Israel Solar Arroyo
Expediente 843/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 843/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 13/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Israel Solar Arroyo
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, trce de octubre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, así como el estado procesal que guardan los autos, de donde se advierte que, dentro del plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, la parte quejosa no interpuso recurso alguno en contra del auto que desechó su demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II del artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. En su oportunidad, y previa la anotación en el libro de gobierno, archívese este expediente como concluido. Esto, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de la hipótesis contemplada en el artículo 21, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se dictó una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que pueden ser destruidos en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, Óscar Alejandro López Cruz, quien actúa con la Secretaria María del Rosario García Jiménez, que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, cuatro de agosto de dos mil veintiuno. Téngase por recibida la constancia de notificación personal realizada por el Actuario de la adscripción de dieciséis de octubre de dos mil veinte, mediante la cual se notificó a la parte quejosa, el proveído de trece del mismo mes y año; por tanto, se ordena agregar a los presentes autos para que obre y surta los efectos legales correspondientes. Ahora bien, de la constancia de cuenta se advierte que el impetrante de amparo manifestó lo siguiente: "pongo recurso procedente de sentencia" en contra del auto antes referido, en el que se determinó desechar la demanda de amparo, por ende, se previene a la parte quejosa para que dentro del término de tres días, contados a partir de la notificación del presente proveído, precise si lo que pretende es recurrir el auto señalado en el párrafo que antecede a través del recurso de queja o algún otro medio de impugnación, apercibida que de no hacer manifestación alguna, se continuarà con la secuela normal del procedimiento. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, Óscar Alejandro López Cruz, quien actúa con la Secretaria María del Rosario García Jiménez, que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a trece de octubre de dos mil veinte. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Israel Solar Arroyo, contra actos reclamados al Juzgado de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, quien conoce de las causas penales JOE/73/2012 y 38/2011. Registro de la demanda Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 843/2020, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por el punto segundo del Acuerdo General 28/2001, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Desechamiento de la demanda Sin proveer sobre su admisión, se desecha la presente demanda de amparo en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, toda vez que, de su estudio integral a la demanda de amparo, este Juzgado de Distrito advierte motivos manifiestos e indudables de improcedencia. Previamente a su análisis, este Juzgado Federal considera pertinente precisar las siguientes consideraciones: En efecto, la promovente señala como acto reclamado: ".la inaplicabilidad de la simultaneidad de las penas que traigo ya conforme a derecho." En el caso, a criterio de este órgano jurisdiccional, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 18 y 21, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues se estima que el acto reclamado no es susceptible de combatirse en la vía constitucional, por las razones que se vierten a continuación, las cuales son expuestas tomando como referente una nueva reflexión que sobre el tema realiza este tribunal federal. Con la entrada en vigor de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución General de la República, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, se introdujo un modelo penitenciario con características de reinserción social y de judicialización. Conforme con el nuevo sistema se asignó al Poder Ejecutivo la facultad de administrar las prisiones y se confirió a las autoridades judiciales el régimen de reinserción social y judicialización de modificación y duración de las penas. Ello tuvo como finalidad que sea el Poder Judicial el que vigile el estricto cumplimiento de la pena en la forma en que fue pronunciada, de manera que todos los eventos de trascendencia jurídica que durante la ejecución de la pena puedan surgir, queden bajo la supervisión de la autoridad judicial en materia penal, donde se incluye la determinación de los lugares donde debe cumplirse la pena. Apoya lo anterior, la tesis P./J. 17/2012, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo 1, Octubre de 2012, Materia Constitucional, Penal, página 18 que dice: "PENAS. SU EJECUCIÓN ES COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL PODER JUDICIAL, A PARTIR DEL 19 DE JUNIO DE 2011. Con la entrada en vigor el 19 de junio de 2011 de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, se introdujo el modelo penitenciario de reinserción social y