Itzel Carranza Chávez

Expediente 674/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
674/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
21/08/2023

Partes del expediente

  • Itzel Carranza Chávez

Actuaciones

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintiuno de agosto de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta se advierte que feneció el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto de veintiséis de julio del año en curso, por el cual se desechó la demanda de amparo. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicho auto para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y su captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo archívense las actuaciones como asunto concluido. En tales condiciones, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 20, fracción IV del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que se trata de un expediente en el que se desechó la demanda de garantías y carece de relevancia documental; por lo que se establece como fecha probable el veintiuno de agosto de dos mil veintiséis. En cumplimiento al artículo 34 del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Notifíquese...

  2. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS Y VÍA ELECTRÓNICA A LA PARTE PROMOVENTE EL PROVEÍDO DE 26 DE JULIO DE 2023, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN II, INCISO C: "...Boca del Río, Veracruz, veintiséis de julio de dos mil veintitrés. Visto el escrito signado por Itzel Carranza Chávez, con anexos y nueve copias; en atención a su contenido, se advierte que cumple con lo requerido en proveído de catorce de julio del año en curso. DESECHAMIENTO En principio, conviene precisar que el artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En relación con ello, lo manifiesto se presenta cuando el motivo de improcedencia se desprende en forma patente y clara de la lectura de la demanda de amparo y de los documentos que se anexen. Asimismo, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. En ese sentido, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Lo anterior, con independencia de la amplitud o no de las consideraciones que sustenten la causal de improcedencia, dado que lo manifiesto e indudable deriva del ejercicio de subsunción entre los hechos manifestados por el quejoso y la correspondiente hipótesis normativa, lo que nada impide al operador jurídico sustentar consideraciones profundas o de gran amplitud. Ahora, del escrito aclaratorio de la demanda de amparo se advierte que la promovente reclama el auto de treinta de junio de dos mil veintitrés, emitido en el juicio ordinario civil 1862/2010 del índice del Juez Sexto de Primera Instancia, con residencia en la localidad Cabezas municipio de Puente Nacional, Veracruz, que ordena la cancelación de los descuentos que percibe el demandado José Rosales Cruz, con número de seguridad social 65805001016, de su pensión jubilatoria de Comisión Federal de Electricidad, y como consecuencia la expedición del oficio 2328, a través del cual se comunica la cancelación del descuento. Es necesario destacar que de la demanda de amparo, así como del escrito aclaratorio, se advierte que Itzel Carranza Chávez, no es ajena a la contienda del que deriva el acto reclamado, sino se trata de parte formal en éste, y que los actos que en esta vía pretende combatir fueron emitidos después de juicio, misma etapa en la que ésta promovió la solicitud de pago por el concepto de pensión retroactiva de la pensión jubilatoria de José Rosales Cruz (doce de octubre de dos mil veintidós). Sentado lo anterior, respecto del acto reclamado por la parte quejosa, el que suscribe estima que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, el cual a la letra señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." (.) Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo" El origen legislativo de dicho precepto legal se basó en la consideración que el juicio de amparo es un medio de control constitucional extraordinario, que debe promoverse como última alternativa de defensa de los gobernados, cuando consideren que los actos de autoridad violentan sus derechos fundamentales. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que un recurso es un medio de defensa instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a una resolución que lesione los intereses de la parte que se dice afectada, mediante el que se pueda lograr la invalidación o la modificación de la resolución impugnada, constituyéndose con esto uno de los principios que rige al juicio de amparo, el de definitividad, que consiste en que antes de promoverse el juicio constitucional debe agotarse el diverso juicio, recurso o medio de defensa legal, mediante el cual pueda impugnarse el acto de autoridad que se reclama en el amparo, sin que con esto se violenten derechos fundamentales de los justiciables; salvo los casos de excepción previstos en la ley, los cuales consisten en: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. e) Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. En consonancia con lo anterior, procede señalar que ha sido criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que para verificar la procedencia de un recurso, debe atenderse a la norma vigente al momento de la emisión del acto que se pretende combatir. Lo anterior se aprecia de la jurisprudencia 95/2013, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 180, Libro XXVI, Noviembre de 2013, Tomo 1, Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 2004849, de rubro y texto siguientes: "APELACIÓN EN EL JUICIO MERCANTIL. PARA LA PROCEDENCIA DE DICHO RECURSO POR RAZÓN DE LA CUANTÍA DEBE ATENDERSE, POR REGLA GENERAL, A LA NORMA VIGENTE AL MOMENTO DE APELAR, SALVO QUE EXISTAN DERECHOS ADQUIRIDOS O DISPOSICIONES TRANSITORIAS QUE PREVEAN UNA VIGENCIA ESPECÍFICA DEL SUPUESTO NORMATIVO.- La norma aplicable para determinar la procedencia del recurso de apelación en razón de la cuantía del juicio, prevista en los artículos 1339 y 1340 del Código de Comercio, debe ser la vigente al momento de actualizarse el supuesto respectivo, al ser de carácter procesal, es decir, cuando llegue el momento de apelar la sentencia, como regla general. Lo anterior, porque de acuerdo con las teorías de los derechos adquiridos y de los componentes de la norma, en las cuales se ha apoyado esta Suprema Corte de Justicia de la Nación para determinar la vigencia de las leyes en el tiempo, las facultades y cargas procesales de las partes se concretan en la etapa para la cual están previstas, de suerte que mientras no se actualice el supuesto normativo, el derecho no se ha adquirido sino sólo constituye una expectativa de derecho, y si la norma cambia antes de llegar a la etapa correspondiente, una vez actualizada ésta debe regir la nueva norma. Y lo mismo puede sostenerse bajo la teoría de los componentes de la norma, porque hasta que el procedimiento llega a cierta etapa tiene lugar el supuesto y, por tanto, también su consecuencia. Sin embargo, sobre dicha