Israel Salinas Marquez

Expediente 1720/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 5 actuaciones registradas, la última del 14 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1720/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
14/12/2018

Partes del expediente

  • Israel Salinas Marquez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales a que haya lugar, el oficio de la Actuaria Judicial adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, mediante el cual comunica que el auto de veintinueve de noviembre de la presente anualidad, ha quedado firme, y ordena el archivo del toca 397/2018, al respecto; téngase por hecha la comunicación para los efectos legales procedentes. Notifíquese.

  2. Principal

    Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales a que haya lugar, el oficio de la Actuaria Judicial adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, mediante el cual comunica el auto de veintinueve de noviembre de esta anualidad, del que se advierte que tuvo por no interpuesta la queja a que este expediente se refiere; al respecto, se provee lo siguiente: Una vez notificado este proveído, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente, previa anotación que corresponda en el libro de gobierno. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo general en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes por auto de seis de noviembre de dos mil dieciocho (foja 158), para que manifestaran lo que a sus intereses convinieran sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo, sin que se hayan pronunciado al respecto; en consecuencia, este órgano de control constitucional procede al análisis de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio; ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. Así, se tiene que se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la que se determinó conceder el amparo a la parte quejosa para el efecto de que la autoridad responsable realizara lo siguiente: ".En el caso concreto, el quejoso reclama la sanción de aislamiento temporal en el área de conductas especiales, por el término de quince días, iniciando el tres de mayo de dos mil dieciocho y concluyendo el diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, decretada en el Acta de Comité Técnico del Centro Estatal de Reinserción Social "Morelos" Decima Séptima Sesión Ordinaria Bis, de tres de mayo de dos mil dieciocho. [.] Como se adelantó, la resolución combatida (fojas 66 a 79 del sumario) adolece de la debida fundamentación y motivación. En efecto, en la determinación combatida, las autoridades responsables obviaron establecer lo siguiente: Porqué en el caso, debía concederse valor pleno al parte informativo SG/CERS/JSC/0359/04/2018, de veintiocho de abril de dos mil dieciocho (foja 63 de autos). Porqué en el caso, las manifestaciones vertidas por el quejoso en el acta de tres de mayo de dos mil dieciocho, no fueron tomadas en consideración ni se les concedió valor probatorio alguno al determinar la sanción ahora reclamada (fojas 75 a 76 ídem). Porqué en el caso, resultó procedente imponerle una sanción disciplinaria de quince días al aquí peticionario de amparo, cuáles fueron los parámetros que se tomaron en consideración para llegar a esa conclusión, tanto más si toma en consideración que el artículo 41 fracción III de la Ley Nacional de Ejecución Penal, no establece un determinado tiempo para la imposición de una medida disciplinaria, y que el numeral 42 del citado ordenamiento establece como periodo máximo de aislamiento, el de quince días (foja 76 del sumario). Porqué en el caso, se tuvieron que aplicar las medidas disciplinarias de aislamiento, y no otras, pues del numeral invocado en el inciso anterior (41 de la Ley Nacional de Ejecución Penal), se desprende que ésta es la última que debe aplicarse. Asimismo, las responsables fueron omisas en establecer las circunstancias particulares del quejoso, esto es las circunstancias que en relación a su persona hacían prudente la imposición de las sanciones establecidas, así como los motivos y consideraciones por los cuales tuvieron a bien imponer al quejoso el castigo de quince días de aislamiento temporal y no así una sanción de menor duración. [.] Consecuentemente, se impone conceder la protección constitucional solicitada para el efecto de que las responsables dejen insubsistente la resolución emitida en el Acta de Comité Técnico del Centro Estatal de Reinserción Social "Morelos" Decima Séptima Sesión Ordinaria Bis, de tres de mayo de dos mil dieciocho, únicamente respecto de la sanción de aislamiento temporal en el área de conductas especiales por el término de quince días, impuesta al quejoso Marco Antonio Román Urbina, y una vez hecho lo anterior, con plenitud de jurisdicción emita una diversa en la que purgue los vicios formales aducidos en el cuerpo de esta sentencia. Concesión del amparo que se hace extensiva a las autoridades ejecutoras." Por tanto, la sentencia causo