judicialización del régimen de modificación y duración de las penas, al ponerse de manifiesto que no sería posible transformar el sistema penitenciario del país si la ejecución de las penas seguía bajo el control absoluto del Poder Ejecutivo; de ahí que para lograr esa transformación se decidió reestructurar el sistema, circunscribiendo la facultad de administrar las prisiones al Poder Ejecutivo y confiriendo exclusivamente al Poder Judicial la de ejecutar lo juzgado, para lo cual se creó la figura de los "Jueces de ejecución de sentencias", que dependen del correspondiente Poder Judicial. Lo anterior pretende, por un lado, evitar el rompimiento de una secuencia derivada de la propia sentencia, pues será en definitiva el Poder Judicial, de donde emanó dicha resolución, el que vigile el estricto cumplimiento de la pena en la forma en que fue pronunciada en la ejecutoria y, por otro, acabar con la discrecionalidad de las autoridades administrativas en torno a la ejecución de dichas sanciones, de manera que todos los eventos de trascendencia jurídica que durante la ejecución de la pena puedan surgir a partir de la reforma constitucional, quedan bajo la supervisión de la autoridad judicial en materia penal, tales como la aplicación de penas alternativas a la de prisión, los problemas relacionados con el trato que reciben cotidianamente los sentenciados, la concesión o cancelación de beneficios, la determinación de los lugares donde debe cumplirse la pena y situaciones conexas." En ese sentido, los artículos 18 y 21, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, disponen: "Artículo 18. (.) El sistema penitenciario se organizará sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto. La Federación, los Estados y el Distrito Federal podrán celebrar convenios para que los sentenciados por delitos del ámbito de su competencia extingan las penas en establecimientos penitenciarios dependientes de una jurisdicción diversa. (.) --- Los sentenciados, en los casos y condiciones que establezca la ley, podrán compurgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio, a fin de propiciar su reintegración a la comunidad como forma de reinserción social. Esta disposición no aplicará en caso de delincuencia organizada y respecto de otros internos que requieran medidas especiales de seguridad.". "Artículo 21. (.) La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial (.)". Los dispositivos constitucionales transcritos establecen que el sistema penitenciario se organizará sobre la base del trabajo, capacitación, educación, salud y deporte, como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley respecto de los sentenciados, en los casos y condiciones que ésta establezca, podrán compurgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio, a fin de propiciar su reintegración a la comunidad como forma de reinserción social, beneficio que no aplicará en caso de delincuencia organizada y respecto de otros internos que requieran medidas especiales de seguridad. Ahora, como resultado de las citadas reformas constitucionales, entre otras disposiciones legales se expidió la Ley Nacional de Ejecución Penal, la cual fue publicada mediante decreto en el Diario Oficial de la Federación de dieciséis de junio de dos mil dieciséis. Atendiendo a su artículo primero transitorio, dicha norma entró en vigor al día siguiente de su publicación, es decir, el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, por lo que a partir de esa fecha su aplicación resulta obligatoria. Sin embargo, el legislador limitó el inicio de la vigencia únicamente de diversos artículos, pero no de toda la ley, de acuerdo a las siguientes reglas contenidas en los primeros dos párrafos del artículo segundo transitorio; las cuales se transcriben: 1. "Las fracciones III y X y el párrafo séptimo del artículo 10; los artículos 26 y 27; fracción II del artículo 28; fracción VII del artículo 108; los artículos 146, 147, 148, 149, 150 y 151 de esta Ley, entrarán en vigor a partir de un año de la publicación de la presente Ley o al día siguiente de la publicación de la Declaratoria que al efecto emitan el Congreso de la Unión o las legislaturas de las entidades federativas en el ámbito de sus competencias, sin que pueda exceder del 30 de noviembre de 2017". 2. "Los artículos 31, 32, 33, 34, 35, 36, 59, 60, 61, 75, 77, 78, 80, 82, 83, 86, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 128, 136, 145, 153, 165, 166, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 192, 193, 194, 195, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206 y 207 de esta Ley, entrarán en vigor a más tardar dos años después de la publicación de la presente Ley o al día siguiente de la publicación de la Declaratoria que al efecto emitan el Congreso de la Unión o las legislaturas de las entidades federativas en el ámbito de sus competencias, sin que pueda exceder del 30 de noviembre de 2018.". De las reglas contenidas en los artículos citados -transitorios primero y segundo-, se desprende lo siguiente: La Ley Nacional de Ejecución Penal entró en vigor el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, a nivel nacional. Únicamente la vigencia de los artículos expresamente señalados en los párrafos primero y segundo del artículo segundo transitorio, descritos en párrafos