Itzel Adela Vázquez Cortés

Expediente 1067/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 10 actuaciones registradas, la última del 18 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1067/2019
Año
2019
Actuaciones
10
Última actuación
18/12/2019

Partes del expediente

  • Itzel Adela Vázquez Cortés

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la sentencia emitida en autos, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, sin que lo hayan hecho. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Por tanto, toda vez que el cumplimiento de la ejecutoria de amparo es de orden público y el Juez de Distrito debe vigilar su acatamiento, con fundamento en el artículo 193, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable para que dentro del término de tres días contado a partir de su legal notificación, remita a este juzgado las constancias relativas al cumplimiento al fallo protector, con el apercibimiento que de no cumplir con ello este juzgado procederá de la forma siguiente: Realizará el pronunciamiento respectivo; Determinará las multas procedentes de conformidad con los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo; y, Remitirá los autos al tribunal colegiado que corresponda, a efecto de que determine lo correspondiente al incidente de inejecución respectivo. Cobra aplicación la jurisprudencia P.J. 54/2014 (10a.) décima época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO LES DA CUMPLIMIENTO DENTRO DEL PLAZO DE 3 DÍAS, A PESAR DE HABER SIDO NOTIFICADA DE LOS REQUERIMIENTOS RESPECTIVOS, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ANALIZAR SI LA COMPLEJIDAD O DIFICULTAD PARA REALIZARLO AMERITA LA AMPLIACIÓN DEL TÉRMINO, O SI EL ASUNTO REVISTE URGENCIA Y NOTORIO PERJUICIO AL QUEJOSO, DEBE ORDENARLO INMEDIATAMENTE POR LOS MEDIOS OFICIALES DE QUE DISPONGA, DE LO CONTRARIO, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, AL RESOLVER EL INCIDENTE CORRESPONDIENTE, LE DEVOLVERÁ LOS AUTOS PARA QUE LO HAGA. De la interpretación funcional de los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, armonizada conforme al sistema al que pertenecen, se concluye que es obligación del Juez de Distrito, una vez que se han notificado los requerimientos a la autoridad responsable, requerirla para que cumpla con la ejecutoria protectora dentro del plazo de tres días; no obstante, si la responsable no lo hace a pesar de haber sido prevenida, dicho juzgador federal está obligado a analizar si la complejidad o dificultad para realizarlo amerita que se amplíe el plazo para que la autoridad responsable cumpla; o bien, si el caso reviste urgencia y notorio perjuicio al quejoso, debe ordenar el cumplimiento inmediato de la ejecutoria protectora por los medios oficiales de que disponga. Luego, si la ejecutoria no quedó cumplida en el plazo que se fije, el juzgador de amparo hará el pronunciamiento respectivo, imponiendo las multas procedentes y remitiendo los autos al Tribunal Colegiado de Circuito; sin embargo, si el Juez de Distrito no realiza el análisis relativo a la complejidad o urgencia del cumplimiento de sentencia, ese órgano colegiado, al resolver el incidente correspondiente, le devolverá los autos del juicio para que lo haga." En el entendido de que en la resolución pronunciada en autos se concedió la protección constitucional a la parte quejosa, la cual se concedió para el efecto de que el Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, realice lo siguiente: a) Deje insubsistente la sentencia de ocho de julio del año en curso pronunciada por la Magistrada de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán dentro del toca 217/2019; y, b) En su lugar, atendiendo a las consideraciones establecidas en esta sentencia, emita otra, en la que revoque la interlocutoria que declaró improcedente el incidente de litisconsorcio pasivo necesario dictada por el Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil de Lázaro Cárdenas, Michoacán, en el juicio civil 662/2018, que sobre responsabilidad civil objetiva promueve Express Arime, Sociedad Anónima de Capital Variable frente a la quejosa, para que en su lugar, estime configurada esa institución procesal. Concesión que se hace extensiva al acto de ejecución que se reclama al Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil de Lázaro Cárdenas, Michoacán, al no haberse impugnado por vicios propios. Apoya lo expuesto la jurisprudencia V.2o. J/6, visible a fojas 267, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, Junio de 1995, del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, que dice: "AUTORIDADES EJECUTORAS. Si no aparece que la autoridad que ordenó el acto, ha violado con él garantías individuales, lo mismo debe afirmarse respecto de las autoridades que son meras ejecutoras, si de esta autoridad no se combaten actos por vicios propios." Con el apercibimiento que de no hacerlo, sin causa justificada, se