Issael Leonardo Pech Perez

Expediente 1744/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1744/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
15/10/2021

Partes del expediente

  • Issael Leonardo Pech Perez

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, quince de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el auto dictado en este juicio el veintiuno de septiembre del año en curso; con fundamento en los artículos, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en términos del artículo 2o de la citada Ley de Amparo, se declara que el expresado auto que SOBRESEE en estos autos fuera de audiencia, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto definitivamente concluido. En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, archívese como asunto totalmente concluido; hágase la anotación respectiva en la carátula del expediente original y en el Libro respectivo. En cumplimiento al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo, no obra documento original y se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del Punto Vigésimo primero del citado Acuerdo General, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. De igual manera, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual es destruible, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Por otro lado, atendiendo a que en los autos incidentales derivados del presente juicio, se negó la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados a las responsables, provéase respecto de la destrucción de ambos incidentes, de conformidad con lo previsto en la fracción II del artículo 20 del capítulo Octavo del acuerdo antes citado, se determina que el original y duplicado del incidente de suspensión derivado del presente expediente, son SUSCEPTIBLES DE DESTRUCCIÓN, lo que podrá hacerse una vez transcurridos los seis meses a que se refiere dicho precepto. Notifíquese.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese a estos autos el oficio signado por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con residencia en esta ciudad sin hacerse pronunciamiento acerca de él; en virtud, que de autos se advierte que en proveído dictado el veintiocho de los corrientes, con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo, se tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida por Gerardo Manuel Gómez Peña a favor del quejoso ISSAEL LEONARDO PECH PÉREZ, y con fundamento en el diverso artículo 214 de la Ley de Amparo se ordenó el archivo del presente juicio de amparo en que se actúa como asuntos definitivamente concluido. CÚMPLASE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.

  3. Principal

    Apertura. En la ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las diez horas con diecinueve minutos del veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, estando en audiencia pública Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, asistida de Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado con quien actúa, se procede al desahogo de la audiencia constitucional a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo dentro del juicio de amparo indirecto 293/2021, promovido por María Eneida Tzek Balam, por su propio derecho, contra actos de la Juez Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en Progreso, y de otra autoridad; haciéndose constar que no comparecieron las partes en forma personal, ni por conducto de representante o apoderado. Relación de constancias. A continuación, la Jueza ordena a la Secretaría hacer una relación de las constancias de autos, por lo que se dio cuenta con las siguientes: a) Demanda de amparo y anexo; b) Auto admisorio de la demanda; c) Constancia de notificación a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado; y, d) Proveídos mediante los cuales se tuvieron por rendidos los informes justificados de las autoridades responsables y se dio vista a las partes para que expresaran lo que a sus derechos conviniera. Acto seguido, la Jueza acuerda: Con fundamento en los artículos 117, 119 y 124 de la Ley de Amparo, se tiene por hecha la relación de las constancias que integran el juicio de control constitucional y convencional, incluyendo los informes justificados rendidos por las autoridades responsables. Período probatorio. Con vista en lo anterior, se procede a abrir el período probatorio, por lo que la Secretaria procede a dar cuenta con la documental remitida por la Juez responsable. Atento a lo antes señalado, la Jueza acuerda: Téngase por ofrecida la prueba con la que dio cuenta la Secretaría, la cual, conforme al artículo 119 de la Ley de Amparo, se admite y desahoga para los efectos legales, atento a su propia y especial naturaleza jurídica; cerrándose la etapa probatoria. Período de alegatos. Enseguida se abre el período de alegatos, por lo que se da cuenta con las manifestaciones vertidas por la parte tercero interesada. A lo que la Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por vertidas las alegaciones de cuenta; con lo que se tiene por agotada esta fase de la audiencia. Cierre de la audiencia. A continuación, la Jueza procede a declarar que por virtud de haberse agotado la audiencia en los términos señalados, no habiendo otro asunto pendiente de desahogo, quedan vistos los autos para dictar la sentencia correspondiente. Doy fe. Visto, para resolver el juicio de amparo