anteriores, depende, de que se emita una declaratoria para el inicio de vigencia de la Ley Nacional de Ejecución Penal, o de que transcurran las fechas señaladas expresamente en dicho numeral. Lo anterior, en la inteligencia de que si los órganos legislativos correspondientes no emiten la declaratoria respectiva dentro del plazo señalado, los artículos citados en el primer párrafo del referido numeral cobrarán vigencia, por ministerio de ley, a más tardar el diecisiete de junio de diecisiete, o previa declaratoria, el treinta de noviembre de diecisiete; y los estipulados en el párrafo segundo, entran en vigor por ministerio de ley el diecisiete de junio de dos mil dieciocho, o previa declaratoria a más tardar el treinta de noviembre de dieciocho. Por ello, la emisión de la declaratoria de vigencia de la Ley Nacional de Ejecución no es un presupuesto indispensable para que entre en vigor la referida ley, salvo los aspectos que específicamente se han destacado. Ahora bien, se estima que la vigencia de la ley en cuestión no es limitativa a las personas que fueron sentenciadas con posterioridad al diecisiete de junio de dos mil dieciséis -fecha en que entró en vigor- , pues sus artículos transitorios no lo señalan así, además de que la aplicabilidad de la ley no está supeditada al sistema bajo el que los sujetos fueron sentenciados, pues con independencia de la voluntad política y de la posibilidad material de cada entidad para implementar el nuevo sistema de justicia, la ley nacional busca homologar el marco normativo aplicable a las personas privadas de la libertad y a la ejecución de sentencias. En ese sentido no debe perderse de vista que el artículo transitorio tercero de la Ley Nacional de Ejecución Penal que sostiene que tanto la Ley de Normas Mínimas para la Readaptación Social, como las legislaciones de ejecución de sanciones penales locales, como es la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social para el Distrito Federal, quedarán abrogadas en cuanto la primera entre en vigor y que los "procedimientos" iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la ley en estudio, se deberán seguir tramitando de acuerdo a los ordenamientos aplicables en ese momento, sin perder de vista la obligación del juzgador de realizar los controles necesarios para respetar el principio de reinserción social y los derechos humanos de los sentenciados. Sin embargo, se estima dichos "procedimientos" no se refieren a los "sistemas penales" en que se siguieron los procesos penales (mixto o acusatorio), sino única y exclusivamente, a los procedimientos iniciados con motivo de las solicitudes sobre temas de "ejecución penal" en general, planteados al juez de control o de ejecución con base en legislaciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigor de la ley nacional, por ejemplo, la tramitación de algún beneficio de libertad anticipada, a la solicitud de traslado a diverso centro penitenciario, a condiciones sobre su internamiento, entre otros. Además, una de las finalidades de la reforma constitucional de dos mil ocho, fue distinguir la etapa del proceso penal, de la etapa de ejecución penal propiamente dicha, considerando a esta última autónoma y no como parte del proceso de enjuiciamiento, pues tal y como lo establece la ley, la etapa de ejecución inicia, incluso, en la prisión preventiva, momento desde el que debe abrirse un expediente de ejecución para cada persona privada de su libertad. En ese sentido, la referida ley, establece en sus artículos 1 y 2, que la misma tiene por objeto establecer las normas que deben de observarse durante el internamiento por: 1. Prisión preventiva, 2. En la ejecución de penas; y 3. En las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial. También, dicha ley refiere que tiene por objeto establecer los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución penal, y regular los medios para lograr la reinserción social. Lo anterior, sobre la base de los principios, garantías y derechos consagrados en la Constitución, Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y en esta Ley. Del mismo modo, se establece en lo que aquí importa, que sus disposiciones son de orden público y de observancia general en la Federación y las entidades federativas, respecto del internamiento por prisión preventiva, así como en la ejecución de penas y medidas de seguridad por delitos que sean competencia de los tribunales de fuero federal y local, según corresponda, sobre la base de los principios, garantías y derechos consagrados en la Constitución, en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, y en esta Ley. Asimismo, en el artículo 24 de la referida ley, se estableció, en lo que aquí importa, que el Poder Judicial de la Federación y órganos jurisdiccionales de las entidades federativas establecerán jueces que tendrán las competencias para resolver las controversias con motivo de la aplicación de dicha ley, además de que los jueces de ejecución tendrán la competencia y adscripción que se determine en su respectiva ley orgánica y demás disposiciones legales. Relacionado con lo anterior, la referida ley establece los procedimientos a observar en tratándose de peticiones de los internos, así como las autoridades competentes para conocer de ellos. Dichos preceptos, entraron en vigor el