ejecutoria y se requirió a las autoridades responsables del Centro Estatal de Reinserción Social "Morelos", el cumplimiento a la concesión del amparo. Atento a lo anterior, el Subdirector Jurídico del Centro Estatal de Reinserción Social "Morelos" mediante oficio SG/CERS/DCERS/SJ/11339/11/2018 de uno de noviembre de dos mil ocho, remitió copia certificada del acta de veinticinco de octubre del año en curso, emitida por el Comité Técnico de dicho Centro de Reinserción Social, en su centésima trigésima sesión extraordinaria federal, de la que se advierte que dejaron insubsistente la determinación emitida en la décima séptima sesión ordinaria del tres de mayo de dos mil dieciocho, únicamente por cuando hace a sanción de aislamientos impuesta al aquí quejoso Marco Antonio Román Urbina, y en su lugar, determinaron imponerle la sanción de tres fines de semana de restricción de visita familiar, exponiendo los fundamentos y motivos por los cuales arribaron a dicha determinación (fojas 149 a 153), por lo que este Juzgado Federal, dio vista y corrió traslado a la parte quejosa y al defensor público federal con dichas constancias. Al respecto, este órgano de control constitucional considera que las autoridades responsables, con las constancias mencionadas en los párrafos que anteceden, demostraron haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, restituyendo al promovente de la acción constitucional en el pleno goce de derecho transgredido, al tenor de lo dispuesto en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo. En consecuencia, se concluye que las autoridades responsables dieron seguimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, es decir, dejaron sin efectos el acta de tres de mayo de dos mil dieciocho, emitida en la décima séptima sesión ordinaria, misma que impuso al quejoso la sanción de quince días de aislamiento temporal en el área de conductas especiales, y en su lugar, con plenitud de jurisdicción, de manera fundada y motivada, emitieron una diversa en la cual le impusieron la sanción disciplinaria de tres fines de semana de restricción de visita familiar, por lo tanto este Juzgado Federal considera que ha sido cumplida la ejecutoria de amparo por parte de las autoridades responsables, pues se acató en sus términos la resolución en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal. Una vez determinado lo anterior, se procede a determinar si existe exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, entendiéndose por lo primero, que la autoridad responsable no se ajusta al tenor exacto de la ejecutoria, extralimitándose en su actuar respecto de los efectos para los que fue concedida la protección constitucional y por lo segundo, cuando se deja de acatar en su integridad la totalidad de los aspectos ordenados en la ejecutoria, esto es, omite realizar o abstenerse de hacer algo conforme a lo ordenado por el juzgador de amparo. Conviene destacar que el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió para que las autoridades responsables únicamente dejaran insubsistente la resolución emitida el tres de mayo de dos mil dieciocho en la décima séptima sesión ordinaria bis, únicamente respecto de la sanción de aislamiento temporal en el área de conductas especiales por el término de quince días, impuesta al quejoso Marco Antonio Román Urbina, y una vez hecho lo anterior, con plenitud de jurisdicción emitieran una diversa, pero purgando los vicios formales aducidos en el fallo protector. En consecuencia, la autoridad responsable no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Lo anterior es así, toda vez que de las constancias remitidas por el Subdirector Jurídico del Centro Estatal de Reinserción Social "Morelos", a las que se concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del dispositivo 2°, se advierte que las responsables dejaron insubsistente la determinación emitida en la décima séptima sesión ordinaria del tres de mayo de dos mil dieciocho, únicamente respecto de la sanción disciplinaria de quince días de aislamiento temporal en el área de conductas especiales impuesta al quejoso Marco Antonio Román Urbina, y en su lugar, emitieron una nueva determinación en la que le impusieron la sanción consistente en tres fines de semana de restricción de visita familiar, lo anterior con libertad de jurisdicción, fundando y motivando su actuar. Por lo que con fundamento en el numeral 214 del ordenamiento legal en cita, en su oportunidad, archívese el expediente. En acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de Septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en la fracción IV, del punto VIGÉSIMO PRIMERO del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de amparo y la sentencia definitiva. Por otra parte, tomando en consideración que el presente asunto se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, previo cumplimiento a los requisitos establecidos en los puntos Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto, del Capitulo Quinto