indirecto 293/2021. R E S U L T A N D O PRIMERO. María Eneida Tzec Balam, por su propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclama de la Juez Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial, y del Actuario de su adscripción, ambos del Estado de Yucatán, con residencia en Progreso, que hizo consistir, medularmente, en el ilegal emplazamiento a los juicios ejecutivos mercantiles 346/2013 y 33/2014, así como la totalidad de las determinaciones emitidas en los mismos, derivadas de los llamamientos a juicio. SEGUNDO. Por auto de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, este órgano de control constitucional admitió a trámite la demanda de amparo de que se trata, la cual quedó registrada en el Libro de Gobierno bajo el expediente 293/2021; se ordenó la separación de juicios, determinándose que éste se tramitaría en relación con los actos reclamados consistentes en ilegal emplazamiento que le fue practicado a la parte quejosa al juicio ejecutivo mercantil 346/2013, así como la totalidad de las determinaciones emitidas en el mismo, derivadas del llamamiento a juicio; se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención legal que le compete; se emplazó a la parte tercero interesada; y se celebró la audiencia constitucional, en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción l, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 36 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana, y al número a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, modificado por el 8/2013, del propio Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; porque los actos reclamados fueron emitidos por autoridades que tiene su sede en esta ciudad de Mérida, Yucatán, donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a realizar la fijación de los actos reclamados y, para tal efecto, se analiza en su integridad la demanda, congruentemente con la totalidad de la información del expediente del juicio. Para ello, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es el siguiente: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. Del análisis de la demanda de amparo, así como de las constancias que forman el juicio, se desprende que la quejosa reclama de las autoridades responsables, el ilegal emplazamiento que le fue practicado al juicio ejecutivo mercantil 346/2013, así como la totalidad de las determinaciones emitidas en el mismo, derivadas del llamamiento a juicio. TERCERO...OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Debe estimarse oportuna la presentación de la demanda de amparo, en razón de que la quejoso alegó haber tenido conocimiento del juicio instaurado en su contra, el dos de febrero de dos mil veintiuno, habiendo presentado su demanda de amparo el dieciocho siguiente; por lo que es evidente que, ante ello, su demanda fue presentada dentro el término de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo. CUARTO. EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Son ciertos los actos que se reclaman de la Juez Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, y del Actuario de su adscripción, ambos con sede en Progreso, ya que así lo admitieron expresamente al rendir sus respectivos informes con justificación. Lo que se corrobora del análisis de las constancias consistentes en copia certificada del juicio ejecutivo mercantil 346/2013, del índice del Juzgado responsable, mismas que adjuntó a su respectivo informe; las cuales tienen valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, de conformidad con el artículo 2º de la Ley de Amparo, y son demostrativas de la existencia de los actos reclamados. QUINTO. ANÁLISIS DE FONDO. Los conceptos de violación no habrán de transcribirse, dado que ni el artículo 74, ni algún otro de la Ley de Amparo, lo exigen. Resulta aplicable en la especie, la jurisprudencia bajo el rubro y texto siguientes: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. Sentado lo anterior, debe decirse que, en el presente asunto, la peticionaria del amparo se ostenta con el carácter de tercero extraña al juicio de origen, por equiparación. Para efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 107, fracción VI, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluido en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente. Es "tercero extraño equiparado o por equiparación", quien es parte formal en un juicio o en procedimiento, pero no fue emplazado o fue emplazado incorrectamente. Sobre el particular, resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 7/98, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente. Una vez sentado lo anterior, es menester, en primer término, realizar algunas precisiones respecto al emplazamiento a juicio, el cual, por su naturaleza, así como trascendencia, debe ser cuidadoso y correctamente hecho, siendo los vicios de forma, de estudio ineludible por parte de la autoridad federal, debido a las consecuencias jurídicas que puede causar a quien defectuosamente fue llamado a juicio, o no lo fue, y que la falta o defecto en el emplazamiento, constituye una violación procesal grave, que anula las defensas del demandado, por la ignorancia del procedimiento instaurado en su contra. Es por ello que el estudio de la legalidad del emplazamiento debe hacerse al tenor de lo dispuesto en las normas que rigen el acto que se estima en agravio del