Israel Salazar Leyva
Expediente 467/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 17 actuaciones registradas, la última del 14 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 467/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 14/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Israel Salazar Leyva
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
I. Uruapan, Michoacán de Ocampo, catorce de marzo de dos mil veintitrés. CAUSA EJECUTORIA. Visto el estado de los autos, así como de la certificación secretarial con que se ha dado cuenta, se advierte que la parte legitimada no interpuso recurso de revisión contra la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, en la que se negó a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales procedentes. Hágase las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. ARCHIVO. En consecuencia, una vez hechas las notificaciones respectivas, archívese el expediente como asunto concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL. En el entendido de que al no considerarse de relevancia documental, el mismo es susceptible de DEPURACIÓN, en términos de los artículos 15 y 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expediente judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; depuración que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de TRES AÑOS, conservando en según sea el caso, la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; así como el presente acuerdo por el que se ordena el archivo como asunto totalmente concluido. Hágase la anotación en la carátula. Ahora bien, por cuanto hace al original del incidente de suspensión, toda vez que se concedió la suspensión provisional y se concedió y negó la suspensión definitiva del acto reclamado, en atención a lo ordenado en el artículo 18, fracción I, inciso a) normativa invocada, procede su DEPURACIÓN, debiendo conservarse únicamente el proveído y resolución donde se concedió la medida cautelar. Por otra parte, respecto al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con artículo 20, fracción II, inciso a), de la normativa de que se trata, es susceptible de destrucción, lo cual deberá realizarse por este Juzgado trascurridos seis meses a partir de esta data, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente; por lo tanto, manténgase por separado en el archivo de este órgano jurisdiccional. RECURSO PENDIENTE EN CUADERNO DE SUSPENSIÓN. No. BILLETE. De igual manera, se hace la aclaración que en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo en que se actúa, no se exhibió billete o alguna otra garantía que amerite su devolución o proveer sobre su destino. CONSTANCIAS POR DEVOLVER. Al resultar innecesaria su conversación, devuélvase a la autoridad responsable Juez Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, los quince tomos de pruebas, que acompañó a su informe justificado. NOTIFÍQUESE.
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I. Por lo expuesto y con fundamento, además, en los artículos 74 y 76, de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ******************** por conducto de su defensor particular ********************contra los actos y autoridades descritas en el considerando segundo y en términos del considerando cuarto de este fallo. SEGUNDO. En términos del considerando quinto de la presente resolución, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial. Notifíquese personalmente a las partes y mediante oficio a las autoridades responsables
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I. Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintidós de noviembre de dos mil veintidós. CONSTANCIAS DE NOTIFICACIÓN. Visto el estado de auto se advierte que en proveído de cuatro de noviembre del año en curso, se ordenó emplazar a los terceros interesados (víctimas directas) José H. C., Noel R. E., Gonzalo A. C. S., e indirectas María Elena M. S., Argelio de la P. M., María Guadalupe S. V., Hilda M. T., Alejandra C. R., María Yuridia N. M., Salvador C. A. y Martha Griselda B. R., por conducto de los asesores jurídicos victímales Enrique Mijail Valdez Bello, David Eduardo Garnica de Miranda y José Antonio Jacinto Loeza, circunstancia que ya ocurrió, tal como se advierte de las constancias de notificación que anteceden. SE TIENE POR EMPLAZADOS A LOS TERCEROS INTERESADOS. Por tanto, téngase legalmente emplazados a los terceros interesados los terceros interesados (víctimas directas) José H. C., Noel R. E., Gonzalo A. C. S., e indirectas María Elena M. S., Argelio de la P. M., María Guadalupe S. V., Hilda M. T., Alejandra C. R., María Yuridia N. M., Salvador C. A. y Martha Griselda B. R., por conducto de los asesores jurídicos victímales Enrique Mijail Valdez Bello, David Eduardo Garnica de Miranda y José Antonio Jacinto Loeza, por lo que hágase de su conocimiento que a partir de que se hicieron sabedores de la instauración del presente juicio de garantías, quedaron expeditos sus derechos a efecto de que, en caso de considerarlo necesario, ofrezcan las pruebas que estime pertinentes, en el término legal que dispone el artículo 119 de la Ley de Amparo. DOMICILIO. Ahora, como se advierte de la certificación que antecede, transcurrió el término de tres días, concedido a los terceros interesados de referencia para señalar domicilio en esta ciudad donde recibir notificaciones, sin que lo haya hecho. En consecuencia, hágase efectivo el apercibimiento decretado en auto de cuatro de noviembre del año en curso, por lo que, las subsecuentes notificaciones que le resulten, aún las de carácter personal, practíquensele por lista de acuerdos que sea publicada en los estrados de este órgano jurisdiccional, en términos del artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo, hasta en tanto señale uno en esta ciudad para tales efectos. NOTIFÍQUESE.