procédase a la destrucción del duplicado, debiéndose guardar únicamente el original. Con apoyo en el punto vigésimo primero, fracción III, en original del incidente de suspensión es susceptible de ser destruido, toda vez que la suspensión provisional y definitiva se concedió. Finalmente, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma Guillermo Amaro Correa, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa con el Secretario Jacobo Jaimes Brito, que autoriza. Doy fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a ocho de noviembre de dos mil dieciocho. Vista la razón circunstanciada asentada por el actuario adscrito, mediante la cual hace constar la imposibilidad que existió para notificar personalmente al quejoso, la resolución del treinta y uno de octubre y el auto de seis de noviembre, ambos de dos mil dieciocho, ello por los motivos que expone; en consecuencia, con fundamento en lo previsto por el artículo 27, de la Ley de Amparo, las notificaciones de la resolución y del auto, así como las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, hágansele a la parte quejosa, por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado. NOTIFÍQUESE. "Se notifica a la parte quejisa, por medio lista fijada en los estrados de este juzgado con fundamento en lo establecido por el artículo 27 fracción III, inciso a) y 29, de la ley de amparo, el contenido del acuerdo de ocho y seis de noviembre y resolución de treinta y uno de octubre, ambos de dos mil dieciocho, mismos que de manera sintetizada señalan: "Cuernavaca, Morelos, a ocho de noviembre de dos mil dieciocho. Vista la razón circunstanciada asentada por el actuario adscrito, mediante la cual hace constar la imposibilidad que existió para notificar personalmente al quejoso, la resolución del treinta y uno de octubre y el auto de seis de noviembre, ambos de dos mil dieciocho, ello por los motivos que expone; en consecuencia, con fundamento en lo previsto por el artículo 27, de la Ley de Amparo, las notificaciones de la resolución y del auto, así como las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, hágansele a la parte quejosa, por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado. NOTIFÍQUESE." "Cuernavaca, Morelos, a seis de noviembre de dos mil dieciocho. Visto el oficio 557/2018, signado por el Juez Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco Guerrero, mediante el cual devuelve el juicio de amparo 1018/2018 y un anexo de pruebas; con fundamento en lo dispuesto por los numerales 62, 219 y 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°, agréguese a los autos el oficio de cuenta para los efectos legales conducentes y acúsese el recibo correspondiente. Asimismo, glósese a los autos el cuaderno de antecedentes respectivo, y notifíquese personalmente a las partes la resolución dictada por el Juzgado Auxiliar de mérito, para los efectos legales conducentes. Finalmente, toda vez que de autos se advierte que la persona moral tercera interesada denominada Corporativo Vicaffi S. A. de C. V., a la fecha no ha señalado domicilio para oír y recibir notificaciones; por tal motivo, se hace efectivo el apercibimiento decretado en autos y con fundamento en lo previsto por el artículo 27, de la Ley de Amparo, las notificaciones de la sentencia y del presente auto, así como las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, hágansele a dicho tercero interesado, por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE. ---Resolución de treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, cuyos puntos resolutivos indican: "Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en lo dispuesto por los artículos 1; 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 17, 61, fracciones XIV, 63, fracción V, 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por MARTHA ANGELINA ROMÁN BENÍTEZ, en los términos precisados en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. La presente resolución será publicable en términos de lo establecido en la consideración última de esta determinación. Háganse las anotaciones pertinentes; regístrese esta sentencia en el módulo correspondiente del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; con el original de esta resolución devuélvanse los autos a su lugar de origen, para que proceda en términos del inciso número 6 y siguientes del punto Quinto del Acuerdo General 54/2008, modificado por el diverso 53/2011, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, debiendo quedar testimonio en el cuaderno auxiliar número 483/2018, que en su momento será enviado al archivo. Así lo resolvió y firma el licenciado Yair Bardomiano Pineda Saldaña, Juez Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco, Guerrero, ante el licenciado Carlos Antonio Robles Juárez, Secretario que autoriza, firma y da fe, el treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, por así permitirlo las labores del juzgado. (Rubricas)"

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