Israel Vera Rodríguez

Expediente 940/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 30 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
940/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
30/10/2019

Partes del expediente

  • Israel Vera Rodríguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, treinta de octubre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, acúsese recibo del oficio suscrito por el secretario de acuerdos del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con residencia en la Ciudad de México, por el cual remite testimonio de la resolución de diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, de la que se advierte que el tribunal de alzada determinó que el Juez Décimo Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México es competente para conocer de la demanda promovida por ********************contra actos del Procurador General de Justicia del Estado de Michoacán y de otras autoridades, por lo que ordenó remitir los autos originales del expediente de amparo que dio origen al presente cuaderno de antecedentes. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, acúsese el recibo de estilo y archívese el presente asunto como totalmente concluido, por lo que una vez que transcurran seis meses, destrúyase por personal autorizado de este juzgado de conformidad con el punto vigésimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Finalmente, con fundamento en el punto segundo, fracción XXIX y décimo primero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto no tiene valor histórico o relevancia documental, ya que no se trata de un asunto relativo a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni es un conflicto laboral colectivo trascendente; ni se dictaron resoluciones que tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Notifíquese por lista y cúmplase. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, téngase por recibido el oficio signado por el secretario de acuerdos adscrito al Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, con residencia en la Ciudad de México, mediante el cual informa que el trece de septiembre del año en curso, admitió el conflicto de competencia 16/2019, suscitado entre el Juzgado Décimo Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México y este órgano de control constitucional. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, doce de septiembre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, téngase por recibido el oficio signado por la secretaria del Juzgado Décimo Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, mediante el cual acusa recibo del diverso por el que se le remitieron los autos originales del expediente en que se actúa e informa que no acepta la competencia planteada por éste juzgado el veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, motivo por el cual remitió los autos al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, con residencia en la Ciudad de México, en Turno, a fin de que resuelva lo que estime pertinente sobre la consulta planteada. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    El veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, se da cuenta al juez dentro del juicio de amparo 940/2019, con una promoción registrada con el número 14799. Conste. Morelia, Michoacán, veintiocho de agosto de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el oficio suscrito por el Secretario del Juzgado Décimo Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal, con residencia en la Ciudad de México, mediante el cual remite los autos originales del juicio de amparo 735/2019. Lo anterior, toda vez que mediante sentencia terminada de engrosar el veintitrés de agosto de dos mil diecinueve, la autoridad oficiante declaró carecer de competencia legal para conocer de la demanda que originó el citado expediente. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 940/2019. De las constancias del sumario de referencia se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: 1. La omisión de determinar la averiguación previa 500/2010-IV-l; 2. La omisión de solicitar la correcta información en la plataforma de información del Registro Público Vehicular dependiente del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dependiente de la Secretaría de Gobernación; el vehículo de mi propiedad con número de seria WDDGF4B1BA446129, con placas MGJ8010, del Estado de México; y, 3. La omisión de dar respuesta congruente al escrito presentado en fecha dos de octubre de dos mil diecisiete. Ahora bien, en sentencia terminada de engrosar el veintitrés de agosto de dos mil diecinueve, el Juez Décimo Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal, con residencia en la Ciudad de México, se declaró incompetente para conocer el presente asunto y apoyó su determinación de incompetencia sobre la premisa de que se actualiza la hipótesis prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, toda vez que refiere que el acto reclamado tendrá ejecución material en esta ciudad, en virtud