le impondrá una multa de manera individual, por el equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización (UMA), cuya cuantía va en directa proporción al cargo que ostenta y emolumentos que por esa causa recibe, de conformidad con el artículo 192, segundo párrafo, en relación con los diversos 238 y 258, todos de la Ley de Amparo. Además, se remitirá el expediente al tribunal colegiado competente o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, para seguir el trámite de inejecución que puede culminar con la separación del puesto del titular de la autoridad responsable y su consignación ante la autoridad judicial. Finalmente, devuélvase a la autoridad responsable, las constancias que remitió al presente juicio en apoyo a su informe justificado, mismas que obran en dos tomo de pruebas, por ser innecesaria su retención. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el sistema del SISE el auto de veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    VISTOS los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 1067/2019, promovido por Ana Bárbara Cabrera Aceves, en cuanto apoderada de Itzel Adela Vázquez Cortés, contra actos del Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad y de otra autoridad; y, RESULTANDO: Primero. Presentación en la vía directa. Mediante escrito presentado el siete de agosto de esta anualidad ante la oficialía de partes de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán (foja 16), Ana Bárbara Cabrera Aceves, en cuanto apoderada de Itzel Adela Vázquez Cortés, demandó en la vía directa, el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la titular de ese órgano jurisdiccional y de otra autoridad, que estimó violatorios de los derechos tuteladas en los artículos 14 y 16 constitucionales. Por lo anterior, la citada autoridad responsable realizó los trámites previstos por el artículo 178 de la Ley de Amparo y por oficio 1146 presentado el veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve ante la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Décimo Primer Circuito (foja 19), rindió su informe justificado, al que acompañó los autos originales del toca civil 662/2018 y un cuaderno formado con motivo del amparo directo promovido en ese juicio. Por razón de turno, el conocimiento de la demanda de amparo intentada inicialmente en la vía directa, correspondió al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, quien la recibió el veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve (foja 2) y mediante auto de veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve, se declaró incompetente para conocer de la misma, en atención a que el acto reclamado consistente en la sentencia de ocho de julio del año en curso pronunciada por el Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, dentro del toca 217/2019, que confirmó la interlocutoria que declaró improcedente el incidente sobre litisconsorcio pasivo necesario dictada por el Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil de Lázaro Cárdenas, Michoacán, en el juicio civil 662/2018, no se encuentra dentro de los supuestos de procedencia del juicio de amparo directo. Segundo. Avocamiento y trámite. Por razón de turno, correspondió a este juzgado el conocimiento del presente asunto, quien en auto de dos de octubre de dos mil diecinueve (foja 51) la tuvo por recibida y en la propia fecha, la admitió a trámite, dio vista a las partes con los informes justificados rendidos por el Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán (foja 19) y por el Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en Lázaro Cárdenas, Michoacán (foja 37) y otorgó a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal que le compete. De la misma forma, en ese auto se requirió a la parte quejosa para que en el término de tres días proporcionara el domicilio en el que se pudiera verificar el emplazamiento de la moral tercera interesada Express Arime, Sociedad Anónima de Capital Variable; diligencia de llamado a juicio que se verificó en el domicilio proporcionado por la parte quejosa mediante promoción presentada el diez de octubre del año en curso (foja 87), en la ciudad de Celaya, Guanajuato. Finalmente, a las once horas con treinta minutos del doce de noviembre de dos mil diecinueve se llevó a cabo la celebración de la audiencia constitucional, en los términos del acta que antecede, por lo que ahora se procede a dictar sentencia al tenor de las siguientes: CONSIDERANDOS: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, dado que la resolución que constituye el acto reclamado, consistente en la sentencia de ocho de julio del año en curso pronunciada por el Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, dentro del toca 217/2019, que confirmó la interlocutoria que declaró improcedente el incidente sobre litisconsorcio pasivo necesario dictada por el Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil de Lázaro Cárdenas, Michoacán, en el juicio civil 662/2018, constituye un acto declarativo carente de ejecución. Segundo. Fijación del acto reclamado. Conforme a lo establecido por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es fijar el acto reclamado. Al respecto resulta aplicable la tesis aislada P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente contenido y rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el citado precepto legal, con el criterio mencionado y atendiendo además al contenido de las constancias que obran en autos, los actos reclamados por la parte quejosa es: Sentencia de ocho de julio del año en curso pronunciada por el Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán dentro del toca 217/2019, que confirmó la interlocutoria que declaró improcedente el incidente de litisconsorcio pasivo necesario dictada por el Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil de Lázaro Cárdenas, Michoacán, en el juicio civil 662/2018, que sobre responsabilidad civil objetiva promueve Express Arime, Sociedad Anónima de Capital Variable frente a la quejosa. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, P./J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente rubro y contenido: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Tercero. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto que se atribuye a las autoridades responsables, pues así lo manifestaron al rendir su informe justificado (foja 19 y 37). Lo que se corrobora con las constancias que remitió como soporte de su informe justificado el magistrado responsable, consistente en el original del toca de apelación y testimonio autorizado del juicio civil del que deriva el acto reclamado (dos tomos de pruebas). Probanzas que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Por tanto, se tiene por demostrada fehacientemente la existencia del acto que se combate, como indica la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, con número de registro 917812, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Por lo que respecta al valor acreditativo de los documentos públicos, es ilustrativa la jurisprudencia 226 emitida por el Pleno de la Suprema corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153 del Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, Quinta Época, registro 394182, de rubro y texto: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Cuarto. Estudio de las causales de improcedencia. Previamente al estudio del fondo del presente asunto, procede examinar las causales de improcedencia, sea que las hagan valer las partes o que operen de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo que establece el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo; lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814 visible a fojas 553, tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Sin embargo, en el presente caso, ninguna de las partes invocó alguna causal de improcedencia de la acción constitucional y tampoco este juzgador, de oficio, advierte su existencia; por tanto, procede entrar al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. Quinto. Estudio. Los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, en obvio de repeticiones innecesarias y por no existir artículo expreso en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción en la sentencia. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACION O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCION. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Ahora, en los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa, aduce toralmente, lo siguiente: Que la resolución reclamada es ilegal porque existe litisconsorcio pasivo necesario en relación con la empresa denominada Axa Seguros, Sociedad Anónima de Capital Variable, ya que en el juicio natural se está demandando una supuesta responsabilidad civil objetiva de la quejosa y la magistrada responsable no consideró que la accionante del amparo acreditó que es usuaria de un contrato de seguro en el que se encuentra amparada la responsabilidad civil del usuario, que es precisamente la que se le demanda en ese controvertido y que por ende, la obligada al pago es un tercero que necesariamente debe ser oído y vencido en juicio; Que la resolutora de segunda instancia realiza una errónea interpretación de los artículos 147, 149 y 150 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, ya que dichos artículos sólo establecen, el 147 la legitimación que tiene un tercero para demandar el cumplimiento del contrato de seguro a una empresa aseguradora; el 149 que en caso que el asegurado pague la indemnización reclamada el asegurado podrá ser reembolsado proporcionalmente, lo que no significa que se le van a cubrir todos y cada uno de los pagos que realice; mientras que, el 150 establece la obligación del asegurado de proporcionar a la