Itandehui Belén Sánchez Rodríguez
Expediente 823/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 8 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 823/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 23/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Itandehui Belén Sánchez Rodríguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese el instrumento señalado en la nota de cuenta al expediente en el que se actúa para que surta los efectos correspondientes. Ahora bien, de su contenido se advierte que la Actuaria Judicial adscrita al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito comunica el auto de veintidós de los corrientes que la Magistrada Presidenta de ese órgano jurisdiccional dictó en el toca 592/2023, en el que proveyó lo siguiente: a) Acusa recibo de los autos originales del juicio de amparo de donde deriva este cuaderno de antecedentes y de los dos ejemplares de los escritos en donde se interpuso el recurso de revisión y se expresan los agravios con las evidencias criptográficas relativas a las firmas electrónicas del recurrente. b) Admitió ese medio de impugnación que ********************, en su carácter de delegado de la autoridad responsable Presidente de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, interpuso en contra de la sentencia de veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, dictada en el juicio de amparo de donde emana este cuaderno. Al respecto, se toma conocimiento de las determinaciones anteriores. Por otra parte, dado que en el auto de dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés, se reservó proveer sobre la vinculación del expediente electrónico relativo al juicio de amparo 823/2023 de donde deriva este cuaderno de antecedentes al diverso del toca del recurso de revisión indicado hasta que se tuviera conocimiento del órgano jurisdiccional que conocería de tal medio de impugnación, lo cual ya acaeció; por tanto, se provee lo siguiente: Se instruye a la Oficial Judicial A encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrita a este órgano jurisdiccional que realice las acciones necesarias para que el expediente electrónico relativo al juicio constitucional 823/2023 del que emana este cuaderno de antecedentes quede vinculado al distinto del recurso de revisión tramitado bajo el toca 592/2023 de la estadística del Tribunal de alzada hasta que este último resuelva el referido medio de impugnación, por lo que comuníquese a la Superioridad la presente determinación para su conocimiento. Notifíquese.
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San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos y la certificación señalada en la nota de cuenta se advierte lo siguiente: a) el oficio 20814/2023 dirigido a la autoridad responsable Presidente de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, que contiene la inserción del proveído de treinta y uno de octubre del año en curso, en el que se tuvo a ese ente público por interpuesto el recurso de revisión en contra de la sentencia de veintinueve de septiembre de la presente anualidad, dictada en este juicio de amparo fue entregado a su destinataria el trece de noviembre pasado; y, b) la información anterior se constató al consultar la liga de la página de Internet de la empresa de mensajería acelerada "ESTAFETA" siguiente https://www.estafeta.com/Herramientas/Rastreo que arroja la fecha indicada como aquella en la que se realizó la entrega del citado comunicado, relativo a la correspondencia registrada con el código de rastreo 1423275185 y la guía 901501554824A508509776, circunstancia que se invoca como un hecho notorio en términos de lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por lo que se ordena glosar al expediente en el que se actúa una impresión del documento electrónico en donde consta el dato indicado que aparece en la página de Internet señalada para obre como constancia. En respaldo de lo anterior, se cita la tesis I.3o.C.35 K (10a.) sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que informa: "PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL. Los datos publicados en documentos o páginas situados en redes informáticas constituyen un hecho notorio por formar parte del conocimiento público a través de tales medios al momento en que se dicta una resolución judicial, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles. El acceso al uso de Internet para buscar información sobre la existencia de personas morales, establecimientos mercantiles, domicilios y en general cualquier dato publicado en redes informáticas, forma parte de la cultura normal de sectores específicos de la sociedad dependiendo del tipo de información de que se trate. De ahí que, si bien no es posible afirmar que esa información se encuentra al alcance de todos los sectores de la sociedad, lo cierto es que sí es posible determinar si por el tipo de datos un hecho forma parte de la cultura normal de un sector de la sociedad y pueda ser considerado como notorio por el juzgador y, consecuentemente, valorado en una decisión judicial, por tratarse de un dato u opinión común indiscutible, no por el número de personas que conocen ese hecho, sino por la notoriedad, accesibilidad, aceptación e imparcialidad de este conocimiento. Por tanto, el contenido de una página de