad de consultar el expediente electrónico formado con motivo del presente juicio constitucional, de conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como con el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; por tanto, en atención a lo estipulado en los artículos 34, 35, 36, y 55, y demás relativos de dicho acuerdo general, previa solicitud expresa y acceso otorgado, mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, como firma electrónica o certificado digital institucional, podrán consultar el expediente electrónico relativo, así como solicitar que se les notifique electrónicamente de las resoluciones judiciales respectivas, en términos del artículo 26, fracción IV, de la legislación de la materia. Finalmente, de conformidad con el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Karina Castillo Flores, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario Jesús Humberto Muñoz Escoto, que autoriza y da fe.

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