aseguradora todos los datos del juicio civil en el que sea demandado, así como las pruebas para la defensa; y que es precisamente este último numeral el que de forma clara revela la existencia del litisconsorcio pasivo necesario a favor de la aseguradora, ya que establece la obligación del asegurado de proporcionar los medios para que la empresa del seguro se defienda en el juicio; Que también es ilegal la resolución reclamada, porque en ella se dejó de aplicar el artículo 119 de la referida Ley del Contrato de Seguro, que establece que la empresa aseguradora puede oponer excepciones en contra del asegurado o de su causahabiente, de lo que se debe concluir que, también puede oponerlas en contra del tercero que está demandado al asegurado; Que en esa resolución se dejó de observar lo dispuesto en el artículo 30 de la referida Ley del Contrato de Seguro, que establece el derecho que tiene la aseguradora de oponer al tenedor de la póliza o a los terceros que invoquen el beneficio, todas las excepciones oponibles al suscriptor originario; y, Que el magistrado responsable inobservó lo dispuesto en el numeral 148 de la citada legislación, al afirmar en la resolución que: no es verdad que sea imperiosamente necesario llamar a juicio a la empresa aseguradora al grado que de no hacerlo, no pueda dictarse una resolución válida; ya que ese numeral señala que si el asegurado celebra cualquier acto jurídico, llámese reconocimiento de adeudo, convenio o cualquier acto jurídico sin consentimiento de la aseguradora, no le será oponible a la misma. Conceptos de violación los anteriores que son fundados y suficientes para conceder la protección constitucional como se precisará a continuación. Primeramente, se debe decir que el argumento toral en el que el magistrado responsable apoyó el sentido de su decisión, descansa en que si bien la quejosa, en su carácter de promovente en el incidente de litisconsorcio pasivo necesario, exhibió la póliza de seguro que celebró con la empresa Axa Seguros, Sociedad Anónima de Capital Variable y con ello acreditó la celebración de ese contrato, con todo y ello, no era procedente determinar la existencia de la figura procesal promovida, porque de la interpretación de los artículos 147, 149 y 150 de la Ley del Contrato de Seguro, se advierte que la actora Express Arime, Sociedad Anónima de Capital Variable, puede accionar en contra del asegurado o de la empresa aseguradora, lo que significa que no es obligatorio, ya que en caso de que la acción sólo se dirija en contra del asegurado, como se hizo, la aseguradora debe reembolsar proporcionalmente a aquél, la parte que corresponda; lo que dijo, confirma la inexistencia del litisconsorcio pasivo necesario. Además de lo anterior, debe señalarse que el litisconsorcio pasivo necesario, constituye un presupuesto procedimental que se debe revisar de oficio, para la válida tramitación del juicio de origen. En efecto, los presupuestos procesales son los requisitos formales que necesariamente deben concurrir para poder constituir válidamente un determinado proceso y que el juez pueda dictar una sentencia que resuelva sobre el fondo del asunto. De modo que, cuando se aprecie, en cualquier momento, la ausencia de un presupuesto procesal que resulte insubsanable, se dictará resolución que impedirá continuar con el procedimiento, sin que se entre a conocer sobre el fondo del asunto; tales presupuestos son clasificados en la clínica procesal, en términos generales, como: Competencia; Personalidad; Emplazamiento; Litisconsorcio activo o pasivo necesario; Caducidad; Legitimación en el proceso; Litispendencia; Cosa juzgada; y Idoneidad en la vía. Siguiendo esa línea, el listisconsorcio pasivo necesario existe cuando las cuestiones jurídicas ventiladas en un juicio afectan a dos o más personas, de manera que no pueda pronunciarse sentencia válida y eficaz sin oírlas a todas, entendiendo por esto último que la resolución debe ser igual para todos los demandados, es decir, no se está en el supuesto de que alguno o algunos de ellos puedan ser absueltos y otros condenados, sino que el fallo debe contener igual resultado para todos, porque al conformar una unidad, debe ser idéntico para todos como si fueran uno solo, a diferencia del litisconsorcio pasivo voluntario o de la pluralidad de demandados, en el que la sentencia puede ser diferente para cada uno sin que por ello pierda su validez. Así, cuando se trata del litisconsorcio pasivo necesario, los demandados están unidos de tal manera que hacen las veces de un solo sujeto procesal, es decir, se convierten en una unidad por la relación inescindible existente entre ellos; en cambio, cuando simplemente hay pluralidad de demandados cada uno puede correr una suerte distinta en el resultado del juicio, de modo que bien puede condenarse sólo a uno hasta el final. Pues bien, en el caso se dice que la resolución sometida a revisión constitucional es ilegal, en la medida que, como lo afirma la quejosa, para arribar a la conclusión que en el juicio de origen no se actualizaba el litisconsorcio pasivo necesario, al magistrado responsable realizó una interpretación literal y aislada del artículo 149 de la Ley del Contrato de Seguro, al señalar que si el asegurado paga al tercero, la aseguradora debe reembolsarlo proporcionalmente; sin embargo, en el caso para evidenciar la necesidad de vincular a la relación jurídica procesal a la empresa Axa Seguros, Sociedad Anónima de Capital Variable, se hacía menester verificar un ejercicio interpretativo sistemático de los artículos147, 148 y 150 del propio ordenamiento legal, que dicen: Artículo 147.