Internet que refleja hechos propios de una de las partes en cualquier juicio, puede ser tomado como prueba plena, a menos que haya una en contrario que no fue creada por orden del interesado, ya que se le reputará autor y podrá perjudicarle lo que ofrezca en sus términos." Por otro lado, como está ordenado en el acuerdo de treinta y uno de octubre del año en curso, al estar notificadas las partes de la sentencia y del referido proveído dictados en el presente medio extraordinario de defensa remítanse dos ejemplares del escrito en donde se interpone el recurso de revisión y se expresan los agravios que contengan la evidencia criptográfica relativa a la firma electrónica del recurrente y los autos originales de este juicio constitucional al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, en turno, para la substanciación de ese medio de impugnación que ********************, en su carácter de delegado de la autoridad responsable Presidente de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, interpuso en contra del fallo de veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, dictado en este juicio de amparo. En otro punto, una vez que se tenga noticia del Tribunal Colegiado de Circuito que conocerá del recurso de revisión interpuesto se proveerá sobre la vinculación del expediente electrónico relativo a este asunto al diverso del toca que se instrumente con motivo de ese medio de impugnación a fin de que la Superioridad tenga los elementos necesarios para dictar la resolución que en derecho corresponda. Notifíquese.
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San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. ... Notifíquese personalmente.
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S E N T E N C I A Mediante la cual se resuelve el juicio de amparo indirecto 823/2023 promovido ******************** en contra del acto de la autoridad que más adelante se precisarán. El problema jurídico planteado en el presente asunto exige analizar en el caso de que se cumplan los presupuestos procesales correspondientes para el dictado de una sentencia de fondo si el acto impugnado vulnera en perjuicio de la inconforme el derecho fundamental de petición reconocido por el numeral 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. I. ANTECEDENTES De los hechos y las abstenciones que la justiciable ******************** manifestó bajo protesta de decir verdad que constituyen los antecedentes de los actos reclamados se advierte que expuso que en su calidad de defensora particular de Rosalío Samayoa Rivera dentro de la carpeta judicial OAX/000398/2023 del índice del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca presentó un escrito dirigido al Presidente de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, el veintiuno de junio de dos mil veintitrés, en el que solicitó un informe en donde indicara diversos aspectos asociados con todas las colonias de ese municipio, así como de las distintas denominadas Las Flores y Lachindoo, ambas colonias de esa localidad, y que otorgara la documentación que respaldara tal informe, en particular los mapas de ubicación de las dos últimas colonias señaladas, sin que esa autoridad municipal haya dictado la respuesta correspondiente y tampoco ha notificado la contestación que recayó a su petición. La inconforme estima que el acto del ente responsable vulnera en su perjuicio el derecho fundamental de petición reconocido por el normativo 8 de la Constitución General de la República. II. TRÁMITE ******************** promovió juicio de amparo indirecto mediante escrito presentado el dieciséis de agosto de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en esta localidad. La justiciable señaló como autoridad responsable al Presidente de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, a quien reclamó la omisión de dar respuesta al escrito que presentó el veintiuno de junio de dos mil veintitrés, en el que solicitó un informe en donde indicara diversos aspectos asociados con todas las colonias de ese municipio, así como de las distintas denominadas Las Flores y Lachindoo, ambas colonias de esa localidad, y que otorgara la documentación que respaldara tal informe, en particular los mapas de ubicación de las dos últimas colonias señaladas. Mediante el acuerdo de diecisiete de agosto de dos mil veintitrés, este órgano jurisdiccional a quien por razón de turno correspondió conocer del asunto admitió a trámite la demanda de amparo, la cual registró bajo el expediente 823/2023; solicitó al ente responsable su informe justificado; dio la intervención que corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y, señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia de ley. La audiencia constitucional se llevó a cabo en esta fecha en los términos del acta que antecede. III. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente legalmente para conocer y resolver el presente asunto en términos de lo establecido por los numerales 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; y, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como por el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se reclama un acto atribuido a una autoridad que tiene su residencia en el territorio donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. IV. