Israel Ruvalcaba Flores

Expediente 13/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 1 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
13/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
01/02/2018

Partes del expediente

  • Israel Ruvalcaba Flores

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado de los autos y dado que la parte quejosa no impugnó el proveído de diecisiete de enero de dos mil dieciocho, mediante el cual se desechó de plano su demanda de garantías, dentro del plazo que para tal efecto establece el artículo 98 de la Ley de Amparo; con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto queda firme para los efectos legales consiguientes. Como no existen constancias pendientes de agregarse al presente expediente, con fundamento en los artículos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese este expediente como definitivamente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno. Por otra parte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo vigésimo primero, párrafo último, del Acuerdo General 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; asimismo, se destaca que en el presente expediente se desechó de plano la demanda de amparo, que no se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados ni existen documentos ofrecidos por la parte quejosa, considerados como originales por el punto segundo, fracción XVIII, del citado Acuerdo General, esto es, que contengan un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro; como consecuencia de lo anterior, transcurridos más de cinco años a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, es susceptible de destrucción, por ubicarse en el supuesto de la fracción I del punto vigésimo primero del referido Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.

  2. Principal

    Por recibida la demanda de amparo que promueve ISRAEL RUVALCABA FLORES, contra actos del Juez Séptimo de Distrito en Estado de Oaxaca, con sede en esta ciudad y otra autoridad; en consecuencia, regístrese en el libro de gobierno respectivo con el número que le corresponda y fórmese el expediente de amparo. En primer lugar, es necesario precisar el acto reclamado por el peticionario de amparo; ello, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y jurisprudencia siguiente: .. Así, de la lectura integral de la demanda de garantías se aprecia que el acto preponderante que se reclama en esta instancia constitucional, es la notificación realizada al aquí quejoso ISRAEL RUVALCABA FLORES, de la sentencia dictada en el expediente penal 100/2015, del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, de veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete, misma que asegura el promovente le fue realizada mediante cédula de notificación, el tres de enero de dos mil dieciocho, y como consecuencia de ello, reclama además, el acuerdo de doce de enero de dos mil dieciocho, que declaró ejecutoriada la sentencia citada. En relación al acto reclamado, se tiene que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, en relación con el numeral 107 fracción VI, éste último, aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo y que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . En relación con el principio de definitividad existe la jurisprudencia siguiente: .. El artículo y jurisprudencia transcritos revelan que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones, dentro de juicio, de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, contra los cuales exista algún recurso, o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados los actos reclamados. El principio de definitividad, que rige al juicio de garantías en materia penal encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa, de carácter constitucional, el quejoso debe previamente a su promoción, acudir a las instancias ordinarias, que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación. En ese tenor, y atendiendo a que el quejoso ISRAEL RUVALCABA FLORES, señala como acto reclamado la notificación de la sentencia dictada en el expediente penal 100/2015, del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, de veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete, que le fue realizada mediante cédula de notificación el tres de enero de dos mil dieciocho, y como conseciencia de ello, también señala como acto reclamado el auto de tres de enero del año en curso, que declaró ejecutoriada la sentencia citada, se establece que contra la notificación de que se duele procede el incidente de nulidad de notificaciones. Al respecto, se plasma lo previsto en los artículos 27 bis, 110, 112 y 494, del Código Federal de Procedimientos Penales, aplicable al caso concreto, de texto siguiente: .. Del contenido de los numerale citados, se tiene que cuando las partes dentro del procedimiento penal, consideren que alguna de las actuaciones dentro del procedimiento del que son parte, violentó en su contra alguna de las formalidades esenciales que prevenga la ley procesal, lo cual le causa perjuicio, podrá solicitar su nulidad, de acuerdo a lo previsto para los incidentes no especificados, en el entendido que de resolverse que le asiste la razón a la parte recurrente, y se declara nula la actuación reclamada, se declararán nulas igualmente las actuaciones posteriores al acto anulado. Así, el numeral 110 del Código Federal de Procedimientos Penales, establece que de probarse que alguna notificación no se realizó atendiendo a lo establecido en el capítulo de notificaciones, la persona encargada de realizar la misma, será responsable de los daños y perjuicios que ocasione o se hará acreedora de una corrección disciplinaria; lo que se