Israel Ramos Abrajan

Expediente 40/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 1 actuación registrada, la última del 17 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
40/2023
Año
2023
Actuaciones
1
Última actuación
17/01/2023

Partes del expediente

  • Israel Ramos Abrajan

Actuaciones

  1. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, diecisiete de enero de dos mil veintitrés. Visto el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Acapulco, Guerrero, mediante el cual remite el juicio de amparo indirecto 25/2023, promovida por ********************, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, al considerar que carece de competencia legal para conocer del asunto por las consideraciones que enseguida se analizaran. Regístrese la demanda de amparo en el libro de gobierno correspondiente con el número 40/2023-II, y fórmese expediente físico y electrónico. Asimismo, se instruye al oficial judicial "C" encargado de la integración del presente expediente, la digitalización diaria de todas las promociones, documentos, así como de los acuerdos que se elaboren y toda información relacionada con el mismo, que deba ingresarse al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por su parte, el actuario judicial encargado de realizar las notificaciones de deriven del presente juicio, deberá digitalizar e integrar diariamente a dicho sistema electrónico las actas, citatorios y razones de notificación que elaboren y el secretario encargado de la mesa, deberá cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico, coincidan en su totalidad. Lo anterior, de conformidad con el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte. Ahora bien, del análisis integral al escrito que contiene la demanda, así como de las constancias de los autos remitidos, se advierte que el Juzgado Cuarto en mención, determinó que carece de competencia legal por actos de ejecución en esta ciudad capital, por el siguiente acto reclamado: "En principio, se precisa que el acto reclamado y autoridad responsable son: "III.- AUTORIDAD RESPONSABLE: H. TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE GUERRERO,... IV.- LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE SE RECLAME: La omisión y dilación de no dictar el Auto de Admisión de Pruebas que se reservó por acuerdo de fecha 21 de Octubre del año 2022 en el Expediente Laboral No. ********************." Para sustentar su incompetencia, el juzgado oficiante argumentó lo siguiente: ".En ese sentido, es menester destacar el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo que dispone: I "Articulo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del análisis de este precepto, se obtienen tres reglas básicas que determinan la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: La regla inicial se encuentra contenida en el primer párrafo del señalado numeral, y se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. La segunda consiste en que la competencia del Juez de Distrito, se establece en razón de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro. entonces cualquiera de los Jueces Federales de esas jurisdicciones. que haya prevenido será el competente para conocer de la demanda de amparo; y. La tercera deriva del último párrafo del precepto legal en estudio, que establece que cuando la resolución reclamada en el juicio de garantías no requiera de ejecución material. resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Así las cosas en el caso se considera que le recae el carácter de autoridad responsable al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en la ciudad de Chilpancingo de los Bravo, la cual reside fuera de la jurisdicción de este órgano federal; así, ante la omisión que se reclama de dicha autoridad se desprende que la omisión de la misma de dictar auto admisorio de pruebas en el juicio laboral ********************, lo que si bien se trata de una omisión, ésta genera efectos positivos, que no cesará hasta que se cumpla con lo señalado pues la responsable está obligada a respetar el derecho de acceso efectivo a la justicia de manera pronta y expedita, de conformidad con lo estipulado por el artículo 17 constitucional. Con lo que se actualiza, lo establecido en el inciso a), es decir el supuesto del primer párrafo del ordinal 37 anteriormente citado, que dispone que será el Juez competente quien tenga jurisdicción en el lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución. Lo anterior, porque si bien es cierto que se reclaman actos omisivos, estos no son puramente simples, ya que generan consecuencias en el plano fáctico. Es decir, que tienen ejecución material, en tanto deriva de un deber constitucional y legal de la autoridad de administrar justicia en los plazos establecidos, cuyo incumplimiento se materializa de forma directa en detrimento de las partes. Dado que mientras subsista, se genera una violación a las formalidades esenciales del procedimiento, así como al derecho de impartición de justicia pronta además de las normas procesales que en cada materia contemple la obligación de continuar con el procedimiento y comunicar los actos procesales a las partes. Violación que subsistirá, hasta tanto se lleve a cabo el acto omisivo cuya inconstitucionalidad se demanda, sin el cual no es posible dar seguimiento y continuidad a la secuela procesal. Por tanto no se trata de actos reclamados de omisión simple, sino que tienen una repercusión