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Esa obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte del Máximo Tribunal del País, quien ha establecido que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad y que cuando ello resulta insuficiente los Juzgadores de amparo deben armonizar además los datos que emanen del escrito inicial en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el Juez de amparo al fijar los actos reclamados debe atender a lo que el quejoso quiso decir y no únicamente a lo que en apariencia dijo porque sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. En el caso concreto, el contenido integral de la demanda de amparo, así como los datos y la información que se desprenden del expediente en el que se instrumenta este sumario da pauta a establecer que la inconforme reclama el acto siguiente: Del Presidente de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, combate: La omisión de dar respuesta al escrito que presentó el veintiuno de junio de dos mil veintitrés, en el que solicitó un informe en donde indicara diversos aspectos asociados con todas las colonias de ese municipio, así como de las distintas denominadas Las Flores y Lachindoo, ambas colonias de esa localidad, y que otorgara la documentación que respaldara tal informe, en particular los mapas de ubicación de las dos últimas colonias señaladas. V. EXISTENCIA DEL ACTO IMPUGNADO Es cierto el acto reprochado al Presidente de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, porque así lo reconoció en su informe justificado que rindió, lo cual es suficiente e idóneo para tener por demostrada la existencia de la actuación que fue atribuida a ese ente público. En el caso es aplicable la jurisprudencia 278 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expone: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, la certeza del acto atacado se corrobora con la copia certificada del ocurso que la titular de la acción constitucional exhibió en este juicio de amparo, el cual contiene un sello de recepción de veintiuno de junio de dos mil veintitrés; también se desprende que está dirigido a la responsable Presidente de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. A ese instrumento se otorga valor probatorio conforme a lo dispuesto por los normativos 129 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de lo establecido por su ordinal 2 y con esa prueba la justiciable demuestra que ejerció el derecho de petición por escrito desde la data indicada y que solicitó a esa autoridad municipal un informe en donde indicara diversos aspectos asociados con todas las colonias de ese municipio, así como de las distintas denominadas Las Flores y Lachindoo, ambas colonias de esa localidad, y que otorgara la documentación que respaldara tal informe, en particular los mapas de ubicación de las dos últimas colonias señaladas, sin que en este asunto este demostrado que la entidad pública responsable a la fecha de la presentación de la demanda de amparo -lo cual acaeció el dieciséis de agosto de dos mil veintitrés- haya dado respuesta a tal petición y la responsable tampoco demostró que notificó la contestación que recayó a la solicitud que la disidente formuló. No escapa que el ente público responsable señaló en su informe justificado que el día diecisiete de julio del año en curso, turnó la petición de la disidente al área de la Sindicatura de Hacienda del citado municipio, porque esta última autoridad fue designada mediante acuerdo de cabildo de trece de octubre de dos mil veintidós, para dar trámite a las solicitudes de información que los ciudadanos dirijan a las autoridades del Ayuntamiento de esa localidad, pero esas aseveraciones no están demostradas en este asunto, porque el Presidente de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, no aportó algún medio de convicción con el que evidenciara que turnó el escrito de petición de la quejosa a la entidad pública que señala, tampoco exhibió el acuerdo edilicio delegatorio de facultades que alude, ni acreditó que notificó a la disconforme que turnó su libelo de petición a la diversa autoridad municipal que refiere. En esa línea, se tiene por cierta la omisión reclamada a la autoridad responsable. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 226 sustentada por el Pleno del Alto Tribunal de la Nación, de contenido siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." VI. OPORTUNIDAD Por la naturaleza del acto impugnado la demanda de amparo puede presentarse en cualquier tiempo, al tratarse precisamente de una omisión que crea una situación permanente en la esfera jurídica de la parte quejosa que no se subsana mientras aquélla subsista. Es aplicable, por analogía, la jurisprudencia P./J. 43/2003 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que informa: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE TRATE DE OMISIONES, LA OPORTUNIDAD PARA SU IMPUGNACIÓN SE ACTUALIZA DÍA A DÍA, MIENTRAS AQUÉLLAS SUBSISTAN. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no establece plazo específico para la promoción de la controversia constitucional respecto de omisiones, entendiéndose por éstas las que implican un no hacer del órgano demandado y que por su especial naturaleza crean una situación permanente que no se subsana mientras subsista la omisión, de tal suerte que dicha situación se genera y reitera día a día, lo que produce consecuencias jurídicas que se actualizan de igual forma. Esta peculiaridad lleva a considerar que el plazo para su impugnación se actualiza día a día mientras la omisión subsista." VII. LEGITIMACIÓN ******************** se encuentra legitimada para promover por sí este juicio constitucional, en términos de lo establecido por el arábigo 6 de la Ley de Amparo, ya que en el presente sumario está probado que ejerció el derecho de petición a través de su libelo presentado ante la responsable el veintiuno de junio de dos mil veintitrés, lo que implica que el acto omisivo reclamado impacta en la esfera normativa de la disidente en sentido negativo al no obtener una respuesta que acoja o no su pretensión y esa situación la legitima para promover el juicio constitucional por sí. VIII. PROCEDENCIA Con fundamento en lo dispuesto por el normativo 62 de la Ley de Amparo se deben analizar las causales de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa, de orden público y de estudio preferente. Cobra aplicación la jurisprudencia II.1o. J/5 sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso, la autoridad responsable Presidente de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, asevera que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el arábigo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, porque la justiciable no observó el principio de definitividad que rige a este medio extraordinario de defensa, al no haber agotado de manera previa al ejercicio de la acción de amparo el recurso de revisión previsto por el ordinal 69 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca. Al respecto, debe señalarse que en la especie no se actualiza la hipótesis de inejercicio de la acción constitucional que la autoridad municipal responsable señala, porque opera una excepción al principio de definitividad rector en el juicio de amparo, dado que la disconforme sólo se alega violaciones directas a la Constitución Federal. Para evidenciar tal aserto es necesario tener presente el contenido del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que prescribe: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; [.]" Ahora, es necesario señalar que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa cuya procedencia y tramitación está regida por reglas especiales y por principios rectores que lo estructuran como el idóneo para lograr la actuación de las prevenciones constitucionales, mediante una contienda equilibrada entre el gobernante y el gobernado. Los principios o normas fundamentales que estructuran al juicio de amparo están previstos por el artículo 107 de la Constitución General de la República, entre los que se encuentra el de definitividad que tiene por objeto restringir la procedencia de la acción constitucional. El principio de definitividad establece que el juicio constitucional es procedente únicamente contra actos definitivos; es decir, obliga a la parte quejosa a agotar previamente a su promoción los recursos ordinarios o medios de defensa legales que la ley que rige el acto reclamado establece para modificarlo, revocarlo o suspenderlo, ya que el juicio de protección de los derechos fundamentales se forjó como un medio extraordinario de defensa, lo que significa que sólo procede en casos excepcionales. Por ello, la Carta Magna y la Ley de Amparo restringen la procedencia del juicio de amparo al atribuirle el carácter de instancia extraordinaria; esto es, de un medio de reparación de la violación de derechos fundamentales al que no se puede acudir sino cuando previamente se han agotado los recursos ordinarios o medios de defensa. Tal postulado se regula por el arábigo 107, fracción IV, del Pacto Federal, que establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución; [.]" Así, antes de acudir a los Tribunales del Poder Judicial de la Federación debe darse la posibilidad a los Tribunales ordinarios o a otras autoridades del Estado -tanto jurisdiccionales como administrativas- de dirimir la controversia, a fin de que los primeros actúen únicamente cuando se trate de actos definitivos que no sean susceptibles de modificarse, anularse o revocarse; es decir, que sólo se puede acudir a los Tribunales de amparo cuando la violación que se alega no pueda ser examinada a través de otros medios legales de impugnación. Cabe señalar que el incumplimiento del deber de agotar todos los recursos y medios de defensa que la ley establezca para combatir un acto de autoridad antes de ejercer la acción constitucional provoca la improcedencia del amparo y, por ende, el sobreseimiento en el juicio respectivo. Las consideraciones anteriores se sustentan en la jurisprudencia 451 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que informa: "RECURSOS. SOBRESEIMIENTO POR NO AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO. El amparo es improcedente si el acto que se reclama pudo tener un remedio ante las autoridades del orden común." Enseguida, debe señalarse que de los ordinales 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo se obtiene que el juicio de amparo es improcedente cuando se promueva contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los Tribunales judiciales, administrativos o del