norma general se advierten dos excepciones que derivan: 1) de las normas transitorias de los decretos de reformas a tales preceptos, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 17 de abril y el 30 de diciembre de 2008, respectivamente, donde el legislador dispuso expresamente que las nuevas reglas no serían aplicables a juicios cuya demanda se hubiera admitido con anterioridad a la entrada en vigor del primer decreto (90 días después de su publicación); y, 2) del derecho adquirido por las partes que, antes de la reforma publicada en el mismo medio de difusión oficial el 9 de enero de 2012, hubieran interpuesto y se les hubiera admitido recurso de apelación preventiva, pues con esto se generó en su favor el derecho de apelar contra la sentencia definitiva, del cual no puede privárseles con la nueva regla que incrementa el importe mínimo del negocio para admitir el recurso respectivo, porque entonces ésta sería retroactiva en perjuicio de los interesados. Lo anterior, en el entendido de que el juzgador no debe desconocer la facultad de las partes de renunciar a los recursos a que tienen derecho, en términos del artículo 1053, fracción IV, en relación con los diversos 1051 y 1052 del Código de Comercio." En el caso del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz vigente, el artículo 525 contempla las hipótesis contra las que procede el recurso de queja, entre las cuales, en su fracción II incluye respecto de los actos dictados en ejecución de sentencia, cuya tramitación se regula en el numeral 527 del mencionado código, como se aprecia del contenido de dichos preceptos que es del tenor siguiente: "ARTÍCULO 525 El recurso de queja tiene lugar: I.- Contra el juez que se niegue a admitir una demanda o desconoce de oficio la personalidad de un litigante; II.- Respecto de los autos dictados en ejecución de sentencia; III.- Contra la denegación de apelación; IV.- En los demás casos fijados por la ley." "(REFORMADO, G.O. 8 DE ENERO DE 2016) ARTÍCULO 527 El recurso de queja en contra del Juez, se presentará ante el mismo, dentro de los dos días que sigan al acto reclamado. Dentro del término de tres días de interpuesto el recurso, el juez de los autos remitirá a la Secretaría General del Tribunal Superior de Justicia o, en su caso, a su superior inmediato, informe con justificación, acompañando al mismo copia legible de las constancias conducentes; recibido éste, el superior, dentro del tercer día, decidirá lo que corresponda. En todo momento se estará a lo siguiente: I. De proceder el Recurso de queja, se pondrá a vista de la contraparte en caso de que sea un juicio contencioso para que, dentro del término de dos días, manifieste lo que a sus intereses convenga y señale constancias para su substanciación en segunda instancia; y II. De proceder el recurso en el caso de la fracción III del artículo 525, en la resolución se dispondrá que el inferior admita y tramite la apelación conforme a las reglas contenidas en el Capítulo Primero de este Título." En efecto, contra autos dictados en ejecución de sentencia procede el recurso de queja, el cual resulta idóneo para combatirlo, porque puede tener como resultado que el recurso sea admitido, y además, contempla la intervención de la contraparte, al establecer que debe concedérsele vista para que manifieste lo que a su interés legal convenga y señale constancias para su tramitación. Por tanto, si se reclama el auto de treinta de junio del año en curso, pronunciado en la etapa de ejecución del juicio ordinario civil del Estado de Veracruz, en el que se declaró la cancelación de los descuentos que percibe el demandado José Rosales Cruz, con número de seguridad social 65805001016, de su pensión jubilatoria de Comisión Federal de Electricidad, se considera que procedía interponer el recurso de queja y, por ende, éste debía ser agotado antes de acudir a la vía constitucional. No se soslaya la tesis VII.1o.C.4 C (10a.), visible en la página 2695, Libro XIII, octubre de 2012, Tomo 4, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, registro 2001997, de rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. ES INNECESARIA LA INTERPOSICIÓN DE LA QUEJA POR DENEGADA APELACIÓN, EN CONTRA DEL AUTO DEL JUEZ QUE RECHAZA EL RECURSO DE APELACIÓN, PARA TENERLO POR AGOTADO (LEGISLACIÓN PROCESAL CIVIL DEL ESTADO DE VERACRUZ). La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 403/2011, de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 57/2012 (10a.), de rubro: "QUEJA POR DENEGADA APELACIÓN. NO SE REQUIERE SU INTERPOSICIÓN EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ QUE RECHAZA EL RECURSO DE APELACIÓN, PARA TENER POR SATISFECHO EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN MATERIA DE AMPARO (LEGISLACIÓN PROCESAL CIVIL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA).", interpretó el contenido de los artículos 709, fracción III y 711 del Código de Procedimientos Civiles de esa entidad federativa, y determinó que acorde a la evolución histórico legislativa de ese recurso, su interposición era idónea dado que persigue revocar la resolución recurrida; sin embargo, como en su tramitación no se prevé la intervención de la parte contraria al recurrente, tal recurso es de eficacia limitada de origen y, por ello, no se requería su interposición contra la resolución del Juez que rechaza el recurso de apelación, para tener por satisfecho el principio de definitividad, contenido en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo; por tanto, considerando que la redacción de los artículos 525, fracción III y 527 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, que reglamentan el trámite del recurso de queja por denegada apelación, en lo que importa, es similar a la de los citados preceptos de la legislación procesal civil del Estado de Baja California, que interpretó la Primera Sala, entonces, por idéntica razón, la resolución de la Sala responsable que rechaza el recurso de apelación, interpuesto contra la sentencia definitiva en juicios civiles, no necesita ser reclamada mediante el recurso de queja por denegada apelación contenido en el referido artículo 525, fracción III, para tener por satisfecho el principio de definitividad, previsto en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, atento a que en su trámite no se prevé la intervención de la parte contraria al recurrente." (El énfasis es añadido) Sin embargo, en dicho criterio se partió de la premisa de que en el trámite del recurso de queja no se preveía la participación de la parte contraria al recurrente antes de resolver, lo cual era así conforme al texto del citado artículo 527 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, que imperó hasta antes de las reformas contenidas en el decreto publicado el ocho de enero de dos mil dieciséis en la Gaceta Oficial del Estado, y dicho numeral era del tenor siguiente: "ARTÍCULO 527 El recurso de queja en contra del Juez, se presentará ante él mismo, dentro de los dos días que sigan al acto reclamado. Dentro del término de tres