de que la autoridad responsable Procurador General de Justicia en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, sostiene que el acto reclamado se materializa en la circunscripción de este juzgado. Sin embargo, este órgano jurisdiccional no comparte el criterio sostenido por el Juez Décimo Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal, con residencia en la Ciudad de México, en virtud de lo siguiente: En relación con los actos reclamados en la demanda de amparo, debe decirse que se actualiza la hipótesis de competencia territorial para conocer del juicio relativa a que los actos según la autoridad declinante tendrían ejecución en la jurisdicción del suscrito. Por tanto, con el fin de sostener la competencia del juzgado homólogo para conocer de la demanda de amparo que nos ocupa, se debe precisar, que el artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, era del tenor siguiente: "Artículo 36. Cuando conforme a las prescripciones de esta ley sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquel en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención, será competente. Es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada, cuando ésta no requiera ejecución material." El precepto reproducido establecía tres reglas de competencia de los Jueces de Distrito, en atención a la ejecución del acto reclamado, de tal suerte que cuando se impugnaba un acto que requería ejecución material a través del juicio de amparo indirecto, el Juez competente para conocer del juicio era el que tuviese jurisdicción en donde el acto debía tenerla, tratara de ejecutarse, se ejecutara o se hubiese ejecutado. Ahora bien, el tres de abril de dos mil trece entró en vigor la nueva Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo artículo 37, a la letra, dispone lo siguiente: "Artículo 37. Es Juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del dispositivo transcrito se desprende que actualmente la competencia de los Jueces de Distrito se surte mayormente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional, para lo cual establece cuatro reglas de competencia por territorio para conocer del juicio en la materia, en razón del acto reclamado, a saber: a) Si requiere ejecución material, será competente el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado; b) Si puede tener ejecución en más de un Distrito será competente el juez ante el que se presente la demanda; c) También será competente el Juez ante el que se presente la demanda, si el acto reclamado ha comenzado a ejecutarse en un Distrito y sigue ejecutándose en otro; y, d) Si no requiere ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En tal virtud, a efecto de delimitar la competencia para conocer del asunto se debe atender a la naturaleza del acto reclamado, esto es, si se trata de un acto declarativo, caso en el cual se debe atender al lugar donde se hubiere presentado la demanda, o bien, si el acto tiene ejecución material, pues de ser así, se debe atender al lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. Respecto al criterio relativo a la ejecución material del acto reclamado se debe atender no sólo a que la resolución o acto reclamado por sí mismos tengan ejecución material, sino también al supuesto en que aun cuando la resolución reclamada no tenga ejecución material de manera directa o inmediata, sí lleve una ejecución implícita, lo cual implica analizar la naturaleza del acto o resolución reclamada y las consecuencias que produce. Esto es, sólo en el supuesto de que la resolución o acto reclamado no tenga por sí misma ni produzca consecuencias que lleven implícita una ejecución material, dichos actos o resoluciones se deberán estimar de carácter declarativo y a efecto de determinar la competencia se debe considerar el lugar donde se presente la demanda. En la especie como quedó precisado con antelación, reclama la parte quejosa las omisiones en que incurre la autoridad responsable residente en esta ciudad de Morelia, Michoacán. En atención a la naturaleza de actos omisivos, cabe destacar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada 1ª. XVII/2018 (10ª), del título: "CONCEPTO DE OMISIÓN COMO ACTOS DE AUTORIDAD." , ha señalado que para que la inactividad de la autoridad constituya, en el ámbito jurídico, una omisión, es imprescindible que exista el deber de realizar una conducta y que alguien haya incumplido con esa obligación. "CONCEPTO DE OMISIÓN COMO ACTOS DE AUTORIDAD. Desde un punto de vista conceptual, la simple inactividad no equivale a una omisión. En el ámbito jurídico, para que se configure una omisión es imprescindible que exista el deber de realizar una conducta y que alguien haya incumplido con esa obligación. En este sentido, las autoridades no sólo pueden afectar a los ciudadanos a partir de la realización de actos positivos, sino también a través de actos negativos u omisiones." Por otra parte, la Segunda Sala de nuestro más Alto Tribunal también ha sustentado que la figura jurídica de la "ejecución material" -contenida en el