Italo Jairo Martínez García

Expediente 802/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
802/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
22/09/2023

Partes del expediente

  • Italo Jairo Martínez García

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos y la certificación señalada en la nota de cuenta se advierte que ha trascurrido el plazo de diez días previsto por el ordinal 86 de la Ley de Amparo para que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión en contra de la sentencia en donde se sobreseyó en este juicio constitucional, sin que el inconforme haya impugnado esa resolución a través del citado mecanismo de defensa; en razón de lo anterior, con fundamento en lo estatuido por los normativos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el fallo dictado en este asunto ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado por los arábigos 3, fracciones VI, VII, IX, XXXVI y XXXVII, 6, fracción I, 8, fracción I, 9, 12, 14 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que este juicio de amparo carece de relevancia documental, porque los actos que se reclamaron no se ubican en alguno de los supuestos previstos por el ordinal 15 del acuerdo general citado, esto es, no se trata de un asunto que verse sobre delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante los organismos públicos internacionales, tampoco tiene relación con conflictos laborales colectivos trascendentes, no se trata de un juicio relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, ni se generó por un Pleno Regional, tampoco versa sobre materia agraria, no constituye un asunto en el cual la sentencia dictada haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito y tampoco se trata de una asunto de importancia y trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. En otro punto, dado que no existen documentos considerados como originales en términos de lo estatuido por el precepto 3, fracción XX, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, y como se sobreseyó en este juicio de amparo respecto del acto reclamado acorde con lo establecido por los criterios de valoración a que aluden los dispositivos 3, fracciones IX, XXXVI y XXXVII, 6, fracción I, 8, fracción I, 9, 12 y 14 del referido Acuerdo General este asunto encuadra en la hipótesis prevista por el diverso 20, fracción I, del propio acuerdo de observancia general; en consecuencia, se estima que el presente expediente es susceptible de destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años previsto por el ordinal 20, primer párrafo, del muticitado acuerdo de observancia general, contado a partir de la fecha en la que surta efectos la notificación del presente auto, procédase a la destrucción de este cuaderno. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de control electrónico respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y, en su oportunidad, realícese el procedimiento de baja documental regulado por el arábigo 44 del multicitado Acuerdo General. Notifíquese.

