Itiel Palacios García
Expediente 143/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 143/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 03/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Itiel Palacios García
Actuaciones
- Principal
Boca del Río, Veracruz, tres de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que surta efectos legales procedentes el oficio signado electrónicamente por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Coahuila, con sede en Saltillo. En atención a su contenido, se le tiene informando que se aceptó la competencia declinada por este órgano jurisdiccional, la cual quedó registrada con el número 214/2022, y se avocó a su conocimiento. De lo que esta autoridad toma conocimiento; háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese este cuaderno de antecedentes como asunto totalmente concluido. Así, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso j) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, toda vez que se trata de un expediente en el que declinó la competencia para conocer del asunto, por lo que se establece como fecha probable el tres de octubre de dos mil veinticinco. En cumplimiento al artículo 35 del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Notifíquese.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintinueve de marzo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio 10883/2022, remitido por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Saltillo; en atención a su contenido, téngasele devolviendo diligenciado el exhorto 69/2022, número de orden 105/2022, del índice de este órgano jurisdiccional, mediante el cual se solicitó notificar a la parte quejosa el auto de diecisiete de febrero pasado, lo cual tuvo verificativo el veintidós de marzo del año en curso, como se corrobora en la constancia de notificación adjunta a la comunicación oficial de cuenta. Así, dese de baja el aludido exhorto, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, así como su captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, diecisiete de febrero de dos mil veintidós. Visto el oficio 279-VIII, signado por el Secretario de este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, agréguese a los autos para los efectos legales correspondientes; en atención a su contenido y derivado de que en el diverso juicio de amparo indirecto 669/2021-VIII no se acordó favorablemente la ampliación de la demanda presentada por Itiel Palacios García; háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y regístrese el expediente 143/2022-I. ANTECEDENTES Primeramente, como se estableció en el auto de catorce de febrero de este año, en el juicio de amparo 669/2021-VIII del índice de este Juzgado de Distrito, consta que la persona quejosa reclama de la Directora General del Centro Penitenciario Federal número 18, CPS-18, en Ramos Arizpe, Coahuila, lo siguiente: ".1. La negativa de solicitar se me programe para cirugía por quiste en testículo izquierdo e ingle. 2. la negativa de ordenar y solicitar se me proporcione atención médica especializada para que se (sic) tratado de mis vías respiratorias y de la columna vertebral. 3. La negativa de proporcionarme tenis necesarios para aminorar mis dolores en mi columna vertebral." Al respecto, como se puntualizó en el auto citado, los actos recién enumerados se encuentran relacionados con la falta de proporcionar al promovente de amparo atención médica especializada que estima necesaria, es decir, se duele de que no se le ha proporcionado el tratamiento adecuado para los padecimientos de salud que refiere. Actos que consisten, esencialmente, en la falta de atención médica especializada, los cuales constituyen omisiones inherentes a las condiciones de su internamiento en el centro de reinserción federal en que se encuentra recluido. En efecto, el quejoso reclama la negativa de solicitar se le programe para cirugía por quiste en testículo izquierdo e ingle; la negativa de ordenar y solicitar se le proporcione atención médica especializada para que sea tratado de sus vías respiratorias y de su columna vertebral; así como la negativa de proporcionarle tenis necesarios para aminorar los dolores en su columna vertebral, las cuales se insiste, a juicio de quien esto suscribe, en su caso, constituyen omisiones inherentes a las condiciones de su internamiento en el centro de reinserción federal en que se encuentra recluido. INCOMPETENCIA Las cuestiones competenciales son de orden público y, por ende, de estudio preferente, pues atañen a las facultades que la ley otorga a los Juzgadores para conocer y resolver los asuntos que les son turnados; por tanto, antes de decidir sobre la admisión de la demanda de amparo que nos ocupa es menester analizar tal cuestión. Para establecer la competencia, no sólo se debe atenderse el planteamiento hecho en la demanda de amparo, sino que es necesario analizarla de manera integral, así como los demás elementos que se alleguen a aquélla para deducir los datos que, razonablemente, hagan posible conocer la materia jurídica del acto reclamado, a fin de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del asunto. Lo anterior se apoya en la tesis 1a. II/92, sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: COMPETENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ANALIZAR DE MANERA INTEGRAL EL CONTEXTO DE LA DEMANDA DE AMPARO, ASÍ COMO DE LOS DEMÁS ELEMENTOS QUE SE ALLEGUEN A LA MISMA, PARA FIJAR SU. Establecido lo anterior, el suscrito considera que este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en la ciudad de Boca del Río, carece de competencia legal, por razón de territorio, para conocer y resolver el presente asunto, conforme con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 49 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 37 de la Ley de Amparo; así como el Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; como enseguida se explica. El artículo 37 de la Ley de Amparo prevé lo siguiente: Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Del citado precepto se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los jueces de distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo: a) La primera se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de llevarse a cabo, se realice o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución. b) La segunda, establece que en el caso de que el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito o haya comenzado a ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro, entonces cualquiera de los jueces federales de esas jurisdicciones, que haya prevenido, será el competente para conocer de la demanda de amparo. c) En el tercer párrafo del precepto en comento se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, resulta competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De la primera regla se advierte que el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Conforme a este supuesto, basta que quede debidamente evidenciado el lugar en donde deba ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, para que el Juez Federal que ejerza jurisdicción en ese ámbito territorial sea el que naturalmente conozca del juicio de amparo. Ahora bien, como quedó asentado, la parte quejosa reclama la negativa de solicitar se le programe para cirugía por quiste en testículo izquierdo e ingle; la negativa de ordenar y solicitar se le proporcione atención médica especializada para que sea tratado de sus vías respiratorias y de su columna vertebral; así como la negativa de proporcionarle tenis necesarios para aminorar los dolores en su columna vertebral. Actos u omisiones inherentes a las condiciones de internamiento del promovente del amparo en el centro de reinserción federal en que se encuentra recluido. Así, atendiendo a la naturaleza del reclamo, y de conformidad con el numeral 4o. de la Constitución Federal en relación con los artículos 34, 73, 74, 76 y 77 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las autoridades penitenciarias se encuentran obligadas a proporcionar atención médica a las personas que se encuentran privadas de su libertad. En ese contexto, la omisión de brindar atención médica a la persona quejosa por las autoridades penitenciarias, produce consecuencias materiales en el mundo fáctico, pues existe un vínculo indisoluble entre: a) la obligación del Estado de proporcionar atención médica a las personas privadas de su libertad en su centro de reinserción social; b) la omisión de proporcionar dichos servicios a dichas personas; y c) la afectación del derecho fundamental a la salud en éstos, en el caso de que tal servicio no se proporcione. De esta manera, se actualiza la regla de competencia prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, por lo que debe conocer de dicha demanda el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el domicilio del centro penitenciario donde se encuentre recluido el promovente de amparo. Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia 1a./J. 86/2019 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Décima Época, Libro 73, Diciembre de 2019, Tomo I, página 254, de contenido: OMISIÓN DE BRINDAR ATENCIÓN MÉDICA A PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD. ES LEGALMENTE COMPETENTE PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN EN EL DOMICILIO DONDE SE ENCUENTRE EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO EN EL QUE SE ENCUENTRE RECLUIDA LA PERSONA. De conformidad con el numeral 4o. de la Constitución Federal en relación con los artículos 34, 73, 74, 76 y 77 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las autoridades penitenciarias se encuentran obligadas a proporcionar atención médica a las personas que se encuentran privadas de su libertad. En ese contexto, la omisión de brindar atención médica por parte de las autoridades penitenciarias, produce consecuencias materiales en el mundo fáctico, pues existe un vínculo indisoluble entre: a) la obligación del Estado de proporcionar atención médica a las personas privadas de su libertad en su centro de reinserción social; b) la omisión de proporcionar dichos servicios a dichas personas; y c) la afectación del derecho fundamental a la salud en éstos, en el caso de que tal servicio no se proporcione. De esta manera, se actualiza la regla de competencia prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, por lo que debe conocer de dicha demanda