gobernado, pues entraña una formalidad esencial de los derechos humanos que salvaguarda el artículo 14 Constitucional. Lo anterior significa que el estudio de la citación a juicio, puede realizarse aunque no se alegue por la parte demandada, o sea, sin que exista argumento alguno, facultad que se otorga a los tribunales federales de amparo, que tienen como función procurar que no se violen derechos humanos con los actos que se reclamen en el juicio de amparo, lo que hace indudable la aplicación del artículo 79 de la Ley de Amparo. Apoya lo antes razonado, por similitud de razón, la jurisprudencia número P./J. 149/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN LAS MATERIAS CIVIL, MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA. PROCEDE RESPECTO DE LA FALTA O DEL ILEGAL EMPLAZAMIENTO DEL DEMANDADO AL JUICIO NATURAL. Conforme a lo dispuesto por la fracción VI del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, en materias distintas a la penal, agraria y laboral, opera la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación y de los agravios cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa. Ahora bien, si el emplazamiento del demandado al juicio natural constituye una formalidad esencial del procedimiento por ser necesario para una adecuada defensa, se sigue que la falta de verificación de tal emplazamiento o su práctica defectuosa se traduce en una violación manifiesta a la ley que produce indefensión, pues se estaría ante la infracción procesal de mayor magnitud y de carácter más grave dada su trascendencia en las demás formalidades del procedimiento al afectar la oportunidad de alegar y de ofrecer y desahogar pruebas, lo que obliga a los juzgadores de amparo a suplir la queja deficiente al respecto y, por tanto, a no dejar de examinar esa cuestión sólo porque el planteamiento específico no se haya hecho valer en la demanda de garantías, no pudiendo estimarse inoperantes los agravios relativos por esa razón. Sentado lo anterior, debe decirse que los conceptos de violación que esgrime la quejosa, devienen infundados, por las consideraciones siguientes. En sus conceptos de violación, la parte quejosa expone, medularmente, que la diligencia de emplazamiento viola sus garantías de audiencia y seguridad consagradas en los artículos 14 y 16 Constitucionales, porque no fue practicada legalmente. Ahora bien, de conformidad con el artículo 1054 del Código de Comercio, el juicio de origen se rige por las disposiciones del aludido Código, siendo supletorio el Código Federal de Procedimientos Civiles y, en caso de que no se regule suficientemente la institución cuya supletoriedad se requiera, la ley de procedimientos local respectiva. En esa tesitura, a fin de lograr un mayor entendimiento de los conceptos a analizar, se estima necesario transcribir los artículos del Código de Comercio que regulan la diligencia reclamada por esta vía de control constitucional, los cuales son: Artículo 1392. Presentada por el actor su demanda acompañada del título ejecutivo, se proveerá auto, con efectos de mandamiento en forma, para que el deudor sea requerido de pago, y no haciéndolo se le embarguen bienes suficientes para cubrir la deuda, los gastos y costas, poniéndolos bajo la responsabilidad del acreedor, en depósito de persona nombrada por éste. Artículo 1393. No encontrándose el deudor a la primera busca en el inmueble señalado por el actor, pero cerciorado de ser el domicilio de aquél, se le dejará citatorio fijándole hora hábil, dentro de un lapso comprendido entre las seis y las setenta y dos horas posteriores, y si no aguarda, se practicará la diligencia de embargo con los parientes, empleados o domésticos del interesado, o cualquier otra persona que viva en el domicilio señalado, siguiéndose las reglas del Código Federal de Procedimientos Civiles, respecto de los embargos." "Artículo 1394. La diligencia de embargo se iniciará con el requerimiento de pago al deudor, su representante o la persona con la que se entienda, de las indicadas en el artículo anterior; de no hacerse el pago, se requerirá al demandado, su representante o la persona con quien se entiende la diligencia, para que señale bienes suficientes para garantizar las prestaciones reclamadas, apercibiéndolo que de no hacerlo, el derecho para señalar bienes pasará al actor. A continuación se emplazará al demandado. En todos los casos se le entregará a dicho demandado cédula en la que se contengan la orden de embargo decretada en su contra, dejándole copia de la diligencia practicada, corriéndole traslado con la copia de demanda, de los documentos base de la acción y demás que se ordenan por el artículo 1061. La diligencia de embargo no se suspenderá por ningún motivo, sino que se llevará adelante hasta su conclusión, dejando al deudor sus derechos a salvo para que los haga valer como le convenga durante el juicio. El juez, en ningún caso, suspenderá su jurisdicción para dejar de resolver todo lo concerniente al embargo, su inscripción en el Registro Público que corresponda, desembargo, rendición de cuentas por el depositario respecto de los gastos de administración y de las demás medidas urgentes, provisionales o no, relativas a los actos anteriores. Tratándose de embargo de inmuebles, a petición de la parte actora, el juez requerirá que la demandada exhiba el o los contratos celebrados con anterioridad que