Israel Garisay Hernandez
Expediente 158/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 158/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 25/04/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Israel Garisay Hernandez
Actuaciones
- Principal
III. Del estado procesal de autos se desprende que el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, ha transcurrido, sin que la parte legitimada hubiese recurrido el proveído que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, tal como se advierte del inciso b) de la cuenta secretarial. Consecuentemente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la invocada legislación, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución, de la que existió oposición por la parte quejosa para la publicación de sus datos personales al no haber realizado manifestación alguna sobre el requerimiento que le fue formulado en el auto admisorio, en el sentido de si se encontraba de acuerdo en que se publicaran sus datos personales y que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, HA QUEDADO FIRME; sin que en el caso, por su naturaleza, amerite actos de ejecución; lo anterior, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificado este acuerdo, sin necesidad de nuevo proveído, archívense las actuaciones como asunto concluido. De conformidad con el punto cuarto del capítulo segundo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y acorde con el punto vigésimo primero, fracción II, del capítulo quinto del mencionado acuerdo, así como del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por dicha Suprema Corte de Justicia de la Nación, "Diciembre 2012", se estima que el expediente en que se actúa es de aquellos susceptibles de destrucción, transcurridos más de cinco años, contados a partir de la notificación de la presente determinación, en razón de que el respectivo proveído únicamente sobreseyó en el juicio fuera de audiencia, cuyo expediente no contiene información reservada, ni se considera de relevancia documental que amerite su conservación. Finalmente, tomando en consideración que el peticionario del amparo Israel Garisay Hernández, se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 17 CPS "Michoacán", con sede en Buenavista, Tomatlán; con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, notifíquesele el contenido del presente proveído en ese centro de reclusión; consecuentemente, comisiónese a cualquiera de los actuarios judiciales de la adscripción, conforme al rol correspondiente, en la fecha establecida, a efecto de que se constituya en legal y debida forma en dicho centro penitenciario y lleve a cabo tal encomienda. En el entendido que la salida y regreso del actuario comisionado, deberá ser en el mismo día; por tanto, con fundamento en el artículo 156, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, entérese de la anterior determinación a la Secretaría Ejecutiva de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal, para los efectos legales a que haya lugar. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, para en caso necesario, practicar la respectiva diligencia. NOTIFÍQUESE; mediante oficio a la autoridad responsable y personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión.
- Principal
III. Agréguese sin mayor acuerdo el pedimento de cuenta, signado por la Agente del Ministerio Público adscrita a este Juzgado; lo anterior, toda vez que en proveído de veintinueve de marzo pasado se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, por los motivos ahí expuestos. NOTIFÍQUESE.
- Principal
III. Agréguese a los autos el telegrama de cuenta, enviado por el Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número 17 "CPS MICHOACÁN", con residencia en Buenavista Tomatlán, Michoacán; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, téngase informando sobre el cumplimiento dado a la suspensión de plano, concedida en proveído de veinticinco de marzo actual, en favor del quejoso Israel Garisay Hernández. Circunstancia de la que este Juzgado toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, téngasele informando que la autoridad denominada por el quejoso como Doctor (a) del Área Médica de dicho centro penitenciario, no existe con tal denominación, ni emana del Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social. Por tanto, hágase efectivo el apercibimiento decretado en el auto de veinticinco de marzo que transcurre y déjese de tener como responsable en el presente juicio a la citada autoridad; suspéndase toda comunicación que le resulte en lo sucesivo. De conformidad con el artículo 9° de la ley de la materia, téngase como delegados del Director General del Centro Federal responsable, a las personas que menciona en su telegrama de cuenta. Ahora, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y del informe respecto de la suspensión de plano de cuenta, se advierte que durante el trámite del presente juicio se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo, que dispone que contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, estos deben promoverse antes de acudir a la instancia de amparo. Es uno de los supuestos que consagra el principio de definitividad, en el caso específico de actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, principio rector del juicio de amparo que preserva su carácter verdaderamente excepcional, al cual se podrá acudir si y sólo si se han agotado previamente todas las instancias procesales que se regulan en la ley de donde proviene el acto que se reclama, ello a efecto de impedir la tramitación de juicios de amparo que pueden tener un remedio en sede común, preservando la calidad del juicio de garantías como medio extraordinario de defensa. Dicho principio encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias ordinarias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente. Luego, es suficiente que la ley que regula el acto reclamado contenga medios ordinarios que estén a disposición del interesado y pueda interponerlos para que opere dicho supuesto, de ahí que no sea optativo para el gobernado que se sienta agraviado en sus derechos fundamentales, cumplir o no, con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, evitando con ello la proliferación innecesaria de juicios constitucionales contra actos que podrían ser estudiados en la vía ordinaria. La hipótesis es de interpretación restrictiva y tiene tres excepciones al principio de definitividad contemplado en el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo, exclusivamente los siguientes supuestos: Cuando el acto reclamado carece de fundamentación. Cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución. Cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Sin embargo, la lectura del escrito de demanda que ocupa la atención, reporta que el acto que se reclama no encuadra en ninguno de los supuestos de excepción precisados. En el caso concreto, se advierte que el quejoso reclama de las autoridades penitenciarias precisadas en su demanda de amparo lo siguiente: "La omición de brindarme atención médica adecuada ya que necesito una cirujia por una hernia inglinal causada por un golpe, que esta creciendo día con día información que le hice saber al personal del área médica a mi ingreso a este centro y en repetidas ocasiones he enviado peticiones al área médica de las cuales no he recibido respuesta a la fecha haciendo caso omiso de mi problema." Sin embargo, es necesario destacar que los actos que por esta vía combate, constituyen una omisión de la autoridad penitenciaria en contra de la cual procede un recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueden ser modificados, revocados o nulificados, con motivo de lo dispuesto en los artículos 1º, 2º, 4º tercer y cuarto párrafos, 9º, 18, 107 al 112, 114 y 130 al 133 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que disponen: "Artículo 18.