Israel Vázquez Rodríguez
Expediente 490/2016 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 490/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 23/11/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Israel Vázquez Rodríguez
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta, y dado que el quejoso no impugnó el proveído de cuatro de noviembre de dos mil dieciséis (fojas 5 a 7), mediante el cual se desechó de plano su demanda de amparo, dentro del plazo que para tal efecto establece el artículo 98, párrafo primero, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que dicho auto queda firme para los efectos legales consiguientes. Como no existen constancias pendientes de agregarse a este expediente, con fundamento en los artículos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese este expediente como definitivamente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno. Por otra parte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo vigésimo primero, párrafo último, del Acuerdo General citado; asimismo, se destaca que en el presente expediente se desechó de plano la demanda de amparo, y no existen documentos ofrecidos por la parte quejosa, considerados como originales por el punto Segundo, fracción XVIII, del referido Acuerdo General Conjuntos 1/2009, esto es, que contengan un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro; por consiguiente, transcurridos más de cinco años a partir de la fecha de que se dicta este acuerdo, es destruible, por encuadrar en el supuesto previsto en el artículo vigésimo primero, fracción I, del Capítulo V, del citado Acuerdo General 1/2009. Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por Israel Vázquez Rodríguez, contra actos del Delegado Estatal de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca; fórmese expediente y regístrese en el libro respectivo con el número 490/2016. Antes de admitir la demanda de amparo, es menester verificar que no exista motivo manifiesto e indudable de improcedencia, como lo dispone el artículo 113 de la Ley de Amparo. En la especie, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable Delegado Estatal de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, lo siguiente: . Al respecto, este juzgador estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 1, fracción I, y 5, fracción II, del mismo ordenamiento, que disponen: . De los preceptos legales citados así como de la naturaleza y fines del juicio de amparo, se establece que no es suficiente con que se reclame una violación a los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Federal, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, para que el juicio de amparo sea procedente, sino que es necesario que la contravención de los derechos fundamentales corra a cargo de una autoridad. En vinculación con lo anterior, se advierte que la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada, a que los actos que se reclamen se consideren como de autoridad, entendiéndose por tal, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas Así, el concepto actual de autoridad para efectos del juicio de amparo, refiere a aquellas a quienes la norma legal faculta para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales, esto es, acto de autoridad para efectos del juicio de amparo es el emitido en ejercicio de facultades decisorias que le están atribuidas al emisor en la ley y que, por ende, constituyen una potestad del Estado, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública su fuente. Lo anterior con independencia de la naturaleza formal del ente emisor, pues incluso la propia Ley de Amparo precisa que tendrán la calidad de autoridad para efectos del juicio, los particulares cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos ya citados, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Hechas las precisiones anotadas, a juicio de este juzgador, con relación al acto reclamado por el quejoso, se evidencia que no se actualiza ninguno de los supuestos de procedencia que señala el artículo 1o de la Ley de Amparo, ya que éste, no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio constitucional, ni uno emitido por un particular que se le pueda equiparar. Es conveniente establecer, que si bien las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos y privados en diversas actividades de interés social que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad; por lo que en la actualidad, un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo es aquel que emite un servidor público o un particular de manera unilateral, con fundamento en una norma legal, a través del cual crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado, y que pueden exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades. Sin embargo, en el caso, la relación jurídica que subyace entre el quejoso y la autoridad responsable es de coordinación y no de supraordinación. Ello es así, pues de los antecedentes del acto reclamado que el quejoso, manifiesta bajo protesta de decir verdad, aparece que ante el Juzgado Civil de Salina Cruz, Oaxaca, se tramita el juicio civil número 369/2010, de su índice, con motivo de la demanda promovida por el aquí quejoso contra el Delegado Estatal de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, y otro, a quienes demandó en la vía ordinaria civil la nulidad del contrato de compraventa con reserva de dominio respecto de un lote de terreno ubicado en calle Veracruz sin número, colonia Migue! Hidalgo Poniente, Salina Cruz, Oaxaca, en el que el cinco de noviembre de dos mil trece, se dictó sentencia condenatoria, la cual fue revocada por la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca. lnconforme contra dicha determinación el aquí quejoso, interpuso juicio de amparo directo ante el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, la referida sala emitió la resolución correspondiente dejando firme la sentencia de primer grado. Contra este último fallo el demandado Amos Cabrera Cortés, promovió juicio de amparo directo con el que se formó el toca 452/2016, del índice del tribunal colegiado en cita, y mediante ejecutoria de dieciocho de enero de dos mil dieciséis, se negó el amparo al referido demandado; por lo que por proveído de quince de abril del año en curso, se declaró ejecutoriada por ministerio de ley la resolución de segunda instancia, adquiriendo la categoría de cosa juzgada, de igual forma, se ordenó al ejecutor del referido juzgado diera cumplimento a lo ordenado en los puntos resolutivos cuarto y quinto de la sentencia dictada el cinco de noviembre de dos mil trece. Por auto de once de mayo del año en curso, la juez de primera instancia acordó que no había lugar a girar oficio a la parte demandada en el juicio de origen, Delegado Estatal de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, para que diera cumplimiento con la sentencia de primera instancia, toda vez que el referido fallo le fue notificado mediante estrados que se fija en ese juzgado; por lo que, el aquí quejoso mediante escrito de quince de agosto de dos mil dieciséis, formuló una petición a la citada autoridad responsable para que dé cumplimento a los puntos resolutivos cuarto y quinto de la sentencia dictada el cinco de noviembre de dos mil trece, la cual, hasta la fecha no ha sido acordada. Lo anterior, evidencia que la petición formulada por el aquí quejoso al delegado responsable, se efectúa en un plano de coordinación regulada por el derecho privado en que el ente público (Delegado Estatal de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca), actúa como particular, ya que tal petición le fue formulada para que dé cumplimento a los puntos resolutivos cuarto y quinto de la sentencia dictada el cinco de noviembre de dos mil trece, en el juicio ordinario civil 369/2010, del índice Juzgado Civil de Salina Cruz, Oaxaca, en el que el delegado de mérito funge como parte demandada. . Por tanto, la omisión en que incurra la citada responsable en cumplir con lo solicitado, no puede tenerse como omisión reclamada a sustanciar en el juicio de amparo indirecto, cuando ésta es impugnada por el quejoso (actor), porque también guarda la calidad de parte en el juicio natural, toda vez que tal omisión proviene de una autoridad (demandado en el juicio de origen) que no tiene imperio sobre éste, pues mantiene con él una relación de coordinación, siendo que para efectos del amparo, sólo será autoridad responsable, aquel ente que se ubique en una relación de supra a subordinación frente a los particulares y no de coordinación ante éstos, pues únicamente desde la primera posición, sus actos son imperativos, coercitivos y unilaterales, de manera que puede crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, en términos del citado artículo 5o., fracción II, de la ley de la materia. En consecuencia, con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 1, fracción I, y 5, fracción II, del mismo ordenamiento, por motivo manifiesto e indudable de improcedencia se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el señalado en el ocurso de cuenta, y por autorizados con la suma de facultades que otorga el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Marco Antonio Ovando Santos y Cantina Romero Hernández, toda vez que en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales se encontró registro de cédula profesional a nombre de los citados profesionistas.
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