Israel Mejía Molina

Expediente 124/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de mayo de 2016.

Datos del expediente

Expediente
124/2016
Año
2016
Actuaciones
4
Última actuación
11/05/2016

Partes del expediente

  • Israel Mejía Molina
  • Medardo Navarrete Ponce
  • Israel Mejía Molina y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, de los que se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el auto dictado el dieciocho de abril de dos mil dieciséis; en consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto que SOBRESEYÓ FUERA DE AUDIENCIA ha causado ESTADO; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, para los efectos legales a que haya lugar y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, vistas las constancias de autos el presente expediente carece de relevancia documental y sin que se advierta del mismo documento alguno en original exhibido por las partes, lo anterior se hace constar de conformidad a lo señalado en el punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, con vigencia a partir de treinta días después de su publicación, según su artículo primero transitorio; en tal virtud, en términos del punto Vigésimo Primero, fracción I, del citado Acuerdo General, el presente asunto es susceptible de ser destruido.

  2. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que mediante oficio 1932/2016, signado el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, rindió su informe justificado, remitiendo copias certificadas derivadas del expediente 20/2013, del cual se aprecia el auto de veintidós de enero actual, en el que acordó el escrito presentado ante el Tribunal laboral el diecinueve de noviembre de dos mil quince, dentro del expediente laboral citado, el cual señaló fecha y hora para llevar acabo la diligencia de requerimiento de pago (fojas 62 a 68). Así pues, el que suscribe considera que el acto reclamado consistente en la omisión de dictar acuerdo a la promoción exhibida ante la autoridad responsable el diecinueve de noviembre de dos mil quince, en relación al señalamiento de la hora y fecha para que tuviera verificativo el requerimiento de pago y/o embargo, a la parte de la demandada, dentro en el expediente laboral 20/2013, del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje responsable; se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo vigente, que establece la hipótesis de que cuando los efectos del acto que reclama un quejoso se interrumpen o finalizan, es decir, se destruyen en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional alegada, como si se hubiera otorgado el amparo, entonces el juicio de amparo es improcedente. Ilustra a lo anterior la jurisprudencia siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". (Jurisprudencia 103, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, páginas 81 y 82, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Novena Época). A su vez, de las constancias que remitió la autoridad responsable con su informe justificado se observa que acordó el escrito de diecinueve de noviembre del año próximo pasado, en el que señaló fecha y hora para que tenga verificativo la diligencia de pago y/o embargo en el expediente laboral 20/2003. De tal manera, es evidente que los efectos de la omisión combatida desaparecieron, pues en cumplimiento a las solicitudes que formuló el quejoso, las cosas volvieron al estado que tenían antes de la vulneración alegada; lo que actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo vigente, y por ello se procede a sobreseer fuera de audiencia el presente sumario constitucional, con fundamento en el numeral 61, fracción V del mismo ordenamiento legal. Es aplicable la jurisprudencia siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. (Registro No. 196820, Localización: Novena Época, Instancia: Segunda Sala, fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, VII, Febrero de 1998, Página: 210, Tesis: 2a./J. 9/98, Jurisprudencia, Materia(s): Común). Cabe apuntar que, este Juzgador se encuentra imposibilitado de analizar la legalidad del auto de veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, al no formar parte de la litis constitucional, así como las subsecuentes condiciones de retardo u omisión del trámite del expediente natural que se originen debido que la autoridad responsable no ejecute el laudo condenatorio, pues, de lo contrario, se contravendrías los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 63, 65 y 74 de la Ley de Amparo. Apoya a lo anterior la tesis siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013. (Décima Época, Registro: 2005150, Instancia: Segunda Sala, Tesis Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, Materia(s): Común, Tesis: 2a. CV/2013 (10a.), Página: 732). Aunado a lo anterior, se reitera que el quejoso se duele, de la omisión de acordar la petición que le formuló el tres de abril de dos mil catorce, sin que se advierta que reclame una violación vinculada con la ejecución del laudo, pues si bien precisa que la Ley 51, en su artículo 97, establece que los Tribunales laborales tienen la obligación de proveer la ejecución de los laudos, y tomar las medidas que estén a su alcance para cumplir sus determinaciones, dicha apreciación va encaminada a la omisión de dictar el auto de ejecución que fue solicitado en su escrito antes indicado. En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional la cual fue programada para las TRECE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DIECIOCHO DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS. Comuníquese lo anterior a la autoridad responsable para los efectos legales conducentes; y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno.

  3. Principal

    SE LE TIENE POR RENDIDO EL INFORME JUSTIFICADO, CON EL CONTENIDO DEL MISMO DESE VISTA A LAS PARTES PARA QUE4 MANIFEISTEN LO QUE A SU INTERES CONVENGA......SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL PARA LAS TRECE HORAS VEINTE MINUTOS DEL DIECIOCHO DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS....

  4. Principal

    Glósese a los autos únicamente para que obre como corresponda el oficio signado por el Encargado de la Administración Postal de esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada del acuse de recibo que ampara el oficio A-3765, enviado al tercero interesado Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tlapa de Comonfort, Guerrero; toda vez que ya obra en autos y en proveído de veintiséis de enero de dos mil quince, se acordó lo conducente.

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