trabajo que deban ser revisados de oficio conforme a las leyes que los rijan o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o suspendidos, siempre que conforme a las propias leyes se suspendan los efectos de tales actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé la ley que norma a este medio procesal de tutela constitucional y sin exigir mayores requisitos que los que esta última legislación consigna para conceder la suspensión definitiva, ni señale un plazo mayor que el que la ley de la materia establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con la legislación que norma a este juicio constitucional. Esas normas también establecen que no existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución General de la República o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento, sin que la ley aplicable contemple su existencia. Igualmente debe destacarse que el precepto legal invocado prescribe que operará la excepción al principio de definitividad cuando la autoridad responsable señale en su informe justificado la fundamentación y la motivación del acto reclamado. En el caso concreto, la disidente combate del Presidente de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, la omisión de dar respuesta al escrito que presentó el veintiuno de junio de dos mil veintitrés, en el que solicitó un informe en donde indicara diversos aspectos asociados con todas las colonias de ese municipio, así como de las distintas denominadas Las Flores y Lachindoo, ambas colonias de esa localidad, y que otorgara la documentación que respaldara tal informe, en particular los mapas de ubicación de las dos últimas colonias señaladas. Por otra parte, la justiciable expone que la omisión combatida vulnera su derecho de petición consagrado por el numeral 8 de la Carta Magna, porque aun cuando ejerció esa prerrogativa por escrito, de manera pacífica y respetuosa, la citada autoridad hasta el momento no ha dictado la respuesta correspondiente y tampoco ha autorizado el acceso a la información que pidió, sin que exista algún impedimento legal que la responsable haya justificado, a pesar de que ha transcurrido el tiempo suficiente para que de contestación a su solicitud y no lo ha realizado, no obstante que esa norma constitucional le impone el deber de acordar las peticiones de los gobernados y notificar su determinación en breve término, por lo que al no actuar en tal sentido contraviene el derecho fundamental preconizado por el referido precepto constitucional. Lo anterior evidencia que la disidente sólo alega violaciones directas a la Constitución Federal, en concreto al derecho de petición reconocido por el ordinal 8 del Ordenamiento Supremo, sin que aduzca vicios de legalidad o la contravención a algún ordenamiento secundario, esto es, no expone violaciones indirectas a la Ley Fundamental; de ahí que opere la excepción al principio de definitividad que rige al juicio constitucional establecido por los preceptos 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo; por tanto, no se converge con la responsable en cuanto aduce que en el caso se patentiza el supuesto de inejercicio de la acción de amparo que invoca al operar la excepción al principio de definitividad señalado. En otro punto, al no hacerse valer un diverso supuesto de improcedencia ni de oficio se advierte que se actualice alguna de las hipótesis de inejercitabilidad de la acción constitucional previstas por el dispositivo 61 de la Ley de Amparo resulta procedente entrar al estudio del fondo de la litis constitucional planteada, sin que se tenga la obligación de analizar todas las causales de improcedencia que hipotéticamente establece tal precepto. En respaldo de lo anterior se cita por las razones que contiene la jurisprudencia P./J. 22/91 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expone: "IMPROCEDENCIA. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A ESTUDIAR OFICIOSAMENTE TODAS Y CADA UNA DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Si el Juez de Distrito no encuentra causal de improcedencia que amerite su estudio oficioso para sobreseer en el juicio, no está obligado a hacerse cargo del estudio de todas y cada una de las contempladas en el artículo 73 de la Ley de Amparo, ya que el último párrafo de dicho precepto no lo obliga a que analice todos y cada una de los supuestos de improcedencia contenidos en la ley, bastando que estudie y se pronuncie sobre las causales específicamente invocadas por las partes y las que oficiosamente considere aplicables, para tener por satisfecho el precepto en comento." IX. ESTUDIO DE FONDO El concepto de violación si bien no se transcribe se tiene por inserto en aras de economía procesal, en virtud de no existir disposición en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción; no obstante lo anterior, para su análisis se sintetizará más adelante. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". En la especie, la parte quejosa esencialmente aduce que la omisión reclamada vulnera en su perjuicio el derecho de petición consagrado por el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque aun cuando ejerció esa prerrogativa por escrito presentado el veintiuno de junio de dos mil veintitrés, de manera pacífica y respetuosa, la citada autoridad hasta el momento no ha dictado la respuesta correspondiente y tampoco ha autorizado el acceso a la información que pidió, sin que exista algún impedimento legal que la responsable haya justificado, a pesar de que ha transcurrido el tiempo suficiente para que de contestación a su solicitud y no lo ha realizado, no obstante que esa norma constitucional le impone el deber de acordar las peticiones de los gobernados y notificar su determinación en breve término, por lo que al no actuar en tal sentido contraviene el derecho fundamental preconizado por el referido precepto constitucional. El motivo de disenso sintetizado es fundado y suficiente para conceder el amparo solicitado. En principio debe significarse que la solicitante del amparo aportó los elementos necesarios para considerar que el acto reclamado es inconstitucional en tanto que resultó eficaz la documental que exhibió consistente en el ocurso que contiene el acuse de recibo de su solicitud, la cual se presentó el veintiuno de junio de dos mil veintitrés, ya que tal medio de convicción evidencia la petición que la disidente formuló ante la autoridad responsable. Ahora, para demostrar la calificativa dada al motivo de disenso precisa señalar que el arábigo 8 del Pacto Federal consagra de manera general el deber de todo funcionario y empleado público de contestar las peticiones de los gobernados, al establecer lo siguiente: "Artículo 8. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." La norma constitucional inserta consagra la obligación de los funcionarios y los empleados públicos de respetar el ejercicio del derecho de petición, siempre que se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; de ahí que a toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene la obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. En relación con dicho precepto es vasta la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la que se ha señalado que el derecho de petición implica la obligación correlativa a cargo de la autoridad de dictar el acuerdo correspondiente a la solicitud elevada y de darla a conocer en breve término al peticionario siendo que éste debe señalar el domicilio en el que se deba notificar tal solicitud; asimismo, que el referido derecho está reconocido exclusivamente frente a las autoridades, esto es, en las relaciones entre gobernantes y gobernados, lo que excluye su operatividad en las relaciones de coordinación reguladas por el derecho privado, en el que el ente público actúa como particular. En esa línea, el ejercicio del derecho de petición por el particular y la correlativa obligación de la autoridad de producir una respuesta, se caracterizan por los siguientes elementos: 50.1. La petición: debe formularse por escrito de manera pacífica y respetuosa; ser dirigida a una autoridad y recabarse la constancia de que fue entregada; además, el peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. 50.2. La respuesta: la autoridad debe dictar un acuerdo por escrito en breve término y congruente con la petición; es decir, debe resolver en determinado sentido a lo pedido no necesariamente debe acceder a la pretensión. 50.3. La notificación: debe darse a conocer el acuerdo recaído en forma personal al gobernado. En el caso, se advierte que mediante escrito presentado el veintiuno de junio de dos mil veintitrés, ante la Oficialía de Partes del Ayuntamiento de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, la quejosa ******************** en su calidad de defensora particular de Rosalío Samayoa Rivera dentro de la carpeta judicial OAX/000398/2023 del índice del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca solicitó al Presidente de ese municipio un informe en donde indicara diversos aspectos asociados con todas las colonias de esa localidad, así como de las distintas denominadas Las Flores y Lachindoo, ambas colonias de esa municipalidad, y que otorgara la documentación que respaldara dicho informe, en particular los mapas de ubicación de las dos últimas colonias señaladas; además, en ese libelo señaló un domicilio para oír y recibir notificaciones y designó a diversas personas como autorizadas para ese efecto. De tal ocurso se advierte que la disidente pidió a la autoridad responsable el informe y la documentación indicados en los términos siguientes: ". solicitó se me informe por escrito y a la brevedad posible lo siguiente: 1. Que informe el nombre de todas y cada una de las colonias con las que cuenta el Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. 2. Que informe si existe dentro de la zona geográfica del Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, la colonia denominada Las Flores, Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. 3. Que informe si en la colonia denominada Las Flores, Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, cuenta con una calle denominada SEGUNDA PRIVADA DE PALMA 4. Que informe si existe dentro de la zona geográfica del Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, la colonia denominada Lachindoo, Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. 