impliquen la transmisión del uso o de la posesión de los mismos a terceros. Sólo se aceptarán contratos que cumplan con todos los requisitos legales y administrativos aplicables. Una vez trabado el embargo, el ejecutado no puede alterar en forma alguna el bien embargado, ni celebrar contratos que impliquen el uso del mismo, sin previa autorización del juez, quien al decidir deberá recabar la opinión del ejecutante. Registrado que sea el embargo, toda transmisión de derechos respecto de los bienes sobre los que se haya trabado no altera de manera alguna la situación jurídica de los mismos en relación con el derecho que, en su caso, corresponda al embargante de obtener el pago de su crédito con el producto del remate de esos bienes, derecho que se surtirá en contra de tercero con la misma amplitud y en los mismos términos que se surtiría en contra del embargado, si no hubiese operado la transmisión. Cometerá el delito de desobediencia el ejecutado que transmita el uso del bien embargado sin previa autorización judicial. Artículo 1396. Hecho el embargo, acto continuo se notificará al deudor, o a la persona con quien se haya practicado la diligencia para que dentro del término de ocho días, el que se computará en términos del artículo 1075 de este Código, comparezca el deudor ante el juzgado a hacer paga llana de la cantidad demandada y las costas, o a oponer las excepciones que tuviere para ello. Artículo 1399. Dentro de los ocho días siguientes al requerimiento de pago, al embargo, en su caso, y al emplazamiento, el demandado deberá contestar la demanda, refiriéndose concretamente a cada hecho, oponiendo únicamente las excepciones que permite la ley en el artículo 1403 de este Código, y tratándose de títulos de crédito las del artículo 8 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, y en el mismo escrito ofrecerá pruebas, relacionándolas con los hechos y acompañando los documentos que exige la ley para las excepciones. De igual forma, el Código Federal de Procedimientos Civiles, prevé: "Artículo 311. Para hacer una notificación personal, y salvo el caso previsto en el artículo 307, se cerciorará el notificador, por cualquier medio, de que la persona que deba ser notificada vive en la casa designada, y, después de ello, practicará la diligencia, de todo lo cual asentará razón en autos." Artículo 317. Deben firmar las notificaciones la persona que las hace y aquellas a quien se hacen. Si ésta no supiere o no quisiere firmar, lo hará el notificador, haciendo constar esta circunstancia. A toda persona se le dará copia simple de la resolución que se le notifique, sin necesidad de acuerdo judicial. Las copias que no recojan las partes, se guardarán en la secretaría, mientras esté pendiente el negocio. El contenido de los preceptos antes mencionados, precisan la forma en que ha de realizarse la diligencia de exequendo, es decir, los lineamientos que se deben de seguir para el emplazamiento de la parte demandada. De un análisis sistemático de los preceptos legales trascritos con anterioridad, podemos afirmar que son varios los requisitos exigidos para que se consideren válidas las notificaciones personales o diligencias de emplazamiento practicadas en los autos de exeqüendo por los notificadores; de entre ellos, se citan los siguientes: Se harán al interesado o a su representante o procurador; Deberá practicarse en la casa designada; Deberá entregarse instructivo o cédula en el cual se hará constar la fecha y hora; el nombre del promovente; el Juez que manda practicar la diligencia y la determinación que se manda notificar. En el caso del auto de exquendo, se proveerá auto con efectos de mandamiento judicial en forma, para que el deudor sea requerido de pago y no haciéndolo se le embarguen bienes suficientes para cubrir la deuda, los gastos y costas, poniéndolos bajo responsabilidad del creedor. Si se trata de la notificación de la demanda y a la primera búsqueda no se encuentra a quien deba ser notificado, se le dejará citatorio fijándole hora hábil, dentro de las siguientes seis a setenta y dos horas posteriores y si no aguarda, se practicará la diligencia de embargo con los parientes, empleados o domésticos del interesado, o cualquier otra persona que viva en el domicilio señalado. La diligencia de embargo se iniciará con el requerimiento de pago al deudor, su representante o la persona con la que se entienda, de las indicadas en el artículo anterior; de no hacerse el pago, se requerirá al demandado, su representante o la persona con quien se entiende la diligencia, para que señale bienes suficientes para garantizar las prestaciones reclamadas, apercibiéndolo que de no hacerlo, el derecho para señalar bienes pasará al actor. A continuación, se emplazará al demandado. Ahora bien, de las constancias relativas al emplazamiento de la aquí quejosa, esta Juzgadora Federal estima que no existe transgresión alguna en su perjuicio, en términos de lo dispuesto por el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que invoca, en virtud que dicha diligencia cumple con todos y cada uno de los requisitos exigidos por los artículos 1,068, 1,392, 1,393, 1,394, del Código de Comercio y, por tanto, cubre las formalidades esenciales del procedimiento que exige dicho artículo constitucional. La diligencia de que se trata, es del tenor literal siguiente: "En Chelem, Puerto, Comisaría de