Itiel Palacios García

Expediente 1491/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1491/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
07/09/2021

Partes del expediente

  • Itiel Palacios García

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, siete de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los presentes autos el oficio remitido por interconexión, con evidencia criptográfica, por la Secretaria en funciones de Jueza y la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito del Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, mediante el cual acusa recibo del expediente 1491/2021 e informa que aceptó la competencia planteada por este órgano de control constitucional, motivo por el que se avocó al conocimiento del juicio de amparo promovido por José Emmanuel Guzman Lopez a favor de ITIEL PALACIOS GARCÍA, contra los actos que reclama del Director General del Centro Federal de Readaptación Social y otra autoridad. Por otra parte, háganse las anotaciones en el libro respectivo y por cuanto no existe razón para que este expedientillo continúe en la Secretaría de este Juzgado, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el mismo como asunto concluido. Asimismo, en cumplimiento a los dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que el presente expedientillo, carece de relevancia documental, archívese como asunto totalmente concluido; realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual es destruible, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. En cumplimiento al artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se ubica dentro del archivo judicial reciente, por lo que una vez transcurrido el término de tres años señalado en el inciso d), del citado punto artículo, éste debe ser destruible, toda vez que en el mismo este Juzgado federal se declaró carecer de competencia legal. Finalmente, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, deberán digitalizarse todas las constancias que integran el citado expediente, para los fines legales pertinentes. Notifíquese por lista.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, veintitrés de agosto de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por José Emmanuel Guzman Lopez a favor de ITIEL PALACIOS GARCÍA, contra los actos que reclama del Director General del Centro Federal de Readaptación Social y otra autoridad, ambas con sede en el Estado de Oaxaca. Fórmese expediente, y regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado con el número 1491/2021-IlI. Ahora bien, la cuestión de competencia de toda autoridad de control constitucional es de pronunciamiento oficioso. Por tanto, en principio debe señalarse que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el juez de Distrito, previamente a resolver sobre cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo y consolidaría una violación procesal. Lo anterior encuentra apoyo, en lo conducente, en la jurisprudencia I.2o.P. J/40, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la página 36 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, (agosto de 1992), Octava Época, del rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquél acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo." Luego, de acuerdo a la doctrina, la ley y la jurisprudencia, la competencia, al igual que la legitimación, la temporalidad y las causas de improcedencia, son temas de estudio previo y oficioso, pues en el momento en que el órgano jurisdiccional antes de analizar el tópico de la competencia, decide que el acto reclamado es procedente, tal decisión lo obliga a estudiar el fondo del asunto, lo que sólo es lógicamente posible, partiendo en forma expresa o de modo implícito, de la base de que el propio tribunal tiene competencia para el examen del asunto. La competencia constituye un supuesto cuya resolución reviste la mayor importancia, pues la decisión que al efecto se emita, puede afectar a las partes, ya que no solamente es declarativa, sino constitutiva, en función de que define, además de qué juez es el competente, la naturaleza del asunto y las leyes aplicables para su tramitación y resolución, dado que de examinarse hasta la sentencia definitiva o, en su caso, en revisión o amparo directo y resultar cierta la violación, implicaría la reposición de todo el procedimiento conforme al artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, a fin de que el resolutor haga el planteamiento de incompetencia legal correspondiente. En ese sentido, la ley de la materia prevé diversos tipos de competencia: a) competencia por territorio; b) competencia por materia; c) competencia por grado; d) competencia auxiliar; y e) competencia concurrente. De estos factores que delimitan la competencia de los tribunales de la federación, interesa destacar aquí, el referente a la competencia por territorio, que está delimitada por criterios de tipo geográfico y está relacionada con la potestad soberana que tiene el estado para administrar justicia a través de una serie de actos encaminados a la solución de un litigio o controversia mediante la aplicación de la ley general a ese caso concreto, en una específica área, demarcación o espacio físico previamente delimitado. Criterios que se encuentran previstos en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, al establecer que el territorio de la República se dividirá en el número de circuitos que mediante acuerdos generales determine el Consejo de la Judicatura Federal y que en cada uno de los circuitos establecerá también mediante acuerdos generales, el número de tribunales colegiados y unitarios de circuito y de juzgados de Distrito, así como su especialización y límites territoriales. En ese sentido, la suscrita Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en Mérida, Yucatán, declara carecer de competencia legal para conocer del presente asunto, por razón de territorio, con base en las siguientes consideraciones: De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el promovente reclama de las autoridades responsables la privación ilegal de la libertad e incomunicación del directo quejoso, quien se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social 13 CPS en el Estado de Oaxaca, con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, donde se aduce tienen ejecución los referidos actos reclamados. El artículo 37 de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del precepto legal transcrito, se advierten