- El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto." "Artículo 1. Objeto de la Ley La presente Ley tiene por objeto: I. Establecer las normas que deben de observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial; (.)" "Artículo 2. Ámbito de aplicación Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general en la Federación y las entidades federativas, respecto del internamiento por prisión preventiva, así como en la ejecución de penas y medidas de seguridad por delitos que sean competencia de los tribunales de fuero federal y local, según corresponda, sobre la base de los principios, garantías y derechos consagrados en la Constitución, en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, y en esta Ley. Tratándose de personas sujetas a prisión preventiva o sentenciadas por delincuencia organizada, debe estarse además a las excepciones previstas en la Constitución y en la ley de la materia. En lo conducente y para la aplicación de esta Ley deben atenderse también los estándares internacionales." "Artículo 4. Principios rectores del Sistema Penitenciario. (.) Igualdad. Las personas sujetas a esta Ley deben recibir el mismo trato y oportunidades para acceder a los derechos reconocidos por la Constitución, Tratados Internacionales y la legislación aplicable, en los términos y bajo las condiciones que éstas señalan. No debe admitirse discriminación motivada por origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y con el objeto de anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas. Las autoridades deben velar porque las personas sujetas a esta Ley, sean atendidas a fin de garantizar la igualdad sobre la base de la equidad en el ejercicio de sus derechos. En el caso de las personas con discapacidad o inimputabilidad deben preverse ajustes razonables al procedimiento cuando son requeridos, así como el diseño universal de las instalaciones para la adecuada accesibilidad." "Artículo 9. Derechos de las personas privadas de su libertad en un Centro Penitenciario Las personas privadas de su libertad en un Centro Penitenciario, durante la ejecución de la prisión preventiva o las sanciones penales impuestas, gozarán de todos los derechos previstos por la Constitución y los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, siempre y cuando estos no hubieren sido restringidos por la resolución o la sentencia, o su ejercicio fuese incompatible con el objeto de éstas. Para los efectos del párrafo anterior, se garantizarán, de manera enunciativa y no limitativa, los siguientes derechos: (.) IX. Efectuar peticiones o quejas por escrito, y en casos urgentes, por cualquier medio a las instancias correspondientes; (.) Toda limitación de derechos sólo podrá imponerse cuando tenga como objetivo garantizar condiciones de internamiento dignas y seguras, en su caso, la limitación se regirá por los principios de necesidad, proporcionalidad e idoneidad.". "Artículo 107. Peticiones administrativas Las personas privadas de la libertad y aquellas legitimadas en esta Ley podrán formular peticiones administrativas ante la Autoridad Penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento." "Artículo 108. Legitimación Se reconoce legitimidad para formular las peticiones ante las direcciones de los Centros a: I. La persona privada de la libertad, a nombre propio o de manera colectiva; II. Los familiares hasta el cuarto grado de parentesco por consanguinidad de la persona privada de la libertad, su cónyuge, concubinario o pareja de hecho; III. Los visitantes; IV. Los defensores públicos o privados; V. El Ministerio Público; VI. Cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo de protección de los derechos humanos en el orden federal o de las entidades federativas, que tengan dentro de su mandato la protección de las personas privadas de la libertad o de grupos o individuos que se encuentren privados de la misma, y VII. Las organizaciones de la sociedad civil que tengan dentro de su objeto la protección de los derechos de las personas privadas de la libertad y que se encuentren debidamente acreditadas.". "Artículo 109. Sustanciación de las peticiones Las peticiones se sustanciarán conforme a las reglas establecidas en esta Ley, a fin de que la Autoridad Penitenciaria se pronuncie sobre si ha existido o no una afectación en las condiciones de vida digna y segura en reclusión para las personas privadas de la libertad o afectación a los derechos de terceras personas y, en su caso, la subsanación de dicha afectación. Los solicitantes podrán desistir de su petición en cualquier momento, salvo que el tema planteado se refiera al interés general del Centro o de un sector de su población. El desistimiento no implica la pérdida del derecho a formular una petición sobre la misma materia con posterioridad." "Artículo 110. Formulación de la petición Las peticiones administrativas se formularán por escrito sin formalidad alguna ante el director del Centro, para lo cual se podrá aportar la información que se considere pertinente, con el objeto de atender las condiciones de vida digna y segura en reclusión. La autoridad administrativa del Centro auxiliará a las personas privadas de la libertad cuando lo soliciten para formular el escrito. En caso de que la petición sea formulada por persona distinta a la privada de la libertad, ésta deberá señalar nombre, domicilio, teléfono y, en su caso, correo electrónico, para que le sean practicadas las determinaciones respectivas." "Artículo 111. Acuerdo de inicio Una vez recibida la petición, la Autoridad Penitenciaria, por escrito y dentro de las veinticuatro horas siguientes, admitirá la petición e iniciará el trámite del procedimiento, o bien, prevendrá en caso de ser confusa. Esta determinación deberá notificarse personalmente al promovente. En caso de prevención, el peticionario tendrá un plazo de setenta y dos horas a partir de su notificación para subsanarla. En caso de no hacerlo, la Autoridad Penitenciaria citará al promovente para que de manera personal y oral aclare su petición. Hecho lo anterior, se emitirá la resolución sobre el fondo de la cuestión planteada. En caso de no acudir a la citación, se tendrá por desechada la petición formulada." "Artículo 112. Trámite del procedimiento Una vez admitida la petición, el director del Centro tendrá la obligación de allegarse por cualquier medio de la información necesaria, dentro del plazo señalado para resolver, considerando siempre la que, en su caso, hubiese aportado el peticionario, y con la finalidad de emitir una resolución que atienda de manera óptima la petición, en caso de que así procediera. La obligación de allegarse de información deberá estar acompañada de acciones diligentes a fin de no retrasar la resolución de la petición. (.)" "Artículo 114. Resolución de peticiones administrativas El director del Centro estará obligado a resolver dentro de un término de cinco días contados a partir de la admisión de la petición y notificar al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución. Si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución. Si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el Juez de Ejecución podrá plantearse en cualquier momento. Si la petición no fuere resuelta dentro del término legal, el promovente podrá acudir ante el Juez de Ejecución competente y demandar esta omisión. Hecho lo anterior, el juez resolverá en un plazo no mayor a setenta y dos horas. En caso de ser procedente la acción, el juez requerirá a la Autoridad Penitenciaria que responda la petición formulada de fondo y en el plazo previsto en esta Ley y dará cuenta al inmediato superior jerárquico de la Autoridad Penitenciaria. La Autoridad Penitenciaria le hará saber a la persona privada de la libertad el derecho que tiene a la interposición del presente recurso, dejando constancia por escrito. (.)" "Artículo 130. Revocación El recurso de revocación se interpondrá ante el Juez de Ejecución en contra de las determinaciones de mero trámite y en los casos previstos en esta Ley. El objeto de este recurso será que el mismo Juez de Ejecución que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda. Si el recurso se hace valer contra las resoluciones pronunciadas durante la audiencia, se dará el uso de la palabra a las demás partes, para que manifiesten lo que a su derecho corresponda y en la misma audiencia se dictará la resolución respectiva. Si el recurso se hace