Progreso, Yucatán a cuatro de septiembre del año dos mil trece, siendo las diecisiete horas con cuarenta minutos. Yo, el Actuario del Juzgado Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, Licenciado en Derecho Xavier Mauricio Mendoza Bué, en cumplimiento con lo ordenado en auto de exeqüendo de fecha seis de agosto del presente año, me constituyo en unión del actor Azael Ramos Calan, en el predio número setecientos sesenta, de la calle veintiuno letra "A", por doce y catorce, de la Localidad de Chelem Puerto, del Municipio de Progreso, domicilio señalado por la parte actora como de la parte demandada ciudadana MARÍA ENEIDA TZEC BALAM, ALIAS MARÍA NEIDA TZEC BALAM, habiéndome cerciorado previamente del domicilio señalado, por la nomenclatura pública puesta por el Municipio de esta ciudad en la esquina de la cuadra con unas placas metálicas que me indica la calle y sus cruzamientos y así como por la numeración del predio que tiene visiblemente en una de las paredes del frente y es la que busco, procedo a tocar a la puerta de entrada y del interior del predio señalado, sale a mi encuentro una persona del sexo femenino ante quien me identifico como actuario judicial con mi gafete oficial y re (sic.) requiero que me proporcione su nombre y alguna identificación y le (sic.) requerida dice que su nombre es MARÍA ENEIDA TZEC BALAM, ALIAS MARÍA NEIDA TZEC BALAM, quien se identifica con una credencial de elector con número de clave de elector TZBLEN50031531M500 y cuyos rasgos físicos faciales de la fotografía concuerdan con los de mi informante y se le devuelve su credencial, y me informa que este es el domicilio señalado donde vive, ocupa y habita, una ver (sic.) cerciorado del domicilio y de la persona que busco, procedo a efectuarle la notificación del proveído señalado al principio de esta acta, por medio de lectura en voz alta y de manera íntegra y le pongo a la vista el documento base de la acción y le requiero para que en este momento pague al actor aquí presente, la cantidad de DIEZ MIL PESOS, SIN CENTAVOS, MONEDA NACIONAL.; o en su defecto señale bienes de su propiedad que sean suficientes a cubrir las citadas prestaciones más las costas y los gastos del procedimiento y en caso de no hacerlo el derecho para señalar bienes para su embargo pasará al actor y la demandad requerida dice que no paga, y tampoco señala bienes para su embargo, en tal virtud, el actor haciendo uso del derecho que la Ley le confiere señala para embargar como de la propiedad de la demandada MARÍA ENEIDA TZEC BALAM, ALIAS MARÍA NEIDA TZEC BALAM, EL CIEN POR CIENTO QUE LE CORRESPONDE EN VIRTUD DE ESTAR CASADA EN SEPARACIÓN DE BIENES DEL PREDIO DE SU PROPIEDAD marcado con el número SETECIENTOS SESENTA de la calle VEINTIUNO LETRA "A" DE LA LOCALIDAD DE CHELEM PUERTO, MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATÁN, CON FOLIO ELECTRÓNICO 26486, DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL ESTADO; así mismo el actor se reserva el derecho para embargar más bienes como del demandado para cuando tenga conocimiento de ellos, circunstancia que doy debida cuenta a la autoridad. Acto Seguido, Yo, el Actuario del Juzgado en funciones de Ministro Ejecutor declaro trabado formal embargo sobre dicho bien inmueble y tengo por hecho el nombramiento de depositario del mismo que el actor hace bajo su responsabilidad a favor de la demandada MARÍA ENEIDA TZEC BALAM, ALIAS MARÍA NEIDA TZEC BALAM quien por estar presente manifiesta quedar enterada y notificada. Seguidamente le notifico a la demandada que tiene el término de ocho días para comparecer al juzgado que conoce del presente juicio para pagar lo reclamado o para oponerse a su ejecución si para ello contare con excepciones y le entrego la cédula de notificación que contiene el proveído ya señalado y también le entrego copia de la demanda y copia del documento base de la acción exhibido debidamente cotejados, así mismo le entrego copia de la presente acta y que previa su lectura en voz alta, no firma la requerida demandada por no querer hacerlo, pero lo hace el actor. Agrego al expediente la copia de la cédula para constancia. Doy fe. Como se puede ver, de la constancia relativa al emplazamiento, se aprecia que el cuatro de septiembre de dos mil trece, a las diecisiete horas con cuarenta minutos, el Actuario responsable se constituyó en el domicilio ubicado en el predio setecientos sesenta, de la calle veintiuno "A2, cruzamiento con las calles doce y catorce, de la localidad de Chelem Puerto, municipio de Progreso, Yucatán, señalado en el controvertido de origen como domicilio de la demandada María Eneida Tzec Balam o María Neida Tzec Balam, a fin de emplazarla al juicio natural. También se puede ver que el notificador asentó que se cercioró de encontrarse en el lugar correcto, por la nomenclatura de las calles, así como por el número del predio visible al frente del mismo; y por el dicho de una persona de nombre María Eneida Tzec Balam o María Neida Tzec Balam, quien se encontraba en el interior del predio y manifestó ser la persona buscada, es decir, la propia demandada, identificándose con su credencial para votar con fotografía con clave de elector TZBLEN50031531M500. A continuación, emplazó a juicio a la referida Tzec Balam, asentando que le notificó el auto de seis de agosto de dos mil trece, dictado por la Juez responsable, leyéndoselo