artículo 37 de la Ley de Amparo- debe entenderse en el sentido de que con la emisión del acto reclamado se tengan que realizar acciones que producen un cambio material, ya sea por sí mismo o cuando sus efectos conllevan a esa situación. En ese sentido, precisó que la ejecución no atiende solamente a su contenido -en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o la prohibición de llevar a cabo algo-, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico o real. Ahora como se observó, en la especie los actos reclamados se hacen consistir medularmente en la omisión de realizar diversos trámites en la averiguación previa 500/2010-IV-I. Por tanto, debe decirse que dicho acto constituye un acto omisivo con efectos positivos, pues produce una afectación que trasciende a la materialidad, ante la falta de realizar las acciones conducentes que la parte quejosa pide a la autoridad responsable, por lo que dichos actos poseen el atributo de ser ejecutable materialmente. Con base en lo anterior, se concluye que la regla de competencia por territorio a la que hay que acudir, es la prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, que finca los atributos para conocer de la demanda relativa a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. Ahora bien de la demanda de amparo promovida por Israel Vera Rodríguez, se advierte que dicho quejoso reclama en esencia diversas omisiones en la averiguación previa de origen, así como la falta de contestación formulada al Titular del Registro Público Vehicular, por lo que el suscrito no comparte y no acepta la competencia planteada por el juzgado declinante, por las razones que se expondrán a continuación. Cabe traer a colación lo sustentado en la Jurisprudencia 1a./J.17/2014 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo l, Libro 6, Mayo de 2014, Pagina 500, Décima Época, Registro 2006529, que dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA ACTOS QUE NO REQUIERAN DE EJECUCIÓN MATERIAL. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA RELATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 37, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).El tercer párrafo del citado precepto prevé que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo; texto que debe interpretarse literalmente, sin emplear algún método sistemático, teleológico o lógico, o algún otro, para desentrañar su sentido y alcance, pues de su procedimiento legislativo no se advierte dicha posibilidad. Lo anterior evita la existencia de conflictos competenciales y logra una mejor operatividad efectiva y eficiente de los derechos humanos de audiencia y acceso a la justicia pronta y expedita, contenidos en los artículos 14, párrafo segundo y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969. En el entendido de que al actualizarse dicha hipótesis no pueden dejar de considerarse aquellos aspectos competenciales relacionados con la materia del conflicto, esto es, el turno, el grado y la vía, así como la jurisdicción auxiliar, prevista en el artículo 159 de la Ley de Amparo." De igual forma sustenta el criterio aplicable en el presente caso la tesis V.2o.P.A.12P, ubicada en el Libro 52, de Marzo de 2018, Tomo IV, página 3340, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2016503, , de rubro y textos siguientes: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA. AL NO REQUERIR EJECUCIÓN MATERIAL, SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA. El artículo 37 de la Ley de Amparo establece las reglas de competencia por razón de territorio para conocer del juicio de amparo indirecto, una de las cuales dispone que cuando el acto reclamado no requiere de ejecución material, es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En relación con lo anterior, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 17/2014 (10a.), de título y subtítulo: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA ACTOS QUE NO REQUIERAN DE EJECUCIÓN MATERIAL. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA RELATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 37, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).", determinó que esa regla competencial debe interpretarse literalmente, sin emplear algún método: sistemático, teleológico, lógico, u otro, para desentrañar su sentido y alcance, a fin de evitar la existencia de conflictos competenciales y lograr una mejor operatividad y eficiencia de los derechos humanos de audiencia y acceso a la justicia pronta y expedita. En consecuencia, una omisión como la abstención del Ministerio Público de investigar e integrar una averiguación previa, notificarla al quejoso y desahogar las pruebas ofrecidas en ella, per se, no tiene un efecto distinto de la inhibición de la autoridad de actuar y, por tanto, tampoco requiere de ejecución material alguna, por lo que el competente para conocer del juicio de amparo indirecto contra esa omisión es el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda, sin que sea factible considerar la posibilidad de que la omisión citada