valer contra resoluciones pronunciadas fuera de audiencia, se interpondrá al día siguiente de notificada la determinación, se dará traslado a las demás partes por el término de dos días para que manifiesten lo que a su derecho corresponda, y se resolverá al día siguiente, bien (sic) de desahogada la audiencia conforme al Código, o de haber transcurrido el término concedido." "Artículo 131. Apelación El recurso de apelación se interpondrá dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto o resolución que se impugna y tiene por objeto que el tribunal de alzada revise la legalidad de la resolución impugnada, a fin de confirmarla, modificarla o revocarla." "Artículo 132. Procedencia del recurso de apelación El recurso de apelación procederá en contra de las resoluciones que se pronuncien sobre: I. Desechamiento de la solicitud; II. Modificación o extinción de penas; III. Sustitución de la pena; IV. Medidas de seguridad; V. Reparación del daño; VI. Ejecución de las sanciones disciplinarias; VII. Traslados; VIII. Afectación a los derechos de personas privadas de la libertad, visitantes, defensores y organizaciones observadoras, y IX. Las demás previstas en esta Ley." "Artículo 133. Efectos de la apelación La interposición del recurso de apelación durante la tramitación del asunto no suspende éste. (.)" De los preceptos transcritos, se desprende que la Ley Nacional de Ejecución Penal, prevé un procedimiento administrativo, relativo a las peticiones de las personas privadas de su libertad, atinente a la afectación de sus condiciones de vida digna y segura en reclusión, entre las que se encuentran: efectuar peticiones o quejas por escrito, por cualquier medio a las instancias correspondientes. De igual manera, la citada Ley Nacional de Ejecución Penal dispone que las peticiones referentes a la afectación de derechos en reclusión, deben efectuarse por escrito -sin formalidad- ante el Director del Centro en que se encuentren recluidos, en el entendido que en el escrito se podrá aportar información que se considere pertinente con el objeto de atender las condiciones de vida y seguridad en reclusión; incluso, la autoridad penitenciaria debe auxiliar a las personas privadas de la libertad- cuando se lo soliciten- a formular el escrito correspondiente; incluso, en dicho procedimiento el interno puede ofrecer pruebas y la autoridad está obligada a recabar las necesarias para resolver la petición. Aunado a lo anterior, en caso de que la persona privada de la libertad no obtuviera una respuesta favorable a su petición o no obtuviera respuesta alguna, puede impugnar dicha determinación ante el Juez respectivo. De igual manera, el interno tiene a su alcance los recursos de revocación y apelación para el caso de estar inconforme con alguna decisión de la autoridad judicial al momento de resolver la controversia planteada. Ahora bien, como ya se precisó, el quejoso acudió al juicio de amparo a efecto de controvertir diversos actos atribuidos a autoridades del centro de reclusión en que se encuentra interno, los cuales se vinculan con las condiciones de internamiento del promovente del amparo (atención médica). En consecuencia, a dichos actos cuya ejecución tuvo lugar con motivo del internamiento del quejoso en la indicada Institución penitenciaria, resulta aplicable la Ley Nacional de Ejecución Penal vigente a partir del diecisiete de junio de dos mil dieciséis, ello es así pues el procedimiento administrativo de referencia se encuentra previsto por Ley Nacional de Ejecución Penal y se encuentra dirigido a todos los internos, sin importar el estado procesal, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de una pena, conforme a lo dispuesto por el artículo 2 de dicho ordenamiento. Esta situación es relevante porque la propia ley prevé la instauración de un procedimiento accesorio, tramitado dentro de otro principal. Por su contenido, sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD CUANDO RECLAMAN ACTOS RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES DE SU INTERNAMIENTO, COMO LO ES LA FALTA O NEGATIVA DE ATENCIÓN MÉDICA ADECUADA, YA SEA URGENTE O NO, DEBEN AGOTAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE PETICIONES Y LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN PREVISTOS EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. Conforme a los artículos 1, 2, 9, 30, 34, 74, 76 a 78, 107 a 115 y 130 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de su libertad, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de penas, tienen a su alcance un procedimiento administrativo de peticiones, mediante el cual pueden hacer valer sus derechos atinentes a las condiciones de internamiento, entre las que se encuentran la falta o negativa de atención médica adecuada, ya sea urgente o no urgente. Adicionalmente, cuentan con un sistema de recursos de índole jurisdiccional, para el caso de que la respuesta que recaiga a su petición no satisfaga sus necesidades, incluso, contra la omisión de dar respuesta oportuna. Ante ese marco normativo ágil y eficaz, previo a promover el juicio de amparo indirecto deben agotarse el procedimiento administrativo de peticiones, así como los medios de impugnación previstos en la ley citada, en atención al principio de definitividad". Así como los criterios aislados siguientes: "PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD. EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ANTE LA AUTORIDAD CARCELARIA Y LA CONTROVERSIA PLANTEADA AL JUEZ DE EJECUCIÓN PENAL, CONSTITUYEN LOS MEDIOS DE DEFENSA JUDICIALIZADOS, EFICACES E IDÓNEOS PARA RESOLVER SUS PETICIONES E INCONFORMIDADES EN RELACIÓN CON LOS ASPECTOS QUE INCIDAN EN LAS CONDICIONES DE SU RECLUSIÓN, POR LO QUE DEBEN AGOTARSE, PREVIO A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO. La Ley Nacional de Ejecución Penal, en sus artículos 1, 2, 4, 9, 25, 30, 107 al 115, 122 y 130 al 135, prevé sendos procedimientos, uno administrativo y otro de índole jurisdiccional (procedimiento administrativo ante la autoridad carcelaria o la controversia planteada al Juez de Ejecución Penal), instituidos a favor de las personas privadas de su libertad y demás sujetos legitimados con el objeto de que, en principio, sea la propia autoridad penitenciaria la que conozca y resuelva las peticiones e inconformidades en torno a todos aquellos aspectos que incidan en las condiciones de reclusión, y de subsistir la inconformidad u omisión en atender la petición, podrá plantearse controversia ante el Juez de Ejecución, excepto en los casos urgentes en los que pudieran estar en riesgo la vida e integridad física del interno, en los que se acudirá directamente ante el Juez de Ejecución a plantear la petición o controversia, quien posee facultades para ordenar de inmediato la suspensión de los actos u omisiones respectivas. Así, como esos procedimientos se traducen en un medio de defensa judicializado, eficaz e idóneo para resolver dichas inconformidades o peticiones, deberán agotarse previo a instar el juicio de amparo indirecto en su contra, de lo contrario será improcedente en términos del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo; máxime que, acorde con el artículo 25, fracción I, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, el Juez de Ejecución se instituyó como protector inmediato de los derechos y garantías fundamentales de las personas privadas de su libertad". "ACTOS RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD. ATENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, ES NECESARIO AGOTAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN PREVISTOS EN SU CONTRA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Los artículos 1, 2, 4, tercer y cuarto párrafos, 9, 25, fracción I, 30, 107 a 115, 122 y 130 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal establecen un procedimiento administrativo para atender las solicitudes de las personas privadas de su libertad, relacionadas con su salud, lugar de reclusión, cambio de módulos, estancias, dormitorios, alimentación, entrega de vestimenta y, en general, con todos los actos que afecten sus condiciones de vida digna y segura en