íntegramente, y corriéndole traslado con copia de la demanda y del documento base de la acción, debidamente cotejados, haciéndole saber que contaba con el término de ocho días para contestar la demanda entablada en su contra y oponer excepciones, si las tuviere. La literalidad de la constancia transcrita revela que el notificador sí se cercioró de encontrarse en el predio designado como domicilio de la demandada, con base en los señalamientos de las calles, así como por la numeración del inmueble, y por el dicho de la persona con quien entendió la diligencia, quien expresamente admitió ser la demandada buscada y le informó que ese era el domicilio buscado, donde vive; por tanto, es evidente que proporcionó los elementos objetivos y subjetivos que tuvo a su alcance para probar la certeza de su actuación. Máxime que la persona con la que se entendió la diligencia de emplazamiento reclamada, es la propia demandada María Eneida Tzec Balam o María Neida Tzec Balam, quien incluso se identificó con su credencial para votar con fotografía con clave de elector TZBLEN50031531M500, por lo que es obvio que sí fue llamada oportunamente a juicio; motivo por el cual, se reitera, deviene infundado el concepto de violación esgrimido por la quejosa, relativo a la falta de cercioramiento por parte del fedatario responsable. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia por contradicción de tesis emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 195, del Tomo VI, Primera Parte, Junio a Diciembre de 1990, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: EMPLAZAMIENTO. SI EL NOTIFICADOR LO ENTIENDE CON UNA PERSONA QUE DICE SER EL DEMANDADO, NO ES NECESARIO QUE SE CERCIORE DE SU IDENTIDAD (LEGISLACION DEL ESTADO DE JALISCO). De los artículos 267, fracción III y 268 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco, se sigue que corresponde a la parte que formula la demanda señalar el domicilio en donde debe ser llamado a juicio su adversario, lo que se justifica en razón de que es la persona que tiene el conocimiento adecuado del lugar en el que vive el demandado y, además, porque sin duda resulta ser el primer interesado en contar con la seguridad que el juicio promovido satisface la garantía de debida audiencia a fin de evitar a la postre su nulidad. Ahora bien, del análisis a los diversos 111 y 112 del código invocado, semejantes a las disposiciones contenidas en los ordenamientos procesales de otras entidades federativas, se desprende que en modo alguno prevén la exigencia relativa a que el notificador se cerciore de la identidad del demandado en el caso de que el emplazamiento lo entienda, en la casa designada, con quien dice ser el interesado. De aquí, entonces, que no existe base legal para llegar a sostener que el cercioramiento de que se trata, en la hipótesis apuntada, constituya una formalidad que debe de observarse en ese tipo de diligencias y, por ende, la aseveración sobre el particular en el acta respectiva cuenta con la presunción de que el llamado a juicio se realizó con el demandado. Cabe añadir que la abstención del legislador local de establecer el requisito de que se habla, encuentra justificación si se tiene en cuenta que, de llegar a estimar el afectado que no fue él con quien se entendió la diligencia, lo que equivale a sostener que existió la suplantación de persona, en primer lugar, está en condiciones de hacer valer los medios de defensa correspondientes, entre éstos el incidente de nulidad de emplazamiento estatuido en los artículos 71 y 72 de la ley procesal civil y, en último lugar, porque en el plano federal tiene también la posibilidad de promover el juicio de garantías, según el caso, en la vía directa o indirecta en términos de los artículos 158, párrafo primero, 159, fracción I y 114, fracción V, de la Ley de Amparo, para impugnar la falta de emplazamiento o el emplazamiento defectuoso. De concluir lo contrario se llegaría al absurdo de que si acaso el demandado no contara con documentos de identificación, a pesar de que él dijera que es la persona buscada ya no podría continuarse la diligencia; esto es, habría que suspenderla para comunicar al Juez que no se pudo emplazar por la mencionada carencia. Lo anterior, aunado a que la quejosa fue completamente omisa en aportar pruebas tendentes a demostrar que, en su caso, la persona con quien el Actuario entendió la diligencia de llamamiento a juicio, era una diversas de la amparista; por lo que es notorio que no controvirtió, en modo alguno, la fe pública de la que dicho funcionario se encuentra investido. Incluso, contrario a lo alegado por la quejosa, de la simple lectura de la cédula de notificación relativa, se desprende que el fedatario sí asentó la fecha y hora en que llevó a cabo el emplazamiento de marras, ya que consta que ello aconteció a las "diecisiete horas con cuarenta minutos del día de hoy", en tanto que al final de dicha cédula aparece la fecha "cuatro de septiembre de dos mil trece." En ese mismo orden, contrario a lo alegado por la quejosa en un diverso concepto de violación, en el caso que nos atañe, el fedatario responsable sí dio cabal cumplimiento a lo estipulado en el numeral 14 Constitucional, ya que describió a cabalidad cuáles fueron los documentos con los que corrió traslado a la parte demandada. Se afirma lo anterior, pues basta la lectura del acta de cuatro de