días de interpuesto el recurso, el juez de los autos remitirá a la Secretaría General del Tribunal Superior de Justicia o en su caso a su superior inmediato, informe con justificación, acompañando al mismo copia legible de las constancias conducentes; recibido éste, el superior dentro del tercer día, decidirá lo que corresponda. De proceder el recurso en el caso de la fracción III del artículo 525, en la resolución se dispondrá que el inferior admita y tramite la apelación conforme a las reglas contenidas en el Capítulo Primero de este Título." Como se observa de lo expuesto, en el citado decreto de reformas que entró en vigor al día siguiente de su publicación, como se aprecia de su artículo transitorio primero, se introdujo en el trámite del recurso de queja, la intervención del contrario en forma previa a su resolución, otorgándole la posibilidad para que dentro del término de dos días, manifieste lo que a sus intereses convenga y señale constancias para su substanciación en segunda instancia, por lo que actualmente la eficacia del recurso de queja contra actos dictados en ejecución de sentencia, ya no resulta limitada de origen, y en esa tesitura la queja se torna de tramitación necesaria para los efectos de observar el principio de definitividad. No obstante, la aplicación del mencionado criterio a cada caso particular dependerá de la norma que resulte aplicable de acuerdo con la fecha del acto reclamado, pues como quedó precisado, la disposición legal aplicable en materia de recursos es la imperante al momento de la emisión del acto que se pretende combatir. De ahí que cuando el acto que se pretende impugnara a través del juicio de amparo esté en la hipótesis del artículo 525 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, será exigible que sea impugnado a través del mencionado recurso de queja antes de acudir al juicio de amparo. De esta manera, el recurso de queja resulta idóneo para revocar la determinación en esta vía reclamada, conforme al cual se le da intervención a su contraparte, lo cual permite que sea exigible el agotamiento del citado recurso se exigible antes de acudir al juicio constitucional. Pues al justiciable se le impone la carga de agotar los recursos ordinarios, previamente a acceder a la justicia federal, porque tales medios no son meras exigencias formales para retardar la impartición de justicia, ni requisitos inocuos que deben cumplirse para conseguir la tutela judicial efectiva que garantiza la Constitución General de la República, sino que son, generalmente, instrumentos aptos para reparar oportuna y adecuadamente las violaciones a las leyes que se hayan cometido en el acto o resolución combatida. Aunado de que no se advierte que se actualice alguno de los supuestos de excepción señalados anteriormente, ya que la parte quejosa no es extraña al procedimiento ni se actualizan los casos de excepción previstos en la ley en su artículo 61, fracción XVIII, incisos a) a d). En ese sentido, tenemos que en el caso que nos ocupa no se observó el principio de definitividad, ya que existe la posibilidad de acudir ante el juez de origen a ejercitar o agotar el medio de impugnación correspondiente. Consecuentemente, como se adelantó, con fundamento en los artículos 113 y 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, procede DESECHAR la demanda de amparo. Sustenta la presente determinación, la jurisprudencia XXIV.2o. J/5 K (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, visible en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 75, febrero de 2020, Tomo III, página 2067, registro 2021644, de rubro y texto: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. CONSTITUYE LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO ACTUALIZA UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA INSUPERABLE, AL MARGEN DE LA AMPLITUD O NO DE LAS CONSIDERACIONES QUE EXPRESE EL OPERADOR JURÍDICO. En diversos criterios jurisprudenciales, entre los que destacan las tesis 1a./J. 32/2005, 2a./J. 54/2012 (10a.) y 2a./J. 115/2015 (10a.), la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han establecido que, por regla general, el auto inicial de trámite de la demanda de amparo no es la actuación procesal idónea para efectuar un "análisis profundo", para determinar la improcedencia del juicio. No obstante, cuando la actualización de la causal de improcedencia respectiva se observa de manera manifiesta e indudable, como lo exige el artículo 113 de la Ley de Amparo, a partir de la lectura del escrito de demanda y de los documentos anexos, es decir, cuando el operador jurídico se limita a efectuar un simple ejercicio de subsunción entre los hechos manifestados en forma clara por el quejoso y la correspondiente hipótesis normativa, con independencia de la amplitud o no de las consideraciones que exprese, ello no implica que dicho estudio se encuentre vedado al ser, aparentemente, de una profundidad tal que requiera de consideraciones adicionales al contenido de la propia demanda (motivación legal de la decisión), cuando, por el contrario, la improcedencia resulta clara y manifiesta, dada la naturaleza jurídica del acto reclamado y del reconocimiento de la parte quejosa sobre aspectos inherentes que le perjudican; por lo que frente a esas circunstancias, no se inobservan los criterios jurisprudenciales que censuran la posibilidad de que en el auto inicial se efectúe un "análisis profundo" para determinar la improcedencia del juicio de amparo. Es así, máxime que aquéllos se refieren a supuestos en los que el juicio constitucional es legal y racionalmente procedente, es decir, se justifica que la demanda de amparo se admita, porque potencialmente cabe la posibilidad (real, no ilusoria), de que una vez recibidos los informes de las autoridades y allegadas las pruebas de las partes, quede plenamente dilucidada la naturaleza jurídica del acto reclamado y, por ende, la procedencia del juicio constitucional en el que, además, podría dictarse una sentencia de fondo y/o amparadora, lo que no ocurre cuando por disposición legal y/o jurisprudencial se genera una causal expresa e insuperable de improcedencia, pues en estos casos, lo que potencialmente está de por medio, aun de admitirse la demanda, es el sobreseimiento en el juicio.". Sin que dicho pronunciamiento implique la inobservancia de los principios contenidos en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos a la protección más amplia de la persona, habida cuenta que si bien es cierto, de acuerdo con dicho numeral, a partir de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a respetar, promover, proteger y garantizar no sólo los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también los que se prevean en los instrumentos internacionales firmados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se entiende en la doctrina como el principio pro persona; lo cierto es que los órganos de control constitucional, sólo en el marco de sus competencias deben efectuar dicho control respecto de las normas jurídicas que analizan, siempre y cuando no se soslayen las cuestiones que afectan la procedencia del juicio de protección de derechos fundamentales. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2a./J. 56/2014 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, mayo de 2014, Tomo II, página 772, registro 2006485, de rubro y texto: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de ejercer sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica analizada, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función.". Asimismo, la tesis 1a. CCLXXVI/2012 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XV, diciembre de 2012, Tomo 1, página 530, registro 2002359, de rubro y texto: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas, también lo es que la aplicación de este principio no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales que puedan actualizarse en el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la interpretación pro persona se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos normas que regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable al caso concreto, lo que, por un lado, permite definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues la existencia de varias posibles soluciones a un mismo problema, obliga a optar por aquella que protege en términos más amplios, lo que implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho de la manera más extensiva y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo, si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. En consecuencia, la utilización de este principio, en sí mismo, no puede ser invocado como fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia en el juicio de amparo.". Notifíquese, personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintiséis de julio de dos mil veintitrés. Visto el escrito signado por Itzel Carranza Chávez, con anexos y nueve copias; en atención a su contenido, se advierte que cumple con lo requerido en proveído de catorce de julio del año en curso. DESECHAMIENTO En principio, conviene precisar que el artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En relación con ello, lo manifiesto se presenta cuando el motivo de improcedencia se desprende en forma patente y clara de la lectura de la demanda de amparo y de los documentos que se anexen. Asimismo, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. En ese sentido, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Lo anterior, con independencia de la amplitud o no de las consideraciones que sustenten la causal de improcedencia, dado que lo manifiesto e indudable deriva del ejercicio de subsunción entre los hechos manifestados por el quejoso y la correspondiente hipótesis normativa, lo que nada impide al operador jurídico sustentar consideraciones profundas o de gran amplitud. Ahora, del escrito aclaratorio de la demanda de amparo se advierte que la promovente reclama el auto de treinta de junio de dos mil veintitrés, emitido en el juicio ordinario civil 1862/2010 del índice del Juez Sexto de Primera Instancia, con residencia en la localidad Cabezas municipio de Puente Nacional, Veracruz, que ordena la cancelación de los descuentos que percibe el demandado José Rosales Cruz, con número de seguridad social 65805001016, de su pensión jubilatoria de Comisión Federal de Electricidad, y como consecuencia la expedición del oficio 2328, a través del cual se comunica la cancelación del descuento. Es necesario destacar que de la demanda de amparo, así como del escrito aclaratorio, se advierte que Itzel Carranza Chávez, no es ajena a la contienda del que deriva el acto reclamado, sino se trata de parte formal en éste, y que los actos que en esta vía pretende combatir fueron emitidos después de juicio, misma etapa en la que ésta promovió la solicitud de pago por el concepto de pensión retroactiva de la pensión jubilatoria de José Rosales Cruz (doce de octubre de dos mil veintidós). Sentado lo anterior, respecto del acto reclamado por la parte quejosa, el que suscribe estima que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, el cual a la letra señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." (.) Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo" El origen legislativo de dicho precepto legal se basó en la consideración que el juicio de amparo es un medio de control constitucional extraordinario, que debe promoverse como última alternativa de defensa de los gobernados, cuando consideren que los actos de autoridad violentan sus derechos fundamentales. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que un recurso es un medio de defensa instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a una resolución que lesione los intereses de la parte que se dice afectada, mediante el que se pueda lograr la invalidación o la modificación de la resolución impugnada, constituyéndose con esto uno de los principios que rige al juicio de amparo, el de definitividad, que consiste en que antes de promoverse el juicio constitucional debe agotarse el diverso juicio, recurso o medio de defensa legal, mediante el cual pueda impugnarse el acto de autoridad que se reclama en el amparo, sin que con esto se violenten derechos fundamentales de los justiciables; salvo los casos de excepción previstos en la ley, los cuales consisten en: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. e) Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. En consonancia con lo anterior, procede señalar que ha sido criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que para verificar la procedencia de un recurso, debe atenderse a la norma vigente al momento de la emisión del acto que se pretende combatir. Lo anterior se aprecia de la jurisprudencia 95/2013, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 180, Libro XXVI, Noviembre de 2013, Tomo 1, Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 2004849, de rubro y texto siguientes: "APELACIÓN EN EL JUICIO MERCANTIL. PARA LA PROCEDENCIA DE DICHO RECURSO POR RAZÓN DE LA CUANTÍA DEBE ATENDERSE, POR REGLA GENERAL, A LA NORMA VIGENTE AL MOMENTO DE APELAR, SALVO QUE EXISTAN DERECHOS ADQUIRIDOS O DISPOSICIONES TRANSITORIAS QUE PREVEAN UNA VIGENCIA ESPECÍFICA DEL SUPUESTO NORMATIVO.