tal que sus efectos alcanzan a producir una ejecución material ya que la actuación en el sentido de respetar los postulados constitucionales previstos en los articulas 14 y 17 constitucionales, llevarán a la autoridad responsable a producir los actos en el lugar donde deban practicarse. En este caso, en el lugar donde se desahoga el juicio laboral de origen. Estas mismas razones, emergen de la ejecutoria contradicción de tesis 327/2021, en donde la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consideró lo siguiente: "51. En este contexto, se obtiene que dentro de la garantía de impartición de justicia consagrada en el artículo 17 de la Constitución Federal, se encuentra el derecho de todo gobernado a obtener justicia pronta, traducida en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes aplicables. 52. Consecuentemente, la omisión de llevar a cabo el emplazamiento en un juicio ordinario, para los efectos del juicio de amparo constituye un acto que genera consecuencias positivas en el plano fáctico, es decir que tiene ejecución material, en tanto deriva de un deber constitucional de la autoridad, cuyo incumplimiento se materializa de forma directa en detrimento de las partes, dado que mientras subsista se genera una violación a las formalidades esenciales del procedimiento, así como al derecho de impartición de justicia pronta además de las normas procesales que en cada materia contemple la obligación de emplazar a juicio a la parte demandada. Violación que subsistirá hasta tanto se lleve a cabo el legal emplazamiento a la parte demandada sin el cual no es posible continuar con la secuela procesal so pena de que en caso de hacerlo un órgano superior decrete la reposición del procedimiento. 53. De ahí que se diga que tales actos no constituyen omisiones simples, sino que traen aparejados actos positivos que conllevan ejecución, precisamente porque se paraliza el procedimiento a partir de la inobservancia de una de las formalidades esenciales (omisión de llevar a cabo el emplazamiento), que dicho sea de paso representa primordial relevancia al constituir uno de los actos principales que dan lugar al desarrollo del procedimiento a través del cual se desahogan las pruebas que en su caso aportan las partes al juicio y se lleven los alegatos que al efecto se presentan, que culminará con la resolución que dicte el derecho. 54. Motivo por el cual, y recordando que ha sido criterio de esta Segunda Sala que la ejecución material de los actos reclamados no atiende sólo al contenido del acto reclamado, en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o prohibición para efectuar o llevar a cabo algo, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo factico o real. 55. Es de concluirse que la omisión de llevar a cabo el emplazamiento dentro de un juicio ordinario tiene ejecución material, pues incluso en el caso de que la autoridad decida cumplir con ese deber constitucional, y realizar el emplazamiento, tendrá ejecución en el lugar donde habrá de efectuarse la correspondiente notificación. 56. Corolario de lo anterior, para el caso de que en el juicio de amparo indirecto se acuda a reclamar la omisión del órgano judicial de emplazar a juicio a la parte demandada, resulta legalmente competente para conocer de la demanda de amparo el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el domicilio donde habrá de llevarse a cabo tal emplazamiento, acorde a lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo que dispone que será Juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución." Acorde con lo anterior, y al verificarse en la especie un caso análogo al tratado en la contradicción de tesis en cita, resulta aplicable el criterio que define la propia Segunda Sala del alto tribunal, cuyo sentido se decanta por clasificar este tipo de actos como omisivos compuestos, al estar dotados de efectos positivos, que requerirán de ejecución material cuando se dé cumplimiento con las actuaciones procesales cuya omisión se demanda. Por ello, resulta que de la lectura Integra de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como autoridad responsable al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, a quien le atribuye la omisión de dictar auto de admisión de las pruebas ofrecidas por las partes, el cual se reservó dictar en la audiencia de pruebas, alegatos y resolución desahogada el veintiuno de octubre de dos mil veintidós, lo cual, se trata de un acto omisivo con efectos positivos que se materializarán precisamente en el lugar donde reside citada la autoridad señalada en su doble carácter, ordenadora y ejecutora, pues se reitera, la omisión combatida implica un hacer de la autoridad responsable. Sobre esta base, al considerarse los actos reclamados como de omisión con ejecución material, la regla para fincar la competencia en el conocimiento de la demanda de amparo, es la que deriva del artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, es decir, en el lugar donde tendrán ejecución, siendo en el caso donde se sustancia el juicio laboral de origen, que es en la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo. Por lo anterior, con fundamento en el citado precepto legal, se estima que la autoridad legalmente competente para conocer del presente juico, corresponde al Juez de Distrito en el Estado de Guerrero, en turno, con sede en la ciudad de Chilpancingo de los Bravo.." Luego, de la confrontación de las consideraciones citadas con los actos que se combaten, este juzgado federal no comparte la competencia que se plantea, por las razones siguientes. En principio, debe indicarse que el artículo 37 de la Ley de Amparo vigente, establece las reglas de competencia que deben imperar dentro del juicio de amparo, al indicar: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Dicho numeral revela que la competencia de los Jueces de Distrito se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en el juicio constitucional; si bien en cada uno de sus párrafos establece diversas reglas para fijar la competencia de los órganos jurisdiccionales federales, a saber: 1. Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2. Cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro; será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, 3. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo. Lo que distingue las dos primeras reglas de la tercera, es que en ésta el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material, mientras que la actualización de las otras exige esta ejecución; y lo que hace la diferencia entre las reglas competenciales que requieren que el acto reclamado tenga ejecución material, no lo es el que el acto ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino que ello suceda en la jurisdicción de uno o varios jueces federales, ya que la primera regla se refiere a todos los supuestos en que puede encontrarse la ejecución, pero sólo hace mención a que se realice en una jurisdicción, mientras que la segunda regla concierne a la ejecución en dos distritos diferentes. Ahora, como se señaló con anterioridad, son los actos de ejecución los que determinan la competencia de los jueces de distrito, así, respecto a la primera regla competencial, que es la fundamental, es el lugar donde vaya a ejecutarse o se haya ejecutado el acto reclamado lo que fija la competencia del juzgador, es decir, es juez competente aquel en cuya circunscripción territorial se ubique el sitio o lugar donde los actos de ejecución se vayan a realizar o se hayan realizado, sin que obste que los actos ordenadores o decisorios emanen de una autoridad cuya residencia no pertenezca a dicha circunscripción. Luego, para determinar la competencia de un Juez de Distrito en el conocimiento de un juicio de amparo donde se reclamen actos que tenga ejecución material, debe atenderse al lugar donde éstos se realicen o traten de realizarse, de manera que la residencia de la autoridad ordenadora es irrelevante para la fijación competencial, esto es, el sitio donde los actos reclamados vayan a ejecutarse materialmente o se ejecuten, es lo que establece la competencia de los Jueces de Distrito. En relación a la segunda hipótesis de competencia, los actos de ejecución son susceptibles de realizarse en diferentes lugares comprendidos dentro de jurisdicciones territoriales pertenecientes a diversos jueces de distrito, la competencia para conocer del amparo respectivo se surte a favor de cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención, esto es, de quien conoció primero. Por último, y la que nos interesa, cuando el acto reclamado consista en una resolución o determinación que no requiera ejecución material, lo que determina la competencia del Juez de Distrito es el lugar donde se presente la demanda de amparo, esta regla se aplica a actos negativos o declarativos, que no originen ningún acto ejecutivo, pues en este último supuesto, rigen las dos reglas precedentes. A este respecto, debe precisarse que el propósito del legislador al establecer las referidas reglas de competencia, fue facilitar al gobernado el acceso a la justicia constitucional para que él pueda disponer de mejores posibilidades de defensa, y estar en condiciones de atender adecuada y permanentemente el desenvolvimiento del juicio que promueva. Acorde a lo anterior, como punto de partida, debe destacarse que contrariamente a lo que consideró la autoridad oficiante, en relación a que el acto reclamado tiene ejecución material, del análisis total de la demanda de amparo remitida, no se advierte esa ejecución que se requiere para declinar la competencia, pues el acto reclamado sólo consiste en una omisión "simple" que no tienes ni efectos positivos como lo señala, sin que se aprecie que traiga aparejada alguna ejecución material al ser meramente declarativo, es decir, de que la responsable se pronuncie en relación a las pruebas ofertadas por las autoridades, y menos que sea ejecutable en esta ciudad o en alguna otra que se encuentre en la circunscripción territorial que ejerce este juzgado federal, pues recordemos que el acto que reclama la quejosa es la omisión de dictar el auto admisorio de pruebas dentro del juicio laboral ********************, del índice de la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero; es decir, requiere que dicha responsable "declare" o emita, en base a su competencia, sobre la admisión o no de las pruebas ofertadas por las partes en el juicio de origen, pues para ello no se requiere de una ejecución ya que no constituye una "orden de hacer algo", sino que el acto omisivo sólo requiere del pronunciamiento de la responsable. Tampoco se comparte el argumento de que por el solo hecho de que la autoridad responsable tenga su residencia en esta ciudad, este juzgado federal sea el competente, dado que para ello, se tiene que tener en cuenta el tipo de acto reclamado, esto es, si tiene ejecución o no, y como se dijo anteriormente, de la demanda de amparo no se advierte que la omisión reclamada tenga ejecución material, pues previo a asignar la competencia, debió atender a la naturaleza jurídica del acto reclamado y de su análisis relativo a si requiere o no ejecución material, determinar esa competencia, sin que obstaculice ello, la ubicación de la autoridad responsable. De ahí que, se determine que este Juzgado federal es legalmente incompetente para conocer del presente juicio de amparo. Al respecto es aplicable, la tesis I.1º.A.44, A, de la instancia Tribunales Colegiados de Circuito, que es como sigue: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO.- Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora". Sin que se inadvierta que se argumentó, de manera analógica, en lo que señala la contradicción de tesis 327/2021, suscrita por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; ya que al respecto se habla específicamente sobre la omisión del emplazamiento de un juicio, siendo inaplicable al caso en concreto, pues si bien el emplazamiento puede llevarse a cabo en el lugar en el que resida la parte a emplazar, es decir, en cualquier lugar de las jurisdicciones del juez que corresponda, es evidente que tiene efectos ejecutivos porque en dicho lugar habrá de ejecutarse por así haberse "ordenado" por la autoridad requirente de dicho emplazamiento; como ejemplo, se podría citar un acto reclamado consistente en la omisión de emplazar al patrón por exhorto en la ciudad de Iguala, Guerrero, es claro que dicho acto reclamado se llevará acabo en esa ciudad, aun tratándose de una omisión, por lo que la competencia se surtiría a favor de los Jueces de Distrito de Iguala, Guerrero; sin embargo, en el caso particular que nos atañe, se trata de un acto meramente omisivo que tan sólo requiere de un pronunciamiento relativo a si admite las pruebas o no por parte de la autoridad responsable, sin que traiga aparejada ejecución alguna, se considera aplicable la tesis siguiente: "Registro digital: 2023679 Instancia: Plenos de Circuito Undécima Época Materias(s): Común, Laboral Tesis: PC.XXI. J/2 L (11a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 6, Octubre de 2021, Tomo II, página 2406 Tipo: Jurisprudencia COMPETENCIA TERRITORIAL DE LOS JUECES DE DISTRITO. LAS OMISIONES O ABSTENCIONES EN EL DICTADO DE LAS RESOLUCIONES EN MATERIA LABORAL NO CONLLEVAN UNA EJECUCIÓN MATERIAL PARA EFECTOS DE SU FIJACIÓN. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes analizaron una misma problemática jurídica y arribaron a posicionamientos contrarios, ya que mientras para uno de los contendientes la omisión en el dictado del laudo implica una ejecución material; para el otro, la omisión de acordar la solicitud de señalar fecha para la reinstalación y el dictado del auto admisorio de pruebas, son actos que carecen de ejecución material. Criterio jurídico: El Pleno del Vigésimo Primer Circuito establece que los actos o abstenciones de las autoridades responsables dentro de los procedimientos laborales no conllevan una ejecución material para efectos de definir la competencia territorial de los Jueces de Distrito para conocer del juicio de amparo indirecto. Justificación: Lo anterior, porque las sentencias objeto de contradicción se relacionan con la omisión o abstención de emitir resoluciones, esto es, con la inactividad procesal en que las responsables han incurrido en el trámite de los asuntos de su conocimiento, cuyos efectos no trascienden ni modifican el estado material preexistente de las cosas, antes bien, se concretan, simplemente, a una lesión adjetiva por la inobservancia de los plazos previstos en la norma aplicable que les rige en su quehacer jurisdiccional, sin que sea dable llegar al extremo de considerar las circunstancias intrínsecas del asunto, pues de estimarlo así, no se estarían analizando los alcances materiales del acto reclamado, que en el caso en particular se limitan a la abstención u omisión en el dictado de las resoluciones (como fijar la fecha para la reinstalación, emitir el auto admisorio de pruebas y el laudo), sino a las posibilidades futuras que deriven de su eventual emisión, lo cual no constituye un criterio para determinar la competencia por razón de territorio de los Jueces de Distrito, pues se estaría atendiendo a los alcances derivados del acto reclamado. PLENO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO. Por ende, resulta evidente que el acto reclamado al no tener la ejecución material señalada por el juzgado federal de Acapulco antes mencionado, entonces el juez competente es el que previno, es decir, quien conoció primero del asunto que nos ocupa, por lo que corresponde al juzgado oficiante. En consecuencia, este Órgano Jurisdiccional, no acepta la competencia declinada por el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Acapulco, por tanto, con apoyo en el artículo 48 de la Ley de la Materia, devuélvanse los autos del juicio de amparo número 25/2023, del índice de dicho Juzgado de Distrito, así como todos sus anexos, para que en su oportunidad resuelva lo que estime pertinente. Solicitando atentamente el acuse de recibo correspondiente. Finalmente, con apoyo en el artículo 158, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se autoriza a los Secretarios adscritos a este juzgado federal, firmar los oficios que deriven del presente juicio.

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