reclusión; además, disponen la posibilidad de impugnar las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria, pues el artículo 114 de la ley citada, señala que si la solicitud fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de dicha resolución, o bien, en cualquier tiempo, si los efectos del acto son continuos o permanentes; asimismo, prevén la posibilidad de impugnar la omisión de la autoridad penitenciaria de atender esas solicitudes, pues dispone que si la petición no fue resuelta dentro del plazo legal, los promoventes podrán acudir ante el Juez de ejecución competente y demandar esta omisión; de igual manera, el interno tiene a su alcance los recursos de revocación y apelación previstos en los artículos 130 a 135 indicados, para el caso de estar inconforme con alguna decisión de la autoridad judicial. En esa virtud, antes de acudir al juicio de amparo a impugnar actos relacionados con las condiciones de internamiento de personas privadas de su libertad, es necesario agotar el procedimiento administrativo, así como los medios de impugnación previstos en su contra en la ley referida, atento al principio de definitividad". En tales condiciones, como fue anticipado, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio constitucional, de conformidad con lo establecido en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Al respecto, se invoca la tesis de jurisprudencia 2a./J. 10/2003, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, Materia Común, del epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En el entendido de que diversos criterios antes reproducidos resultan aplicables al caso en términos de lo establecido en el artículo Sexto Transitorio del Decreto por el cual se expidió la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en vigor a partir del día siguiente, el cual dispone: "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente ley". Comuníquese la presente determinación a las partes y háganse las anotaciones que correspondan en el libro de gobierno. Déjese sin efecto legal alguno la fecha y hora programadas para la celebración de la audiencia constitucional, fijada para las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE. Tomando en consideración que el peticionario del amparo ISRAEL GARISAY HERNÁNDEZ, se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 17 ´"CPS Michoacán", con sede en Buenavista, Tomatlán; con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, notifíquese el contenido del presente proveído en ese centro de reclusión. Consecuentemente, comisiónese a cualquiera de los actuarios judiciales de la adscripción, conforme al rol correspondiente, en la fecha establecida, a efecto de que se constituya en legal y debida forma en dicho centro penitenciario y notifique personalmente al promovente el presente proveído. En el entendido que la salida y regreso del actuario comisionado, deberá ser en el mismo día, para los efectos legales a que haya lugar; por tanto, con fundamento en el artículo 156, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, entérese de la anterior determinación a la Secretaría Ejecutiva de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, para en caso necesario, practicar la respectiva diligencia.
- Principal
III. Uruapan, Michoacán, veinticinco de marzo de dos mil diecinueve.RECEPCIÓN Y REGISTRO DE LA DEMANDA. Vista la materia de la cuenta, se acuerda lo siguiente: Téngase a Israel Garisay Hernández, por su propio derecho, promoviendo demanda contra actos del Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS Michoacán", con sede en Buenavista Tomatlán, y otra autoridad. ADMISIÓN Y VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107 fracciones I, II, VII, XII y XV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción I, 2, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción I, 108, 112, 115 y 117 de la Ley de Amparo, SE ADMITE a trámite la demanda de amparo. De conformidad con lo establecido en el artículo 5º, fracción IV, en relación con el diverso 110 de la Ley de Amparo, dése a la Agente del Ministerio Público Federal adscrita, la intervención que le confiere la ley, con copia de la demanda de garantías, quien deberá asentar el respectivo acuse de recepción. ACTOS RECLAMADOS. El promovente señala como autoridades responsables y actos reclamados, los siguientes: Director General del Centro Federal de Readaptación Social N° 17 "CPS Michoacán". Doctor (a) del Área Médica del Centro Federal de Readaptación Social N° 17 "CPS Michoacán". Ambos con sede en Buenavista Tomatlán. De quienes reclama: "La omición de brindarme atención médica adecuada ya que necesito una cirujia por una hernia inglinal causada por un golpe, que esta creciendo día con día información que le hice saber al personal del área médica a mi ingreso a este centro y en repetidas ocasiones he enviado peticiones al área médica de las cuales no he recibido respuesta a la fecha haciendo caso omiso de mi problema." INFORME JUSTIFICADO Con apoyo en los preceptos 115 y 117, de la ley de la materia, pídase de las autoridades responsables su informe justificado, que deberán rendir dentro del término de QUINCE DÍAS, contados a partir del siguiente al en que reciban el oficio de notificación correspondiente; y, en el caso de que el acto reclamado sea cierto, remitan a este Juzgado de Distrito copias autorizadas, completas, legibles y ordenadas de todas las constancias que sirvieron de base para emitirlo, en la inteligencia que de no hacerlo así en el término concedido, se les podrá imponer una multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo establecido en los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, lo anterior con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la citada ley. FORMAS DE REMITIR INFORME JUSTIFICADO. Con base en lo dispuesto por el artículo 3°, párrafo segundo, última parte, de la Ley de Amparo, se autoriza a las autoridades responsables para que rindan sus informes justificados por vía telegráfica o fax, al teléfono 52 8 01 58, o bien, al correo electrónico institucional 5jdo11cto@correo.cjf.gob.mx, con la precisión que de hacerlo por alguno de estos medios, será innecesaria se emita vía ordinaria, excepto cuando se deban enviar constancias que sustenten los actos reclamados. CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN QUE SE REMITA COMO APOYO AL INFORME JUSTIFICADO. Se hace del conocimiento de las autoridades responsables que en caso de que dentro de la información que remita como apoyo al informe justificado o sea requerida posteriormente, se envíe información que se encuentre clasificada como reservada, deberán remitir copia certificada del acta de clasificación a que se refiere el artículo 137 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a efecto de este órgano jurisdiccional pueda constatar que el órgano competente emitió la declaratoria de clasificación correspondiente. Se apercibe a las responsables que de no remitir el acta de clasificación precisada en el párrafo anterior, la información remitida será considerada como de acceso público y con ese carácter se anexará al presente expediente. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Cítese a las partes para la celebración de la audiencia constitucional, a las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Con fundamento en el precepto 64, de la Ley de Amparo, se requiere a las partes para que tan pronto como se actualice una causal de sobreseimiento o hayan cesado los efectos del acto reclamado, lo manifiesten a este órgano jurisdiccional, apercibidas que de no hacerlo, se les impondrá una multa de treinta a trescientas Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con el numeral 251 de la ley en consulta. AUTORIDADES INEXISTENTES En términos del artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, entre las obligaciones procesales de la parte quejosa está la relativa a señalar las autoridades responsables; en consecuencia, se apercibe al solicitante del amparo que si la autoridad responsable no existe con la denominación que indica en la demanda, se le tendrá como inexistente y se suspenderá toda comunicación con ella, por lo que, en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación, salvo prueba en contrario o cuando se corrija el señalamiento en la denominación de tal autoridad. SUSPENSIÓN DE PLANO. Con independencia de lo anterior, tomando en consideración la naturaleza del presente asunto, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 126, de la Ley de Amparo, SE SUSPENDE DE PLANO el acto reclamado por el quejoso Israel Garisay Hernández, consistente en la omisión de brindarle atención médica adecuada respecto de la hernia inglinal que padece; debiendo las autoridades responsables, a través de los médicos respectivos tomar las medidas pertinentes para su atención y en su caso, tratamiento y prescripción médica, todo ello bajo su más estricta responsabilidad; lo que se determina así, atendiendo a que el bien jurídico involucrado en este asunto es precisamente, la salud del quejoso, por lo tanto deberá actuarse con la celeridad y eficacia que el médico respectivo reporte a la autoridad responsable. Orden que deberán obedecer las autoridades responsables bajo su más estricta responsabilidad; haciéndoles de su conocimiento que la violación a este mandato, podría generarles las siguientes consecuencias: a) La imposición de multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafo Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir del día siguiente en relación con los artículos 238 y 260, fracción II de la Ley de la materia en vigor. b) La desobediencia de este auto de suspensión se considera un delito especial y se sanciona con una pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, según lo prevé el artículo 262, fracción III, ambos numerales de la Ley de Amparo. En el entendido de que su intervención en el cumplimiento de la medida cautelar otorgada al quejoso, no se limita a girar instrucciones a determinadas áreas, sino que debe vigilar y corroborar que lo ordenado se cumpla de manera inmediata, considerando que se trata de la salud del peticionario del amparo, la que debe ser protegida al ser un derecho fundamental, como se determinó en líneas precedentes. INFORME SOBRE LA SUSPENSIÓN DE PLANO. Asimismo, requiérase a las autoridades responsables, para que DENTRO DEL PLAZO MÁXIMO DE VEINTICUATRO HORAS, informen acerca de la forma y términos en que den cumplimiento a la suspensión que ahora se concede; debiendo agregar copia certificada de las constancias correspondientes; hágaseles de su conocimiento, que la violación a este mandato, trae como consecuencia la aplicación de lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, así como 215, del Código Penal Federal. En el entendido de que dicho informe también podrá ser rendido utilizando los medios electrónicos, como se precisó en líneas precedentes. SUSPENSIÓN PROVISIONAL. Sin que sea necesario ordenar la apertura del incidente de suspensión de los actos reclamados, en atención a lo determinado en líneas que anteceden. NOTIFICACIÓN A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Se comunica a las autoridades responsables que en términos del numeral 26, fracción I, en relación con los diversos 29, 30 y 31 de la ley de la materia, las notificaciones que resulten durante la tramitación del presente juicio, se les practicarán por medio de lista, que se publica en este Juzgado Federal, salvo aquéllas que por su trascendencia se les deban notificar mediante oficio. AUTORIZACIÓN DE COPIAS SIMPLES Y CERTIFICADAS A LAS PARTES. Con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se autoriza desde éste momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes, de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos. LEY DE TRANSPARENCIA De conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 16 Constitucional, en relación con los artículos 118, 119 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley mencionada, indíquese a las partes que toda información que tiene en resguardo el Poder Judicial de la Federación es pública, de conformidad con lo dispuesto por los preceptos 1, 3, 5, 6, 7 y 8 del citado reglamento, por ende, los expedientes podrán ser consultados por cualquier persona, con las salvedades a que se refiere tal disposición; de la misma manera, hágase del conocimiento de la parte quejosa que tiene el derecho a oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, cuando la información contenida en las constancias procesales esté clasificada, de conformidad con los artículos 97, 110 y 113 de la citada ley federal, como reservada o confidencial; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se requiere a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, legalmente computados, manifieste por escrito si está de acuerdo con que se especifique su nombre y datos personales, al hacerse la publicación de las resoluciones que hayan causado estado o ejecutoria; en la inteligencia de que la falta de aceptación expresa, conlleva su oposición para que el fallo respectivo se publique con tales datos. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA. Téngase por designado como domicilio para oír y recibir notificaciones personales dirigidas a la parte quejosa, el lugar de su reclusión por así solicitarlo el promovente, esto es, las instalaciones del Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS Michoacán", ubicadas en Buenavista Tomatlán, Michoacán. Por tanto, se comisiona a cualquiera de los actuarios judiciales de la adscripción, conforme al rol correspondiente, en la fecha establecida, a efecto de que se constituya en legal y debida forma en dicho centro penitenciario y haga del conocimiento del peticionario de la tutela federal Israel Garisay Hernández, el contenido del presente proveído, haciéndole entrega de copia simple del mismo. En el entendido que la salida y regreso del actuario comisionado, deberá ser en el mismo día, para los efectos legales a que haya lugar; por tanto, con fundamento en el artículo 156, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, entérese de la anterior determinación a la Secretaría Ejecutiva de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal. En la inteligencia de que, las notificaciones que se ordenen de manera personal al quejoso, deberán practicarse en el lugar de su reclusión, de conformidad con el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo. NOTIFICACIONES A LAS PARTES Se faculta al Actuario de la adscripción, a efecto de que, con apoyo en el artículo 29 de la Ley de Amparo, en su caso, practique notificaciones a las partes por medio de lista, cuando para la realización de una de ellas, de carácter personal, se constituya en cualquiera de los domicilios de éstas y no encuentre a persona alguna o nadie acuda a su llamado, previamente la razón que al respecto se levante y haber observado lo dispuesto en el artículo 27 de la invocada ley. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS Finalmente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para en caso necesario, practicar las notificaciones personales que se ordenen en el presente asunto. NOTIFÍQUESE; personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión; por oficio y telegrama a las autoridades responsables. Así lo proveyó y firma el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, licenciado Rubén Olvera Arreola, quien actúa con el licenciado Mario Alvez Cuevas, Secretario que autoriza y da fe.MAC*lecm"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata" SECC. AMPARO. PRAL. 158/2019-III OFICIO 4238 DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL N° 17 "CPS MICHOACÁN". 4239 DOCTOR (A) DEL ÁREA MÉDICA DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL N° 17 "CPS MICHOACÁN". 