- La norma aplicable para determinar la procedencia del recurso de apelación en razón de la cuantía del juicio, prevista en los artículos 1339 y 1340 del Código de Comercio, debe ser la vigente al momento de actualizarse el supuesto respectivo, al ser de carácter procesal, es decir, cuando llegue el momento de apelar la sentencia, como regla general. Lo anterior, porque de acuerdo con las teorías de los derechos adquiridos y de los componentes de la norma, en las cuales se ha apoyado esta Suprema Corte de Justicia de la Nación para determinar la vigencia de las leyes en el tiempo, las facultades y cargas procesales de las partes se concretan en la etapa para la cual están previstas, de suerte que mientras no se actualice el supuesto normativo, el derecho no se ha adquirido sino sólo constituye una expectativa de derecho, y si la norma cambia antes de llegar a la etapa correspondiente, una vez actualizada ésta debe regir la nueva norma. Y lo mismo puede sostenerse bajo la teoría de los componentes de la norma, porque hasta que el procedimiento llega a cierta etapa tiene lugar el supuesto y, por tanto, también su consecuencia. Sin embargo, sobre dicha norma general se advierten dos excepciones que derivan: 1) de las normas transitorias de los decretos de reformas a tales preceptos, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 17 de abril y el 30 de diciembre de 2008, respectivamente, donde el legislador dispuso expresamente que las nuevas reglas no serían aplicables a juicios cuya demanda se hubiera admitido con anterioridad a la entrada en vigor del primer decreto (90 días después de su publicación); y, 2) del derecho adquirido por las partes que, antes de la reforma publicada en el mismo medio de difusión oficial el 9 de enero de 2012, hubieran interpuesto y se les hubiera admitido recurso de apelación preventiva, pues con esto se generó en su favor el derecho de apelar contra la sentencia definitiva, del cual no puede privárseles con la nueva regla que incrementa el importe mínimo del negocio para admitir el recurso respectivo, porque entonces ésta sería retroactiva en perjuicio de los interesados. Lo anterior, en el entendido de que el juzgador no debe desconocer la facultad de las partes de renunciar a los recursos a que tienen derecho, en términos del artículo 1053, fracción IV, en relación con los diversos 1051 y 1052 del Código de Comercio." En el caso del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz vigente, el artículo 525 contempla las hipótesis contra las que procede el recurso de queja, entre las cuales, en su fracción II incluye respecto de los actos dictados en ejecución de sentencia, cuya tramitación se regula en el numeral 527 del mencionado código, como se aprecia del contenido de dichos preceptos que es del tenor siguiente: "ARTÍCULO 525 El recurso de queja tiene lugar: I.- Contra el juez que se niegue a admitir una demanda o desconoce de oficio la personalidad de un litigante; II.- Respecto de los autos dictados en ejecución de sentencia; III.- Contra la denegación de apelación; IV.- En los demás casos fijados por la ley." "(REFORMADO, G.O. 8 DE ENERO DE 2016) ARTÍCULO 527 El recurso de queja en contra del Juez, se presentará ante el mismo, dentro de los dos días que sigan al acto reclamado. Dentro del término de tres días de interpuesto el recurso, el juez de los autos remitirá a la Secretaría General del Tribunal Superior de Justicia o, en su caso, a su superior inmediato, informe con justificación, acompañando al mismo copia legible de las constancias conducentes; recibido éste, el superior, dentro del tercer día, decidirá lo que corresponda. En todo momento se estará a lo siguiente: I. De proceder el Recurso de queja, se pondrá a vista de la contraparte en caso de que sea un juicio contencioso para que, dentro del término de dos días, manifieste lo que a sus intereses convenga y señale constancias para su substanciación en segunda instancia; y II. De proceder el recurso en el caso de la fracción III del artículo 525, en la resolución se dispondrá que el inferior admita y tramite la apelación conforme a las reglas contenidas en el Capítulo Primero de este Título." En efecto, contra autos dictados en ejecución de sentencia procede el recurso de queja, el cual resulta idóneo para combatirlo, porque puede tener como resultado que el recurso sea admitido, y además, contempla la intervención de la contraparte, al establecer que debe concedérsele vista para que manifieste lo que a su interés legal convenga y señale constancias para su tramitación. Por tanto, si se reclama el auto de treinta de junio del año en curso, pronunciado en la etapa de ejecución del juicio ordinario civil del Estado de Veracruz, en el que se declaró la cancelación de los descuentos que percibe el demandado José Rosales Cruz, con número de seguridad social 65805001016, de su pensión jubilatoria de Comisión Federal de Electricidad, se considera que procedía interponer el recurso de queja y, por ende, éste debía ser agotado antes de acudir a la vía constitucional. No se soslaya la tesis VII.1o.C.4 C (10a.), visible en la página 2695, Libro XIII, octubre de 2012, Tomo 4, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, registro 2001997, de rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. ES INNECESARIA LA INTERPOSICIÓN DE LA QUEJA POR DENEGADA APELACIÓN, EN CONTRA DEL AUTO DEL JUEZ QUE RECHAZA EL RECURSO DE APELACIÓN, PARA TENERLO POR AGOTADO (LEGISLACIÓN PROCESAL CIVIL DEL ESTADO DE VERACRUZ). La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 403/2011, de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 57/2012 (10a.), de rubro: "QUEJA POR DENEGADA APELACIÓN. NO SE REQUIERE SU INTERPOSICIÓN EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ QUE RECHAZA EL RECURSO DE APELACIÓN, PARA TENER POR SATISFECHO EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN MATERIA DE AMPARO (LEGISLACIÓN PROCESAL CIVIL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA).", interpretó el contenido de los artículos 709, fracción III y 711 del Código de Procedimientos Civiles de esa entidad federativa, y determinó que acorde a la evolución histórico legislativa de ese recurso, su interposición era idónea dado que persigue revocar la resolución recurrida; sin embargo, como en su tramitación no se prevé la intervención de la parte contraria al recurrente, tal recurso es de eficacia limitada de origen y, por ello, no se requería su interposición contra la resolución del Juez que rechaza el recurso de apelación, para tener por satisfecho el principio de definitividad, contenido en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo; por tanto, considerando que la redacción de los artículos 525, fracción III y 527 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, que reglamentan el trámite del recurso de queja por denegada apelación, en lo que importa, es similar a la de los citados preceptos de la legislación procesal civil del Estado de Baja California, que interpretó la Primera Sala, entonces, por idéntica razón, la resolución de la Sala responsable que rechaza el recurso de apelación, interpuesto contra la sentencia definitiva en juicios civiles, no necesita ser reclamada mediante el recurso de queja por denegada apelación contenido en el referido artículo 525, fracción III, para tener por satisfecho el principio de definitividad, previsto en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, atento a que en su trámite no se prevé la intervención de la parte contraria al recurrente." (El énfasis es añadido) Sin embargo, en dicho criterio se partió de la premisa de que en el trámite del recurso de queja no se preveía la participación de la parte contraria al recurrente antes de resolver, lo cual era así conforme al texto del citado artículo 527 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, que