el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el domicilio del centro penitenciario donde se encuentre recluido el promovente de amparo. Por tanto, como este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo de que se trata, conforme al artículo 37 de la Ley de Amparo, con apoyo en el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, procede declinar la competencia en favor del Juzgado de Distrito en el Estado de Coahuila, con residencia en Saltillo, en turno, al ser el órgano de control constitucional que ejerce jurisdicción en el lugar donde se ubica el centro penitenciario federal en el cual se encuentra recluido el quejoso. Por consiguiente, remítase a dicho juzgado el expediente en que se actúa; solicitándole tenga a bien informar si acepta o no la competencia. Importa precisar que en el referido auto de catorce de febrero de este año, en el juicio de amparo 669/2021-VIII del índice de este Juzgado de Distrito, se advirtió que si bien en la demanda el quejoso manifiesta que su familia solicitó al médico Alfonso Olivares Miravete, Especialista en Urología, una opinión técnica respecto del quiste que presenta en su testículo izquierdo, en la que este, el treinta de septiembre de dos mil veintiuno concluyó esencialmente, que en caso de no realizarse una intervención oportuna al quejoso, corre el riesgo de tener un cuadro infeccioso inminente (peritonitis), y perder la vida. Sin embargo, se dijo que de la diversa constancia médica exhibida por el propio quejoso, consistente en el Resumen Clínico, expedido por el Doctor Jesús Guadalupe Nuncio Bárcenas, adscrito al Hospital Regional Saltillo, se observó que el quejoso requiere intervención quirúrgica para resolución de padecimiento, por lo que se le dio cita para consulta a programación de cirugía efectiva y selectiva, y se le dieron indicaciones, así como señales de alarma que en caso de presentarlas, debería acudir inmediatamente al hospital para revalorarse. De lo que se concluyó que la opinión emitida por el primer médico ya fue tomada en consideración por la autoridad penitenciaria, y en atención de ella trasladó posteriormente al quejoso al hospital de referencia, teniéndose como resultado la valoración emitida por el segundo de los galenos mencionados, en la que se estimó que la cirugía que requiere el quejoso puede ser programada y solo en caso de presentar las señales de alarma indicadas deberá acudir inmediatamente al hospital. No obstante lo anterior, en términos del artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en atención al derecho a la protección a la salud inherente a todo ciudadano, se requirió a la Directora General del Centro Penitenciario Federal 18 "CPS COAHUILA", con residencia en Ramos Arizpe, Coahuila, para que informara el estado de salud que actualmente guarda el quejoso Itiel Palacios García, además, en atención a la suspensión de plano otorgada en ese diverso juicio de amparo, en caso de que con motivo de algún padecimiento de los que refiere o algún otro se ponga en riesgo la vida del quejoso, se dijo a la autoridad que debería proporcionarle de manera urgente el tratamiento y los medicamentos adecuados, e informar a este órgano jurisdiccional el resultado de las gestiones realizadas. Por lo que no se advierte que el suscrito juzgador deba pronunciarse en este momento respecto a alguna medida que amerite urgencia, dado que ya se proveyó al respecto. NOTIFICACIÓN AL QUEJOSO Debido a que el quejoso Itiel Palacios García se encuentra recluido en el Centro Penitenciario Federal 18 "CPS" Coahuila, esto es, fuera de la sede territorial de este Juzgado de Distrito, con fundamento en los artículos 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento exhorto al Juez de Distrito en el Estado de Coahuila, con residencia en Saltillo, en turno, para que en auxilio de las labores de este juzgado, notifique al promovente de amparo el contenido del presente proveído, en el lugar donde se encuentra recluido. A fin de cumplimentar lo anterior, indíquesele a juez exhortado que con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se le faculta para que habilite días y horas inhábiles, para que esté en posibilidad de llevar a cabo la diligencia encomendada. Envíese el exhorto de mérito a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Toda vez que no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen, puedan hacer uso del escáner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el secretario del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. EXPEDICIÓN DE COPIAS Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2°, en relación con el 3° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, las cuales no causarán contribución alguna. DÍAS Y HORAS HABILITADOS Con apoyo en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Así también, con fundamento en el numeral 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye a los Secretarios supervisen que se incorporen al expediente electrónico todas las promociones, documentos y determinaciones relacionadas con este controvertido, a fin de que concuerde en su totalidad con el expediente impreso. Notifíquese vía exhorto al quejoso.
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