- El seguro contra la responsabilidad atribuye el derecho a la indemnización directamente al tercero dañado, quien se considerará como beneficiario del seguro desde el momento del siniestro. En caso de muerte de éste, su derecho al monto del seguro se trasmitirá por la vía sucesoria, salvo cuando la ley o el contrato que establezcan para el asegurado la obligación de indemnizar, señale los familiares del extinto a quienes deba pagarse directamente la indemnización sin necesidad de juicio sucesorio. Párrafo adicionado DOF 15-04-1946 Artículo 148.- Ningún reconocimiento de adeudo, transacción o cualquier otro acto jurídico de naturaleza semejante, hecho o concertado sin el consentimiento de la empresa aseguradora, le será oponible. La confesión de la materialidad de un hecho no puede ser asimilada al reconocimiento de una responsabilidad. Artículo reformado DOF 15-04-1946 Artículo 149.- Si el tercero es indemnizado en todo o en parte por el asegurado, éste deberá ser reembolsado proporcionalmente por la empresa. Artículo 150.- El aviso sobre la realización del hecho que importe responsabilidad deberá darse tan pronto como se exija la indemnización al asegurado. En caso de juicio civil o penal, el asegurado proporcionará a la empresa aseguradora todos los datos y pruebas necesarios para la defensa. Conforme a ello, aunque por principio es cierto que como lo afirmó el magistrado responsable, si el tercero es indemnizado en todo o en parte por el asegurado, puede ser reembolsado a la postre por la empresa de seguros, conforme al artículo 149 anteriormente citado; más cierto es que, una interpretación sistemática y conjunta de los artículos 148 y 150, revelan la necesidad de vincular a la empresa aseguradora dada la unión del derecho litigioso que involucra el juicio de origen. En efecto, en contraposición al citado artículo 149, se tiene que el numeral 148, dispone que ningún reconocimiento de adeudo, transacción o convenio le será oponible sino opera con el consentimiento de la aseguradora. Y aunque también es cierto que respecto de la interpretación aislada de esta última porción (148) podría objetarse que la misma no se refiere a las condenas impuestas en las controversias judiciales, ya que alude a reconocimiento de adeudo, transacción o cualquier otro acto jurídico de naturaleza semejante, que podrían asumirse más bien, como acuerdos o convenios celebrados fuera de juicio; también lo es que, la significación a ese dispositivo se modifica al leerse en conjunto con el numeral 150, que señala que el aviso sobre la realización del hecho que importe responsabilidad deberá darse tan pronto como se exija la indemnización al asegurado y que en caso de juicio civil o penal, el asegurado proporcionará a la empresa todos los datos y pruebas necesarios para la defensa; porción normativa la subrayada, que revela con claridad la necesidad que la empresa aseguradora comparezca a juicio, a efecto que proceda la cobertura del asegurado. De no hacerlo así, se podría considerar que el asegurado no cumplió con la exigencia establecida en las condiciones generales de la póliza, al no permitirle comparecer a la empresa de seguros a hacer frente a la demanda entablada en contra del asegurado ni asumir la defensa legal correspondiente del asegurado. Además, respecto de la necesidad de vincular a la empresa aseguradora, también debe decirse que es incorrecto establecer que no se actualiza el litisconsorcio pasivo necesario en la medida que el asegurado puede posteriormente exigir el reembolso del pago que realice al tercero, porque ello equivale a asumir que en el juicio tanto la aseguradora como el asegurado tienen los mismos intereses, lo que no es así, pues mientras que el asegurado buscará juicio que el importe total de la suma indemnizatoria que se le reclame sea cubierto en su totalidad por la empresa de seguros; la aseguradora en cambio, puede tener como objetivo la improcedencia del cobro de la responsabilidad civil objetiva que se atribuye al contratante de la póliza. Se cita como criterio orientador la tesis aislada III.2o.C.106 C, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Febrero de 2006, Materia Civil, Página 1782, Novena