imperó hasta antes de las reformas contenidas en el decreto publicado el ocho de enero de dos mil dieciséis en la Gaceta Oficial del Estado, y dicho numeral era del tenor siguiente: "ARTÍCULO 527 El recurso de queja en contra del Juez, se presentará ante él mismo, dentro de los dos días que sigan al acto reclamado. Dentro del término de tres días de interpuesto el recurso, el juez de los autos remitirá a la Secretaría General del Tribunal Superior de Justicia o en su caso a su superior inmediato, informe con justificación, acompañando al mismo copia legible de las constancias conducentes; recibido éste, el superior dentro del tercer día, decidirá lo que corresponda. De proceder el recurso en el caso de la fracción III del artículo 525, en la resolución se dispondrá que el inferior admita y tramite la apelación conforme a las reglas contenidas en el Capítulo Primero de este Título." Como se observa de lo expuesto, en el citado decreto de reformas que entró en vigor al día siguiente de su publicación, como se aprecia de su artículo transitorio primero, se introdujo en el trámite del recurso de queja, la intervención del contrario en forma previa a su resolución, otorgándole la posibilidad para que dentro del término de dos días, manifieste lo que a sus intereses convenga y señale constancias para su substanciación en segunda instancia, por lo que actualmente la eficacia del recurso de queja contra actos dictados en ejecución de sentencia, ya no resulta limitada de origen, y en esa tesitura la queja se torna de tramitación necesaria para los efectos de observar el principio de definitividad. No obstante, la aplicación del mencionado criterio a cada caso particular dependerá de la norma que resulte aplicable de acuerdo con la fecha del acto reclamado, pues como quedó precisado, la disposición legal aplicable en materia de recursos es la imperante al momento de la emisión del acto que se pretende combatir. De ahí que cuando el acto que se pretende impugnara a través del juicio de amparo esté en la hipótesis del artículo 525 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, será exigible que sea impugnado a través del mencionado recurso de queja antes de acudir al juicio de amparo. De esta manera, el recurso de queja resulta idóneo para revocar la determinación en esta vía reclamada, conforme al cual se le da intervención a su contraparte, lo cual permite que sea exigible el agotamiento del citado recurso se exigible antes de acudir al juicio constitucional. Pues al justiciable se le impone la carga de agotar los recursos ordinarios, previamente a acceder a la justicia federal, porque tales medios no son meras exigencias formales para retardar la impartición de justicia, ni requisitos inocuos que deben cumplirse para conseguir la tutela judicial efectiva que garantiza la Constitución General de la República, sino que son, generalmente, instrumentos aptos para reparar oportuna y adecuadamente las violaciones a las leyes que se hayan cometido en el acto o resolución combatida. Aunado de que no se advierte que se actualice alguno de los supuestos de excepción señalados anteriormente, ya que la parte quejosa no es extraña al procedimiento ni se actualizan los casos de excepción previstos en la ley en su artículo 61, fracción XVIII, incisos a) a d). En ese sentido, tenemos que en el caso que nos ocupa no se observó el principio de definitividad, ya que existe la posibilidad de acudir ante el juez de origen a ejercitar o agotar el medio de impugnación correspondiente. Consecuentemente, como se adelantó, con fundamento en los artículos 113 y 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, procede DESECHAR la demanda de amparo. Sustenta la presente determinación, la jurisprudencia XXIV.2o. J/5 K (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, visible en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 75, febrero de 2020, Tomo III, página 2067, registro 2021644, de rubro y texto: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. CONSTITUYE LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO ACTUALIZA UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA INSUPERABLE, AL MARGEN DE LA AMPLITUD O NO DE LAS CONSIDERACIONES QUE EXPRESE EL OPERADOR JURÍDICO. En diversos criterios jurisprudenciales, entre los que destacan las tesis 1a./J. 32/2005, 2a./J. 54/2012 (10a.) y 2a./J. 115/2015 (10a.), la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han establecido que, por regla general, el auto inicial de trámite de la demanda de amparo no es la actuación procesal idónea para efectuar un "análisis profundo", para determinar la improcedencia del juicio. No obstante, cuando la actualización de la causal de improcedencia respectiva se observa de manera manifiesta e indudable, como lo exige el artículo 113 de la Ley de Amparo, a partir de la lectura del escrito de demanda y de los documentos anexos, es decir, cuando el operador jurídico se limita a efectuar un simple ejercicio de subsunción entre los hechos manifestados en forma clara por el quejoso y la correspondiente hipótesis normativa, con independencia de la amplitud o no de las consideraciones que exprese, ello no implica que dicho estudio se encuentre vedado al ser, aparentemente, de una profundidad tal que requiera de consideraciones adicionales al contenido de la propia demanda (motivación legal de la decisión), cuando, por el contrario, la improcedencia resulta clara y manifiesta, dada la naturaleza jurídica del acto reclamado y del reconocimiento de la parte quejosa sobre aspectos inherentes que le perjudican; por lo que frente a esas circunstancias, no se inobservan los criterios jurisprudenciales que censuran la posibilidad de que en el auto inicial se efectúe un "análisis profundo" para determinar la improcedencia del juicio de amparo. Es así, máxime que aquéllos se refieren a supuestos en los que el juicio constitucional es legal y racionalmente procedente, es decir, se justifica que la demanda de amparo se admita, porque potencialmente cabe la posibilidad (real, no ilusoria), de que una vez recibidos los informes de las autoridades y allegadas las pruebas de las partes, quede plenamente dilucidada la naturaleza jurídica del acto reclamado y, por ende, la procedencia del juicio constitucional en el que, además, podría dictarse una sentencia de fondo y/o amparadora, lo que no ocurre cuando por disposición legal y/o jurisprudencial se genera una causal expresa e insuperable de improcedencia, pues en estos casos, lo que potencialmente está de por medio, aun de admitirse la demanda, es el sobreseimiento en el juicio.". Sin que dicho pronunciamiento implique la inobservancia de los principios contenidos en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos a la protección más amplia de la persona, habida cuenta que si bien es cierto, de acuerdo con dicho numeral, a partir de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a respetar, promover, proteger y garantizar no sólo los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también los que se prevean en los instrumentos internacionales firmados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se entiende en la doctrina como el principio pro persona; lo cierto es que los órganos de control constitucional, sólo en el marco de sus competencias deben efectuar dicho control respecto de las normas jurídicas que analizan, siempre y cuando no se soslayen las cuestiones que afectan la procedencia del juicio de protección de derechos fundamentales. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2a./J. 56/2014 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, mayo de 2014, Tomo II, página 772, registro 2006485, de rubro y texto: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de ejercer sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica analizada, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función.". Asimismo, la tesis 1a. CCLXXVI/2012 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XV, diciembre de 2012, Tomo 1, página 530, registro 2002359, de rubro y texto: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas, también lo es que la aplicación de este principio no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales que puedan actualizarse en el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la interpretación pro persona se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos normas que regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable al caso concreto, lo que, por un lado, permite definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues la existencia de varias posibles soluciones a un mismo problema, obliga a optar por aquella que protege en términos más amplios, lo que implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho de la manera más extensiva y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo, si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. En consecuencia, la utilización de este principio, en sí mismo, no puede ser invocado como fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia en el juicio de amparo.". Notifíquese, personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Boca del Río, Veracruz, catorce de julio de dos mil veintitrés. Visto el escrito de demanda de derechos fundamentales con ocho copias y cinco anexos, presentada por Itzel Carranza Chávez, propio de derecho; fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno bajo el número 674/2023-2 que le correspondió y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. PREVENCIÓN Ahora, para emitir el pronunciamiento que corresponda, procede traer a contexto los artículos 108, 110 y 114 de la Ley de Amparo que establecen lo siguiente: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad; III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.ce.ec CAROLINA PULIDO GONZALEZ JUICIO DE AMPARO 674/2023-2 2 VI. Los preceptos que, conforme al artículo 1o de esta Ley, contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame; VII. Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción II del artículo 1o de esta Ley, deberá precisarse la facultad reservada a los estados u otorgada al Distrito Federal que haya sido invadida por la autoridad federal; si el amparo se promueve con apoyo en la fracción III de dicho artículo, se señalará el precepto de la Constitución General de la República que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida; y VIII. Los conceptos de violación." "Artículo 110. Con la demanda se exhibirán copias para cada una de las partes y dos para el incidente de suspensión, siempre que se pidiere y no tuviere que concederse de oficio. Esta exigencia no será necesaria en los casos que la demanda se presente en forma electrónica. El órgano jurisdiccional de amparo, de oficio, mandará expedir las copias cuando el amparo se promueva por comparecencia, por vía telegráfica o por medios electrónicos, lo mismo que en asuntos del orden penal, laboral tratándose de los trabajadores, cuando se puedan afectar intereses de menores o incapaces, así como los derechos agrarios de los núcleos de población comunal o ejidal o de los ejidatarios o comuneros, así como cuando se trate de quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio." "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura". De los preceptos transcritos se advierten los requisitos que debe contener la demanda; además, se desprende que al promover la demanda se debe exhibir copias suficientes de la misma y de su anexos para correr traslado a cada una de las partes, y para tramitar el 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.ce.ec CAROLINA PULIDO GONZALEZ JUICIO DE AMPARO 674/2023-2 3 ??????????????? incidente de suspensión; en la inteligencia que si se omite alguno de los requisitos de la demanda o no se exhiben las copias necesarias para correr traslado, el juzgador se encuentra obligado a requerir al demandado para que subsane dichas irregularidades. En el caso, de la demanda de amparo se advierte que los actos reclamados en esencia consisten en: a) el auto dictado el treinta de junio de dos mil veintitrés, en el expediente 1862/2010, del índice del Juzgado Sexto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Veracruz, con sede en localidad Cabezas municipio de Puente Nacional, Veracruz, con sede en Veracruz, Veracruz, y b) el oficio 2328 de cinco de julio de este año, dirigido al pagador del Instituto Mexicano del Seguro Social a través del cual se notifica la determinación en comento. También se aprecia que los hechos que constituyen los antecedentes de los actos reclamados no son claros, ni tienen una secuencia cronológica de la secuencia de éstos que permitan evidenciar la litis, así como el diverso procedimiento que dio origen a la cancelación de la pensión alimenticia que se había decretado en favor de la aquí quejosa en los autos 1862/2010, pues en el propio escrito de cuenta, se señala que el pago por el concepto del veinte por ciento del sueldo y demás prestaciones de José Rosales Cruz, como jubilado del Instituto Mexicano del Seguro Social, era una prestación que no venía gozando, ya que en el sumario sólo se contaba con la información relativa a que el demandado era trabajador de Comisión Federal de Electricidad, omitiendo su diversa fuente de ingresos. De igual manera, se observa que el pago que se realizaba a Itzel Carranza Chávez por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social se trata de una pensión alimenticia retroactiva que comprende del catorce de junio 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.ce.ec CAROLINA PULIDO GONZALEZ JUICIO DE AMPARO 674/2023-2 4 de dos mil trece hasta la fecha de la orden de cancelación, sin que se precise qué fecha es la orden de cancelación, cuenta habida que del contenido del oficio 3805 de ocho de julio de dos mil veintidós, emanado del expediente del que derivan los actos reclamados, se advierte que en resolución emitida el siete de noviembre de dos mil dieciocho, en el toca 1964/2023, se confirmó la sentencia dictada en el juicio ordinario civil 3135/2014, del