4239 AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO EN MATERIA DE AMPARO EDIFICIO (AUTORIDAD TERCERO INTERESADA). EN EL JUICIO DE AMPARO 158/2019-III, PROMOVIDO POR ISRAEL GARISAY HERNÁNDEZ, SE DICTÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: Uruapan, Michoacán, veinticinco de marzo de dos mil diecinueve. RECEPCIÓN Y REGISTRO DE LA DEMANDA. Vista la materia de la cuenta, se acuerda lo siguiente: Téngase a Israel Garisay Hernández, por su propio derecho, promoviendo demanda contra actos del Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS Michoacán", con sede en Buenavista Tomatlán, y otra autoridad. ADMISIÓN Y VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107 fracciones I, II, VII, XII y XV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción I, 2, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción I, 108, 112, 115 y 117 de la Ley de Amparo, SE ADMITE a trámite la demanda de amparo. De conformidad con lo establecido en el artículo 5º, fracción IV, en relación con el diverso 110 de la Ley de Amparo, dése a la Agente del Ministerio Público Federal adscrita, la intervención que le confiere la ley, con copia de la demanda de garantías, quien deberá asentar el respectivo acuse de recepción. ACTOS RECLAMADOS. El promovente señala como autoridades responsables y actos reclamados, los siguientes: Director General del Centro Federal de Readaptación Social N° 17 "CPS Michoacán". Doctor (a) del Área Médica del Centro Federal de Readaptación Social N° 17 "CPS Michoacán". Ambos con sede en Buenavista Tomatlán. De quienes reclama: "La omición de brindarme atención médica adecuada ya que necesito una cirujia por una hernia inglinal causada por un golpe, que esta creciendo día con día información que le hice saber al personal del área médica a mi ingreso a este centro y en repetidas ocasiones he enviado peticiones al área médica de las cuales no he recibido respuesta a la fecha haciendo caso omiso de mi problema." INFORME JUSTIFICADO Con apoyo en los preceptos 115 y 117, de la ley de la materia, pídase de las autoridades responsables su informe justificado, que deberán rendir dentro del término de QUINCE DÍAS, contados a partir del siguiente al en que reciban el oficio de notificación correspondiente; y, en el caso de que el acto reclamado sea cierto, remitan a este Juzgado de Distrito copias autorizadas, completas, legibles y ordenadas de todas las constancias que sirvieron de base para emitirlo, en la inteligencia que de no hacerlo así en el término concedido, se les podrá imponer una multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo establecido en los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, lo anterior con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la citada ley. FORMAS DE REMITIR INFORME JUSTIFICADO. Con base en lo dispuesto por el artículo 3°, párrafo segundo, última parte, de la Ley de Amparo, se autoriza a las autoridades responsables para que rindan sus informes justificados por vía telegráfica o fax, al teléfono 52 8 01 58, o bien, al correo electrónico institucional 5jdo11cto@correo.cjf.gob.mx, con la precisión que de hacerlo por alguno de estos medios, será innecesaria se emita vía ordinaria, excepto cuando se deban enviar constancias que sustenten los actos reclamados. CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN QUE SE REMITA COMO APOYO AL INFORME JUSTIFICADO. Se hace del conocimiento de las autoridades responsables que en caso de que dentro de la información que remita como apoyo al informe justificado o sea requerida posteriormente, se envíe información que se encuentre clasificada como reservada, deberán remitir copia certificada del acta de clasificación a que se refiere el artículo 137 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a efecto de este órgano jurisdiccional pueda constatar que el órgano competente emitió la declaratoria de clasificación correspondiente. Se apercibe a las responsables que de no remitir el acta de clasificación precisada en el párrafo anterior, la información remitida será considerada como de acceso público y con ese carácter se anexará al presente expediente. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Cítese a las partes para la celebración de la audiencia constitucional, a las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Con fundamento en el precepto 64, de la Ley de Amparo, se requiere a las partes para que tan pronto como se actualice una causal de sobreseimiento o hayan cesado los efectos del acto reclamado, lo manifiesten a este órgano jurisdiccional, apercibidas que de no hacerlo, se les impondrá una multa de treinta a trescientas Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con el numeral 251 de la ley en consulta. AUTORIDADES INEXISTENTES En términos del artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, entre las obligaciones procesales de la parte quejosa está la relativa a señalar las autoridades responsables; en consecuencia, se apercibe al solicitante del amparo que si la autoridad responsable no existe con la denominación que indica en la demanda, se le tendrá como inexistente y se suspenderá toda comunicación con ella, por lo que, en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación, salvo prueba en contrario o cuando se corrija el señalamiento en la denominación de tal autoridad. SUSPENSIÓN DE PLANO. Con independencia de lo anterior, tomando en consideración la naturaleza del presente asunto, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 126, de la Ley de Amparo, SE SUSPENDE DE PLANO el acto reclamado por el quejoso Israel Garisay Hernández, consistente en la omisión de brindarle atención médica adecuada respecto de la hernia inglinal que padece; debiendo las autoridades responsables, a través de los médicos respectivos tomar las medidas pertinentes para su atención y en su caso, tratamiento y prescripción médica, todo ello bajo su más estricta responsabilidad; lo que se determina así, atendiendo a que el bien jurídico involucrado en este asunto es precisamente, la salud del quejoso, por lo tanto deberá actuarse con la celeridad y eficacia que el médico respectivo reporte a la autoridad responsable. Orden que deberán obedecer las autoridades responsables bajo su más estricta responsabilidad; haciéndoles de su conocimiento que la violación a este mandato, podría generarles las siguientes consecuencias: a) La imposición de multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafo Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir del día siguiente en relación con los artículos 238 y 260, fracción II de la Ley de la materia en vigor. b) La desobediencia de este auto de suspensión se considera un delito especial y se sanciona con una pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, según lo prevé el artículo 262, fracción III, ambos numerales de la Ley de Amparo. En el entendido de que su intervención en el cumplimiento de la medida cautelar otorgada al quejoso, no se limita a girar instrucciones a determinadas áreas, sino que debe vigilar y corroborar que lo ordenado se cumpla de manera inmediata, considerando que se trata de la salud del peticionario del amparo, la que debe ser protegida al ser un derecho fundamental, como se determinó en líneas precedentes. INFORME SOBRE LA SUSPENSIÓN DE PLANO. Asimismo, requiérase a las autoridades responsables, para que DENTRO DEL PLAZO MÁXIMO DE VEINTICUATRO HORAS, informen acerca de la forma y términos en que den cumplimiento a la suspensión que ahora se concede; debiendo agregar copia certificada de las constancias correspondientes; hágaseles de su conocimiento, que la violación a este mandato, trae como consecuencia la aplicación de lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, así como 215, del Código Penal Federal. En el entendido de que dicho informe también podrá ser rendido utilizando los medios electrónicos, como se precisó en líneas precedentes. SUSPENSIÓN PROVISIONAL. Sin que sea necesario ordenar la apertura del incidente de suspensión de los actos reclamados, en atención a lo determinado en líneas que anteceden. NOTIFICACIÓN A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Se comunica a las autoridades responsables que en términos del numeral 26, fracción I, en relación con los diversos 29, 30 y 31 de la ley de la materia, las notificaciones que resulten durante la tramitación del presente juicio, se les practicarán por medio de lista, que se publica en este Juzgado Federal, salvo aquéllas que por su trascendencia se les deban notificar mediante oficio. AUTORIZACIÓN DE COPIAS SIMPLES Y CERTIFICADAS A LAS