tenga efectos positivos si se otorga al quejoso el amparo solicitado, pues ésa es una interpretación que escapa a la literalidad contenida en el artículo 37 referido." De la jurisprudencia citada se advierte que el acto reclamado cuando no requiera ejecución material será competente el juez de distrito ante quien se haya presentado la demanda de amparo. Posteriormente de la tesis mencionada, se advierte que una omisión derivada de la actuación del Ministerio Público en la tramitación de investigar o integrar una averiguación previa, no requiere de ejecución material propiamente, porque se trata de un no hacer por parte de la autoridad responsable. En la especie, se sostiene que si la parte quejosa reclama son diversas omisiones en la averiguación previa 500/2010-IV-l, del índice de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán, lo cierto es que dichas omisiones no traen como consecuencia que se materialicen las mismas; sin embargo, el hecho de que se pudiera otorgar la protección constitucional a la parte quejosa a efecto de que la responsable se pronuncie sobre la omisión reclamada, traería como consecuencia una ejecución material del acto pero derivado de la protección constitucional, y no así por mutuo propio de la responsable. Aunado a lo anterior, resulta inconcuso sostener que la competencia se deba de determinar por el hecho de que la autoridad dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán (ahora Fiscalía) tenga tanto su residencia en esta ciudad de Morelia; porque las determinaciones que en ella se lleguen a tomar tendrían repercusión material en la Ciudad de México, toda vez que en aquel territorio es donde guardan asiento las autoridades denominadas Registro Público de Vehicular, dependiente del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de la Secretaría de Gobernación, si bien la autoridad ordenadora que sería el Ministerio Público tiene su residencia en Morelia, Michoacán, las decisiones que éste tome llegarían a materializarse en la Ciudad de México. En efecto, es posible arribar a la conclusión de que la intención del creador de la norma quedó plasmada claramente en el precepto normativo estudiado; de ahí que, el texto del artículo 37 de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, debe aplicarse conforme a la letra contenida en el precepto, sin emplear algún método sistemático, teleológico o lógico, o algún otro para desentrañar su sentido y alcance, esto es, para conocer la verdadera intención de su creador. Lo anterior tiene justificación también en que, al aplicarse textualmente el precepto analizado, se evita en gran medida la existencia de conflictos competenciales, lográndose de ese modo una mejor operatividad efectiva y eficiente de los derechos humanos de acceso expedito a la administración de justicia y de audiencia, los cuales implican la posibilidad de que los justiciables puedan acudir a la tutela jurisdiccional con el mínimo de obstáculos para ser oídos en su defensa, cumpliendo siempre los requisitos constitucionales y legales de procedencia; así como la prontitud en la emisión de la determinación jurisdiccional a través de la cual se soluciona el pleito sometido a la jurisdicción de los Jueces. En suma, de conformidad con los derechos humanos de audiencia y acceso a la justicia pronta y expedita, previstos en los artículos 14, párrafo segundo y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y al diverso 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; se concluye que el texto del artículo 37 de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, debe aplicarse de manera estricta a su texto, sin emplear algún método sistemático, teleológico o lógico para desentrañar su sentido y alcance, pues en la condiciones anotadas, la intención del legislador quedó plasmada con toda claridad en el contenido de la norma. Por lo tanto, se estima que la competencia para conocer del presente asunto corresponde al Juez Décimo Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal, con residencia en la Ciudad de México, por ser ante quien se presentó originalmente la demanda de amparo y por ende, autoridad que tiene jurisdicción donde habrá de ejecutarse el acto reclamado. En tal virtud, en términos del artículo 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal no acepta la competencia planteada para conocer del juicio de amparo promovido por Israel Vera Rodríguez. En consecuencia, se ordena devolver el juicio de referencia al Juez Décimo Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal, con residencia en la Ciudad de México, para que determine lo que en derecho proceda. Con copia certificada fórmese cuaderno de antecedentes para los efectos legales conducentes. Sin que haya lugar a ordenar la notificación del presente auto de manera personal a la parte quejosa, en virtud de que este Juzgado de Distrito no aceptó la competencia planteada. Notifíquese por lista y cúmplase. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

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