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I. Uruapan, Michoacán de Ocampo, cuatro de noviembre de dos mil veintidós. OFICIO. Con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, glósese el oficio enviado por la autoridad responsable Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en esta ciudad, por medio del cual en cumplimiento a lo solicitado en autos, remite quince tomos de la causa penal 3/2019, instruida al aquí quejoso Israel Salazar Leyva, las cuales con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten y desahogan por su propia y especial naturaleza; sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional. FORMACIÓN DE TOMOS DE PRUEBAS. Se ordena formar tomos de pruebas con las constancias que se hacen mención, para un mejor manejo del expediente, las cuales se identificarán como tomo I al XV. INFORMA SOBRE ASESORES. Por otra parte, hace del conocimiento que dentro de la causa penal 3/2019, de su índice, de la cual derivan los actos reclamados, las víctimas directas son José H. C., Noel R. E., Gonzalo A. C. S., e indirectas María Elena M. S., Argelio de la P. M., María Guadalupe S. V., Hilda M. T., Alejandra C. R., María Yuridia N. M., Salvador C. A. y Martha Griselda B. R., asimismo, fungen como asesores victimales Enrique Mijail Valdez Bello, David Eduardo Garnica de Miranda y José Antonio Jacinto Loeza, con domicilio ubicado en calle Álvaro Obregón, número 2, piso 1, colonia Centro, en esta ciudad; lo anterior, para los efectos legales conducentes. TERCEROS INTERESADOS. Por tanto, con fundamento en el artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, téngase como terceros interesados a las víctimas directas son José H. C., Noel R. E., Gonzalo A. C. S., e indirectas María Elena M. S., Argelio de la P. M., María Guadalupe S. V., Hilda M. T., Alejandra C. R., María Yuridia N. M., Salvador C. A. y Martha Griselda B. R.. CONSIDERACIÓN. Asimismo, toda vez que la autoridad responsable hace del conocimiento que Enrique Mijail Valdez Bello, David Eduardo Garnica de Miranda y José Antonio Jacinto Loeza, fungen como asesores de las víctimas, dentro de la causa penal 3/2019, con la finalidad fundamentar y robustecer la presente determinación, se hace necesario puntualizar que las víctimas u ofendidos del delito, como entes privilegiados en todo procedimiento penal, gozan de prerrogativas para proteger sus derechos fundamentales establecidos por la Ley Suprema del país y demás leyes correspondientes. En efecto, el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo que aquí interesa dispone: "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. A. De los principios generales: [.] B. De los derechos de toda persona imputada: [.] C. De los derechos de la víctima o del ofendido: I. Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor establece la Constitución y, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal; [.] Por su parte, los artículos 4°, 6° y 110 de la Ley General de Víctimas, establecen: Artículo 4. Se denominarán víctimas directas aquellas personas físicas que hayan sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional, o en general cualquiera puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte. Son víctimas indirectas los familiares o aquellas personas físicas a cargo de la víctima directa que tengan una relación inmediata con ella. Son víctimas potenciales las personas físicas cuya integridad física o derechos peligren por prestar asistencia a la víctima ya sea por impedir o detener la violación de derechos o la comisión de un delito. La calidad de víctimas se adquiere con la acreditación del daño o menoscabo de los derechos en los términos establecidos en la presente Ley, con independencia de que se identifique, aprehenda, o condene al responsable del daño o de que la víctima participe en algún procedimiento judicial o administrativo. Son víctimas los grupos, comunidades u organizaciones sociales que hubieran sido afectadas en sus derechos, intereses o bienes jurídicos colectivos como resultado de la comisión de un delito o la violación de derechos. Artículo 6. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: I. Asesor Jurídico: Asesor Jurídico Federal de Atención a Víctimas adscritos a la Comisión Ejecutiva y sus equivalentes en las entidades federativas; [.] Artículo 110. Designación de Asesor jurídico. En cualquier etapa del procedimiento, las víctimas u ofendidos podrán designar a un Asesor jurídico, el cual deberá ser licenciado en derecho o abogado titulado, quien deberá acreditar su profesión desde el inicio de su intervención mediante cédula profesional. Si la víctima u ofendido no puede designar uno particular, tendrá derecho a uno de oficio. [.] La intervención del Asesor jurídico será para orientar, asesorar o intervenir legalmente en el procedimiento penal en representación de la víctima u ofendido. En cualquier etapa del procedimiento, las víctimas podrán actuar por sí o a través de su Asesor jurídico, quien sólo promoverá lo que previamente informe a su representado. El Asesor jurídico intervendrá en representación de la víctima u ofendido en igualdad de condiciones que el Defensor. Asimismo, los artículos 109 y 110 del Código Nacional Procedimientos Penales, estatuyen: "Artículo 109. Derechos de la víctima u ofendido. En los procedimientos previstos en este Código, la víctima u ofendido tendrán los siguientes derechos: I. [.] III. A contar con información sobre los derechos que en su beneficio existan, como ser atendidos por personal del mismo sexo, o del sexo que la víctima elija, cuando así lo requieran y recibir desde la comisión del delito atención médica y psicológica de urgencia, así como asistencia jurídica a través de un Asesor jurídico; [.] V. A ser informado, cuando así lo solicite, del desarrollo del procedimiento penal por su Asesor jurídico, el Ministerio Público y/o, en su caso, por el Juez o Tribunal; [.] VII. A contar con un Asesor jurídico gratuito en cualquier etapa del procedimiento, en los términos de la legislación aplicable; [.] XV. A intervenir en todo el procedimiento por sí o a través de su Asesor jurídico, conforme lo dispuesto en este Código; [.] XXI. A impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos en este Código y en las demás disposiciones legales aplicables; [.] 110. Designación de Asesor jurídico. En cualquier etapa del procedimiento, las víctimas u ofendidos podrán designar a un Asesor jurídico, el cual deberá ser licenciado en derecho o abogado titulado, quien deberá acreditar su profesión desde el inicio de su intervención mediante cédula profesional. Si la víctima u ofendido no puede designar uno particular, tendrá derecho a uno de oficio. Cuando la víctima u ofendido perteneciere a un pueblo o comunidad indígena, el Asesor jurídico deberá tener conocimiento de su lengua y cultura y, en caso de que no fuere posible, deberá actuar asistido de un intérprete que tenga dicho conocimiento. La intervención del Asesor jurídico será para orientar, asesorar o intervenir legalmente en el procedimiento penal en representación de la víctima u ofendido. En cualquier etapa del procedimiento, las víctimas podrán actuar por sí o a través de su Asesor jurídico, quien sólo promoverá lo que previamente informe a su representado. El Asesor jurídico intervendrá en representación de la víctima u ofendido en igualdad de condiciones que el Defensor.". Bajo ese tenor, se destaca que, en los asuntos del orden penal, las víctimas u ofendidos del delito deben contar, por disposición expresa de la ley, con un Asesor Jurídico debidamente acreditado que represente sus intereses legales durante todo el procedimiento, quien deberá velar que no exista vulneración a sus derechos fundamentales protegidos por el artículo 20, apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás leyes correspondientes. Lo que implica, como en el caso acontece, que si dentro de la causa penal 3/2019, de la estadística del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en esta ciudad, el inculpado, aquí quejoso Israel Salazar Leyva, promovió el presente juicio de amparo, las víctimas u ofendidos del delito legalmente pueden ser llamadas a juicio a través de los Asesores Jurídicos Victimales designados en ese procedimiento penal, pues como quedó especificado en párrafos precedentes, por disposición expresa de la ley, deben velar y representar sus intereses legales dura todo el procedimiento. Al caso es aplicable, por analogía jurídica y a contrario sensu interpretado, la jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J. 12/2021 (10a), aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Libro 2, Junio de 2021, Tomo IV, página 3351, Undécima Época, Materias Constitucional y Común, registro digital 2023217, que reza: "ASESOR JURÍDICO VICTIMAL. ESTÁ FACULTADO PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO EN NOMBRE DE LA VÍCTIMA U OFENDIDO A QUIEN REPRESENTA EN EL PROCEDIMIENTO PENAL. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito sostuvieron un criterio divergente en torno a si el asesor jurídico victimal está facultado para promover el juicio de amparo en nombre de la víctima a quien representa en el procedimiento penal. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el asesor victimal está facultado para promover la demanda de amparo en nombre de la víctima que representa, conforme a los artículos 6o, segundo párrafo, 10 y 11 de la Ley de Amparo. Así, respetando el equilibrio procesal que debe generarse entre la víctima u ofendido y el imputado o sentenciado, debe entenderse que, cuando la citada ley se refiere a que el quejoso podrá promover el amparo por conducto de su defensor cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, no puede limitarse únicamente al defensor del imputado sino que debe incluir al asesor jurídico de la víctima que actúa en su representación, a fin de que ésta no quede en estado de vulnerabilidad frente al poder punitivo estatal y las determinaciones que el Ministerio Público o los Jueces realicen a lo largo del procedimiento penal. Justificación: Lo anterior, pues la víctima u ofendido tiene derecho a estar representado por un asesor jurídico, abogado titulado con cédula profesional, en cualquier etapa del procedimiento penal, así como en cualquier instancia, procedimiento o juicio en el que sea parte. Sin la debida representación, la víctima podría enfrentar un desequilibrio procesal que indudablemente redundaría en el ejercicio de sus derechos, de manera preponderante el de acceso a la justicia, conforme a los artículos 20, apartado C, de la Constitución General; 108, 109 y 110 del Código Nacional de Procedimientos Penales; así como 10, 12, 42, 43, 125, 168 y 169 de la Ley General de Víctimas. Además, el que la representación del asesor jurídico se extienda al juicio constitucional es acorde con el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues el juicio de amparo se erige como un mecanismo que debe permitir combatir la arbitrariedad estatal y los actos de autoridad que afecten derechos humanos, por lo cual debe constituirse como un mecanismo idóneo, efectivo y sencillo." Asimismo, cobra aplicación la tesis VI.20P.41 P (10a), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, que puede ser consultada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materias Común y Penal, registro digital 2015513, del epígrafe: "EMPLAZAMIENTO AL JUICIO DE AMPARO Y NOTIFICACIÓN DEL AUTO ADMISORIO A LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO -EN SU CARÁCTER DE TERCERO INTERESADO-. EN CASO DE FALLECIMIENTO DE ÉSTE, DICHAS DILIGENCIAS PUEDEN ENTENDERSE FORMALMENTE CON LA VÍCTIMA DIRECTA, INDIRECTA O POTENCIAL, A QUE SE REFIERE LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS, Y NO NECESARIAMENTE CON EL REPRESENTANTE DE LA SUCESIÓN. Si bien el artículo 16 de la Ley de Amparo establece que en caso de fallecimiento del tercero interesado, siempre que lo planteado en el amparo no afecte sus derechos estrictamente personales, será su sucesión la que intervendrá en el juicio, y conforme al Código Civil, ésta es representada por el albacea, lo cierto es que dicho precepto, al pertenecer a un cuerpo de leyes, debe ser entendido a partir de la naturaleza de la controversia que implica el juicio de amparo, así como de una interpretación armónica con el resto de sus disposiciones. En estas condiciones, debe relacionarse con el diverso 5o., fracción III, de la propia ley, en el que se fija quién puede tener el carácter de tercero interesado dentro del juicio de amparo, entre los que prevé a la víctima u ofendido del delito, o quien tenga derecho a la reparación del daño, o a reclamar la responsabilidad civil, cuando el acto reclamado emane de un juicio del orden penal y afecte directamente esa reparación o responsabilidad. En tanto que de los artículos 4 y 6, fracción XIX, de la Ley General de Víctimas, se advierte que hay tres tipos de víctimas: las directas, las indirectas y las potenciales; las primeras son las personas físicas que han sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional o, en general, cualquier puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos, como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus derechos humanos; en tanto que las segundas, son los familiares o aquellas personas físicas a cargo de la víctima directa que tienen una relación inmediata con ella; y, las terceras, aquellas cuya integridad física o derechos peligran por prestar asistencia a la víctima, ya sea por impedir o detener la violación de derechos o la comisión de un delito. En este contexto, atento a que el Estado ha reconocido a la víctima del delito como un verdadero sujeto procesal y, en consecuencia, le