Época, Registro 176014, que dice: "COMPAÑÍAS ASEGURADORAS. QUEDAN LIBERADAS DE CUMPLIR LAS OBLIGACIONES PACTADAS, SI EL ASEGURADO NO CUMPLE CON LO ESTIPULADO EN LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO RESPECTIVO. Cuando en un contrato de seguro de vehículos se pacta que en caso de existir reclamación legal a cargo del asegurado, éste se obliga a comunicarlo a la compañía, tan pronto tenga conocimiento de dicha reclamación o demanda recibida por él o sus representantes, para lo cual deberá remitir a la aseguradora los documentos o copias que se le hubiesen entregado con motivo de tal reclamación, y que la falta de cumplimiento de esa obligación, libera a la compañía de seguros de cubrir la indemnización o servicio correspondiente a la cobertura afectada por el siniestro, es evidente que si un asegurado es demandado por la reparación de daños proveniente de responsabilidad civil objetiva, y aquél, en lugar de dar a conocer ese hecho a la aseguradora, contesta la demanda y con posterioridad le denuncia el juicio, es claro que el incumplimiento de la obligación de dar aviso y remitir los documentos correspondientes, libera a la compañía de seguros de cubrir la indemnización o servicio que corresponda a la cobertura afectada con el siniestro, aun cuando con motivo de la denuncia del juicio, la compañía aseguradora hubiera salido en defensa de sus intereses. Ello, porque la exigencia establecida en las condiciones generales de la póliza, es determinante por cuanto el asegurado, tan pronto como tenga conocimiento, está obligado a hacer del conocimiento de la compañía de seguros, las reclamaciones o demanda entabladas en su contra, a efecto de que la aseguradora haga frente a tal contingencia y asuma la defensa legal correspondiente del asegurado." Lo resaltado es propio. De la misma forma, al margen que la interpretación de los numerales transcritos realizada en los párrafos que anteceden, revela la necesidad de configurar el litisconsorcio pasivo en el juicio de origen, debe precisarse que quien resuelve, considera que desde la teoría de las obligaciones, también es posible arribar a la misma conclusión. Es así, porque como ya se dijo, dicha figura radica en que se presente una vinculación entre diversas personas quienes, al estar ligadas entre sí con el derecho litigioso, deben ser afectadas en conjunto por la sentencia que se dicte, ya que no sería correcto condenar a una sin que la condena alcance a las demás; y en el caso concreto, la legitimación pasiva necesaria de la aseguradora deriva de la obligación que asumió con motivo del contrato de seguro con cobertura de responsabilidad civil, daños a terceros, que se caracteriza por la responsabilidad que adquiere de "indemnizar directamente" al tercero, por los daños ocasionados por su asegurado, sólo hasta el monto que se haya pactado en la póliza respectiva. Es decir, en el caso se hace necesaria la configuración del litisconsorcio pasivo necesario porque se trata de una póliza que cubre diversos riesgos, entre ellos el de responsabilidad civil por daños a terceros y por ende, al actualizarse el siniestro, surge jurídicamente otra persona: el tercero afectado, quien aún sin ser parte en el aludido contrato, por verificarse el siniestro, adquiere un derecho frente al ente asegurador, concerniente en obtener directamente de éste la indemnización convenida, sin perjuicio de que pueda ser indemnizado en todo o en parte por el propio asegurado, como lo prevé el artículo 149 citado. Lo anterior quiere decir que, si bien el derecho de Express Arime, Sociedad Anónima de Capital Variable a exigir la indemnización en la vía de la responsabilidad civil objetiva deriva de una acción personal dirigida a la persona que actualizó el riesgo creado con motivo de la utilización de un objeto peligroso por sí mismo, ósea Itzel Adela Vázquez Cortés; lo cierto es que, la vinculación en el derecho litigioso de Axa Seguros, Sociedad Anónima de Capital Variable deriva del acontecimiento del siniestro previsto en la póliza y entonces con motivo de ese siniestro, surge el nexo entre las partes respecto del derecho litigioso (reparación del daño), porque con motivo del contrato de seguro, nace la obligación de la empresa de seguros de hacer frente a la reclamación de responsabilidad civil que se le realiza a la asegurada, aquí quejosa, al menos por el monto que ampara esa póliza, que en la especie es por cuatro millones de pesos. Es aplicable a lo anterior la tesis aislada I.6o.C.415 C sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Mayo de 2007, Materia(s): Civil, Página 2111, Novena Época, Registro 172481, que dice: "LEGITIMACIÓN PASIVA. EXISTE POR PARTE DE LA COMPAÑÍA ASEGURADORA PARA RESPONDER EN UN JUICIO PROMOVIDO POR QUIEN NO FUE PARTE EN EL CONTRATO DE SEGURO, PERO RESULTA AFECTADO POR UN SINIESTRO, SI LA PÓLIZA CUBRE LA RESPONSABILIDAD CIVIL PROVENIENTE DE DAÑOS A