tres reglas básicas que determinan la competencia de los órganos de control constitucional para conocer de los juicios de amparo, a saber: a) Atender a la naturaleza del acto reclamado y determinar si tiene ejecución material, dado que el conocimiento del juicio de amparo recaerá en el juzgador federal que ejerza jurisdicción donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. b) Tratándose del acto reclamado cuya ejecución comience a realizarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, cualquiera de los tribunales de esas jurisdicciones que haya prevenido, será competente. c) Cuando el acto que se reclama no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Ahora, la primera y la segunda, se dirigen a los actos reclamados en amparo que tienen inmediata ejecución material; mientras que la tercera se refiere a los actos reclamados que carecen de inmediata ejecución material. Sobre estas bases, debe determinarse la naturaleza de los actos reclamados, es decir, si éstos tienen ejecución material o no, para así poder establecer qué juez es el competente para conocer de la demanda de amparo. Ahora bien, toda vez que el promovente refiere en el escrito inicial de demanda que el directo quejoso se encuentra retenido en el Centro Federal de Readaptación Social en Oaxaca, resulta claro que la competencia para conocer del presente juicio de amparo, no se puede surtir a favor de este órgano jurisdiccional. En vía de consecuencia, toda vez que en el escrito de demanda que se acuerda se reclama la privación de la libertad e incomunicación de la que aduce es objeto el directo quejoso, con fundamento en el artículo 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo, reglamentada de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, determina carecer de competencia legal para conocer y resolver de la misma, por considerar que quien debe conocer de ésta es el Juez de Distrito en el Estado de Oaxaca, en turno. Así, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 38 de la Ley de Amparo, y de conformidad con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide en territorio de la república Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiado y de los Juzgados de Distrito, este Juzgado de Distrito se declara legalmente incompetente, para conocer de la demanda de amparo, por lo que se ordena remitirla al Juez de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, en turno. Asimismo, se solicita de la manera más atenta y de no tener inconveniente legal alguno, informe a este juzgador si acepta o no la competencia planteada, así como el acuse de estilo correspondiente. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo, y háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno respectivo así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Sin que en el caso sea necesario proveer en relación a la suspensión de plano solicitada, acorde a lo dispuesto en el artículo 48 y 126 de la Ley de Amparo, no obstante que se está en presencia de actos previstos en el artículo 15 de la propia Ley de Amparo; toda vez que, como se advierte de la certificación de cuenta, la presente demanda al igual que las diversas registradas con los números de expedientes 1486/2021 a 1489/2021, 1490/2021 y 1492/2021 a 1494/2021 del índice de este Juzgado Federal, fueron ingresadas al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de manera electrónica y reiterada el veinte de agosto del año en curso, siendo idénticas a la 1485/2021, la cual, fue tramitada con carácter de urgente el propio veinte de agosto de dos mil veintiuno y en la que, de igual forma, este Juzgado se declaró incompetente y además, con fundamento en el citado artículo 48 de la Ley de Amparo, concedió la suspensión de plano de los actos reclamados; por lo que se estima, dicha recepción electrónica de la misma demanda en nueve ocasiones seguidas, constituyó un error del promovente al ingresarlas al Sistema; sin embargo, la suscrita estima carecer de competencia para hacer un pronunciamiento en relación con la procedencia de las mismas. Se hace del conocimiento de las autoridades requeridas que, dada la situación de contingencia presentada con motivo del fenómeno de salud pública derivado del coronavirus (COVID-19), que limita el acceso al público a las instalaciones de este órgano jurisdiccional, el informe requerido podrá rendirlo vía correo electrónico a la dirección oficial 3jdo14cto@correo.cjf.gob.mx, o bien, vía interconexión. Asimismo, de conformidad con la circular 12/2009, emitida por el Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza al quejoso y sus autorizados, el uso de aparatos electrónicos como cámaras, escáneres o lectores, al momento de la consulta de los presentes autos, siempre y cuando sea con la supervisión del personal de este Juzgado, previo señalamiento de la actuación que pretenda reproducir. Tómese nota del correo electrónico proporcionado por la parte promovente, a fin de mantener comunicación no procesal con la misma. Ahora bien, toda vez que de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa proporciona como nombre de usuario "vhlopez7", el cual se encuentra registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; en consecuencia, con apoyo en los Acuerdos Generales 12/2020 y 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se acuerda de conformidad su solicitud, por lo que se autoriza el acceso y consulta del expediente electrónico del presente juicio, a la parte quejosa a través del citado usuario, quedando facultada para promover en el juicio con el propio nombre de usuario. Asimismo, toda vez que existe solicitud expresa de la parte quejosa para recibir notificaciones vía electrónica, en consecuencia, de conformidad con el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo y los artículos 39 y 55 párrafos segundo y tercero del citado Acuerdo General 12/2020, se ordena realizar a la parte quejosa las notificaciones en las que se realice algún requerimiento o su naturaleza lo amerite vía electrónica, en el entendido que se realizaran a través del portal de servicios electrónicos del Poder Judicial de la Federación, por medio de la cuenta electrónica antes mencionada, pues las demás se realizarán por lista. Hágase lo anterior del conocimiento del oficial administrativo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para los efectos legales conducentes. Notifíquese personalmente.

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