índice del Juzgado Décimo de Primera Instancia en Materia de Familia que condenó a Luisa Citlali Rosales Carranza - descendiente de la aquí quejosa- a la cancelación de la pensión alimenticia que venía percibiendo, y fijada en el expediente 1862/2010, empero, de ese oficio se aprecia que ésta se trata de la cancelación de la descendiente, y en ese mismo se ordena realizar el descuento del veinte por ciento del sueldo y demás prestaciones de José Rosales Cruz como jubilado del Instituto Mexicano del Seguro Social en favor de Itzel Carranza Chávez. Sin embargo, de una misiva emitida con posterioridad en el expediente de origen, esto es, el oficio 9326 de veintisiete de octubre de dos mil veintidós, entre otros, se solicitó al Instituto Mexicano del Seguro Social informe si se realizaron los descuentos del cuarenta por ciento en el sueldo y demás prestaciones de José Rosales Cruz, a partir del catorce de junio de dos mil trece, hasta la fecha de la orden de cancelación de la pensión alimenticia que correspondía a Luisa Citlali Rosales Carranza, y en caso negativo, ordenó que se realizaran los descuentos de forma retroactiva y las cantidades que resulten sean depositadas a Itzel Carranza Chávez. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por artículo 108, fracción IV y V, así como en el 114, fracciones I, II y IV, de la Ley de Amparo, requiérase a la promovente Adelina Reyes Vela, para que dentro del término de cinco 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.ce.ec CAROLINA PULIDO GONZALEZ JUICIO DE AMPARO 674/2023-2 5 ??????????????? días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que se le haga del presente proveído, por escrito, bajo protesta de decir verdad, con copia para la autoridad responsable, parte tercero interesada y fiscal del ministerio público federal adscrita: 1. Cuál es el acto o actos que de manera específica reclama. 2. Indicar la fecha en que conoció el acto o actos reclamados, en la inteligencia que si son varios actos deberá precisar la fecha en que conoció cada uno de ellos. 3. Narrar de forma clara, precisa y en orden cronológico los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto o actos que señale. Todo lo anterior, deberá expresarlo bajo protesta de decir verdad, a fin de cumplir con el requisito previsto en la fracción V del artículo 108 de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 127/99, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y dos y Tomo X, Noviembre de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 192843, de rubro: "PROTESTA DE DECIR VERDAD. ES UN REQUISITO FORMAL QUE DEBE MANIFESTARSE DE MANERA EXPRESA EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO, QUE NO PUEDE SER SUSTITUIDO POR LA EXPRESIÓN FINAL "PROTESTO LO NECESARIO" Y CUYA OMISIÓN PUEDE LLEVAR AL JUZGADOR DE AMPARO A TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA. Al señalar el artículo 116, fracción IV de la Ley de Amparo, como requisito en la demanda, el relativo a que el quejoso manifieste "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, estableció, con este requisito legal, que no constituye una fórmula sacramental o solemne, la obligación a cargo del quejoso de manifestar que su relato de hechos lo hace con sujeción a la verdad. Ahora bien, la omisión de esa declaración, puede llevar al juzgador a tener por 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.ce.ec CAROLINA PULIDO GONZALEZ JUICIO DE AMPARO 674/2023-2 6 no interpuesta la demanda, en caso de que el solicitante del amparo no llene ese requisito cuando sea prevenido para ello, de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo. De igual forma, el hecho de que, aun habiendo realizado la protesta de decir verdad, el quejoso incurra en falsedad, lo hace acreedor a las sanciones privativas de libertad o pecuniarias, establecidas en el artículo 211 de la Ley de Amparo. De ahí que la frase "Protesto lo necesario", que aparece comúnmente al final de una demanda, como expresión de cortesía y que deja ver que el ocursante manifiesta a la autoridad sus respetos, atenciones y consideraciones no puede ser utilizada en sustitución de la protesta de decir verdad, establecido como requisito en la demanda de amparo, ya que ambas expresiones tienen contenidos y finalidades distintas." Así como la diversa jurisprudencia 2a./J. 88/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos cuarenta y ocho, Tomo XXIV, Julio de 2006, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, registro 174745 del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA. El artículo 116 de la Ley de Amparo establece, en sus fracciones I y IV, que la demanda de amparo deberá formularse por escrito, en la que se expresarán el nombre y domicilio del quejoso y de quien promueve en su nombre, así como la ley o acto que de cada autoridad se reclama, manifestando aquél, bajo protesta de decir verdad, cuáles son los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe ser realizado forzosamente, en términos de la fracción I señalada, por quien promueve la demanda, dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse, motivo por el cual el autorizado por el quejoso en los términos amplios a que se refiere el artículo 27 de la ley citada, no puede desahogar la prevención relativa a que se exprese la protesta de decir verdad omitida en la demanda, pues ello se traduciría en hacer suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a la mencionada 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.ce.ec CAROLINA PULIDO GONZALEZ JUICIO DE AMPARO 674/2023-2 7 ??????????????? presentación de la demanda; además de que los derechos y obligaciones procesales que conlleva su autorización, son a partir de esa presentación y no antes." Asimismo, resulta relevante la tesis número P./J. 36/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XIII, de Abril de dos mil uno, Novena Época, página 79, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO." Con el apercibimiento que de no cumplir con lo antes requerido en el plazo concedido para ello, así mismo de no acompañar las copias de su escrito aclaratorio como partes sean en el juicio, se tendrá por no presentada la demanda de protección de derechos fundamentales, en términos del artículo 114, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Se destaca a la parte quejosa que el objetivo de la prevención que ahora se formula es fijar correctamente la litis constitucional, requisito que a la postre representa un beneficio para la solicitante de la protección federal al momento de realizar el estudio de la constitucionalidad del acto y una posible restitución en el goce del derecho humano violentado; además de que contribuye a que el adecuado trámite del juicio de amparo. Ello, pues el artículo 17 de nuestra Carta Magna dispone que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial; de lo que se obtiene la tutela al derecho de acceso a la justicia, entendido como un valor social que debe ser realizado.

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