diecisiete de junio del dos mil dieciséis y disponen lo siguiente: "Artículo 107. Peticiones administrativas. Las personas privadas de la libertad y aquellas legitimadas en esta Ley podrán formular peticiones administrativas ante la Autoridad Penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento". "Artículo 108. Legitimación. Se reconoce legitimidad para formular las peticiones ante las direcciones de los Centros a: --- I. La persona privada de la libertad, a nombre propio o de manera colectiva (.)". "Artículo 109. Sustanciación de las peticiones. Las peticiones se sustanciarán conforme a las reglas establecidas en esta Ley, a fin de que la Autoridad Penitenciaria se pronuncie sobre si ha existido o no una afectación en las condiciones de vida digna y segura en reclusión para las personas privadas de la libertad o afectación a los derechos de terceras personas y, en su caso, la subsanación de dicha afectación (.)". "Artículo 110. Formulación de la petición. Las peticiones administrativas se formularán por escrito sin formalidad alguna ante el director del Centro, para lo cual se podrá aportar la información que se considere pertinente, con el objeto de atender las condiciones de vida digna y segura en reclusión. La autoridad administrativa del Centro auxiliará a las personas privadas de la libertad cuando lo soliciten para formular el escrito (.)". "Artículo 111. Acuerdo de inicio. Una vez recibida la petición, la Autoridad Penitenciaria, por escrito y dentro de las veinticuatro horas siguientes, admitirá la petición e iniciará el trámite del procedimiento, o bien, prevendrá en caso de ser confusa. Esta determinación deberá notificarse personalmente al promovente (.)". "Artículo 112. Trámite del procedimiento. Una vez admitida la petición, el director del Centro tendrá la obligación de allegarse por cualquier medio de la información necesaria, dentro del plazo señalado para resolver, considerando siempre la que, en su caso, hubiese aportado el peticionario, y con la finalidad de emitir una resolución que atienda de manera óptima la petición, en caso de que así procediera. --- La obligación de allegarse de información deberá estar acompañada de acciones diligentes a fin de no retrasar la resolución de la petición". "Artículo 114. Resolución de peticiones administrativas. El director del Centro estará obligado a resolver dentro de un término de cinco días contados a partir de la admisión de la petición y notificar al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución.--- Si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución. Si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el Juez de Ejecución podrá plantearse en cualquier momento.--- Si la petición no fuere resuelta dentro del término legal, el promovente podrá acudir ante el Juez de Ejecución competente y demandar esta omisión. Hecho lo anterior, el juez resolverá en un plazo no mayor a setenta y dos horas. En caso de ser procedente la acción, el juez requerirá a la Autoridad Penitenciaria que responda la petición formulada de fondo y en el plazo previsto en esta Ley y dará cuenta al inmediato superior jerárquico de la Autoridad Penitenciaria. Artículo 115. Casos urgentes Cuando las peticiones recaigan sobre hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, constituyendo un caso urgente, la persona legitimada podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. En este caso, el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. Tratándose de omisiones, el Juez de Ejecución determinará las acciones a realizar por la Autoridad Penitenciaria. Cuando los jueces de ejecución reciban promociones que por su naturaleza no sean casos urgentes, las turnarán al centro para su tramitación, recabando registro de su entrega. Capítulo IV Controversias ante el Juez de Ejecución Artículo 116. Controversias Los jueces de ejecución conocerán controversias relacionadas con: I. Las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas; II. El plan de actividades de la persona privada de la libertad y cuestiones relacionadas con el mismo, que impliquen violación de derechos fundamentales; III. Los derechos propios de quienes soliciten ingresar o hayan ingresado al Centro como visitantes, defensores públicos y privados, defensores en los tribunales de amparo, y observadores por parte de organizaciones de la sociedad civil; IV. La duración, modificación y extinción de la pena y de sus efectos, y V. La duración, modificación y extinción de las medidas de seguridad. Artículo 117. Controversias sobre condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas Los sujetos legitimados por esta Ley para interponer peticiones administrativas también tendrán acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre los siguientes aspectos: I. Las condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas, en cuyo caso será requisito indispensable haber agotado la petición administrativa; II. La impugnación de sanciones administrativas impuestas a las personas privadas de la libertad, que podrá hacerse valer en el acto de notificación o dentro de los diez días siguientes; III. Los derechos de las personas privadas de la libertad en materia de traslados. Esta acción podrá ejercitarse en el momento de la notificación de traslado, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de