septiembre de dos mil trece, para advertir, con meridiana claridad, que el fedatario asentó textualmente que "le entrego la cédula de notificación que contiene el proveído ya señalado y también le entrego copia de la demanda y copia del documento base de la acción exhibido debidamente cotejados, así mismo le entrego copia de la presente acta. De lo que se sigue que, además de entregar a la quejosa copia de la cédula de notificación relativa y del acta correspondiente, le corrió traslado con copia cotejada de la demanda y del documento base de la acción. Debiéndose destacar que de las constancias que integran el juicio natural, es dable advertir que adjunta a la demanda que dio origen al mismo, únicamente se exhibió el documento base de la acción, relativo a un pagaré de tres de enero de dos mil veintiuno; por lo que es evidente que el documento base de la acción a que hizo mención el fedatario responsable en la diligencia de llamamiento, como con el que corrió traslado a la demandada, hoy quejosa, coincide plenamente con el exhibido por la parte actora en dicho controvertido, habiéndolo descrito con total claridad y siendo el único anexo exhibido con la demanda En esa tesitura, se insiste, deviene infundado lo indicado por la quejosa, cuenta habida que sí se indicó y describió con total claridad, cuáles fueron todos los documentos con los que se le corrió traslado al efectuarse el llamamiento a juicio. Máxime que, contrario a lo manifestado por la quejosa, para la validez de la diligencia en estudio, no es necesario que se señalen las fojas de las que consta los documentos entregados, pues no existe dispositivo alguno que así lo exija y, por el contrario, el numeral 1394 del Código de Comercio únicamente dispone que ".En todos los casos se le entregará a dicho demandado cédula en la que se contengan la orden de embargo decretada en su contra, dejándole copia de la diligencia practicada, corriéndole traslado con la copia de demanda, de los documentos base de la acción y demás que se ordenan por el artículo 1061. Lo anterior, incluso, encuentra sustento en la propia jurisprudencia que invoca la quejosa, de rubro "EMPLAZAMIENTO. DEBE CONSIDERARSE VÁLIDO SÓLO CUANDO AL REALIZAR LA CERTIFICACIÓN RELATIVA, EL NOTIFICADOR DESCRIBE CUÁLES SON LAS COPIAS DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTARON A LA DEMANDA CON LAS QUE CORRE TRASLADO.", pues de ésta se desprende que el fedatario debe constreñirse a describir cuáles son los documentos con los que corrió traslado, lo que acontece en la especie, como quedó visto párrafos precedentes, sin que se encuentre obligado a indicar el número de fojas de las constancias relativas, cuenta habida que ello no se encuentra contenido en el numeral 1394 del Código de Comercio ni tampoco en el indicado criterio jurisprudencial. En las relatadas circunstancias, toda vez que el emplazamiento reclamado se ajustó a las disposiciones aplicables, no se vulneraron en perjuicio del titular de la acción constitucional los derechos fundamentales de audiencia y legalidad a que se refieren los artículos 14 y 16 Constitucionales; por tanto, procede negar el amparo y la protección de la Justicia Federal a la quejosa María Eneida Tzec Balam. Derivado de lo anterior, por cuanto hace a los restantes actos, tal como se señaló en el apartado relativo a la precisión de los actos reclamados, éstos son impugnados en vía de consecuencia del emplazamiento tildado de inconstitucional, de ahí, que deba hacerse extensiva la negativa del amparo, al no haberse impugnado los mismos por vicios propios. En el caso, no es dable sostener que se está en el supuesto de "jurisdicción escalonada", ya que dicha hipótesis opera sólo cuando del análisis de la demanda de amparo se advierta una real intención de la quejosa en reclamar la sentencia por vicios propios y no sólo como consecuencia de la omisión o ilegalidad del emplazamiento. De ahí que procede la escisión si contra el laudo o sentencia definitiva existen motivos de disenso encaminados a impugnar infracciones procesales (distintas del emplazamiento), formales o de fondo. Por el contrario, si el laudo o sentencia definitiva sólo se reclama en vía de consecuencia, no deberá escindirse la demanda sino extenderse el sobreseimiento o la negativa de amparo por la declaración de constitucionalidad del emplazamiento, a la sentencia definitiva, ya que no se presenta el supuesto de "jurisdicción escalonada", pues la nota distintiva para determinar si debe escindirse o no la demanda, radica en una auténtica subsistencia de temas controvertidos que sean competencia de un órgano constitucional diverso. Se afirma lo anterior, ya que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia bajo el epígrafe "EMPLAZAMIENTO. SI EN AMPARO INDIRECTO SE IMPUGNA SU ILEGALIDAD O AUSENCIA EN UN JUICIO LABORAL, ASÍ COMO EL LAUDO RESPECTIVO, OSTENTÁNDOSE EL QUEJOSO COMO PERSONA EXTRAÑA POR EQUIPARACIÓN, Y EL JUEZ DE DISTRITO RESUELVE QUE AQUÉL FUE LEGAL, SE DEBE ATENDER A LA DEFINITIVIDAD DE LA RESOLUCIÓN RECLAMADA PARA DECIDIR LO CONDUCENTE (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 121/2005).", sostuvo los siguientes argumentos: .cuando el quejoso se ostenta como tercero extraño, por equiparación, deberá tenerse como acto reclamado destacado la omisión de emplazamiento, o en su caso, el emplazamiento practicado, subrayando que