PARTES. Con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se autoriza desde éste momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes, de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos. LEY DE TRANSPARENCIA De conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 16 Constitucional, en relación con los artículos 118, 119 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley mencionada, indíquese a las partes que toda información que tiene en resguardo el Poder Judicial de la Federación es pública, de conformidad con lo dispuesto por los preceptos 1, 3, 5, 6, 7 y 8 del citado reglamento, por ende, los expedientes podrán ser consultados por cualquier persona, con las salvedades a que se refiere tal disposición; de la misma manera, hágase del conocimiento de la parte quejosa que tiene el derecho a oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, cuando la información contenida en las constancias procesales esté clasificada, de conformidad con los artículos 97, 110 y 113 de la citada ley federal, como reservada o confidencial; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se requiere a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, legalmente computados, manifieste por escrito si está de acuerdo con que se especifique su nombre y datos personales, al hacerse la publicación de las resoluciones que hayan causado estado o ejecutoria; en la inteligencia de que la falta de aceptación expresa, conlleva su oposición para que el fallo respectivo se publique con tales datos. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA. Téngase por designado como domicilio para oír y recibir notificaciones personales dirigidas a la parte quejosa, el lugar de su reclusión por así solicitarlo el promovente, esto es, las instalaciones del Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS Michoacán", ubicadas en Buenavista Tomatlán, Michoacán. Por tanto, se comisiona a cualquiera de los actuarios judiciales de la adscripción, conforme al rol correspondiente, en la fecha establecida, a efecto de que se constituya en legal y debida forma en dicho centro penitenciario y haga del conocimiento del peticionario de la tutela federal Israel Garisay Hernández, el contenido del presente proveído, haciéndole entrega de copia simple del mismo. En el entendido que la salida y regreso del actuario comisionado, deberá ser en el mismo día, para los efectos legales a que haya lugar; por tanto, con fundamento en el artículo 156, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, entérese de la anterior determinación a la Secretaría Ejecutiva de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal. En la inteligencia de que, las notificaciones que se ordenen de manera personal al quejoso, deberán practicarse en el lugar de su reclusión, de conformidad con el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo. NOTIFICACIONES A LAS PARTES Se faculta al Actuario de la adscripción, a efecto de que, con apoyo en el artículo 29 de la Ley de Amparo, en su caso, practique notificaciones a las partes por medio de lista, cuando para la realización de una de ellas, de carácter personal, se constituya en cualquiera de los domicilios de éstas y no encuentre a persona alguna o nadie acuda a su llamado, previamente la razón que al respecto se levante y haber observado lo dispuesto en el artículo 27 de la invocada ley. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS Finalmente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para en caso necesario, practicar las notificaciones personales que se ordenen en el presente asunto. NOTIFÍQUESE; personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión; por oficio y telegrama a las autoridades responsables. Así lo proveyó y firma el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, licenciado Rubén Olvera Arreola, quien actúa con el licenciado Mario Alvez Cuevas, Secretario que autoriza y da fe. LO QUE TRANSCRIBO A USTED PARA SU CONOCIMIENTO Y EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES. A T E N T A M E N T E. URUAPAN, MICHOACÁN, 25 DE MARZO DE 2019. EL SECRETARIO DEL JUZGADO QUINTO DE DISTRITO EN EL ESTADO LIC. MARIO ALVEZ CUEVAS.Uruapan, Michoacán, veinticinco de marzo de dos mil diecinueve.RECEPCIÓN Y REGISTRO DE LA DEMANDA. Vista la materia de la cuenta, se acuerda lo siguiente: Téngase a Israel Garisay Hernández, por su propio derecho, promoviendo demanda contra actos del Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS Michoacán", con sede en Buenavista Tomatlán, y otra autoridad. ADMISIÓN Y VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107 fracciones I, II, VII, XII y XV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción I, 2, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción I, 108, 112, 115 y 117 de la Ley de Amparo, SE ADMITE a trámite la demanda de amparo. De conformidad con lo establecido en el artículo 5º, fracción IV, en relación con el diverso 110 de la Ley de Amparo, dése a la Agente del Ministerio Público Federal adscrita, la intervención que le confiere la ley, con copia de la demanda de garantías, quien deberá asentar el respectivo acuse de recepción. ACTOS RECLAMADOS. El promovente señala como autoridades responsables y actos reclamados, los siguientes: Director General del Centro Federal de Readaptación Social N° 17 "CPS Michoacán". Doctor (a) del Área Médica del Centro Federal de Readaptación Social N° 17 "CPS Michoacán". Ambos con sede en Buenavista Tomatlán. De quienes reclama: "La omición de brindarme atención médica adecuada ya que necesito una cirujia por una hernia inglinal causada por un golpe, que esta creciendo día con día información que le hice saber al personal del área médica a mi ingreso a este centro y en repetidas ocasiones he enviado peticiones al área médica de las cuales no he recibido respuesta a la fecha haciendo caso omiso de mi problema." INFORME JUSTIFICADO Con apoyo en los preceptos 115 y 117, de la ley de la materia, pídase de las autoridades responsables su informe justificado, que deberán rendir dentro del término de QUINCE DÍAS, contados a partir del siguiente al en que reciban el oficio de notificación correspondiente; y, en el caso de que el acto reclamado sea cierto, remitan a este Juzgado de Distrito copias autorizadas, completas, legibles y ordenadas de todas las constancias que sirvieron de base para emitirlo, en la inteligencia que de no hacerlo así en el término concedido, se les podrá imponer una multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo establecido en los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, lo anterior con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la citada ley. FORMAS DE REMITIR INFORME JUSTIFICADO. Con base en lo dispuesto por el artículo 3°, párrafo segundo, última parte, de la Ley de Amparo, se autoriza a las autoridades responsables para que rindan sus informes justificados por vía telegráfica o fax, al teléfono 52 8 01 58, o bien, al correo electrónico institucional 5jdo11cto@correo.cjf.gob.mx, con la precisión que de hacerlo por alguno de estos medios, será innecesaria se emita vía ordinaria, excepto cuando se deban enviar constancias que sustenten los actos reclamados. CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN QUE SE REMITA COMO APOYO AL INFORME JUSTIFICADO. Se hace del conocimiento de las autoridades responsables que en caso de que dentro de la información que remita como apoyo al informe justificado o sea requerida posteriormente, se envíe información que se encuentre clasificada como reservada, deberán remitir copia certificada del acta de clasificación a que se refiere el artículo 137 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a efecto de este órgano jurisdiccional pueda constatar que el órgano competente emitió la declaratoria de clasificación correspondiente. Se apercibe a las responsables que de no remitir el acta de clasificación precisada en el párrafo anterior, la información remitida será considerada como de acceso público y con ese carácter se anexará al presente expediente. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Cítese a las partes para la celebración de la audiencia constitucional, a las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Con fundamento en el precepto 64, de la Ley de Amparo, se requiere a las partes para que tan pronto como se actualice una causal de sobreseimiento o hayan cesado los efectos del acto reclamado, lo manifiesten a este órgano jurisdiccional, apercibidas que de no hacerlo, se les impondrá una multa de treinta a trescientas Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con el numeral 251 de la ley en consulta. AUTORIDADES INEXISTENTES En términos del artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, entre las obligaciones procesales de la parte quejosa está la relativa a señalar las autoridades responsables; en consecuencia, se apercibe al solicitante del amparo que si la autoridad responsable no existe con la denominación que indica en la demanda, se le tendrá como inexistente y se suspenderá toda comunicación con ella, por lo que, en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación, salvo prueba en contrario o cuando se corrija el señalamiento en la denominación de tal autoridad. SUSPENSIÓN DE PLANO. Con independencia de lo anterior, tomando en consideración la naturaleza del presente asunto, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 126, de la Ley de Amparo, SE SUSPENDE DE PLANO el acto reclamado por el quejoso Israel Garisay Hernández, consistente en la omisión de brindarle atención médica adecuada respecto de la hernia inglinal que padece; debiendo las autoridades responsables, a través de los médicos respectivos tomar las medidas pertinentes para su atención y en su caso, tratamiento y prescripción médica, todo ello bajo su más estricta responsabilidad; lo que se determina así, atendiendo a que el bien jurídico involucrado en este asunto es precisamente, la salud del quejoso, por lo tanto deberá actuarse con la celeridad y eficacia que el médico respectivo reporte a la autoridad responsable. Orden que deberán obedecer las autoridades responsables bajo su más estricta responsabilidad; haciéndoles de su conocimiento que la violación a este mandato, podría generarles las siguientes consecuencias: a) La imposición de multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafo Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir del día siguiente en relación con los artículos 238 y 260, fracción II de la Ley de la materia en vigor. b) La desobediencia de este auto de suspensión se considera un delito especial y se sanciona con una pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, según lo prevé el artículo 262, fracción III, ambos numerales de la Ley de Amparo. En el entendido de que su intervención en el cumplimiento de la medida cautelar otorgada al quejoso, no se limita a girar instrucciones a determinadas áreas, sino que debe vigilar y corroborar que lo ordenado se cumpla de manera inmediata, considerando que se trata de la salud del peticionario del amparo, la que debe ser protegida al ser un derecho fundamental, como se determinó en líneas precedentes. INFORME SOBRE LA SUSPENSIÓN DE PLANO. Asimismo, requiérase a las autoridades responsables, para que DENTRO DEL PLAZO MÁXIMO DE VEINTICUATRO HORAS, informen acerca de la forma y términos en que den cumplimiento a la suspensión que ahora se concede; debiendo agregar copia certificada de las constancias correspondientes; hágaseles de su conocimiento, que la violación a este mandato, trae como consecuencia la aplicación de lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, así como 215, del Código Penal Federal. En el entendido de que dicho informe también podrá ser rendido utilizando los medios electrónicos, como se precisó en líneas precedentes. SUSPENSIÓN PROVISIONAL. Sin que sea necesario ordenar la apertura del incidente de suspensión de los actos reclamados, en atención a lo determinado en líneas que anteceden. NOTIFICACIÓN A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Se comunica a las autoridades responsables que en términos del numeral 26, fracción I, en relación con los diversos 29, 30 y 31 de la ley de la materia, las notificaciones que resulten durante la tramitación del presente juicio, se les practicarán por medio de lista, que se publica en este Juzgado Federal, salvo aquéllas que por su trascendencia se les deban notificar mediante oficio. AUTORIZACIÓN DE COPIAS SIMPLES Y CERTIFICADAS A LAS PARTES. Con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se autoriza desde éste momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes, de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos. LEY DE TRANSPARENCIA De conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 16 Constitucional, en relación con los artículos 118, 119 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley mencionada, indíquese a las partes que toda información que tiene en resguardo el Poder Judicial de la Federación es pública, de conformidad con lo dispuesto por los preceptos 1, 3, 5, 6, 7 y 8 del citado reglamento, por ende, los expedientes podrán ser consultados por cualquier persona, con las salvedades a que se refiere tal disposición; de la misma manera, hágase del conocimiento de la parte quejosa que tiene el derecho a oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, cuando la información contenida en las constancias procesales esté clasificada, de conformidad con los artículos 97, 110 y 113 de la citada ley federal, como reservada o confidencial; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se requiere a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, legalmente computados, manifieste por escrito si está de acuerdo con que se especifique su nombre y datos personales, al hacerse la publicación de las resoluciones que hayan causado estado o ejecutoria; en la inteligencia de que la falta de aceptación expresa, conlleva su oposición para que el fallo respectivo se publique con tales datos. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA. Téngase por designado como domicilio para oír y recibir notificaciones personales dirigidas a la parte quejosa, el lugar de su reclusión por así solicitarlo el promovente, esto es, las instalaciones del Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS Michoacán", ubicadas en Buenavista Tomatlán, Michoacán. Por tanto, se comisiona a cualquiera de los actuarios judiciales de la adscripción, conforme al rol correspondiente, en la fecha establecida, a efecto de que se constituya en legal y debida forma en dicho centro penitenciario y haga del conocimiento del peticionario de la tutela federal Israel Garisay Hernández, el contenido del presente proveído, haciéndole entrega de copia simple del mismo. En el entendido que la salida y regreso del actuario comisionado, deberá ser en el mismo día, para los efectos legales a que haya lugar; por tanto, con fundamento en el artículo 156, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, entérese de la anterior determinación a la Secretaría Ejecutiva de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal. En la inteligencia de que, las notificaciones que se ordenen de manera personal al quejoso, deberán practicarse en el lugar de su reclusión, de conformidad con el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo. NOTIFICACIONES A LAS PARTES Se faculta al Actuario de la adscripción, a efecto de que, con apoyo en el artículo 29 de la Ley de Amparo, en su caso, practique notificaciones a las partes por medio de lista, cuando para la realización de una de ellas, de carácter personal, se constituya en cualquiera de los domicilios de éstas y no encuentre a persona alguna o nadie acuda a su llamado, previamente la razón que al respecto se levante y haber observado lo dispuesto en el artículo 27 de la invocada ley. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS Finalmente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para en caso necesario, practicar las notificaciones personales que se ordenen en el presente asunto. NOTIFÍQUESE; personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión; por oficio y telegrama a las autoridades responsables...
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