TERCEROS. En el contrato de seguro, por lo general, la relación jurídica se entabla entre el asegurado y la empresa aseguradora; sin embargo, cuando se trata de un seguro mixto, que cubre diversos riesgos, entre los que se encuentra el de responsabilidad civil, aparece una persona más, que es el tercero, quien si bien no es parte en el contrato de seguro, al verificarse el siniestro, adquiere un derecho propio respecto del asegurador, para percibir "directamente" de este último, la indemnización convenida, por así establecerlo el artículo 147 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, sin perjuicio de que pueda ser indemnizado, en todo o en parte, por el propio asegurado, conforme lo prevé el artículo 149 de la misma ley, de donde se desprende que si se rehusan a pagarle, el tercero beneficiario puede accionar ya sea en contra del asegurado, o bien, de la empresa aseguradora, sin que esta última pueda alegar falta de legitimación pasiva, pues su carácter para ser demandada deriva, de la obligación que asumió con motivo del contrato de seguro, con cobertura de responsabilidad civil, daños a terceros, que se caracteriza por la responsabilidad que adquiere, de "indemnizar directamente" al tercero, por los daños ocasionados por su asegurado, sólo hasta el monto que se haya pactado en la póliza respectiva." Finalmente, resta abonar a las anteriores consideraciones que quien resuelve estima que la decisión asumida por el magistrado responsable en ese sentido, también conculca los derechos humanos de la peticionaria del amparo, ya que al establecer que no se actualiza el litisconsorcio invocado porque la quejosa puede pagar lo reclamado y después solicitar el reembolso, atenta contra la finalidad misma de los contratos de seguros de esta naturaleza, que no es otra que la empresa de seguros deje indemne el patrimonio del asegurado cuando provoque un daño a un tercero y que le resulte un débito en su persona. Por lo anterior, se impone conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada, para el efecto de que el Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, realice lo siguiente: a) Deje insubsistente la sentencia de ocho de julio del año en curso pronunciada por la Magistrada de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán dentro del toca 217/2019; y, b) En su lugar, atendiendo a las consideraciones establecidas en esta sentencia, emita otra, en la que revoque la interlocutoria que declaró improcedente el incidente de litisconsorcio pasivo necesario dictada por el Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil de Lázaro Cárdenas, Michoacán, en el juicio civil 662/2018, que sobre responsabilidad civil objetiva promueve Express Arime, Sociedad Anónima de Capital Variable frente a la quejosa, para que en su lugar, estime configurada esa institución procesal. Concesión que se hace extensiva al acto de ejecución que se reclama al Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil de Lázaro Cárdenas, Michoacán, al no haberse impugnado por vicios propios. Apoya lo expuesto la jurisprudencia V.2o. J/6, visible a fojas 267, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, Junio de 1995, del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, que dice: "AUTORIDADES EJECUTORAS. Si no aparece que la autoridad que ordenó el acto, ha violado con él garantías individuales, lo mismo debe afirmarse respecto de las autoridades que son meras ejecutoras, si de esta autoridad no se combaten actos por vicios propios." Sexto. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 3°, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisan los preceptos 22 y 59, párrafo segundo, de la ley referida, atento a los numerales 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Carta Magna; 33, 35, 37, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 124 y 217 de la Ley de Amparo; y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, se resuelve: Primero. La Justicia de la Unión ampara y protege a Itzel Adela Vázquez Cortés, contra el acto reclamado al Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán y por el Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en Lázaro Cárdenas, Michoacán, descrito en el considerando quinto de este fallo. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese personalmente y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada Isela Estefania Bueno Gallegos, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticinco de octubre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el oficio suscrito por el Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en Lázaro Cárdenas, Michoacán, mediante el cual acusa recibo del diverso 21835/2019, de dos de octubre del año en curso, por el que se le informó que se admitió a trámite del presente juicio. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

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