deberá prescindirse de cualquier calificativo al emplazamiento, tendente a considerarlo ilegal o indebido, pues, tales aspectos se traducen en conceptos de violación. En el mismo orden, en vista del estadio procesal del juicio, si bien debe señalarse como acto el laudo, resulta optativo para el quejoso indicarlo como destacado, o bien, en vía de consecuencia del emplazamiento reclamado, atento a los argumentos presentados a guisa de conceptos de violación. En el supuesto de que se señale el laudo sólo en vía de consecuencia del emplazamiento considerado inconstitucional, resulta indudable que no podrían separarse los actos, ya que la constitucionalidad del laudo depende de la calificación del emplazamiento. Por tanto, atendiendo al principio de continencia de la causa, no sería dable la separación. Sin embargo, como se apuntó con antelación, este supuesto no genera mayor complicación, pues no hay pronunciamiento específico en relación con el laudo, al cual sólo se extiende la declaratoria, en vía de consecuencia." Por lo antes expuesto, debe decirse que no se está en el supuesto de una jurisdicción escalonada, ya que como se ha sostenido, el acto destacado motivo de análisis, lo constituye el emplazamiento de la parte quejosa al juicio de origen, siendo los demás actos, consecuencia directa de la ilegalidad del llamamiento a juicio sin evidenciarse un motivo de inconformidad en contra de actos posteriores, incluida la sentencia definitiva; por ende, debe de hacerse extensiva la negativa de conceder el amparo decretado a los actos posteriores al emplazamiento, al haberse decretado la legalidad del llamamiento a juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XXVII.1o.(VIII Región) 13 K (10a.), con el rubro y texto siguientes: EMPLAZAMIENTO. SI EN AMPARO INDIRECTO SE IMPUGNA SU ILEGALIDAD O AUSENCIA, ASÍ COMO EL LAUDO O SENTENCIA DEFINITIVA, SI SE DECRETA QUE AQUÉL FUE LEGAL O SE SOBRESEE EN EL JUICIO EN CUANTO A ÉSTE, EL JUEZ DE DISTRITO, PARA DECIDIR SI SE ESTÁ O NO ANTE UN CASO DE "JURISDICCIÓN ESCALONADA" EN RELACIÓN CON ESTAS RESOLUCIONES, DEBERÁ ATENDER A LA EXISTENCIA DE LA CAUSA DE PEDIR PARA DETERMINAR SI PROCEDE LA ESCISIÓN DE LA DEMANDA. De la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia P./J. 70/2010, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, agosto de 2010, página 9, de rubro: "EMPLAZAMIENTO. SI EN AMPARO INDIRECTO SE IMPUGNA SU ILEGALIDAD O AUSENCIA EN UN JUICIO LABORAL, ASÍ COMO EL LAUDO RESPECTIVO, OSTENTÁNDOSE EL QUEJOSO COMO PERSONA EXTRAÑA POR EQUIPARACIÓN, Y EL JUEZ DE DISTRITO RESUELVE QUE AQUÉL FUE LEGAL, SE DEBE ATENDER A LA DEFINITIVIDAD DE LA RESOLUCIÓN RECLAMADA PARA DECIDIR LO CONDUCENTE (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 121/2005).", se desprende que cuando se reclame la ilegalidad o ausencia del emplazamiento, así como el laudo o sentencia definitiva, al respecto, si el Juez de Distrito estima que aquél fue legal o sobresee en el juicio, debe decidir si se está o no ante un caso de jurisdicción escalonada en relación con el laudo o sentencia definitiva. Para resolverlo, debe atender a la existencia de la causa de pedir, pues la "jurisdicción escalonada" opera sólo cuando del análisis de la demanda de amparo se advierta una real intención del quejoso en reclamar el laudo o sentencia por vicios propios y no sólo como consecuencia de la omisión o ilegalidad del emplazamiento. De ahí que procede la escisión si contra el laudo o sentencia definitiva existen motivos de disenso encaminados a impugnar infracciones procesales (distintas del emplazamiento), formales o de fondo. Por el contrario, si el laudo o sentencia definitiva sólo se reclama en vía de consecuencia, no deberá escindirse la demanda sino extenderse el sobreseimiento o la negativa de amparo por la declaración de constitucionalidad del emplazamiento, a la sentencia definitiva o laudo, ya que no se presenta el supuesto de "jurisdicción escalonada", pues la nota distintiva para determinar si debe escindirse o no la demanda, radica en una auténtica subsistencia de temas controvertidos que sean competencia de un órgano constitucional diverso. Lo anterior permite respetar el derecho fundamental de justicia pronta y expedita reconocido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 76, 77 y 78 de la Ley de Amparo, se, R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a María Eneida Tzec Balam, contra los actos que reclamó de la Juez Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán y del Actuario de su adscripción, ambos con sede en Progreso; precisados en el considerando segundo de esta sentencia, y por los motivos expuestos en el último subsecuente. Notifíquese por lista.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguense a estos autos únicamente para que obren como corresponda, los informes previos rendidos por la Directora de Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, por el Subdirector General del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas y por la Subdirectora de Trámite de Retiros y Pensiones de la Dirección de Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, todos con sede en la Ciudad de México, sin hacer mayor pronunciamiento, lo anterior, en virtud de que en proveído de seis anterior, se tuvieron por rendidos los mismos. Notifíquese.

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