5. Que informe si en la colonia denominada Lachindoo, Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, cuenta con una calle denominada SEGUNDA PRIVADA DE PALMA 6. Que informe si la colonia denominada Las Flores tiene la misma ubicación geográfica que la colonia Lachindoo, ambas del Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca 7. Que informe que distancia existe entre la colonia denominada Las Flores y la colonia Lachindoo, ambas del Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca 8. Que informe si existe el domicilio ubicado en la calle Segunda Privada de Palma sin número, Colonia Las Flores, Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, según su mapa geográfico territorial mismo que solicito se anexe al presente informe. 9. Que informe si existe el domicilio ubicado en la calle Segunda Privada de Palma sin número, Colonia Lachindoo, Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, según su mapa geográfico territorial mismo que solicito se anexe al presente informe. 10. Así también solicito que la información que se me proporcione se le anexe toda la documentación que respalde su dicho, esto es su mapa de ubicación de las colonias antes LAS FLORES y LACHINDOO del Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. [.]" Ahora, en autos consta que la autoridad responsable a la fecha no ha emitido respuesta alguna, porque en este juicio constitucional no existe algún medio de convicción con el que esa entidad pública haya demostrado que ya ha dado contestación a la solicitud que la disidente elevó, por lo que es inconcuso que sí existe una violación al derecho de petición en perjuicio de la justiciable, porque presentó su escrito en donde formuló la solicitud indicada el veintiuno de junio de dos mil veintitrés, sin que a la fecha se le haya dado contestación, de manera escrita, fundada, motivada y congruente con lo pedido y que además se le haya notificado. En este punto, es necesario precisar que desde la fecha de la presentación del escrito en donde la inconforme ejerció el derecho de petición ante el ente responsable al día en el que se dicta esta sentencia han trascurrido aproximadamente tres meses sin que el Presidente de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, haya dictado la respuesta correspondiente. Tal circunstancia es suficiente para estimar que la referida autoridad municipal efectivamente ha transgredido en perjuicio de la parte quejosa su derecho fundamental de petición consagrado por el arábigo 8 de la Constitución General de la República; de ahí que el concepto de violación examinado sea fundado. No pasa inadvertido que el ente público responsable señaló en su informe justificado que el día diecisiete de julio del año en curso, turnó la petición de la disidente al área de la Sindicatura de Hacienda del citado municipio, porque esta última autoridad fue designada mediante acuerdo de cabildo de trece de octubre de dos mil veintidós, para dar trámite a las solicitudes de información que los ciudadanos dirijan a las autoridades del Ayuntamiento de esa localidad, pero esas aseveraciones no están demostradas en este asunto, porque el Presidente de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, no aportó algún medio de convicción con el que evidenciara que turnó el escrito de petición de la quejosa a la entidad pública que señala, tampoco exhibió el acuerdo edilicio delegatorio de facultades que alude, ni acreditó que notificó a la disconforme que turnó su libelo de petición a la diversa entidad pública municipal que refiere; de ahí que la referencia de los aspectos indicados no exonera al ente responsable de observar en beneficio de la disconforme el derecho fundamental de petición reconocido por el normativo 8 de la Constitución Federal y tampoco es factible concebir que la obligación correlativa que emerge de ese precepto constitucional de dar respuesta a la petición de la disidente y de notificar esa contestación recaiga en una diversa entidad pública municipal, al no estar acreditadas las situaciones precisadas. X. DECISIÓN En consecuencia, dado que el motivo de disenso analizado resultó fundado con apoyo en lo estatuido por el numeral 77, fracción II, de la ley de la materia lo procedente es otorgar a la quejosa ******************** el amparo y la protección de la Justicia de la Unión para efectos de que el Presidente de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, una vez que cause ejecutoria este fallo, realice lo siguiente: 57.1. De manera inmediata dicte la respuesta por escrito que debe recaer a la solicitud que la inconforme formuló mediante su libelo presentado el veintiuno de junio de dos mil veintitrés. 57.2. Esa contestación deberá ser congruente con lo solicitado en el ocurso en donde la justiciable ejerció el derecho de petición, en el sentido que dicha entidad pública estime conveniente; es decir, debe resolver en determinado sentido a lo pedido no necesariamente tendrá que acceder a las pretensiones de la inconforme ni queda vinculada a actuar de esa forma. 57.3. Notifique esa respuesta de manera personal a la disidente en el domicilio que proporcionó para ese efecto. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ******************** en contra del acto reclamado a la autoridad responsable Presidente de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, por las consideraciones expuestas en el apartado IX y para los efectos precisados en el diverso X de esta sentencia. Notifíquese.
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