reitera en el numeral 112 del ordenamiento procesal citado, que refiere que las notificaciones hechas en contra de los dispuesto en el capítulo del que es parte, serán nulas. Para lo cual, el diverso artículo 494, establece la forma de tramitación de los incidentes no especificados, es decir, los que no tengan una tramitación especial, detallada en el Código. De todo lo anterior, se colige que antes de recurrir al juicio de amparo indirecto, lo procedente es que el quejoso promueva ante la autoridad responsable el incidente no especificado, relativo a la nulidad de notificación que refiere se actualiza, al no haber sido realizada de conformidad con lo previsto en el capítulo de notificaciones del Código Federal de Procedimientos Penales, aplicable, y al no haberlo realizado, se tiene que no agotó el principio de definitividad señalado. Ahora, tampoco se surte alguna de las excepciones al principio de definitividad establecidas en el artículo 61 fracción XVIII, incisos a), b) y c) de la Ley de Amparo vigente. Pues en el caso, no se trata de actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, o de aquéllos que afecten la libertad de la impetrante, o bien, que sea persona extraña al juicio. Así como tampoco, se trata de un asunto en el que se reclame alguna orden de aprehensión, reaprehensión, auto de vinculación a proceso o resolución que niegue la libertad provisional bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de la sentencia definitiva en un proceso penal. Así como que tampoco se actualiza el supuesto de excepción para el principio de definitividad estudiado, toda vez que el peticionario de amparo, no tiene el carácter de tercero extraño, puesto que es parte dentro del proceso penal 100/2015. Cabe mencionar que una de las finalidades del principio de definitividad es la de evitar los abusos en la promoción del juicio de amparo y, con ello, impedir que se utilice para retardar la administración de justicia; por ese motivo el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto a las resoluciones judiciales después de agotado el recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas. Así como tampoco alega cuestiones directas a la constitución, pues de su libelo de garantías, refiere que se contraviene lo establecido en los artículos 5, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo previsto en el artículo 172, fracción XI, de la Ley de Amparo, y 1056, 1057 y 1076, fracción VI, del Código de Comercio. Por lo cual, dada su calidad de parte dentro del procedimiento de origen, el quejoso quedó constreñido a vigilar la debida prosecución del procedimiento, así como las cuestiones incidentales que pudieran derivarse con motivo de aquélla, máxime si estas eran necesarias para salvaguardar sus propios intereses, a fin de poder defenderse de eventuales ilegalidades procesales que pudieran irrogarle un perjuicio. Por tal razón, no existe motivo jurídico eficaz para establecer que el quejoso se encuentra exento de observar el principio de definitividad estudiado con antelación. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, SE DESECHA DE PLANO, la demanda de garantías de cuenta, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Como lo solicita la parte quejosa se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que señala en su escrito de demanda; autorizando con todas las facultades que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, en relación a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, a GABRIELA HERNÁNDEZ IGLESIAS y DANIEL CRUCES ÁLVAREZ, toda vez que se encuentran registrados en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y únicamente para recibir notificaciones e imponerse de autos a ROMEO GONZÁLEZ PLAYAS, JUVENTINO PATIÑO ESPINOZA, SAÚL HERNÁNDEZ JIMÉNEZ y SULEIMA JANET MARTÍNEZ PALACIOS, en virtud que no están registrados en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los tribunales de circuito y juzgados de distrito. Ahora, con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las partes al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, con apoyo en el precepto 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, mismo que entró en vigor el cinco de abril de dos mil cuatro, hágaseles saber el derecho que tienen para oponerse a la publicación de sus datos personales, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo; en el entendido de que la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos, tomando en cuenta, si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en el artículo 13, fracción IV, de la ley antes citada; de ser así, a la versión pública de la sentencia ejecutoria, de las demás resoluciones públicas y, en su caso, de los documentos contenidos en el expediente que no sean reservados o confidenciales, se suprimirán los datos personales de las partes, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional respectivo. Finalmente, del contenido de la demanda de amparo se advierte que el quejoso manifiesta su oposición a que se publiquen sus datos personales en el presente expediente; en consecuencia, con fundamento en el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a dicha Información Pública Gubernamental, se tiene por hecha dicha manifestación, gírese atento oficio al Delegado Administrativo del Consejo de la Judicatura Federal, encargado del Módulo de Acceso a la Información Pública, con residencia en esta ciudad, para que al momento de hacer pública las determinaciones que se dicten, así como las constancias que obran en el expediente, se hagan con la supresión del nombre y datos personales del quejoso ISRAEL RUVALCABA FLORES.

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