  2. Principal

    S E N T E N C I A Mediante la cual se resuelve el juicio de amparo indirecto 802/2023 promovido por ******************** en contra del acto de la autoridad que más adelante se precisará. I. ANTECEDENTES De la demanda de amparo se advierte que el justiciable impugna del Contralor Interno de la Villa de Zaachila, Oaxaca, la omisión de dictar el acuerdo que corresponda a la queja que presentó el diez de julio de dos mil veintitrés, en contra del Presidente y del Síndico de ese municipio por su presunta responsabilidad en la comisión de actos que pudieran constituir faltas administrativas. En consideración del titular de la acción de amparo el acto combatido vulnera en su perjuicio el derecho fundamental consagrado por el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. II. TRÁMITE ******************** promovió juicio de amparo indirecto mediante escrito presentado el nueve de agosto de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en esta localidad, en contra del acto reclamado y la autoridad responsable que posteriormente se indicarán. Mediante el acuerdo de diez de agosto del año en curso, este órgano jurisdiccional a quien por razón de turno correspondió conocer del asunto admitió a trámite la demanda de amparo, la cual registró bajo el expediente 802/2023; solicitó al ente responsable su informe justificado; dio la intervención que corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y, señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. La audiencia constitucional se llevó a cabo en esta data en los términos del acta que antecede. III. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente legalmente para conocer y resolver el presente asunto en términos de lo establecido por los numerales 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo; y, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como por el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se reclama un acto atribuido a una autoridad que tiene su residencia en el territorio donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. IV. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Esa obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte del Máximo Tribunal del País, quien ha establecido que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad y que cuando ello resulta insuficiente los Juzgadores de amparo deben armonizar además los datos que emanen del escrito inicial en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el Juez de amparo al fijar los actos reclamados debe atender a lo que el quejoso quiso decir y no únicamente a lo que en apariencia dijo porque sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. En el caso concreto, el contenido integral de la demanda de amparo, así como los datos y la información que se desprenden del expediente en el que se instrumenta este sumario da pauta a establecer que el inconforme reclama el acto siguiente: Del Contralor Interno de la Villa de Zaachila, Oaxaca, combate: La omisión de dictar el acuerdo que corresponda a la queja que presentó el diez de julio de dos mil veintitrés, en contra del Presidente y del Síndico de ese municipio por su presunta responsabilidad en la comisión de actos que pudieran constituir faltas administrativas. V. INEXISTENCIA DEL ACTO IMPUGNADO No es cierto el acto reclamado al Contralor Interno de la Villa de Zaachila, Oaxaca, consistente en la omisión de dictar el acuerdo que corresponda a la queja que el disidente presentó el diez de julio de dos mil veintitrés, en contra del Presidente y del Síndico de ese municipio por su presunta responsabilidad en la comisión de actos que pudieran constituir faltas administrativas, porque aun cuando esa autoridad en su informe justificado aceptó la existencia de tal actuación, lo cierto es que dicha aseveración se desvirtúa con las constancias del presente juicio constitucional, en particular con las documentales que ese ente público aportó en respaldo de tal informe. En efecto, de las actuaciones que obran en este medio extraordinario de defensa se desprende que por auto de veintiséis de julio de dos mil veintitrés, la autoridad investigadora de la Contraloría Interna de la Villa de Zaachila, Oaxaca, inició el procedimiento administrativo de investigación ******************** con motivo de la queja que el inconforme presentó el diez de julio de dos mil veintitrés, en contra del Presidente y del Síndico de ese municipio por su presunta responsabilidad en la comisión de actos que pudieran constituir faltas administrativas. Cabe destacar que en esa determinación se proveyeron, en lo que interesa, los aspectos siguientes: a) se citó al justiciable para que compareciera ante ese órgano de control interno a ratificar su queja en contra de los servidores públicos involucrados, b) se ordenó practicar todas las diligencias necesarias con el objeto de recabar los elementos indispensables en esa investigación y estar en aptitud de determinar las responsabilidades que resultaran y c) se dispuso que se realizaran las solicitudes y los requerimientos de información y de documentación relacionadas con los hechos objeto de la investigación a las personas sujetas a investigación por presuntas irregularidades cometidas en el ejercicio de sus funciones y a cualquier persona con el objeto de esclarecer los hechos relacionados con la comisión de las presuntas faltas administrativas. El acuerdo descrito fue notificado al inconforme el veintidós de agosto del año en curso; luego, en la diligencia de veinticuatro de agosto posterior, en atención a la cita formulada en el acuerdo de inicio del procedimiento administrativo de investigación señalado, el disidente compareció ante el órgano de control interno de la Villa de Zaachila, Oaxaca, a ratificar la queja que presentó el diez de julio anterior, en contra del Presidente y del Síndico de ese municipio por su presunta responsabilidad en la comisión de actos que pudieran constituir faltas administrativas y calzó su firma en el acta de esa diligencia para constancia. Los aspectos destacados se advierten de los documentos que la responsable exhibió en este asunto, a los cuales se les otorga valor probatorio pleno conforme a lo dispuesto por los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de lo establecido por su arábigo 2. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 226 sustentada por el Pleno del Alto Tribunal de la Nación, de contenido siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Lo anterior revela que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, la omisión reclamada al Contralor Interno de la Villa de Zaachila, Oaxaca, de dictar el acuerdo que corresponda a la queja que el disconforme presentó el diez de julio de dos mil veintitrés, en contra del Presidente y del Síndico de ese municipio por su presunta responsabilidad en la comisión de actos que pudieran constituir faltas administrativas no existía. En efecto, se estima que al nueve de agosto de dos mil veintitrés-data en la que se presentó el escrito inicial-, no existía la omisión reprochada al ente responsable, porque como se estableció por acuerdo de veintiséis de julio de dos mil veintitrés, la autoridad investigadora de la Contraloría Interna de la Villa de Zaachila, Oaxaca, inició el procedimiento administrativo de investigación ******************** con motivo de la queja que el inconforme presentó. Por otra parte, no solo se radicó el citado procedimiento administrativo en esa determinación, sino que se proveyeron, en lo que interesa, los aspectos siguientes: a) se citó al justiciable para que compareciera ante ese órgano de control interno a ratificar su queja en contra de los servidores públicos involucrados, b) se ordenó practicar todas las diligencias necesarias con el objeto de recabar los elementos indispensables en esa investigación y estar en aptitud de determinar las responsabilidades que resultaran y c) se dispuso que se realizaran las solicitudes y los requerimientos de información y de documentación relacionadas con los hechos objeto de la investigación a las personas sujetas a investigación por presuntas irregularidades cometidas en el ejercicio de sus funciones y a cualquier persona con el objeto de esclarecer los hechos relacionados con la comisión de las presuntas faltas administrativas. En este punto, se tiene en cuenta que la queja que el disidente presentó motivó la instrumentación de un procedimiento administrativo de investigación, en el que la Contraloría Interna de la Villa de Zaachila, Oaxaca, debe observar diversas formalidades esenciales del procedimiento en los términos y los plazos previstos legalmente para emitir una resolución en la que establezca la existencia de faltas administrativas o no cometidas por los servidores públicos sujetos a investigación. En ese sentido, se advierte que la omisión combatida es inexistente, porque el órgano interno de control del referido municipio desde antes de la presentación de la demanda de amparo ya había dictado el proveído que correspondía a la queja que el titular de la acción de amparo presentó el diez de julio de dos mil veintitrés, en contra del Presidente y del Síndico de ese municipio por su presunta responsabilidad en la comisión de actos que pudieran constituir faltas administrativas. Tal situación evidencia que catorce días naturales antes de que el justiciable presentara su escrito inicial, el órgano interno de control de la Villa de Zaachila, Oaxaca, ya había acordado lo que correspondía en cuanto a la queja que presentó en contra de diversos servidores públicos municipales. Ahora, es necesario traer a contexto el contenido de los ordinales 1, fracción I, 63, fracción IV, y 75, primer párrafo, de la Ley de Amparo, los cuales señalan: "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.]" "Artículo 75. En las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable. No se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad. [.]" El segmento normativo transcrito en primer orden establece que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, es decir, el precepto invocado hace referencia a actos existentes, no probables o eventuales, conclusión que se corrobora con lo dispuesto por el diverso 75 de la citada legislación al establecer que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable. Luego, si se analiza el arábigo 63, fracción IV, de la ley de la materia en relación con los diversos que fueron insertos es factible concluir que cuando se trata de actos reclamados de carácter positivo o negativo su existencia o certeza debe analizarse en atención a la fecha en la que se presentó la demanda de amparo, porque dicho precepto no distingue la materia en la que se haya originado el acto impugnado ni la naturaleza de éste. Lo expuesto se justifica porque la parte quejosa al presentar su demanda de amparo pretende obtener la reparación constitucional a que se refiere el dispositivo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución en el pleno goce del derecho humano violado mediante el restablecimiento de las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir lo que esa prerrogativa exija y no prevenir actos que en lo futuro pudieran generar esa afectación, como podría suceder en la hipótesis en la que el perjuicio no exista al momento de ejercer la acción de amparo, sino que se produjera durante la tramitación del juicio biinstancial, lo cual es inadmisible jurídicamente, porque esa situación generaría la posibilidad de permitir el ejercicio de la acción de control constitucional apoyada en expectativas y no en contra de actos u omisiones concretas que sean existentes. Por tanto, si a la fecha de la presentación de la demanda de amparo el acto omisivo reclamado era inexistente es indudable que se actualiza la hipótesis establecida por el dispositivo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. En respaldo de lo anterior se cita la jurisprudencia 2a./J. 3/94 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expone: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." En razón de lo anterior, se actualiza el supuesto establecido por el arábigo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo ante la inexistencia del acto atribuido a la autoridad responsable. VI. DECISIÓN En consecuencia, con fundamento en lo prescrito por el arábigo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo se decreta el sobreseimiento en el presente juicio constitucional en cuanto al acto combatido al Contralor Interno de la Villa de Zaachila, Oaxaca, consistente en la omisión de dictar el acuerdo que corresponda a la queja que el disconforme presentó el diez de julio de dos mil veintitrés, en contra del Presidente y del Síndico de ese municipio por su presunta responsabilidad en la comisión de actos que pudieran constituir faltas administrativas, dada su inexistencia. Por lo expuesto y fundado se RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ******************** en contra del acto reclamado a la autoridad responsable, por las consideraciones expuestas en el apartado V de esta sentencia. Notifíquese.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de agosto de dos mil veintitrés. Agréguense los documentos señalados en la nota de cuenta al expediente en el que se actúa para que surtan los efectos legales correspondientes. Ahora bien, con fundamento en lo dispuesto por los preceptos 117 y 119 de la Ley de Amparo téngase a la autoridad responsable Contralor Interno de la Villa de Zaachila, Oaxaca, por rendido su informe justificado y por anunciadas las documentales que exhibe, sin perjuicio de relacionarlas al celebrarse la audiencia constitucional en términos de lo señalado por los normativos 123 y 124 de la citada legislación; en consecuencia, dese vista a las demás partes con el contenido de esos instrumentos para su conocimiento. Notifíquese.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de agosto de dos mil veintitrés. Ténganse por recibidos el ocurso inicial y el anexo señalados en la nota de cuenta. Expediente impreso y electrónico. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos de lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo y regístrese con el progresivo 802/2023. Admisión. Con fundamento en lo establecido por los ordinales 1, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción II, 108, 110, 112, 113, 115, 117 y demás relativos aplicables de la Ley de Amparo se admite a trámite la demanda de amparo presentada por **** en contra del acto reclamado al Contralor Interno de la Villa de Zaachila, Oaxaca. Incidente de suspensión. Sin que haya lugar a ordenar la apertura del incidente de suspensión, porque la parte quejosa no solicitó la medida cautelar. Solicitud del informe justificado. Con fundamento en lo establecido por el arábigo 117 de la Ley de Amparo requiérase a la autoridad responsable para que rinda su informe con justificación por escrito dentro del plazo de quince días; asimismo, hágase de su conocimiento que para el caso de rendir su informe fuera del lapso establecido por el primer párrafo del referido precepto podrá ser tomado en cuenta si la parte quejosa estuvo en posibilidad de conocerlo y en el supuesto de no rendirlo se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario. En el entendido de que deberá exponer las razones y los fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y acompañará en su caso copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo; con apercibimiento que de no hacerlo así se impondrá en su contra una multa de cien unidades de medida y actualización al momento de incurrir en la conducta prevista por el ordinal 260, fracción II, de la ley de la materia, sanción económica que también le será aplicada en el caso de que no rinda su informe justificado. Igualmente deberá informar si la parte quejosa ha tramitado otro juicio de amparo en contra del acto atacado en este asunto o alguno diverso relacionado con esa actuación. Ahora bien, tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que en el marco de la pandemia ocasionada por el virus Covid19 representa no solo para el personal de este Juzgado, sino también para las autoridades responsables el llevar a cabo la entrega de oficios de manera impresa en papel en su lugar de residencia; en consecuencia, se autoriza al actuario(a) de la adscripción para que la solicitud del informe justificado sea entregada al correo electrónico oficial de esa autoridad, el cual deberá ser corroborado por el (la) fedatario(a) vía telefónica levantando la razón actuarial correspondiente. Hágase del conocimiento de la autoridad responsable que podrá remitir su informe a través del correo electrónico oficial de este órgano jurisdiccional 5jdo13cto@correo.cjf.gob.mx y el telefax número 951 50 23 874, así como las constancias respectivas. Comunicación a la autoridad responsable de cuáles resoluciones judiciales se notificarán a través de oficios. Se hace del conocimiento de la autoridad responsable que con fundamento en lo previsto por los artículos 26 y 28 de la Ley de Amparo en el presente asunto únicamente le serán notificadas, por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su trascendencia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser de carácter personal (admisión o ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos y determinaciones que por su trascendencia se deban hacer de su conocimiento) y las restantes se le notificarán por medio de lista que se publicará en el portal de internet por este órgano jurisdiccional conforme a lo estatuido por el arábigo 29 de la ley de materia. Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expone: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." Comunicación de causas de sobreseimiento. Hágase del conocimiento de las partes que de conformidad con lo dispuesto por el precepto 64 de la Ley de Amparo, en el supuesto de que hubiera alguna causal de sobreseimiento en el presente juicio lo comunicarán de inmediato a este Juzgado y, de ser posible, acompañarán las constancias que lo acrediten; en el caso de no cumplir con esta obligación se les impondrá la multa a que se refiere el numeral 251 de la ley de la materia. Fecha de la audiencia constitucional. Para la celebración de la audiencia constitucional se fijan las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Emplazamiento de la representante social de la Federación. Por otro lado, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 5, fracción IV, 26, fracción I, inciso k), y 27 fracción I, de la Ley de Amparo, por esta ocasión notifíquese a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita este auto de forma personal corriéndole traslado con la copia fotostática simple de la demanda de amparo, entregándole reproducción íntegra de la presente determinación para efectos de su emplazamiento. Reconocimiento de terceros interesados. De momento este órgano jurisdiccional se reserva proveer lo relativo al reconocimiento de terceros interesados en este juicio de amparo hasta en tanto la responsable rinda su informe justificado y esté en posibilidad de determinar a quién le reviste esa calidad. Pruebas. Con fundamento en lo estatuido por el ordinal 119 de la Ley de Amparo téngase a la parte quejosa por anunciada la documental que exhibe, la cual será relacionada, admitida y desahogada en la audiencia constitucional conforme a lo previsto por los diversos 123 y 124 de la citada legislación; en consecuencia, dese vista a las demás partes con el contenido de ese instrumento. Domicilio de la parte quejosa. Se tiene como domicilio procesal del inconforme el que señala en su escrito inicial. Medios de contacto para comunicaciones no procesales. Téngase al disidente por señalado el número telefónico que proporciona, únicamente como medio de contacto entre ese sujeto procesal y este órgano jurisdiccional en el caso de las comunicaciones no procesales, conforme a lo dispuesto por el ordinal 257, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Uso de medios electrónicos. Como no existe impedimento legal para que la parte quejosa por sí o por conducto de la persona que para tal fin autorice, pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el titular de este juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Expediente electrónico. Se hace del conocimiento de las partes que están en posibilidad de así estimarlo, consultar por vía electrónica las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran su expediente de amparo, para lo cual deberán sujetarse a las reglas previstas en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo y en el diverso Acuerdo General del Pleno del citado Consejo que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Protección de datos. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Habilitación de días y horas inhábiles. Al tener en cuenta la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el arábigo 17 constitucional, con fundamento en el ordinal 22 de la Ley de Amparo, así como el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta al actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo. Notifíquese.

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