ha reconocido una serie de derechos constitucionales a su favor, por lo que, incluso, ha establecido que por aquélla no debe comprenderse únicamente a quien directamente sufre un daño, por la comisión de un delito, sino que debe ampliarse su concepto a sus familiares, quienes resienten indirectamente esa lesión e, incluso, a aquellos individuos que le prestan su asistencia para impedir o detener la comisión del ilícito, debe estimarse que para efectos del juicio de amparo, la parte tercero interesada, en el caso, la víctima u ofendido del delito, incluye, por disposición de una ley de observación obligatoria en todo el territorio nacional, a las víctimas directas, indirectas y potenciales. Por ende, el emplazamiento al juicio de amparo y la notificación del auto admisorio pueden entenderse formalmente con alguna de esas víctimas, y no necesariamente con el representante de la sucesión.". Consecuentemente, se ordena el emplazamiento al presente juicio de amparo de las víctimas directas son José H. C., Noel R. E., Gonzalo A. C. S., e indirectas María Elena M. S., Argelio de la P. M., María Guadalupe S. V., Hilda M. T., Alejandra C. R., María Yuridia N. M., Salvador C. A. y Martha Griselda B. R., por conducto de los referidos Asesores Jurídicos Victímales Enrique Mijail Valdez Bello, David Eduardo Garnica de Miranda y José Antonio Jacinto Loeza, quienes representan legalmente sus intereses personales dentro de tal procedimiento penal. EMPLAZAMIENTO. Por tanto, se comisiona al Actuario Judicial adscrito para que cumpliendo estrictamente las medidas de prevención que resulten indispensables al realizar una notificación, con el objeto de evitar cualquier riesgo de infección y propagación del virus que ha dado lugar a la emisión del Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), emitido por el Consejo de Salubridad General de los Estados Unidos y, emplace al presente juicio a las víctimas directas son José H. C., Noel R. E., Gonzalo A. C. S., e indirectas María Elena M. S., Argelio de la P. M., María Guadalupe S. V., Hilda M. T., Alejandra C. R., María Yuridia N. M., Salvador C. A. y Martha Griselda B. R., por conducto de los referidos Asesores Jurídicos Victímales Enrique Mijail Valdez Bello, David Eduardo Garnica de Miranda y José Antonio Jacinto Loeza, en el domicilio señalado en párrafos que anteceden; diligencia en la que deberá: Entregarle a los terceros interesados, copia simple de la demanda, y del presente proveído, en el domicilio indicado en párrafos anteriores, en términos de lo establecido en los artículos 26 y 27, fracción I, de la Ley de Amparo. Los requiera para que en el acto de la notificación o dentro del término de TRES DÍAS contado a partir que sean notificados de este proveído, señalen domicilio en esta ciudad de Uruapan, Michoacán, para oír y recibir notificaciones, con el apercibimiento que de no hacerlo, las subsecuentes, aún las de carácter personal, se les harán por medio de lista de acuerdos que se publica en este Juzgado de Distrito, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción III, en relación con el 29 de la Ley de Amparo. Hacer de su conocimiento que se encuentran señaladas las DIEZ HORAS CON DIECISIETE MINUTOS DEL CINCO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo la audiencia constitucional en este asunto. Les informe que a partir de que queden debidamente emplazados y notificados podrán ofrecer pruebas en términos del artículo 119 de la Ley de amparo, formular alegatos, de conformidad con el diverso 124 de la legislación invocada y todos aquellos derechos procesales inherentes a la adecuada defensa de sus intereses. Les haga de su conocimiento que los informes justificados de las autoridades responsables, podrán ser consultables en la página de internet www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp, la cual contendrá una síntesis del proveído dictado en cada caso, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, para que en el caso de estimarlo conveniente manifiesten lo que a su interés legal convenga; esto con la finalidad de evitar una violación a las leyes del procedimiento que amerite su reposición. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis número IX.1°.26 C, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito, visible en la página 580, del Tomo VIII de Noviembre de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro: "TERCERO PERJUDICADO EN EL JUICIO DE AMPARO. RAZÓN DE SU EMPLAZAMIENTO". NOTIFÍQUESE; EMPLÁCESE EN LOS TÉRMINOS INDICADOS.
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