la libertad no hubiese sido notificada previamente, y IV. Los derechos de las personas que soliciten ingresar o hayan ingresado al Centro como visitantes, defensores públicos o privados, los defensores en los tribunales de amparo, y observadores por parte de organizaciones de la sociedad civil. En relación a la facción II, en tanto no quede firme la sanción administrativa no podrá ejecutarse. Por cuanto hace a la fracción III, los traslados por razones urgentes, relacionados con la integridad física o la salud de la persona privada de la libertad o bien, por cuestiones de seguridad del Centro, no requerirán autorización previa del Juez de Ejecución, sin perjuicio de que dicha determinación pueda ser recurrida y en su caso, confirmada o revocada. Del estudio armónico y sistemático de dichos preceptos, se colige lo siguiente: Las personas privadas de la libertad podrán formular peticiones administrativas ante la autoridad penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento. Las referidas peticiones tendrán como finalidad que la autoridad penitenciaria resuelva si existió o no una afectación a las condiciones de vida digna y en su caso subsanar dicha afectación. Si la resolución es en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución. Si la petición no fue resuelta en el término establecido para ello -cinco días-, el promovente podrá demandar dicha omisión ante el Juez de Ejecución. En casos urgentes, se podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución a plantear la petición, caso en el que dicha autoridad suspenderá el hecho que motivó la petición, hasta en tanto resuelva en definitiva. También, en términos de lo dispuesto por el artículo 117, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, ya sea en ejecución o proceso, los internos tienen la posibilidad de acudir en acción judicial ante el juez del control o de ejecución a fin de que sea cualquiera de ellos, según corresponda, sobre las cuestiones de internamiento, el plan de actividades o cuestiones relacionadas con ambas, siempre y cuando se hubiera agotado previamente la petición administrativa. Ahora bien, como puede advertirse, la parte quejosa en el juicio de amparo en que se actúa, reclama de manera general, la simultaneidad penal por los años que ya lleva privado de la libertad, considerándose acreedor al beneficio de libertad anticipada; sin embargo, conforme a lo citado, debió acudir ante el juez de control ante quien están radicadas las causas penales que se le instruyen, o bien, ante el juez de ejecución de penas según corresponda, debido a que como ha quedado precisado con antelación, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 constitucional, la imposición de las penas, su modificación y duración, son propias y exclusivas de la autoridad judicial, quien observará los beneficios de los sentenciados. Aunado que de acuerdo a lo establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dieciséis de junio de dos mil dieciséis, se atenderá entre otros casos, las solicitudes sobre temas de ejecución penal en general, hipótesis en la que encuadra la petición del quejoso relativa a la simultaneidad de las penas, pues se está ante la pretensión de obtener un beneficio relativo a la ejecución de las penas que le fueron impuestas en las diversas causas penales a que hace referencia, que su solicitud debe plantearla al de control ante quien están radicadas las causas o bien, ante el juez de ejecución de penas; habida cuenta, que las disposiciones que así lo establecen son de orden público y de observancia general en la federación y entidades federativas, entre otros aspectos, respecto de ejecución de penas, sobre la base de los principios, garantías, y derechos consagrados en la constitución, en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, y la referida ley. Así el artículo 116 de la Ley en comento, en su fracción IV, establece que los jueces de ejecución conocerán de controversias relacionadas con la duración, modificación y extinción de las penas y sus efectos; de ahí, que se considere que el quejoso debió acudir a formular controversia ante el juez de control o de ejecución, según correspondiera, pues su pretensión es un acto vinculado con la ejecución de las penas. Por otra parte, relacionado con lo expuesto en líneas que preceden, de oficio este órgano jurisdiccional advierte que de igual manera se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, pues se estima que los actos reclamados no son susceptibles de combatirse en la presente vía constitucional, por las razones que se vierten a continuación. El referido artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 61. (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. El precepto legal transcrito prevé el principio de definitividad de los actos reclamados, que es uno de los pilares del juicio de amparo y radica en que éste sólo procede contra actos definitivos, entendidos como aquéllos contra los cuales no procede recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificarlos, revocarlos o modificarlos. Tal principio encuentra su justificación en el hecho de que, al ser el juicio de amparo un medio extraordinario de defensa constitucional, la parte quejosa debe previamente acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos en la propia ley y en la jurisprudencia. Entonces, queda en evidencia que el acto reclamado en esta instancia constitucional, necesariamente deberá realizarse ante el juez de control con quien están radicadas las causas penales que se le instruyen, o bien, ante el juez de ejecución de penas según corresponda, debido a que estos conocerán de controversias relacionadas con la duración, modificación y extinción de las penas y sus efectos; de ahí, que sin agotar el procedimiento indicado, trae como consecuencia que adolezcan de definitividad, razón por la que en la especie se actualiza la causa de improcedencia del presente juicio, prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Dicho de otro modo, la parte interesada debe agotar, previamente a la interposición de la acción constitucional, todas las jurisdicciones y competencias a virtud del ejercicio del recurso ordinario tendente a revocar o modificar el acto lesivo a sus intereses. Por tanto, no estando en el caso ante actos que tengan el carácter de definitivos para los efectos del juicio de amparo, ante la notoria e indudable improcedencia, en términos del numeral 113, en relación con el dispositivo 61, fracción XVIII, en concordancia con la fracción XXIII, de la Ley de Amparo, relacionada con los artículos 18 y 21, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por Israel Solar Arroyo. Domicilio procesal y autorizados En términos del artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, se comisiona al Actuario Judicial adscrito, para que notifique al quejoso, las actuaciones que se tramiten en el presente juicio, en el lugar en que se encuentra interno el impetrante de amparo. Transparencia y acceso a la información pública Luego, en cumplimiento al artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, con el fin de respetar el derecho a la intimidad de las partes, al hacerse públicas las sentencias, se hace de su conocimiento el derecho que les asiste para oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, en la inteligencia de que la falta de oposición expresa conlleva el consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos. Designación de asesor jurídico Con el fin de evitar violaciones a las leyes que rigen el procedimiento este Juzgado Federal, se ordena como medida provisional urgente, nombrar a un asesor jurídico que intervenga en el presente juicio a favor del peticionario de amparo, de conformidad con el numeral 8 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior por analogía, la tesis III.2º.P.1. K (10ª.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, correspondiente a la Décima Época, Libro XVII, Febrero de 2013, Tomo 2, visible en la página 1310 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "AMPARO PROMOVIDO EN FAVOR DE UN INCAPAZ. EL JUEZ DE DISTRITO QUE CONOZCA DE AQUÉL ESTÁ OBLIGADO A NOMBRARLE UN REPRESENTANTE ESPECIAL PARA QUE INTERVENGA EN EL JUICIO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 6O. DE LA LEY DE LA MATERIA. La persona mayor de edad incapaz y el menor de dieciocho años se equiparan jurídicamente, porque ambos carecen de capacidad de ejercicio y sólo pueden ejercitar sus derechos por conducto de sus representantes; por ello, cuando se promueve amparo en favor de una persona cuya personalidad jurídica se encuentra restringida (por estar privado de inteligencia), el Juez de Distrito que conozca está obligado a nombrarle un representante especial para que intervenga en el juicio en términos del artículo 6o. de la Ley de Amparo, ya que dicho precepto es aplicable con base en el control de convencionalidad, y debe ser analizado mediante una interpretación conforme, tomando en consideración los deberes de protección de las personas que sufran alguna incapacidad, en congruencia con los derechos especiales consagrados a su favor, previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales que contienen derechos humanos obligatorios para nuestro país; máxime que tratándose de medidas que puedan afectar sus derechos, los órganos jurisdiccionales tienen que hacer una interpretación pro persona o pro homine, pues al estar de por medio directa o indirectamente el bienestar de una persona incapaz, los Jueces Federales están constreñidos a suplir la deficiencia de la queja en toda su amplitud." SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO. Queja 32/2012. 7 de septiembre de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: José Alfredo Gutiérrez Barba. Secretaria: Elsa Beatriz Navarro López. En virtud de lo antes expuesto, gírese oficio al Delegado Estatal del Instituto Federal de Defensoría Pública, residente en esta ciudad, a efecto de que en el término de tres días, contado a partir de que reciba la notificación del presente proveído, designe un asesor jurídico a Israel Solar Arroyo, por lo que, tal nombramiento tendrá que hacerlo del conocimiento de este órgano constitucional, asimismo, deberá de informar el domicilio en donde pueda ser notificado de manera personal dicho representante. Notifíquese personalmente a la parte quejosa en el lugar de su reclusión. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante María del Rosario García Jiménez, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.
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